viernes, 17 de diciembre de 2010

+ Consultas en Materia Laboral (varios)

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Publicado por el PERIODICO HOY

14 Diciembre 2010, 12:37 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral1. Hola, soy empleada privada, estoy embarazada y el nacimiento de mi bebe seria para el 10 de diciembre en adelante; mis preguntas son: ¿Tengo derecho a recibir mi salario de Navidad completo, el pago correspondiente a la quincena del 30 aunque no esté trabajando, teniendo en cuenta que donde laboro es una empresa que se dedica a transportar empleados privados y algunas de las empresas a las cuales le damos servicio salen de vacaciones y no regresan hasta enero? Me interesa saber si seguiré recibiendo mi salario durante este tiempo.
Si, usted tiene derecho al salario de Navidad, y su empleador debe pagárselo a más tardar el día 20 de diciembre. Y en cuanto a si seguirá recibiendo su salario durante su post natal, también la respuesta es sí, aunque en dos supuestos: (1) Si su empleador la tiene afiliada a la TSS, usted tiene derecho a recibir el llamado “subsidio de maternidad”, que es prácticamente lo mismo que su salario, aunque se le llame de ese modo; y (2) si por casualidad su empleador no lo tenía afiliado a la TSS, entonces dicho empleador está en falta, y queda obligado a pagarle el salario durante el post natal, aunque usted no esté prestando el servicio.
2. Mi padre, de 69 años de edad, tiene desde 1961 trabajando en una empresa. ¿Cuáles son los pasos que él tiene que dar para solicitarle a la su pensión y a la vez su liquidación? Tengo entendido que según la ley le tocan las dos cosas. Por otro lado, si la empresa no es la que decide cesarlo en su trabajo, ¿puede exigir él su pensión al igual que su liquidación?
Si él es de los raros casos que quedan en que la pensión es del IDSS, le corresponde la liquidación, en adición a la pensión. Si la pensión se deriva de un plan o fondo de jubilación de carácter privado, él tiene que elegir entre la pensión o la liquidación (Art. 83 del CT); y si él cotizó bajo la nueva ley de seguridad social, él tiene derecho a la devolución de fondos acumulados desde junio 2003 hasta la fecha (Art. 43 de Ley 87-01), sin liquidación.

+ Sobre el Código Procesal Penal (Principio de continuidad del juicio)

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Publicado por DIARIO LIBRE

15 Diciembre 2010
CPP.-Código Procesal Penal
En un proceso penal en el que he asumido la defensa del acusado, se han sucedido las audiencias y aplazamientos luego de que la investigación se tomara más de un año pues fue declarado complejo. Pensaba que uno de los aciertos del nuevo Código Procesal Penal era que iba a permitir un proceso rápido y sin tantos aplazamientos. Esta situación no es contraria al espíritu de esta nueva normativa? Carlos Núñez.

Uno de los principios que rigen el juicio en el CPP es el de continuidad. Conforme al mismo, una vez iniciado el juicio éste debe celebrarse de tal forma que de no concluir en un solo día los debates deben continuar durante los días sucesivos hasta llegar a su conclusión con la sentencia correspondiente.Para entender con precisión el sentido del principio de continuidad del juicio es necesario distinguir entre la parte preparatoria y los debates en el juicio. El principio de continuidad del juicio se refiere, en sentido estricto, a la continuidad de los debates los que una vez iniciados no podrán interrumpirse hasta las partes producir las conclusiones y el tribunal dar su sentencia. En el CPP se estipulan de forma expresa varias causas de suspensión del juicio en su fase preparatoria: i) Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto o diligencia fuera de la sala de audiencias; ii) por falta de comparecencia de testigos, peritos o intérpretes considerados por el tribunal indispensables; iii) porque los jueces, el imputado, su defensor, el representante del MP, estén indispuestos para continuar el debate; iv) en caso de muerte o falta definitiva de un juez, ministerio público o defensor; v) por la solicitud del MP de un plazo para ampliar la acusación; vi) por solicitud del defensor para preparar los medios de defensa en los casos en que se ha ampliado la acusación; vii) cuando se producen alteraciones sustanciales en el objeto de la causa y se dispone una investigación suplementaria en virtud de alguna revelación o retractación inesperada. La suspensión sólo se hará por una única vez y por un plazo no mayor de 10 días. En caso de que los debates no se reanuden en dicho plazo, el juicio queda interrumpido, que en el lenguaje del código equivale a un juicio no iniciado y los actos relativos directamente al juicio que se hayan hecho se tendrán por no realizados y deben hacerse de nuevo.La efectividad de este principio depende mucho de dos etapas previas al juicio, que operan como filtros para evitar incidentes o retardos dilatorios. El primer filtro viene a ser la audiencia preliminar, cuyo objeto es determinar el fundamento de la acusación y la suficiencia y legalidad de las pruebas. En caso de que el Juez de la Instrucción envíe el caso a juicio, en su resolución quedará claramente delimitada y precisada las partes del proceso, la o las infracciones, la acusación y los medios de pruebas y de defensa que se harán valer, quedando descartada en esta fase las que no hayan sido legalmente obtenidas. Un segundo filtro lo constituye el preliminar denominado "Preparación del Debate". El CPP estipula que las partes, luego de la convocatoria a la celebración del juicio, deben presentar las excepciones e incidentes que se funden en hechos nuevos, así como las recusaciones que desean hacer valer. El Juez debe resolverlas todas en un solo acto o las difiere para fallarlas en la sentencia. Todas las cuestiones que deben plantearse y resolverse por el juez en la audiencia preliminar y en el preliminar de preparación del debate, desbrozan el camino para que las causas de incidentes y aplazamientos que éstos originan se presenten en estas etapas previas, a fin de que el juicio se pueda concentrar en lo que es su objeto: debatir el fondo de la acusación y decidir en consecuencia sobre la culpabilidad o no del o de los acusados. Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Días no laborables para el Poder Judicial

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Por medio de la presente les informamos los días que no estaran laborando en el Poder Judicial con motivo de Navidades y Año Nuevo.









lunes, 13 de diciembre de 2010

+ Sobre el Código Procesal Penal (diferencia entre el recurso de casación y el de revisión)

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Publicado por DIARIO LIBRE

08 Diciembre 2010
CPP. - Código Procesal Penal
Casación vs revisión

Quiero saber de la diferencia entre el recurso de casación y el de revisión. Cuál debe ir primero o si se pueden interponer indistintamente. Lucas Cruz.
Como veremos, se trata de dos recursos con objetos distintos. Además, para interponer uno no es necesario haber agotado el otro.
El recurso de casación tiene por objeto garantizar la correcta aplicación de la norma jurídica vigente en todo el territorio nacional. Es un recurso extraordinario, siendo optativo de las partes interponerlo cuando considere que una ley ha sido interpretada o aplicada en forma errónea. El tribunal de casación no se ocupa de los hechos envueltos en el caso, sino en la interpretación del derecho hecha por el tribunal que emitió la decisión impugnada. En esa medida, la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de casación, unifica la jurisprudencia. El recurso de casación no es, por tanto, un tercer grado de jurisdicción.
El recurso de revisión en materia penal tiene por objeto poner un remedio a una decisión que formalmente esta concluida y que sin embargo, de mantenerse, constituiría un motivo de injusticia respecto de la persona condenada.
El recurso de revisión, distinto al de casación, sólo puede interponerse respecto de sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El recurso de revisión se interpone exclusivamente por uno de los motivos enumerados expresamente en el CPP.
Como veremos, los motivos del recurso de revisión se contraen en todos los casos a circunstancias o informaciones que de haberla conocido el juez al momento de fallar, hubiera decidido de forma diferente a como lo hizo. Es decir, que el recurso de revisión busca subsanar un error grave contenido en una decisión irrevocable debido a falta de información por parte del juzgador al momento de fallar o por que las circuns- tancias cambiaron luego de producirse el fallo.
Situaciones que dan lugar al recurso de revisión son: que una persona cumpla condena por el homicidio de una persona que se demuestre se encontraba con vida con posterioridad al momento en que se produce el hecho que da lugar a la condena; cuando dos o más personas sufren condenas por un crimen que no pudo ser cometido más que por una sola persona; cuando con posterioridad a la condena se revela la inexistencia de un hecho o un documento determinante y que se dio como cierto en la sentencia; cuando la sentencia condenatoria se obtuvo por prevaricación o corrupción; cuando se promulga una ley posterior a la condena que le quita al hecho el carácter punible; cuando se produce un cambio jurisprudencial favorable al condenado.
La Cámara Penal del la Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción nacional para conocer del recurso de revisión.
Si el recurso se acoge, la Suprema Corte anula la sentencia y puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente.
El recurso de revisión puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los presentados la vez anterior.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (Varios)

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Publicado por el Periodico HOY

7 Diciembre 2010, 12:15 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral1. Leo con atención sus escritos en el periódico y soy una humilde microempresaria, que escribo porque no puedo pagar una iguala legal. En mi empresa tenemos 2 jóvenes y una mujer gorda (más de 200 libras). Los jóvenes hace meses llegan al trabajo con dormilonas en las orejas, ya que se perforaron las orejas para lucirlas. Los clientes los distraen con preguntas relacionadas al tema, le incitan que no se las quiten y ya Ud. sabe los comentarios y del resto del personal. Se le ha llamado la atención vía oral y escrita y se reportó a la SET y vino un inspector y le “echó agua” al asunto.
Los muchachos no quieren obedecer a la propietaria y ahí está planteado el conflicto. ¿Puedo cancelarlos y rescindir sus contratos de trabajo por desobediencia? El otro caso es con la empleada gorda. Se le ha pedido que no llegue tarde ni vaya en pantalones porque el personal hace ironías de su persona; llega tarde, es proclive a estar en chismes y discusiones, etc. Se le ha llamado la atención y dice puede llegar con pantalones y que hay discriminación de sexo si se lo impiden. ¿Puedo cancelarla y darle su liquidación o tengo que esperar el reporte de la SET que todavía no llega? Esperamos su respuesta, pues en la Oficina recibimos el Periódico Hoy.
Si usted desea una solución rápida al problema, sólo tiene que desahuciarlos, lo que vale decir sacarlos de la empresa pagándoles prestaciones. Ahora bien, si usted desea despedirlos sin prestaciones, tiene que sustentarlo en una “falta grave” o en continuas “faltas leves” cuyo incumplimiento reiterado y no obstante amonestaciones –a juicio de un juez laboral– “imposibilite la subsistencia del vínculo” que une a las partes, o sea “capaz de hacer imposible la continuación de la convivencia en el trabajo, del empleador y del obrero.” (SCJ 17 May. 1967, B.J. 678, Pág. 844; SCJ 27 Jul. 1960, B.J. 600, Pág. 1487)
Para que se forje una idea de lo antedicho, fue juzgado que “el hecho de un trabajador fumar en una guagua de la empresa, no obstante la prohibición en tal sentido no justifica el despido.” (SCJ 1º Oct. 1969, B. J. 707, Pág. 4041). Pero además, para la doctrina imperante “no toda falta del trabajador es causa legal de despido. La falta imputable, debe ser grave e inexcusable.”

jueves, 28 de octubre de 2010

Vergüenza para el Sistema de Justicia y para la SCJ

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26 de Octubre del 2010, 3:54 PM
Juicio a Eduardo de Castro iniciará desde cero; pleito entre juezas lo hace colapsar

Eduardo de Castro (Archivo 7dias)


SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El pleito escenificado por dos juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que terminó con la desintegración del tribunal, ha hecho colapsar el juicio a Eduardo de Castro, involucrado en un fraude de 16 mil millones de pesos en el desaparecido Banco Mercantil.

Por el principio de inmediación, el caso que se le sigue al imputado De Castro tendrá que iniciar desde cero, ya que para resolver el pleito entre las jueces, la Suprema Corte de Justicia decidió designar en ese tribunal al magistrado Teófilo Andújar Sánchez, quien presidía el caso Mercantil en el Primer Tribunal Colegiado, en sustitución de la magistrada Daira Medina.
El juicio de fondo, que concluía en 20 horas de trabajo, tendrá ahora que reiniciar con los testigos José Lois Malkún, ex gobernador del Banco Central, Julio Cros ex superintendente de Bancos y el perito José Manuel Duarte Medrano.

La refriega entre las dos juezas, que en el forcejeo supuestamente rompieron un escritorio, ha afectado la armonía del Primer Tribunal Colegiado y Cuarto Colegiado.
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La jueza July Tamariz, del Segundo Tribunal Colegiado pasó al Primero, en sustitución de Teófilo Andújar y la magistrada Daira Medina, del mismo tribunal, pasó al Cuarto en lugar de Ingrid Fernández, quien pasó al Segundo.
Domingo Beriguete/7dias.com.do

SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público,defensores públicos y abogados

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SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público,defensores públicos y abogados

La Suprema Corte de Justicia complementando la disposición contenida en el art. 11 de la Ley 821 y sus modificaciones, sobre Organización Judicial, dictó en fecha 30 de septiembre del presente año la Resolución 2715-2010, mediante la cual se exige el uso de camisa blanca, corbata negra, toga y birrete calado para los jueces y juezas, representantes del ministerio público, defensores públicos y abogados.

Ver resolución

Novedades Legislativas

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Novedades Legislativas


Novedades

La Primera Sala de la SCJ dictó el 20 de octubre de 2010 importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal:


Jueces participan en seminario de arbitraje


SCJ reglamenta vestimenta en audiencia de jueces, ministerio público, defensores públicos y abogados


SCJ no objeta acuerdo internacional en materia de drogas con gobierno de Venezuela


Conozca el Centro de Información y Orientación Ciudadana (CIOC)


Sin Presupuesto Adicional no habrá Consejo del Poder Judicial en el 2011


Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de Acuerdo internacional entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Cuba.
Presidente SCJ declara inadmisible querella presentada contra miembros de la Junta Central Electoral


Jueces Corte Suprema Honduras visitan SCJ y firman convenio


SCJ recuerda a los jueces prohibición de comer y beber con las partes envueltas en los procesos.


Decreto 408-10 un decreto de interés jurídico sobre la ley de sociedades y materia fiscal


Tercera Sala SCJ: El recurso de apelación incidental sigue la suerte del recurso de apelación principal declarado inadmisible, salvo cuando es ejercido cumpliendo con los requisitos exigidos para los recursos principales.


Sentencia importante en materia de alquiler de casas: tres aspectos a destacar.

Importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal

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La Primera Sala de la SCJ dictó el 20 de octubre de 2010 importante sentencia sobre la venta de vehículos y sobre interés legal:

1. Importadora que entrega un vehículo a una agencia.- Presunción de mandato de venta:Considerando…que en ausencia de condiciones, por el contrario, frente al público consumidor, existe una presunción de mandato y que si A. B., C. por A., en el caso, no recibió el producto de la venta celebrada entre la recurrida y la D. M., C. por A., debió ejercer las acciones que le provee la ley, pero no negarse a entregar los documentos justificativos de la propiedad al comprador de buena fe ni perseguir la incautación del vehículo en cuestión en manos del comprador; que salvo que se estipulen condiciones en el contrato de consignación de mercaderías, la jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación, a propósito de una práctica muy difundida, la del depósito-venta que se llama también “consignación”, ha establecido que en esta relación el depositario no es un adquiriente como tampoco el depositante es un vendedor, por lo que nada impide analizar la operación como un depósito acompañado de un mandato de venta que obliga al depositario o consignatario a rendir cuenta de lo no vendido como de lo vendido;2. Interés Legal como indemnización complementaria.- Periodo durante el cual podría ser reclamado.Considerando, que el artículo 91 del Código Monetario y Financiero o Ley núm. 183-02, derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312 de 1919 en lo concerniente al 1% como interés legal y el artículo 90 del mencionado código, derogó de manera general todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en dicha ley, por lo cual no existe en la actualidad, por haber desaparecido, el interés legal preestablecido, dejando el legislador en libertad a los contratantes para concertar el tipo de interés a pagar en virtud de cualquier contrato, cuando establece en el artículo 24 que las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera, serán determinadas libremente entre los agentes del mercado; Considerando, que, a los fines de resolver el punto de derecho aquí planteado, es preciso hacer las puntualizaciones siguientes: que el estudio de la sentencia, y de los documentos a que ella se refiere, revelan que al momento de la interposición de la demanda original ante el Juzgado de Primera Instancia en fecha 16 de septiembre de 1996, la norma legal vigente era efectivamente la Orden Ejecutiva núm. 312, que establecía el interés legal, no así para la época en que se dictó la sentencia recurrida en casación, es decir, 16 de septiembre de 2003, mediante la cual se impusieron dichos intereses; Considerando, que al expresar el artículo 2 del Código Civil que “la ley sólo dispone para el porvenir, no tiene efecto retroactivo”, establece a la vez el principio del efecto inmediato y el de no retroactividad; que de ese texto resulta necesariamente, en un aspecto positivo, una aplicación de la ley nueva para el porvenir y, negativamente, una inaplicación de ella en el pasado; que la ley nueva se aplica inmediatamente sólo a condición de no lesionar derechos adquiridos; que es admitido en doctrina y jurisprudencia que las leyes nuevas se aplican inmediatamente al estatuto legal de los créditos, abstracción hecha de su origen; que sólo la segunda categoría, o sea, aquella en que los efectos que trae consigo tienen lugar ulteriormente, resulta aplicable con posterioridad al nacimiento del crédito; que en aplicación a la presente especie del principio del efecto inmediato de la ley nueva, los únicos intereses exigibles son los generados desde el nacimiento del crédito hasta la promulgación y publicación de la Ley No. 183-02 del 21 de noviembre del año 2002 que derogó la Ley No. 312 de 1919 que fijaba el interés legal al 1% mensual; que, como se ha dicho antes, sólo en caso de lesión a los derechos adquiridos, cuya existencia no se ha demostrado, no es aplicable el principio del efecto inmediato de la ley nueva, por lo que, procede casar, por vía de supresión y sin envío por no quedar nada que juzgar, la parte de la sentencia impugnada que condena al recurrente al pago de los intereses legales generados a partir de la abrogación de la Ley No. 312 de 1919 por carecer los mismos de validez; que en consecuencia, contrario a lo consignado en la sentencia impugnada, la recurrida sólo tiene derecho de percibir los intereses de la suma adeudada hasta el momento en que la mencionada orden ejecutiva fue derogada por la nueva disposición legal;

Ver Sentencia

martes, 5 de octubre de 2010

+ Consultas en Materia Laboral (Varios)

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PUBLICADO POR EL PERIODICO HOY
5 Octubre 2010, 12:38 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Soy abogado recién graduado, que hace unos meses estoy ejerciendo la profesión en el área laboral y tengo algunas preguntas para usted: (1) Si un cliente se apersona a mi oficina para que le lleve un caso laboral, inmediatamente hacemos el contrato cuota litis, y luego de tener mi contrato registrado, ¿puedo notificar copia de ese contrato al empleador o parte que se va a demandar, para asegurar que el empleador no va a llegar a un acuerdo con el trabajador?; y (2) en caso de que lleguen a un acuerdo sin conocimiento del abogado, ¿es pasible el empleador de ser demandado por daños y perjuicios? y ¿cuál es el tribunal competente?

En cuanto a notificar el cuota litis, no sólo usted puede, sino que debe hacerlo inmediatamente después de haber firmado dicho contrato; y además, no es indispensable que usted lo registre antes de notificarlo. Eso se puede hacer después que ya haya notificado al empleador a fin de que dicho contrato le sea oponible, y no puedan negociar a sus espaldas.
En cuanto a un acuerdo sin consentimiento del abogado apoderado, no obstante el empleador haber recibido la notificación del cuota litis por acto de alguacil, eso efectivamente compromete la responsabilidad civil de dicho empleador, aplicándose ahí la máxima de que “quien paga mal, paga dos veces”.
El tribunal competente para conocer de esa acción contra el empleador, sería a nuestro parecer, el mismo juzgado de trabajo que esté apoderado de la demanda principal u original del trabajador contra ese mismo empleador.


2. Tengo una empleada que está renunciando bajo el Art. 97, Ord. 2 del CT, y tengo entendido que todo el que renuncia pierde sus derechos a cesantía. Favor de aclararme esa situación.


Lo que sucede es que en el caso que usted plantea la empleada no está renunciando, sino que está dimitiendo. La renuncia es cuando el empleado anuncia (verbalmente o por escrito) que se va o retira definitivamente de la empresa; y en tal caso no le corresponde prestaciones laborales. Sin embargo, la dimisión es cuando el empleado informa (verbalmente o por escrito a usted, y por escrito a la SET) que se retira de la empresa acusándolo de haber violado uno de los ordinales del Art. 97 del CT. En tal caso, surgirá un pleito en los tribunales y el empleado reclamará el pago de prestaciones laborales y otros recargos adicionales.

ARTÍCULOS DE LA LEY 87-01 QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LAS DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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ARTÍCULOS DE LA LEY 87-01 QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA FUNDAMENTAR LAS DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Cuando se ha agotado la vía administrativa sin resultados, el trabajador por intermedio de su abogado puede recurrir a los procedimientos coactivos establecidos por las leyes del país, para tales fines, debe tomar en consideración los siguientes textos legales:

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).


1- Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS):

A- Beneficiarios y Prestaciones:

-Del Régimen Contributivo

Arts. 44 y 45.- Pensión por Vejez.
Arts. 44 y 47.- Pensión por Discapacidad.
Arts. 44 y 50.- Pensión por Cesantía por edad avanzada
Arts. 51 y 52.- Pensión de Sobrevivencia.

-Del Régimen Subsidiado:

Arts. 63 al 65: Pensión solidaria
Art. 66: Pensión de Sobrevivencia.

-Del Régimen Contributivo Subsidiado:

Art. 72: Pensión por Vejez.
Art. 73: Pensión por Discapacidad
Art. 75: Pensión de Sobrevivencia.

B- Capítulo IX: Infracciones y Sanciones:

Art. 112.- Principios y normas generales
Art. 113.- Incumplimiento de las obligaciones.
Art. 115.- Magnitud de las sanciones.
Art. 62 - El Empleador como agente de retención

2- Seguro Familiar de Salud (SFS)

A- Beneficiarios y prestaciones:

-Del Régimen Contributivo

Art. 123- Beneficiarios.
Art. 127- Prestaciones
Art.129 – Plan Básico de Salud
Art.130- Prestaciones farmacéuticas ambulatorias
Art.131- Subsidio por enfermedad
Art.132- Subsidio por maternidad y lactancia
Art.134- Estancias Infantiles

-Del Régimen Subsidiado

Art.125- Beneficiarios
Art.128- Prestaciones

-Del Régimen Contributivo Subsidiado

Art.126- Beneficiarios
Art.128- Prestaciones

B- Capítulo X: Infracciones y Sanciones:

Art. 144.- El Empleador como agente de retención
Art. 145.- Responsabilidad del empleador por daños y perjuicios
Art. 180.- Principios y normas generales
Art. 181.- Infractores del Seguro Familiar de Salud y Riesgos Laborales.

3- Seguro de Riesgos Laborales (SRL)

Beneficiarios y prestaciones del Régimen Contributivo

Art. 187- Beneficiarios
Arts .192 y 193- Prestaciones en especie garantizadas
Art.196- Prestaciones económicas garantizadas
Art. 202.- Obligaciones del empleador.
Art. 203.- Responsabilidad del empleador por daños y perjuicios.
Art. 204.- Infracciones y Sanciones.
Art. 207.- Prescripción y Caducidad.

Reglamentos y Resoluciones:

Todos los reglamentos de las Entidades del Sistema y las resoluciones emanadas de sus órganos competentes, pueden ser revisadas y estudiadas accesando a las siguientes páginas en el Internet:

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)
www.dida.gob.do

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
www.cnss.gov.do

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
www.sisalril.gov.do

Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
www.sipen.gov.do

Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
www.tss.gov.do

Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS)
www.arlss.gov.do

viernes, 1 de octubre de 2010

Cobros por derecho de autor

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Tomado de ALMOMENTO.NET

Cobros por derecho de autor
POR LEILA MEJIA*

La Ley no. 65-00 sobre Derecho de Autor crea una figura denominada sociedad de gestión colectiva, con carácter de organización sin fines de lucro, con la finalidad de gestionar los cobros correspondientes al uso de obras protegidas en beneficio de los autores que se afilien a la sociedad relativa a su rama artística.
En la práctica, muchos dueños de bares, restaurantes y discotecas, así como, entre otros, organizadores de eventos, se han dejado amedrentar y/o intimidar por representantes de algunas de estas sociedades por un natural desconocimiento de ciertos preceptos legales contenidos en la ley de Derecho de Autor.
Por esto, es necesario puntualizar algunas cosas.Primero, las sociedades de gestión colectiva sólo pueden cobrar regalías por obras registradas por el autor en dicha sociedad o registradas en sociedades extranjeras con las que las dominicanas tengan un convenio.
Cualquier intento de cobrar en nombre de quien no les ha dado un mandato para ello es absolutamente ilegal.
La libertad de asociación es un derecho fundamental y nadie puede ser obligado a asociarse a sociedad alguna, por lo que ninguna sociedad puede actuar en nombre del que no ha querido afiliarse a ella.
Es bueno aclarar también que, en virtud de la ley, el listado de obras registradas debe ser transparentado por la sociedad de gestión y puesto a disposición de todo el que lo solicite, so pena de incurrir en serias violaciones.
Segundo, los montos a cobrar no pueden ser establecidos de forma antojadiza por la directiva de la entidad, sino que deben ser homologados por la Unidad de Derecho de Autor de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) para tener validez. Dicha oficina tiene toda la información disponible para el público interesado en conocerla.
Tercero, las sociedades de gestión colectiva no constituyen organismos del sector público y por tanto, aunque a veces se produce una inducida confusión, sus empleados son parte del sector privado y no tienen autoridad o fuerza pública alguna para irrumpir en un establecimiento privado.
Cuarto, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene la facultad de aplicar sanciones administrativas importantes, incluyendo hasta la petición al Poder Ejecutivo de revocar el decreto que las crea, a cualquier sociedad de gestión colectiva que incumpla la ley, pero, producto del mismo desconocimiento, no se han presentado solicitudes en este sentido ante la Onda de parte de los afectados.
Finalmente, cualquier cobro indebido intentado por organizaciones de este tipo en nombre de autores que no son sus asociados tipifica delitos como la extorsión y la estafa y por ende sus directivos deben saber que ya somos muchos los que estamos pendientes y conscientes de esta situación.

*Reproducido de El Caribe.

Novedades Legislativas

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Novedades

Sin Presupuesto Adicional no habrá Consejo del Poder Judicial en el 2011


Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de Acuerdo internacional entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Cuba.


Presidente SCJ declara inadmisible querella presentada contra miembros de la Junta Central Electoral


Corte de Apelación rechaza recusación formulada por Sobeida Felix Morel contra la Magistrada Claribel Nivar Arias


Jueces Corte Suprema Honduras visitan SCJ y firman convenio


Jueces cuestionados por el Ministerio de Interior y Policía justifican sus decisiones


Tribunal Superior Administrativo ordena a la Cámara de Diputados entregar toda información relativa a la “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”.


SCJ informa sobre cantidad de acondicionadores de aire existentes en todo el Poder Judicial


SCJ da a conocer medidas tomadas para la reducción de costos del área de telefonía


Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago justifica sentencia en caso de Aduanas.


SCJ recuerda a los jueces prohibición de comer y beber con las partes envueltas en los procesos.

2da. Sala SCJ rechaza alegato de inconstitucionalidad del art. 29 de la Ley 437-06 sobre Amparo.
Decreto 408-10 un decreto de interés jurídico sobre la ley de sociedades y materia fiscal


Decreto No. 324-10, que modifica el Reglamento sobre aspectos generales de afiliación al seguro familiar de salud del régimen contributivo .


Tercera Sala SCJ: El recurso de apelación incidental sigue la suerte del recurso de apelación principal declarado inadmisible, salvo cuando es ejercido cumpliendo con los requisitos exigidos para los recursos principales.


SCJ reglamenta privación de libertad de jóvenes adultos


Presidente Fernández somete a la SCJ dos nuevos convenios para fines de control preventivo de la Constitución


SCJ dispone la creación de Registradores de Títulos Adscritos


Por primera vez la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de un tratado internacional


Presidente Suprema Corte de Justicia rechaza querella presentada contra el Ministro de Relaciones Exteriores.


Sentencia importante en materia de alquiler de casas: tres aspectos a destacar.


SCJ rechaza recurso de casación, favoreciendo a Pablo Leonel Velázquez Taveras, con el voto disidente del Presidente y otros jueces.


SCJ declara no conforme con la Constitución de la República la Resolución del Ayuntamiento del Municipio de Santiago que autoriza la suscripción de un contrato con la empresa Blue Parking Caribbean para la explotación de un sistema regulado de estacionamiento en dicha ciudad.


República Dominicana: PRIMER OBSERVATORIO NACIONAL DE JUSTICIA Y GÉNERO


Ley No. 73-2010, que modifica los Arts. 515, 521 y 523 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, versión no gacetada.


Ley No. 341-09 del 26 de noviembre de 2009, que introduce modificaciones a la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios. G. O. No. 10550 del 30 de noviembre de 2009.


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, estableció que cuando una clínica selecciona a un personal médico que incurre en mala práctica, compromete su responsabilidad civil, pues en este caso se conforma un mandato o relación de dependencia entre ellos.


Informe de Rendición de Cuentas Poder Judicial República Dominicana ,Año 2009


La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que la acción de amparo persigue la tutela efectiva de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución.


Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de julio 2010.


Fijaciones correspondientes a la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

Fijaciones de Audiencia del Tribunal Superior Administrativo

Fijaciones de Audiencia del mes. Salas de la Suprema Corte de Justicia

Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2010

Bancos cobran interés a tarjetas hasta por lo que ya se ha pagado

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Finanzas. Superintendencia de Bancos justifica a las instituciones financieras argumentando “tecnicismos”

Publicado por el periodico EL DIA

30 Septiembre 2010, 8:32 PM
Bancos cobran interés a tarjetas hasta por lo que ya se ha pagado
Proconsumidor confirma que se resisten a sólo hacer cargo por el “saldo insoluto”
Escrito por: EL DÍA
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Santo Domingo.-Si los usuarios de tarjetas de crédito se creyeron que en verdad los bancos comerciales sólo estaban cobrando intereses por el saldo insoluto (lo dejado de pagar cada mes), pues se esquivan, porque lo cierto es que hasta por un peso que se deje de pagar las instituciones bancarias cobran por la totalidad del monto que reflejó al corte del estado de cuentas.
La situación es admitida por la Superintendencia de Bancos, que sin embargo la justifica con tecnicismos elaborados por los bancos.
Julio César Muñoz, encargado de la Oficina de Protección al Usuario, explica que los bancos aducen que empiezan a cobrar intereses desde el momento mismo en que se produce el consumo y que sólo lo eliminan si a la fecha de pago establecida se salda la totalidad.
De lo contrario cobran todos los intereses.
Un ejemplo real fue el de un consumidor al que le llegó un estado de cuenta con RD$101,491.33 por el mes de septiembre, a lo cual se le debía aplicar un crédito de RD$26,970 por un consumo fraudulento.
Eso implica que la deuda real era de RD$74,521.33. Casi diez días antes de la fecha tope el cliente pagó RD$70,000, en el entendido de que según lo que había anunciado la Superintendencia de Bancos los restantes RD$4,521.33 generarían centavos de intereses pues estaba a la espera de que se definiera el reclamo del consumo fraudulento (que efectivamente el banco terminó acreditando).
Al llegar el estado siguiente, la sorpresa fue que el banco hizo un cargo de intereses por RD$14,254.28.
Fue entonces cuando el mismo banco en cuestión explicó que efectivamente cobraban intereses por la totalidad, aunque lo que se dejara de pagar fuera un peso.
Ayer mismo se hizo un sondeo en otras cuatro instituciones financieras y todas coincidieron en admitir la práctica de la primera.
Quejas de Proconsumidor
La directora del Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, confirmó que las entidades financieras no están cumplimiento con la Resolución No. 7-2001 de la Superintendencia de Bancos que establece que el cobro de los intereses y comisiones por el financiamiento de las tarjetas de crédito debe hacerse sobre la base del saldo insoluto, y no por el total consumido.
Paulino destacó que a diario recibe llamadas y quejas de usuarios a quienes los bancos les cobran intereses sobre el total consumido mediante su tarjeta de crédito y no por el monto financiado.
“Esa es una lucha que tenemos con los bancos, por lo cual exhortamos a todos los clientes que se sientan afectados por sus proveedores bancarios a presentar sus quejas en Proconsumidor para nosotros armar un expediente bien fuerte y luchar contra esa mala practica”, dijo la entidad.

+ Sobre el Código Procesal Penal (las medidas de coerción)

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Publicado por DIARIO LIBRE

29 Septiembre 2010
CPP. - Código Procesal Penal


A propósito del diferendo surgido en el seno del Ministerio Público en Santiago, en el caso del contrabando en Aduanas, se ha dicho en la prensa que los jueces no podían variar las medidas de coerción solicitadas por la Procuradora General de la Corte. ¿Es esto cierto? ¿Entonces para qué es que están los jueces? ¿Es decir que un juez no puede suplir la falta que cometa un fiscal? Dionicio Lugo. Son varias las interrogantes que usted plantea. Conforme reseñó la prensa, por pedimento de la Procuradora Fiscal de Santiago, el tribunal impuso a los imputados prisión preventiva de 8 meses. Al apelar la decisión la Corte queda apoderada y allí la Procuradora General de la Corte solicitó a los jueces la variación de la citada medida de coerción por otra consistente en una garantía económica. Los jueces hicieron la variación y los imputados recobraron su libertad. Su primera inquietud es si los jueces estaban obligados a acatar la solicitud, en este caso de la Procuradora de la corte. La respuesta es que los jueces frente a la solicitud de la procuradora de la corte podían rechazar la aplicación de cualquier medida, aplicar otra más leve o aplicar la solicitada por el ministerio público. Lo que no podían era ir más allá de la medida solicitada por el ministerio público. Si un juez dispusiera una medida más severa, el juez tendría un interés persecutorio independiente del interés del acusador, convirtiéndose el juez en otro acusador. El art. 22 dispone el principio de separación de funciones. Establece que las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. Y añade: "el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal". Su segunda inquietud es cuál es la función del juez. Acorde a lo expuesto, el juez no está para suplir las debilidades de la acusación del Ministerio Público. El juez no es una especie de "superior" del fiscal. El juez y el ministerio público, aun los dos pertenezcan al Estado "no pelean en un mismo bando". El Ministerio Público es una parte en el proceso como lo es el imputado, el actor civil, el querellante. "Ser parte" significa que actúan en el proceso en defensa de un interés específico. En ese sentido el juez no es "una parte" en el proceso. El juez es un actor imparcial de los intereses enfrentados en el proceso. Las partes someten a su apreciación sus medios de prueba y exponen sus argumentos para que el juez decida, precisamente por su condición de ente imparcial. Por tanto la imparcialidad del juez es una condición imprescindible para la existencia de un proceso garantista y democrático. Un proceso donde el juez es parcial, es una contradicción en los términos. El art. 5 del CPP consagra el principio de imparcialidad e independencia del juez. Expresa que los jueces "solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial". No olvidemos que un proceso (y más propiamente el juicio) es la confrontación de dos o más partes que se acusan y se defienden entre sí. Una obligación del juez, como actor imparcial, es asegurar la igualdad de condiciones a las partes al momento de confrontar sus intereses y pretensiones. El art. 12 al consagrar el principio de la igualdad entre las partes dispone que: "los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio". Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (pruebas)

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Publicado por EL PERIODICO HOY

21 Septiembre 2010, 12:10 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Mi caso es que yo estaba trabajando, aparte de mi trabajo de ventas en mostrador, en otro puesto que me habían colocado con la condición de que era momentáneo, pero ya van 7 meses y con el mismo salario, y quería saber si me podían despedir si no quisiera seguir con el puesto adicional.
Si usted quiere conservar su empleo, le sugiero conversar con su superior para ver si le otorgan un aumento en vista de la función adicional que le han asignado, y no pretenda cobrar retroactivo por los 7 meses que lleva laborando en el puesto adicional. Considere eso perdido y a cambio conserve su empleo. Ahora bien, si no le importa perder el trabajo, le sugiero entonces denunciar el asunto a la SET y conseguir un inspector que levante acta de la situación. A partir de eso, usted podría ejercer una dimisión, y echar el pleito en los tribunales, en donde eventualmente le reconocerán prestaciones laborales más otras indemnizaciones y recargos.


2. Quiero saber si una conversación telefónica entre el empleador y el empleado puede ser solicitada a la compañía telefónica para usarla como prueba en una demanda laboral y cuáles son los pasos para que esta conversación pueda ser oída por los jueces de la Corte donde se está ventilando el caso.


En materia laboral hay lo que se llama “libertad de pruebas”, así como también la “íntima convicción del juez”, de modo que en base a eso usted podría presentar esa grabación como prueba. Sin embargo, dicha grabación es apenas un “indicio” o “principio de prueba”; no una prueba completa. Eso quiere decir que obligatoriamente usted tendrá que complementarla con otro medio de prueba. Por ejemplo, un testigo que confirme haber escuchado la conversación; una comparecencia personal de la contraparte, para ver si de alguna manera, aunque sea indirectamente, reconoce el contenido de la grabación. Usted podría también solicitar a la compañía telefónica una relación de las llamadas del número telefónico en donde se grabó la conversación. Eso debe hacerse a través de Fiscalía; pero el inconveniente es que por lo general, ante esa solicitud, lo que la compañía telefónica otorga es una relación de las llamadas entrantes que indica la fecha y la duración de la llamada; no más. En resumen, le sugiero depositar la grabación, pero procure reforzarla y/o complementarla con otros medios de pruebas para que la misma sea creíble.

+ Consultas en Materia Laboral (Falta de Pago)

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Publicado en el PERIODICO HOY

6 Septiembre 2010, 11:49 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Tengo 30 días que no he podido pagar la nómina de los empleados de mi compañía. El asunto es que tengo un empleado que tiene dos días que no se presenta al área de trabajo, el cual argumenta que no tiene dinero del pasaje para ir al trabajo. ¿Qué debo hacer en este caso?, pues los otros empleados siguen viniendo a trabajar, menos esa persona.


Le voy a dar la respuesta teórica y luego la respuesta práctica a su caso.
En principio, y en teoría, usted está en falta mientras que él no. Usted está violando el Ord. 2° del Art. 97 del CT, que podría dar lugar a tener que pagarle prestaciones laborales a ese empleado, salvo que usted demuestre un estado de fuerza mayor, cosa bastante difícil. En cambio, el empleado está ejerciendo lo que se denomina una “excepción por inejecución del contrato”, que es permitida en cualquier contrato con obligaciones recíprocas, según la cual si una parte no cumple con su obligación, la otra queda facultada a no cumplir con la suya, y en tal caso el contrato continúa vigente hasta que una de las dos partes decida rescindirlo directamente (en este caso, podría ser una dimisión del trabajador) o decida acudir a los tribunales para que declaren la terminación formal del contrato. En cualquiera de los dos supuestos, usted podría ser condenado a pagar prestaciones laborales por violación al artículo que mencioné antes.
Eso es la teoría legal, pero en términos prácticos a usted tal vez le convenga despedir a ese empleado por abandonar su puesto de trabajo, violación al Ord. 11 del Art. 88 del CT, lo cual es un hecho cierto y demostrable, antes de que a él se le ocurra dimitir. Eso sería también una medida disciplinaria (o cuestión de precedente) en el personal, pues todos los demás están acudiendo al trabajo menos ese empleado, lo cual denota, primero, que la falta de pago del salario de un solo mes no es un hecho que haga imposible continuar asistiendo al trabajo, y segundo, que el impago de un solo mes, no es, en su caso una falta grave, sino que se trata de una falta leve; y sólo las faltas graves justifican una dimisión, y en todo caso, sólo una falta grave justifica la “excepción de inejecución” (dejar de ir a trabajar) que le mencioné antes.

+ Consultas en Materia Laboral (Varios)

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Publicado por el Periodico HOY

28 Septiembre 2010, 12:33 AM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. Tengo dos casos que consultarle: En un caso, dos empleados son compartidos con otras oficinas o empresas, por ser pequeña y de poco movimiento. Hay una empleada para la limpieza que solo viene dos días a la semana por aproximadamente tres horas y se le paga $2,400.00 mensuales, en una sola de las empresas, a parte de lo que les pagan las demás; y hay otro empleado para la mensajería que solo viene tres días a la semana, en la mañana (solo si se necesita) y se le paga $3,300.00 mensuales, en una sola de las empresas, a parte de lo que les pagan las demás. Deseo saber si esos salarios son los correctos y si se van a liquidar ¿cómo se hace el cálculo en ambos casos? El otro caso es el de una empleada doméstica que solo va a la casa a limpiar 2 veces a la semana y se le pagan $400.00 cada vez que asiste, más $350.00 por labor y $150.00 por transporte. Si se va a liquidar ¿cómo se calcula?


En los casos del conserje y mensajero que prestan servicios a las oficinas, si usted desea ponerle término a sus contratos, la liquidación debe calcularse y pagarse en base a 2,400.00 y 3,300.00, respectivamente. Ahora bien, si en conjunto, los propietarios de todas las oficinas desean ponerle término a esos contratos, habría que añadirle a la base de cálculo, los montos que pagan esas demás oficinas. Para los detalles de cómo calcularlo, usted puede acceder a la calculadora de prestaciones del Ministerio de Trabajo, en su portal www.set.gov.do.
En cuanto a la doméstica, a ella sólo le corresponden las proporciones de salario de Navidad y de vacaciones, y para el pago de esos derechos deberá hacerlo en base 750.00 pesos, que es la sumatoria de los 400.00 y los 350.00 “por labor” que usted ha mencionado. En cuanto a los 150.00 “por transporte” no tienen que incluirse pues se trata de un evidente gasto en pasajes.

2. Me dicen que una compañía con menos de 500 mil pesos y un solo empleado no está obligada asegurar a su único empleado. ¿Qué ley o resolución lo dice?


Esa información que le dieron es equivocada. Desde el momento en que usted contrata a cualquier persona en calidad de empleado, usted contrae la ineludible obligación de afiliarlo a la seguridad social (Art. 36 de la Ley 87-01.

jueves, 2 de septiembre de 2010

¿Y qué pasa cuando un matrimonio en proceso de divorcio no se pone de acuerdo sobre quién tomará el control de los embriones?

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Creditos a MERENGALA y al Periodico PRIMERA HORA de Puerto Rico

CONTROVERSIA POR OVULOS
La presunta ficha de tranque en el divorcio de Luis Fonsi y Adamari López, los óvulos fertilizados que congeló la pareja antes de que la actriz se sometiera a un tratamiento contra el cáncer, pone en perspectiva varios aspectos legales, así como también varios aspectos religiosos y científicos que chocan entre sí.
Para la medicina, los óvulos fertilizados o embriones (como también se les conoce) sólo son un grupo de células que tienen el potencial de generar un individuo.
Para la religión, hay vida desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, el procedimiento de fertilización in vitro representa un problema ético y moral.
El aspecto legal

LUIS FONSI
¿Y qué pasa cuando un matrimonio en proceso de divorcio no se pone de acuerdo sobre quién tomará el control de los embriones?
De acuerdo con la licenciada Pilar Pérez Rojas, cuya práctica mayor es en casos de familia, en Puerto Rico el Tribunal Supremo no se ha expresado en cuanto a la reproducción asistida.
“Pero siempre hay que tener en consideración dónde las partes se van a divorciar porque en Puerto Rico, por ejemplo, esa sería una situación novel. Ahora, nuestro código civil establece que tú eres una persona cuando naces, es decir, cuando te desprendes del cordón umbilical y respiras. Mientras eso no se dé, no eres una persona”, abundó la abogada en entrevista con Primera Hora.
Según la profesional en derecho, usualmente las parejas, antes de someterse a procedimientos como el de fertilización in vitro, hacen unos acuerdos escritos donde los consentimientos son bien claros y donde están provistas todas las alternativas.
“ El matrimonio es un contrato entre las partes. Ellos (Adamari y Fonsi) tuvieron que haber llegado a unos acuerdos antes de casarse”, consideró la licenciada.
De otra parte, el doctor Nabal Bracero, uno de cinco especialistas en endocrinología reproductiva en Puerto Rico, certificó que cuando una pareja decide someterse al procedimiento de fertilización in vitro, a ésta se le explica de antemano las opciones que tienen si decidieran descartar sus embriones.
“Y tienen que firmar unos documentos una vez conozcan las alternativas que tienen”, señaló el galeno al ser entrevistado por este diario.
Según indicó el doctor Bracero, si una pareja decidiera no quedarse con sus embriones, tienen la alternativa de donarlos a otras parejas, o donarlos para investigación.

ADAMARIS
“Si los quieren descartar, lo que se hace es que se descongelan e inmediatamente, en cuestión de segundos, se desintegran”, explicó el médico.
En Puerto Rico cada intento de fertilización in vitro cuesta entre $8 mil a $12 mil dólares y el procedimiento es ambulatorio.
“A la paciente se le inyectan unas hormonas que produce la pituitaria por dos semanas para que genere múltiples óvulos. Luego, los mismos son extraídos con una aguja para combinarlos con los espermatozoides. El procedimiento se realiza en un laboratorio de fertilización in vitro. Una vez los óvulos son fertilizados, se mantienen en cultivo por espacio de tres a cinco días antes de ser congelados”, detalló Bracero cuando explicó el procedimiento de fertilización in vitro.
El médico explicó, además, que las pacientes también tiene la opción de congelar sólo sus óvulos sin fertilizarlos.
“Pero esa ruta es más difícil porque los óvulos tienen grandes contenidos de agua que hacen que se formen unos cristales de hielo que lastiman el material genético”, aclaró el doctor.
A planteamientos de Primera Hora, el galeno explicó por otro lado que, una vez los óvulos son fertilizados, éstos pueden durar indefinidamente si estas células fertilizadas permanecen debidamente congeladas recibimiento un reemplazo de nitrógeno líquido.
“A nivel mundial miles de bebés han nacido de embriones congelados durante estos pasados 30 años. Bebés nacidos de óvulos congelados hay bien poquitos, no deben llegar a los cien casos porque es un proceso que se está comenzando hacer y es importante hacer esa distinción”, reiteró el médico.
El aspecto religioso
Contrario a la ciencia, la religión no avala los procedimientos de reproducción artificial.
“La iglesia está en contra de la fertilización in vitro porque es generar niños fuera del acto marital. La iglesia rechaza ese acto por razones éticas y morales”, reiteró al ser entrevistado por Primera Hora el padre Milton Rivera, presidente del grupo RTC (Canal 13, Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM).
“Los hijos deben venir de una relación marital, no de una manipulación de laboratorio. Lo que hay en esos laboratorios es vida, no células con potencial de generar un individuo. Ellos Luis Fonsi y Adamari López) tienen unos hijos congelados ahí. En el momento que se descartan esos embriones, se está descartando vida. La Iglesia rechaza el procedimiento pero ya que está hecho se les debe dar la oportunidad a esos seres de vivir”, sentenció el padre Milton.(PRIMERA HORA)

jueves, 19 de agosto de 2010

Nuevo Codigo Civil Dominicano (link de descarga)

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http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/Originales/1C/2/12/20/207/13F7/01217-CÓDIGO%20CIVIL%20DE%20LA%20REPÚBLICA%20DOMINICANO-final.doc

Solo en RD Posponen juicio porque abogada iba a ‘diligencia’

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Publicado por LISTIN DIARIO

19 de Agosto del 2010

Posponen juicio porque abogada iba a ‘diligencia’
Ramón Pérez Reyes
Santo Domingo

El juicio contra los acusados en el caso Paya, donde fueron asesinados siete colombianos, fue aplazado para las nueve de la mañana de hoy, por la ausencia de una abogada defensora.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Alina Mora de Mármol, junto a los jueces Rafael Pacheco y Natividad Ramona Santos, conoció ayer la presentación de testigos y las alegadas armas utilizadas en la matanza.
Durante el juicio de fondo en contra de los 22 imputados, se presentó el testimonio del perito Franklin Santana Pérez, del departamento de la Policía Científica, quien realizó el levantamiento de pruebas. Santana explicó cómo fueron obtenidas las balas extraídas a los cadáveres.
También se reconstruyó el asesinato para determinar en qué forma fueron ejecutados los colombianos. El perito dijo que llegó a la conclusión de que las balas extraídas de los cuerpos no coinciden con la pistola Taurus Beretta, que es el arma de reglamento del imputado Jorge Luis Chalas.
Para hoy está prevista la comparecencia en calidad de testigo del director del Departamento Financiero de la DNCD, Julio César Soufront.
El oficial tenía previsto exponer ayer, cuando la abogada Alina Lendoff, del imputado Joaquín Pérez Féliz, abandonó la sala con el argumento de que tenía que hacer unas diligencias. El oficial Soufront declararía en contra de los imputados Noé Sterling Villalón, Andrés Berroa, Annery Andújar y Andrés Tapia Balbuena.

+ Consultas en Materia Laboral (Reclamos por Concubina)

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Publicado por EL PERIODICO HOY

16 Agosto 2010, 11:50 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


1. Quisiera por favor que usted me diga si la asistencia económica que prevé el Art. 82 del CT se le puede recibir una concubina, sin hijos, por muerte de su cónyuge.


El ordinal 2° del Art. 82 del CT dispone que si un trabajador fallece, la asistencia económica que establece el mismo artículo, corresponderá en primer término “al cónyuge y a los hijos menores”, en segundo término “a los ascendientes mayores de sesenta años o inválidos”, y a falta de esos dos grupos, corresponderá “a los herederos legales”.
El término “cónyuge”, de acuerdo al diccionario de la real academia española, es sinónimo de “consorte” y abarca la esposa, y también a la concubina. Esa es también la opinión de la doctrina en relación a ese artículo del CT (W. Headrick, “La familia en derecho dominicano y francés”, Pág. 130). A esto se añade que la jurisprudencia ha reconocido a la concubina los mismos derechos que a la esposa (2° Cám. SCJ 17 Oct. 2001, B. J. 1091; 1°Cám. SCJ 9 Sep. 2005, B.J. 1140, Pág. 128), siempre y cuando se trate de una relación estable, duradera, monogámica, pública y notoria, entre otros factores. En ese sentido, a una concubina sin hijos, podría pagársele la asistencia económica derivada de la muerte del trabajador.
Pero todo eso se ve muy bien en la teoría. El problema surge en la práctica, cuando la concubina se presenta ante el empleador para que le paguen, sabiendo el empleador que hay “herederos legales” con vocación a recibir el pago. No es lo mismo pagarle la asistencia económica a un cónyuge que presenta el acta de matrimonio, que a una compañera que se dice ser la concubina, sin que un tribunal haya determinado que ella reúne efectivamente las condiciones fijadas por la jurisprudencia que tipifican el concubinato.
Aunque parezca complicado, lo prudente es que la concubina demande en los tribunales que se le reconozca como tal, y a partir de ese reconocimiento, entonces exigir el pago de la asistencia económica.
La otra solución podría ser que la concubina levante un “acto de notoriedad” (Arts. 70, 71 y 155 del Código Civil), junto a testigos y frente a un notario público, reconociéndola como tal, y en base a ese acto se le podría pagar. En ese caso, los “herederos legales” podrían impugnar el acto, y eventualmente conseguir su anulación, pero aun así el empleador no comprometería su responsabilidad.

viernes, 13 de agosto de 2010

Figueroa A. porno: ¿protegido por derecho de autor?

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Publicado por DIARIO LIBRE

12/08/2010

Figueroa A. porno: ¿protegido por derecho de autor?

La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional se ha lanzado a las calles de Santo Domingo a incautar a vendedores ambulantes el ya famoso vídeo pornográfico de José Figueroa Agosto, que ha desplazado la venta de películas pirateadas y se ha convertido en el número uno del "top manta". Medidas de coerción han sido impuestas a sus comercializadores, sin embargo no se han llevado a cabo investigaciones para dar con sus creadores, acaso por ser un DVD pirata más y, como han afirmado las autoridades, no ser un medio de prueba sustraído de los depósitos del Ministerio Público.Se ha expresado que los decomisos se han puesto en práctica por la violación que implica el material de los artículos 337 y 337-I del Código Penal y 169, numeral 2, literales b) y c) de la Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor. Pero nos preguntamos: ¿es un vídeo pornográfico casero una creación intelectual, una obra, y más específicamente, una obra audiovisual protegida por derecho de autor? ¿Quién es el productor cuyos derechos patrimoniales de reproducción y distribución son ejercidos sin autorización expresa? La Ley No.65-00 define como obra audiovisual en su Art.16, numeral 13, "toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga. Las obras audiovisuales incluyen a las cinematográficas y a todas las que se expresen por medios análogos a la cinematografía". Si se aplicase esta definición al vídeo de Figueroa Agosto, alguno podría definirlo como una obra audiovisual, por contener este los elementos que comprende dicha noción. Pero es de rigor considerar previamente el concepto de obra, previsto en el citado texto legal en los siguientes términos: "toda creación intelectual original, de carácter artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse".Lo original es el elemento clave en esta definición: si una creación intelectual del ámbito artístico o literario no es original, no entra en la órbita proteccionista del derecho de autor. Doctrina y jurisprudencia consideran que la originalidad es la expresión de la personalidad del autor, es decir, la forma representativa, creativa e individualizada que éste otorga a su creación. Siempre que estén presentes elementos creativos de individualidad, ha escrito el autoralista venezolano Ricardo Antequera Parilli, toda forma de expresión audiovisual estará protegida como obra. ¿Está dotado el vídeo de Figueroa Agosto de originalidad para ser considerado obra audiovisual? La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su resolución No.000111-1999 del 21 de mayo de 1999, consideró que "para apreciar la originalidad de una obra audiovisual, es necesario no equiparar el concepto de originalidad con el de novedad, por cuanto una creación no novedosa, puede cumplir el requisito necesario para ser considerada una obra protegida por el derecho de autor"; no siendo este aprehendible, estaríamos ante una simple fijación audiovisual. En este sentido, en otra resolución, la No.243-2001 del 26 de marzo de 2001, estableció que "el procedimiento mediante el cual es posible fijar en un soporte material y proyectar imágenes en movimiento, con o sin sonidos incorporados, es en estricto una mera técnica, que por sí sola no constituye una manifestación original, ya que lo que hace de una expresión audiovisual una obra protegida son sus elementos creadores".En nuestro criterio, el vídeo de Figueroa Agosto no posee elementos de originalidad como para considerarlo una obra audiovisual, especialmente porque, conforme se ha reseñado, el presunto narcotraficante aparece sosteniendo relaciones sexuales con varias mujeres captado por una cámara fija en una sola posición; la edición de la secuencia de segmentos no le otorga tampoco la calidad de obra. Estamos, a nuestro juicio, frente a una fijación y no ante una obra audiovisual, por demás violatoria de la intimidad de la vida privada de las mujeres que aparecen con el alegado capo sólo si se determinase que la captación o grabación de sus imágenes no contó con su consentimiento.Atribuirle la condición de obra audiovisual a la fijación audiovisual de Figueroa Agosto implica, por vía de consecuencia, asignar a éste la condición de productor audiovisual. El Ministerio Público está pues defendiendo sus derechos autorales, violados por los piratas. Cosas veredes, Sancho.
De Edwin Espinal Hernández

jueves, 12 de agosto de 2010

Ciudadanos tienen acceso a defensores públicos gratuitos

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Publicado por EL CARIBE


Ciudadanos tienen acceso a defensores públicos gratuitos

Por Claudia Rodríguez
12 de Ago 2010 02:51 PM
Los ciudadanos de escasos recursos y con asuntos pendientes en la justicia tienen acceso a 176 defensores públicos gratuitos, según informó La Oficina Nacional de Defensores Públicos.

Laura Hernández, directora de la entidad, dijo que los 176 defensores públicos están distribuidos en 19 de las 32 provincias del país.
Indicó que desde los inicios de esta oficina en 2003 han sido atendidas 103, 244 personas de escasos recursos.
Dijo que el abogado defensor tiene como propósito principal velar para que los derechos de los ciudadanos no sean violentados.
“Se entiende que todas las personas tienen derecho y yo creo que la defensa pública juega un rol de garantizar derecho pero además de motorizar el sistema, porque un sistema de administración de justicia penal donde no exista una defensa pública fuerte y luchadora es un sistema donde hay un desbalance de poder”, manifestó Hernández.
“Cuando las personas ya no tienen dinero entonces el abogado privado deja de brindarle el servicio entonces tenemos que asumir una serie de casos y a veces cuando están en etapas avanzadas”, agregó.
Resaltó que en los seis años de funcionamiento de la Oficina de Defensoría Pública ninguno de sus abogados ha sido llamado a la atención por corrupción.

Novedades Legislativas

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Novedades

SCJ reglamenta privación de libertad de jóvenes adultos


Presidente Fernández somete a la SCJ dos nuevos convenios para fines de control preventivo de la Constitución


Reglamento General de Registro de Títulos, instituido por Resolución núm. 2669-2009, del 10 de septiembre de 2009 con sus modificaciones.


Por primera vez la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el control preventivo de un tratado internacional


Presidente Suprema Corte de Justicia rechaza querella presentada contra el Ministro de Relaciones Exteriores.


Sentencia importante en materia de alquiler de casas: tres aspectos a destacar.


SCJ rechaza recurso de casación, favoreciendo a Pablo Leonel Velázquez Taveras, con el voto disidente del Presidente y otros jueces.


SCJ declara no conforme con la Constitución de la República la Resolución del Ayuntamiento del Municipio de Santiago que autoriza la suscripción de un contrato con la empresa Blue Parking Caribbean para la explotación de un sistema regulado de estacionamiento en dicha ciudad.

República Dominicana: PRIMER OBSERVATORIO NACIONAL DE JUSTICIA Y GÉNERO


Ley No. 73-2010, que modifica los Arts. 515, 521 y 523 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, versión no gacetada.


Ley No. 341-09 del 26 de noviembre de 2009, que introduce modificaciones a la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios. G. O. No. 10550 del 30 de noviembre de 2009.


La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, estableció que cuando una clínica selecciona a un personal médico que incurre en mala práctica, compromete su responsabilidad civil, pues en este caso se conforma un mandato o relación de dependencia entre ellos.


Informe de Rendición de Cuentas Poder Judicial República Dominicana ,Año 2009


La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que la acción de amparo persigue la tutela efectiva de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución.


Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de abril 2010.


Fijaciones correspondientes a la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional


Fijaciones de Audiencia del Tribunal Superior Administrativo


Fijaciones de Audiencia del mes. Salas de la Suprema Corte de Justicia


Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2010

¿Qué parte de los beneficios complementarios que recibe el trabajador son considerados como salarios para el cálculo de las prestaciones laborales?

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Publicado por EL PERIODICO HOY

10 Agosto 2010, 12:34 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
¿Qué parte de los beneficios complementarios que recibe el trabajador son considerados como salarios para el cálculo de las prestaciones laborales?
Todo lo que le detallaré a continuación queda fuera del salario ordinario o salario computable a los fines de cálculo y pago de prestaciones laborales: 1) horas extras, según el Art. 85 del CT; 2) propina en hoteles y restaurantes, según el Art. 197 del CT; 3) salario de Navidad, según el Art. 219 del CT; 4) participación en las utilidades de la empresa, según la jurisprudencia (SCJ 7 Ago. 1956, B. J. 555, Pág. 1607; SCJ 9 Oct. 1991, B. J. 971, Pág. 1413); 5) “incentivo gerencial anual”, “bono anual”, o cualquier pago que se hace una vez por año, según la jurisprudencia (3º SCJ 18 Ago. 1999, B. J. 1065, Pág. 591); 6) viáticos y reembolso de gastos que estén soportados con la evidencia de que son auténticamente gastos en la ejecución del servicio prestado, según la jurisprudencia (SCJ 9 Mar. 1984, B. J. 880, Pág. 585; 3º SCJ 14 Jun. 2000, B. J. 1075, Pág. 631); 7) uniformes, útiles y herramientas de trabajo, según la jurisprudencia (3º SCJ 29 May. 2002, B. J. 1098, Pág. 815); y 8) subsidios de la seguridad social por enfermedad, accidentes o maternidad, según la jurisprudencia (SCJ 22 Dic. 1971, B. J. 733, Pág. 3439).
En cambio, sí forman parte del salario ordinario, además del sueldo fijo: 1) las comisiones pagadas regularmente, según el Art. 311 del CT; 2) cualquier salario por rendimiento pagado regularmente, bajo distintas denominaciones tales como “incentivos”, “bonos de producción”, etc., según la jurisprudencia (3º SCJ 7 Oct. 1998, B. J. 1055, Pág. 458); 3) montos fijos por “mantenimiento de vehículo”, según la jurisprudencia (3º SCJ 1 May. 1999, B. J. 1062, Pág. 681); 4) dietas, rentas y alimentación del trabajador, que se otorguen con carácter permanente, según la jurisprudencia (SCJ 9 Mar. 1984, B. J. 880, Pág. 585; 3º SCJ 14 Jun. 2000, B. J. 1075, Pág. 631); y 5) bonos y primas por el costo de vida y alquiler de vivienda (3º SCJ 22 May. 2002, B. J. 1098, Pág. 718).
En definitiva, toda retribución que el trabajador reciba regularmente como contraprestación del servicio prestado, que no sea un auténtico gasto en la ejecución del contrato o que no esté expresamente excluido por la ley, será parte del salario computable.

miércoles, 21 de julio de 2010

PROYECTO LEY ORGANICA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

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LEY ORGANICA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero de 2010 crea el Consejo del Poder Judicial como órgano de administración y disciplina del Poder Judicial;
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que con la creación de este órgano se plantea una profunda reforma del Poder Judicial, separando las funciones administrativas y disciplinarias de las jurisdiccionales y reduciendo los niveles de verticalidad en la toma de decisiones, completando así el proceso de democratización e independencia interna del Poder Judicial;
CONSIDERANDO TERCERO: Que la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de la República establece un plazo para la conformación de este Consejo de 6 meses a partir de la Proclamación de la Constitución de la República;
CONSIDERANDO CUARTO: Que se hace necesario establecer normas que regulen el proceso de selección de los miembros de este órgano, sus reglas de operación y funcionamiento, la convocatoria y celebración de sus sesiones, lo criterios para la presentación de sus recomendaciones ante la Suprema Corte de Justicia para la designación, ascenso y jerarquización de los jueces del Poder Judicial y la definición y objetivos de los órganos de apoyo operativo de este Consejo;
CONSIDERANDO QUINTO: Que resulta de capital importancia establecer criterios claros y transparentes para la presentación de propuestas de designación, ascenso y jerarquización de los jueces del Poder Judicial para garantizar la efectiva protección de los principios de la Carrera Judicial establecidos en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial, respetando de forma estricta el orden de prelación consignado en el Escalafón Judicial;
CONSIDERANDO SEXTO: Que se hace necesario introducir algunas modificaciones al ejercicio de las funciones disciplinarias consignadas en la Ley de Carrera Judicial y conferidas al Consejo del Poder Judicial a los fines de garantizar el respeto del derecho de defensa, al debido proceso y al plazo razonable;
CONSIDERANDO SEPTIMO: Que se hace necesario el fortalecimiento y ampliación de las funciones de contraloría interna del Poder Judicial y de la inspectoría judicial a los fines de garantizar mayores niveles de fiscalización interna tanto en el ámbito de la administración de los recursos públicos administrados por el Poder Judicial, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria y financiera, y de la gestión transparente de los asuntos jurisdiccionales puestos a cargo de los jueces del Poder Judicial;
VISTA: La Constitución de la República;
VISTA: Ley No. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones.
VISTA: La Ley 327-98, del 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial;
VISTA: Ley No. 46-97 de fecha 6 de febrero de 1996, que consagra la autonomía presupuestaria administrativa del Poder Legislativo y Poder Judicial.
VISTA: Ley No. 194-04 de fecha 28 de julio de 2004, sobre autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y establece el monto presupuestario de estos y de los Poderes Legislativos y Judicial, que disfrutan de dicha autonomía mediante la Ley No. 46-97, del 18 de febrero de 1997.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
TITULO I
OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1: Objeto.- La presente ley tiene por objeto regular el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, establecer las reglas para su integración, para la presentación de candidaturas, para el ejercicio de sus funciones administrativas y disciplinarias, para asegurar un proceso transparente y objetivo de designación, ascenso y jerarquización de los jueces del Poder Judicial conforme a los principios de la Carrera Judicial establecida y organizada por la Constitución de la República, así como establecer las funciones principales de los órganos de apoyo operativo de este consejo y los requisitos y procedimientos para la designación de sus titulares.
Párrafo: Objeto transitorio. Establecer la base normativa para asegurar la integración del Consejo del Poder Judicial en el plazo indicado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República, garantizar la efectiva y oportuna transferencia de las atribuciones de tipo administrativo y disciplinario que le confiere a este órgano el ordenamiento constitucional y actualmente son ejercidas por la Suprema Corte de Justicia, así como rearticular la dependencia orgánica de las áreas administrativas del Poder Judicial.
Artículo 2: Definición del Consejo.- El Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la República Dominicana. En el ejercicio de sus facultades administrativas dirige y administra todos los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del poder judicial, así como el sistema de carrera judicial y la carrera administrativa judicial conforme establece la Constitución y la presente ley. En el ejercicio de sus facultades de máximo órgano disciplinario del Poder Judicial, es el responsable de determinar el nivel de responsabilidad y de aplicar las sanciones correspondientes a los jueces del Poder Judicial, con excepción de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones, así como de los funcionarios y empleados del poder judicial.
TITULO II
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I
INTEGRACION DEL CONSEJO
Artículo 3:
Integración del Consejo. Conforme dispone el artículo 155 de la Constitución de la República, el Consejo del Poder Judicial estará integrado de la forma siguiente:
1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá;
2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma;
3) Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares;
4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares;
5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.
Párrafo I.- Los integrantes de este consejo, con excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por cinco años, cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho consejo y no podrán optar por un nuevo período en el consejo.
Párrafo II.- La pérdida de la condición de juez por alguna de las causas establecidas en la Constitución y las leyes o la entrada en retiro obligatorio implica la pérdida automática de la condición de miembro del Consejo del Poder Judicial.
CAPITULO II
ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 4: Atribuciones administrativas del Consejo: En el ejercicio de sus facultades administrativas corresponde al Consejo del Poder Judicial ejercer las siguientes atribuciones:
1) Aprobar, a propuesta de la Dirección General de Carrera Judicial, los lineamientos de la política presupuestaria y de gestión de recursos humanos de la administración de justicia que servirán de base para del Anteproyecto del Presupuesto Anual del Poder Judicial a ser incorporado en la Ley de Gastos Públicos e Ingresos de la Nación;

2) Elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta anual de presupuesto del Poder Judicial en base las cargas fijas y programas presentados sus distintas dependencias, conforme las normas legales y reglamentarias correspondientes;

3) Elaborar y aprobar la memoria anual de gestión del Poder Judicial e informes trimestrales de ejecución presupuestaria y presentarlos al Congreso Nacional;

4) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial;

5) Reglamentar el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales, el Sistema de Escalafón Judicial y el Sistema de Carrera Administrativa Judicial;

6) Aprobar mediante resolución la actualización anual del Escalafón Judicial propuesta por la Dirección General de Carrera Judicial y ordenar su publicación y difusión masiva;

7) Aprobar anualmente los instrumentos de evaluación de desempeño de los jueces del poder judicial y de los funcionarios y empleados administrativos a ser aplicados por la Dirección General de Carrera Judicial;

8) Presentar a la Escuela Nacional de la Judicatura un reporte bienal de las necesidades estratégicas de capacitación de los jueces del Poder Judicial de conformidad con los resultados de las evaluaciones anuales de desempeño aplicadas a los mismos;

9) Formular los programas, normas complementarias y políticas de la Carrera Judicial de conformidad con la constitución y las leyes;

10) Aprobar los manuales de cargos clasificados del Poder Judicial y establecer mediante reglamento la escala de remuneraciones y viáticos de los miembros de la carrera judicial y de los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial;

11) Designar mediante concurso público de méritos al Director General de la Carrera Judicial, al Auditor General del Poder Judicial, al Inspector General del Poder Judicial y al Director de la Escuela Nacional de la Judicatura;
12) Designar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial de conformidad con la presente ley y el Sistema de Carrera Administrativa del Poder Judicial;

13) Conceder licencias remuneradas o no a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, de conformidad con la ley y los reglamentos correspondientes;

14) Administrar el plan de retiro, pensiones, jubilaciones y de seguridad social del Poder Judicial, de conformidad con los principios establecidos en la Ley 87-01, sobre el Sistema Nacional de Seguridad Social;
15) Aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar la presente ley.

Párrafo I El Sistema de Provisión de Cargos Judiciales, el Sistema de Escalafón Judicial y el Sistema de Carrera Administrativa Judicial tendrán como fundamentado los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad, constante capacitación, inamovilidad, permanencia, especialización, transparencia y publicidad.
Párrafo II: Para la adecuada administración y actualización del Sistema de Escalafón Judicial la Dirección General de la Carrera Judicial deberá mantener un registro de expedientes individuales para los Jueces del Poder Judicial, que contendrán su historia y datos personales, un informe anual de desempeño, cantidad de sentencias y autos dictados, el resultado de las evaluaciones de los estándares cualitativos de las sentencias emitidas, las informaciones necesarias para evaluar su rendimiento y su conducta ética en la comunidad, así como cualquier otro requisito establecido en el reglamento que se dicte al efecto.
CAPITULO III
ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS
Artículo 5:
Régimen Disciplinario. La dirección y la reglamentación del régimen disciplinario del Poder Judicial corresponde al Consejo del Poder Judicial, en consecuencia las funciones de esta naturaleza conferidas a la Suprema Corte de Justicia por la Ley 327-98 de Carrera Judicial pasarán a ser ejercidas por este Consejo.
Artículo 6: Denuncia ante el Consejo. La comisión de una falta disciplinaria por parte de un juez del Poder Judicial podrá ser denunciada ante el Consejo del Poder Judicial por cualquier persona, a través de la Dirección General de Carrera Judicial, la cual serán incluidas en la agenda de sesiones de este órgano en orden cronológico.
Artículo 7.- Principios poder disciplinarios: Para la reglamentación y sustanciación de los procesos disciplinarios el Consejo del Poder Judicial adoptará las medidas necesarias para el respeto del derecho de defensa, el debido proceso y el plazo razonable, estableciendo por la vía reglamentaria los plazos de las distintas etapas del proceso y los derechos y medios de que dispone el sometido.
Artículo 8. Recusaciones. Los miembros del Consejo del Poder Judicial durante el conocimiento de un asunto disciplinario podrán ser recusados en base a las mismas causas previstas para los asuntos penales.
Párrafo: El miembro recusado del Consejo recusado en base al párrafo anterior será sustituido en la sustanciación del expediente de forma aleatoria por otro juez de igual jerarquía y que ejerza sus funciones jurisdiccionales en un departamento judicial distinto al del juez sometido a procedimiento disciplinario.
Artículo 9: Apoyo Técnico Investigativo. La investigación de los hechos denunciados será realizada con el apoyo técnico de la Inspectoría General del Poder Judicial.
Artículo 10: Grado de las faltas y sanciones. Las faltas disciplinarias de los jueces del Poder Judicial podrán ser calificadas de leves, intermedias y graves, pudiendo ser sancionadas con amonestación verbal, amonestación escrita, multa, suspensión por un período máximo de 30 días o destitución.
Artículo 11: Faltas disciplinarias. Los jueces del orden judicial sujetos a la presente ley incurren en falta disciplinaria en los siguientes casos:
1) Por incumplimiento recurrente de sus deberes y las normas de trabajo establecidas;
2) Por ejercer en forma dolosa o desviada sus derechos y prerrogativas;
3) Por utilizar su posición o jerarquía para el logro de favores ilegítimos dentro y fuera del Poder Judicial;
4) Por intervenir a través de peticiones o instrucciones de cualquier tipo en asuntos de los cuales han sido apoderados tribunales de una jerarquía distinta o igual a la propia;
5) Por incurrir en actuaciones jurisdiccionales manifiestamente improcedentes con el objetivo de beneficiar a una de las partes o a un tercero;
6) Por incurrir en denegación de justicia;
7) Por incurrir en cualquier otra falta disciplinaria establecida en la presente ley o por aquellas de igual gravedad determinada en nivel reglamentario.

Párrafo: Las sanciones impuestas a los Jueces del Poder Judicial por la comisión de faltas disciplinarias graves serán impuestas sin perjuicio de las sanciones civiles y penales derivadas de los hechos cometidos.

Artículo 12: Faltas graves cometidas por los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando el juez que incurra en una falta disciplinaria grave sea miembro de la Suprema Corte de Justicia el Consejo del Poder Judicial presentará los elementos de prueba correspondiente ante la Cámara de Diputados y solicitará su investigación a los fines de iniciar un proceso de juicio político de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República.
CAPITULO IV
DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS
Artículo 13:
Comité Electoral Sesenta días antes del vencimiento de los cargos de los miembros electivos será conformado un Comité Electoral que estará integrado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un miembro de la Suprema Corte de Justicia sin aspiraciones a ser miembro, un miembro del Tribunal Superior Electoral electo por sus pares y el Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, asistidos por la Dirección General de Carrera Judicial que fungirá como secretaría.
Artículo 14. Funciones. El Comité Electoral dirige, organiza y fiscaliza el proceso eleccionario en el cual de manera simultánea cada categoría de la judicatura, en asamblea de pares, elegirá a los postulantes de su categoría, en votación personal y secreta.
Artículo 15. Equivalencias. A los fines de lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución de la República y por el artículo 3 de la presente ley se aplica el siguiente criterio para la determinación de los equivalentes:
1) Equivalente a Juez de Paz Ordinario:
a) Juez de Paz Especial de Tránsito.
b) Juez de Paz para Asuntos Municipales.

2) Equivalente a Juez de Primera Instancia:
a) Juez de Tierras de Jurisdicción Original.
b) Juez del Juzgado de Trabajo.
c) Juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
d) Juez de la Instrucción.
e) Juez de Ejecución de la Pena.
f) Juez de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente.

3) Equivalente a Juez de Corte de Apelación:
a) Juez del Tribunal Superior de Tierras.
b) Juez de la Corte de Trabajo.
c) Juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes.
d) Juez del Tribunal Superior Administrativo.

Artículo 16. Convocatoria de las asambleas. El Comité Electoral emitirá una Convocatoria a Asambleas, que será publicada en un periódico de circulación nacional y en el portal de internet del Poder Judicial, en la cual fijará la fecha de la Asamblea y el plazo para la inscripción de candidaturas, que no será nunca mayor de veinte días.
Artículo 17. Presentación de propuestas. La propuesta de candidatura incluirá el nombre del candidato, la posición que ocupa, su código y un documento de no más de tres páginas en el que el candidato señale sus propuestas institucionales.
Artículo 18. Recepción de las propuestas y publicación. Las propuestas de candidaturas se depositarán ante la Dirección General de la Carrera Judicial, que las tramitará sin demora al Comité Electoral.
Párrafo I: La lista de candidatos y sus respectivas propuestas serán publicadas en el portal de internet del Poder Judicial.
Párrafo II: Antes de publicar la lista el Comité Electoral comprobará si las candidaturas presentadas no están inhabilitadas de conformidad con el párrafo I del artículo 155 de la Constitución de la República.
Artículo 19. Prohibiciones. Queda prohibido utilizar tiempo de trabajo y recursos institucionales para realizar campaña a favor de un aspirante al Consejo del Poder Judicial.
Artículo 20: Observación de las asambleas: Las asambleas será observadas por una representación de las facultades de derecho, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del Consejo Superior del Ministerio Público, del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de la justicia y las ciencias jurídicas, otros poderes judiciales del exterior y órganos internacionales de cooperación judicial.
Párrafo: Las reglas de observación electoral serán definidas por el Comité Electoral mediante reglamento.
TITULO III
DE LAS REGLAS OPERATIVAS DEL CONSEJO
CAPITULO I
DE LAS REGLAS DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO
Y DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES
Artículo 21:
De la convocatoria del Consejo: El Consejo del Poder Judicial se reunirá de forma ordinaria por lo menos tres días por semana a convocatoria de su Presidente y de manera extraordinaria previa convocatoria de éste o tres de sus miembros.

Artículo 22: Quórum de las sesiones: El Consejo del Poder Judicial podrá sesionar válidamente con la presencia de tres de sus miembros, en cuyo caso deberá adoptar sus decisiones por unanimidad, no pudiendo estar nunca ausente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 23: Agenda de las sesiones: Las convocatorias de las sesiones del Consejo del Poder Judicial se harán acompañar de una agenda elaborada por el Presidente con las propuestas presentadas por la Dirección General de Carrera Judicial y los demás miembros. Los puntos de la agenda deberán ser incluidos respetando el orden cronológico recepción y la prioridad del asunto en cuestión.
Artículo 24: Plazo para la distribución de la agenda: La agenda y los documentos que la acompañen deberán ser distribuidos entre los miembros del Consejo con por lo menos 48 horas de antelación en el caso de las sesiones ordinarias y con por lo menos 12 horas de antelación en el caso de las extraordinarias.
Artículo 25: Publicidad de la agenda. La agenda del Consejo del Poder Judicial será puesta a disposición del público y su contenido deberá ser publicado en el Portal Web del Poder Judicial, con no menos de 3 horas de diferencia a su distribución entre los miembros.
CAPITULO II
DE LAS REGLAS PARA LA DESIGNACION
DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL
Artículo 26:
Reglas para la designación, ascenso y jerarquización de jueces. Los jueces del Poder Judicial serán designados, ascendidos y jerarquizados por la Suprema Corte de Justicia a propuesta del Consejo del Poder Judicial conforme a las siguientes normas:
1) Las propuestas de ascenso y jerarquización presentadas por el Consejo del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia se ajustarán de forma estricta al orden consignado en el Escalafón del Poder Judicial.

2) Las propuestas de ascensos o aumento de jerarquía serán publicadas por el Consejo del Poder Judicial y notificada al juez propuesto.

3) En caso de que existan jueces con idéntica puntuación el Consejo del Poder Judicial deberá motivar su decisión indicando de manera precisa las razones que sustentan su decisión, evitando la utilización de fórmulas genéricas o argumentaciones generales. Esta decisión debe ser notificada a los jueces considerados.

4) La Suprema Corte de Justicia deberá decidir sobre la propuesta presentada en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la propuesta.

5) Transcurrido el plazo indicado sin que se haya producido una decisión de la Suprema Corte de Justicia la propuesta se considerará aceptada.

TITULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO OPERATIVO
Artículo 27:.
De los órganos de apoyo operativo del Consejo: El Consejo del Poder Judicial tendrán como órganos de apoyo operativo para el adecuado ejercicio de sus facultades constitucionales y legales las siguientes dependencias:
1) La Dirección General de la Carrera Judicial;
2) La Contraloría General del Poder Judicial; y
3) La Inspectoría General del Poder Judicial.

Párrafo: En adición a los órganos indicados en el presente artículo el Consejo del Poder Judicial podrá crear mediante reglamento departamentos técnicos de planificación y análisis de políticas públicas, sin que a estos les puedan ser delegadas funciones de carácter operativo.
Artículo 28. Periodo de permanencia de titulares. Los titulares de estas dependencias serán designados por un período de 5 años y podrán ser confirmados en sus cargos por un único período adicional previa evaluación satisfactoria de desempeño, pudiendo ser destituidos antes de la conclusión del período indicado por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 29. Organización y funcionamiento. La organización y funcionamiento de estas dependencias será establecida mediante los reglamentos que a tal efecto dicte el Consejo del Poder Judicial.
CAPITULO I
DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
Artículo 30.
Ámbito. La Dirección General de Carrera Judicial es el órgano de apoyo operativo del Consejo del Poder Judicial encargado de la gestión y ejecución de las políticas y medidas presupuestarias, financieras, administrativas, del Sistema de Carrera Judicial, del Sistema de Carrera Judicial Administrativa y de los recursos humanos en sentido general.

Artículo 31. Designación del Director. La Dirección General de la Carrera Judicial estará a cargo de un Director designado por el Consejo del Poder Judicial, previo concurso público de expedientes.
Artículo 32. Requisitos.- Para ser Director General de la Carrera Judicial, se requiere:
1) Ser dominicana o dominicano con no menos de treinta años de edad.
2) Ser licenciado o doctor en las áreas de derecho, economía o administración, con estudios de postgrado.
3) Haber acumulado una experiencia en el ejercicio de administración o dirección no menor de cinco años
4) Haber desempeñado cargos en la administración pública o privada que le hagan apto para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades;
5) No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
6) No tener parentesco o afinidad hasta el cuarto grado con ningún miembro del Consejo del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia o del Procurador General de la República.

Artículo 33. Funciones. Corresponde al Director General de la Carrera Judicial:
1) Fungir como secretario en las sesiones celebras por el Consejo del Poder Judicial y levantar acta sobre los acuerdos arribados en las mismas, con derecho a voz pero sin voto;

2) Ejercer la dirección funcional del sistema de carrera del Ministerio Público de conformidad con los reglamentos y políticas adoptados por el Consejo del Poder Judicial;

3) Asesorar a la Suprema Corte de Justicia y a los demás órganos jurisdiccionales sujetos a la aplicación de la ley y de este reglamento en la aplicación de los sistemas de gestión de recursos humanos;

4) Proponer al Consejo los manuales de puestos clasificados de las distintas dependencias del Poder Judicial;

5) Presentar al Consejo, a través de su Presidente, la propuesta de escala salarial de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial;

6) Elaborar y proponer al Consejo los instrumentos de evaluación de desempeño de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes;

7) Aplicar los instrumentos de evaluación de desempeño aprobados por el Consejo del Poder Judicial;

8) Gestionar y mantener actualizado el Escalafón Judicial para la toma de decisiones sobre los ascensos y movimientos internos en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;

9) Formular propuestas de políticas de gestión de la carrera o reformas al escalafón y someterlas a la aprobación del Consejo del Poder Judicial;

10) Informar al Consejo de las vacantes que surjan en el Poder Judicial;

11) Gestionar y ejecutar las decisiones del Consejo en torno al Plan de Retiros del Poder Judicial;

12) Velar por la fiel aplicación del régimen disciplinario previsto en los sistemas de gestión de recursos humanos del Poder Judicial y comunicar al Consejo las decisiones adoptadas por los funcionarios responsables, así como tramitar los recursos jerárquicos respecto de las mismas;

13) Preparar los instructivos procesales y de orientación de los diferentes procesos y subsistemas técnicos en los cuales descansan la Carrera Judicial y la Administrativa Judicial;

14) Coordinar la preparación del proyecto de presupuesto anual del Poder Judicial y someterlo, a través del Presidente, al Consejo del Poder Judicial;

15) Presentar para la aprobación por parte del Consejo los programas, normas, políticas y estrategias de la Carrera Judicial y de la Carrera Administrativa Judicial;

16) Convocar y gestionar los concursos públicos de aspirantes a Jueces de Paz aprobados por el Consejo del Poder Judicial;

17) Las demás funciones que le sean conferidas por el Consejo del Poder Judicial mediante el Reglamento dictado a tal efecto.

CAPITULO II
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Artículo 34.
Ámbito. La Contraloría General del Poder Judicial es el órgano rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del manejo, uso e inversión de los recursos del Poder Judicial y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las dependencias bajo su ámbito, de conformidad con reglamento correspondiente.
Artículo 35. Designación del Contralor General. La Contraloría General del Poder Judicial estará a cargo de un Contralor designado por el Consejo del Poder Judicial, previo concurso público de expedientes.
Artículo 36. Requisitos.- Para ser Contralor General del Poder Judicial, se requiere:
1) Ser dominicana o dominicano con no menos de treinta años de edad.
2) Ser contador público autorizado.
3) Haber acumulado una experiencia en el ejercicio profesional no menor de cinco años
4) Haber desempeñado cargos en la administración pública o privada que le hagan apto para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades;
5) No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
6) No tener parentesco o afinidad hasta el cuarto grado con ningún miembro del Consejo del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia o del Procurador General de la República.

Artículo 37.Reglamentación. Las funciones específicas de la Contraloría del Poder Judicial serán definidas por el Consejo del Poder Judicial a través del Reglamento de Control Administrativo Interno del Poder Judicial.
CAPITULO III
DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Artículo 38.
Ámbito. La Inspectoría General del Poder Judicial es el órgano de apoyo investigativo y de vigilancia del Consejo del Poder Judicial encargado de recabar y suministrar información actualizada y fiable sobre la situación de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, vigilar el funcionamiento de los servicios de la administración de justicia, contribuir al mejoramiento de su gestión y realizar las medidas de instrucción en ocasión de las denuncias presentadas ante el Consejo del Poder Judicial.
Artículo 39. Designación del Inspector General. La Inspectoría General del Poder Judicial estará a cargo de un Inspector General designado por el Consejo del Poder Judicial, previo concurso público de expedientes.
Artículo 40. Requisitos.- Para ser Inspector General del Poder Judicial, se requiere:
1) Ser dominicana o dominicano con no menos de treinta años de edad.
2) Ser doctor o licenciado en derecho.
3) Haber acumulado una experiencia en el ejercicio profesional no menor de cinco años
4) Haber desempeñado funciones de investigación forense en el ámbito público o privado que lo hagan apto para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades;
5) No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
6) No tener parentesco o afinidad hasta el cuarto grado con ningún miembro del Consejo del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia o del Procurador General de la República.

Artículo 41.Reglamentación. Las funciones específicas de la Inspectoría del Poder Judicial serán definidas por el Consejo del Poder Judicial a través del Reglamento de Control Administrativo Interno del Poder Judicial.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 42. Derogatoria.
La presente ley deroga toda disposición legal o reglamentaria que le sea contraria.
Transitorio Primero: El Consejo del Poder Judicial deberá aprobar las reglamentaciones indicadas en la presente ley dentro de los 4 meses a partir de su promulgación.
Transitorio Segundo: El Consejo del Poder Judicial deberá convocar a concurso público para la selección de los funcionarios indicados en la presente ley dentro de los 5 meses a partir de su promulgación.
Transitorio Tercero: El Consejo del Poder Judicial tomará las medidas administrativas correspondientes a los fines de convertir la actual Dirección General de Carrera Judicial, el Departamento de Auditoría y la Inspectoría Judicial en los órganos indicados en la presente ley.
Transitorio Cuarto: Para la selección de los primeros miembros del Consejo del Poder Judicial los plazos indicados en la presente ley para la Convocatoria a Asambleas, la presentación de candidaturas y la celebración de las asambleas de pares quedan reducidos a la mitad.
Transitorio Quinto: Para la conformación del primer Comité Electoral un juez de la Junta Central Electoral seleccionado por sus pares ocupará el lugar reservado al Juez de Tribunal Superior Electoral a que se refiere el artículo 13 de la presente ley.
DADA…
MOCIÓN PRESENTADA POR:
CHARLES NOEL MARIOTTI TAPIA
Senador de la República
Provincia Monte Plata