Ley contempla la destitución de fiscales que filtren información clasificada

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Ley contempla la destitución de fiscales que filtren información clasificada

El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, denunció este jueves que “manos perversas” filtraron pruebas del caso Figueroa Agosto.

Linabel Aybar Rivas/ Clave Digital

viernes, 19 de febrero de 2010, 08:01 p.m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Según los casos reportados en los últimos días, fiscales y procuradores adjuntos han tenido algún tipo de vínculo con la delincuencia, como presuntamente sucedió en San Cristóbal, o han filtrado pruebas confidenciales de la investigación, como sucedió esta semana con el caso del narcotraficante José Figueroa Agosto.

El Estatuto del Ministerio Público, que rige la ley 78-03, establece sanciones que corresponderían a los fiscales y procuradores adjuntos que incurran en divulgar o circular documentos confidenciales. Estas sanciones podrían ser la destitución o la suspensión por 30 días sin disfrute de sueldo, dependiendo la gravedad de las faltas.

"Las sanciones disciplinarias que podràn ser aplicadas conforme a las normas del presente Estatuto son: amonestación, suspensión o destitución", explica el documento que rige a los representantes de la sociedad en los procesos judiciales penales.

En los últimos días se han registrado acusaciones a los fiscales adjuntos de San Cristóbal, ya que un informe del Departamento de Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia, señala a tres de ellos como personas que legislan a favor de los delincuentes y narcotraficantes, caso que investiga una comisión designada por la Procuraduría General de la República.

En ese mismo orden el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, denunció este jueves que "manos perversas" filtraron un inventario que la fiscalía tiene como prueba en contra de los acusados de Lavado de Activos en el caso Figueroa Agosto, declarado por los tribunales como "caso complejo".

"Son faltas que dan lugar a suspensión hasta treinta días sin disfrute de sueldo o a una destitución, divulgar o hacer circular asuntos o documentos reservados, confidenciales o secretos, cuyo manejo le haya sido confiado en el curso de la investigación", según el artículo 98 del Estatuto del Ministerio Público.

Cabe destacar que las pruebas no solo estàn en manos del Ministerio Público sino también de otros organismos de seguridad del Estado como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes también forman parte de la comisión investigadora del caso Figueroa Agosto

Según explicó Moscoso Segarra, la prueba pudo haberse filtrado a través de la Corte de Apelación, donde fue trasladado el expediente como parte de los documentos probatorios contra una de las vinculadas al capo boricua, la señora Mary Pelàez, que guarda prisión como parte de las medidas de coerción que le fueron aplicadas.

Otro caso en el que se sospecha que miembros de comisiones investigadoras filtran informaciones a narcotraficantes es el de la acusación al ciudadano español Ricardo Diez Conde, quien iba a ser apresado, pero el día del operativo uno de los investigadores filtró el dato al sospechoso de lavado de activo en la región Este, quien de inmediato emprendió al huida.

Al español Ricardo Díez Conde le fueron incautados cuatro proyectos inmobiliarios en Bàvaro y Punta Cana, dos casas de cambio, una villa y un avión, una aeronave se encuentra bajo custodia en el aeropuerto El Higüero.

Las autoridades estiman que la inversión total de este sospechoso de lavado de activos del narcotràfico asciende a 1,700 millones de pesos.

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