viernes, 31 de julio de 2009

Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)

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Publicado por DIARIO LIBRE

31 Julio 2009


De. - Derecho económico
Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)
El Estado Dominicano, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los pequeños contribuyentes sin contabilidad organizada y residentes en el país, estableció el Reglamento sobre Procedimientos Simplificados de Tributación para la Declaración y Pago del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), basado en dos métodos de aplicación: a) por las compras, y b) por los ingresos.
Pueden acogerse al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST):
(a) Los contribuyentes personas físicas y jurídicas del sector comercial de Provisiones al por mayor y detalle y las Pequeñas Industrias, cuyas compras sean de hasta treinta millones de pesos (RD$30,000,000.00) anuales, tales como colmadones, almacén de provisiones, farmacias, panaderías, entre otros. Dicho monto está sujeto al ajuste por inflación anual.
(b) Los contribuyentes, personas físicas o negocios de único sin contabilidad organizada, cuyos ingresos no superen los seis millones quinientos treinta y dos mil ochocientos pesos (RD$6,532,800.00) anuales, tales como colmados, salones de belleza, profesionales liberales (abogados, médicos, odontólogos, contadores) y otros. Dicho monto está sujeto al ajuste por inflación anual.
(c) Los contribuyentes que actualmente están acogidos al Régimen de Estimación Simple (RES), quienes deberán acogerse a uno de los dos métodos del PST o pasar al régimen ordinario.
Las principales ventajas del Procedimiento Simplificado de Tributación son las siguientes: (i) No requieren contabilidad organizada; (ii) No pagan anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR); (iii) No pagan Impuesto sobre Activos; (d) Disponen de acuerdo de pago automático para el Impuesto sobre la Renta (3 cuotas para Compras y 2 cuotas para Ingresos); (e) Los primeros seis meses del año no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR); y (f) No tienen que remitir las informaciones de Comprobantes Fiscales en sus compras y ventas del año anterior (Compras).
Dirija sus preguntas a: m.rodriguez@phlaw.com y a.toca@phlaw.com

miércoles, 29 de julio de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

Ley No. 179-09 que permite a las personas físicas, excepto negocios de único dueño, declarantes del Impuesto Sobre la Renta

Ley No. 178-09 que modifica las partes capitales de los Artículos 515 y 521 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Ley No. 177-09 que otorga amnistía a todos los empleadores públicos y privados

+ Consultas en Materia Laboral (Varias)

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Publicado en el PERIODICO HOY

27 Julio 2009, 11:28 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. ¿Puede una empresa accionar en contra de ex empleados que hayan cometido errores por los que la empresa haya sido sancionada por el Fisco?
Si, es posible. De acuerdo al Art. 712 del CT un empleado es civilmente responsable por los daños y perjuicios que ocasione en el ejercicio de sus funciones, y los Arts. 713 y 480 del CT le dan competencia para conocer de tales casos a los tribunales laborales. El Art. 515 del CT permite incluso que un empleador demandado en cobro de prestaciones laborales, pueda a su vez demandar reconvencionalmente en daños y perjuicios contra el trabajador demandante.

2. Mi pregunta es que a una amiga le hicieron un descuento, por un error cometido en sus labores, porque ellos venden materiales eléctricos y ella mando a cortar el alambre que no era, mi pregunta es ¿cómo puede ella exigir que le reembolsen el descuento? que según el Art. 201 del CT no está permitido.
La realidad es que exigir el reembolso de ese descuento está difícil para su amiga, aunque no es imposible si está dispuesta a poner en riesgo su empleo. Su amiga debe sopesar si prefiere reclamar (con un abogado o a través de un servicio de inspección) el reembolso, arriesgándose a perder el empleo, o si prefiere conservar su trabajo, y acordar con su empleador el descuento en varias partidas, pues a fin de cuentas se trató de un error o negligencia de ella.

3. ¿Porque muchas empresas toman en cuenta el historial crediticio de las personas a la hora de emplearlo?
Este tema ya fue tratado en esta columna en fechas 17 y 24 de junio del 2008. Puede encontrar los textos completos en el portal de internet www.institutoestudiosdeltrabajo.org.do, en la sección Consultorio Laboral.

4. Quisiera saber si una persona que presta servicios a más de un empleador, debe ser inscripto en la Tesorería de la seguridad social
Si, debe ser inscrito, y esa inscripción es responsabilidad de cada empleador (Art. 36, Ley 87-01)

5. Mi pregunta es la siguiente: ¿Los trabajadores contratados para una obra o servicio determinado deben estar inscritos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social ley 87-01?
Si, deben estar inscritos, pues ya está en vigor el llamado régimen contributivo de la Seguridad Social, que comprende a todos los que prestan servicios por cuenta ajena (Art. 7, Ley 87-01)

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (corrupción administrativa)

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Publicado por DIARIO LIBRE
29 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

El debate que se desarrolla en el país sobre la corrupción administrativa se ha centrado en torno a si existen o no los instrumentos legales para prevenirla, perseguirla y sancionarla. Deseo conocer su apreciación sobre cuál es la situación legislativa del país en materia de corrupción. Olivero Deñó.
La respuesta a su inquietud va a requerir de varias entregas de esta columna. En una primera parte voy a enumerar los textos legales que caracterizan lo que vamos a considerar actos de corrupción. Una parte de ellos aparecen en la ley No. 41-08 de Función Pública, y las otras en el Código Penal y diversas leyes adjetivas. En la segunda parte nos referimos a las medidas de prevención de la corrupción previstas en diversas leyes. En la tercera parte abordaremos las competencias y los procedimientos que dispone la ley procesal, especialmente el CPP, a los encargados de investigar y perseguir la corrupción.
Como es de rigor, empecemos por el concepto de corrupción. Digamos que corrupción es toda acción (u omisión) violatoria de la ley, de carácter grave, realizada por un servidor público, en perjuicio del patrimonio público o en el ámbito público, que reporta beneficios económicos, sea en forma directa o indirecta a su autor y/o cómplices. Este concepto requiere de varias precisiones.
1) La corrupción, en sentido estricto es un acto violatorio de la ley. Es ésta última la que prohibe, caracteriza y sanciona el acto corrupto. En este sentido es distinto a los actos contrarios, por ejemplo, de las normas de la moral.
2) La corrupción supone actos cometidos (i) ya en perjuicio del patrimonio público o (ii) ya desde el desempeño de una función pública. En el primer caso (i), el funcionario o empleado o representante electo se apropia u obtiene beneficios en perjuicio directo del patrimonio del Estado. El caso típico es cuando toma para sí de forma fraudulenta bienes o dinero propiedad del Estado, afectando directamente el patrimonio público. En el segundo (ii) el acto de corrupción deviene del hecho de que el servidor público aprovecha la función pública para desde ella obtener beneficios o incrementar su patrimonio personal, aún éstos no provengan directamente del patrimonio del Estado. Son casos típicos de este tipo, por ejemplo, cuando el servidor público aprovecha su jerarquía para obtener contratas para empresas propias o de amigos, o de familiares; también si solicita al beneficiario de una contrata u obra el pago de comisiones para su otorgamiento.
3) Para hablar con propiedad de corrupción, es imprescindible que en el acto corrupto participe un servidor público. En la mayoría de los casos éste actúa coludido con una persona del sector privado que es el corruptor. No se debe confundir corrupción, en sentido estricto, con otras formas de enriquecimiento fraudulento cometidos por personas privadas. En esos casos propiamente no se trata de corrupción sino que conforme la naturaleza del asunto la ley tipifica estos actos como asociación de malhechores, robo, estafa, abuso de confianza, falsificación, contrabando, bancarrota fraudulenta, competencia desleal, agiotismo, lavado de activos, etc.
4) El carácter grave de la corrupción se debe a las negativas consecuencias que supone que quienes son electos o designados en una función pública, para servir al interés público, utilicen la misma para enriquecerse fraudulentamente. A esto se añaden las terribles consecuencias sociales que todo acto de corrupción produce al privar a millares de personas de oportunidades, así como también el envilecimiento que genera en las instituciones y funciones públicas.
(Continuará)
Las leyes contra la corrupción se pueden clasificar en preventivas y represivas, siendo estas últimas las que establecen sanciones. Puede establecerse una categoría relativa a algunas especificidades contempladas en las leyes procesales en materia de corrupción.En unos casos la prevención se produce estableciendo procedimientos que, en principio evitarían la comisión del acto corrupto. En estos casos se habla de leyes de transparencia de los actos del Estado. En otros casos las leyes de prevención establecen procedimientos de revisión de los actos públicos, como forma de presionar por adelantado al servidor público para que se abstenga de cometer el acto corrupto. Estas son leyes de rendición de cuentas. En el país varias son las leyes de prevención, por vía de asegurar la transparencia de los actos de naturaleza pública. Veamos las principales: 1) Ley No. 34006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el 18 de agosto de 2006. Esta ley asume entre sus motivaciones la necesidad de que el Estado logre la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando adicionalmente competitividad y transparencia, especificando que es "deber de los funcionarios del Estado, así como de los oferentes y contratistas, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas complementarias" La propia ley establece que su objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades dentro de cada especialidad (art.1). Los sujetos a los que se les aplica esta ley es muy amplio: Gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras; las instituciones públicas de la seguridad social, los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, las empresas públicas no financieras y financieras. Además, cualquier contratación de bienes, servicios, obras y concesiones que se haga con fondos públicos, al margen de la naturaleza de entidad ( art.2). La ley especifica algunos principios que deben regir la compra y contrataciones públicas: i) Principio de eficiencia, debiendo seleccionarse la "oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración". ii) Principio de igualdad y libre competencia, por lo que se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. iii) Principio de transparencia y publicidad y en tal virtud los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a los requerimientos de cada proceso, asegurándose que todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. iv) Principio de economía y flexibilidad, lo que significa el establecimiento de reglas claras para asegurar la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y económicamente. v) Principio de participación por lo que el estado estimulará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. A esto se añaden los principios de equidad, de responsabilidad y moralidad, de reciprocidad y de razonabilidad

En el CPP anterior iniciamos el examen de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18.08.09, como ejemplo de ley preventiva que busca hacer transparentes los actos de la administración pública. Como indica su denominación esta ley rige, por un lado, la contratación de las obras públicas y concesiones del Estado, y por otro, las compras y la contratación de bienes, servicios, consultoría y alquileres con opción de compra y arrendamiento, entre otros. Conforme la ley, las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, que deseen contratar con el Estado deben demostrar que, entre otros: a) Tienen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato b) Que sus fines sociales son compatibles con el objeto contractual; c) Tiene solvencia económica; d) que ha cumplido sus obligaciones fiscales y de seguridad social.La ley prohibe ser ofertante ni contratar con el Estado: a) Al presidente y vicepresidente de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, senadores y diputados, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; síndicos y regidores_ contralor general y el subcontralor de la República, el director y subdirectores de Presupuesto; director nacional y el subdirector de Planificación; procurador general de la República y los demás miembros del ministerio público; tesorero nacional y subtesorero y demás funcionarios del Gobierno Central e instituciones públicas, aun los que ejerzan estas funciones de forma honorífica. b) Los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones descentralizadas, así como los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa del ente en donde desempeñen sus funciones; c) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el jefe y subjefes de la Policía Nacional. La prohibición a estos funcionarios en la contratación de las entidades a las cuales pertenecen, incluye también valerse de terceros o testaferros o de empresas en las que sean socios o tengan intereses; también los parientes con consaguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado; a los cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, parejas consensuales o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas.De modo expreso la ley prohibe participar en la contratación a las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas por sentencia por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Pero lo más interesante es que la ley especifica que si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua.

Anteriormente, nos referimos a la Ley No. 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18.08.09, como ejemplo de las leyes que tienen por objeto la prevención de la corrupción. En esta oportunidad, continuamos con el estudio de una institución y la legislación que le sirve de fundamento, cuyo objeto es la preservación y correcto uso del patrimonio publico, y por tanto, de la prevención de la corrupción. Nos referimos a la Contraloría General de la República.La Contraloría General de la República está regida por la llamada Ley de contabilidad General del Estado No. 3894, que en su versión original fue promulgada el 18 de agosto de 1954. Esta ley ha sido modificada y complementada por varias leyes y reglamentos. Conforme lo que dispone la ley, la Contraloría General de la República tiene a su cargo llevar a) la contabilidad general del Estado; b) fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos de los diversos departamentos de la administración pública, autónomos o no, del Estado y de los municipios; c) verificar el examen de las cuentas que deban rendir las personas o entidades que reciban o manejen fondos o bienes de tales entidades u organismos.La ley de Contraloría General de la República ha sido complementada por la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y Externo de las instituciones del Estado y de la Contraloría General de la República. Fue promulgada 8 de enero de 2007.Este sistema de control interno y externo de los fondos y recursos del Estado abarca: al gobierno central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas con participación Estatal mayoritaria, los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional.Como complemento de esta ley se emitió el decreto No. 491-07 contentivo del reglamento de aplicación que es el que efectivamente instituye el sistema nacional de control interno y de la Contraloría General de la República. En la próxima entrega examinaremos las atribuciones que le otorga la ley a esos fines a esta importante institución del Estado.

La Contraloría General de la República, anotamos en el CPP anterior, tiene por función realizar el control interno en las entidades del Estado, a cuyos fines fiscaliza los ingresos y la inversión que de los mismos realizan las distintas dependencias de la administración pública. La Cámara de Cuentas, por su parte es el órgano superior de control externo de los recursos públicos, instituida por la Constitución de la República en sus artículos 78, 79, 80 y 81 y regulada por la Ley 10-04 del 20 de enero del 2004. La ley dispone que teniendo un carácter principalmente técnico, goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene "personalidad jurídica instrumental". A fines de ejercer el control externo, la citada ley 10-04 faculta a la Cámara de Cuentas a 1) Definir las políticas de auditorías externa que deberán servir de guía general; 2) Establecer las normas y guías técnicas de auditoría externa gubernamental; 3) emitir los reglamentos, manuales, instructivos que fueren necesarios, así como 4) las normativas para evaluar la calidad de los controles internos institucionales y su grado de aplicación en la administración publica. Están sometidas al control externo de la Cámara de Cuentas: 1. Los poderes públicos, órganos constitucionales y sus dependencias; 2. Los órganos que conforman la administración pública central; 3. Las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias; 4. Las entidades de derecho público creadas por ley o decreto; 5. Los ayuntamientos municipales, sus dependencias, y otras corporaciones edilicias, así como el organismo regulador de los mismos; 6. Las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado, aunque sea parcialmente, por aportes del Estado, los municipios o las instituciones autónomas; 7. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas.La Cámara de Cuentas tiene amplias facultades para cumplir con su objeto, entre las que están: a) Practicar auditoria externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos públicos o privados sujetos a la ley; b) Tener acceso irrestricto a las evidencias documentales, físicas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; c) Identificar y señalar en los informes los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal; d) Emitir resoluciones, con fuerza ejecutoria, en el ámbito de la responsabilidad administrativa y civil; e) Requerir a las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a los resultados de sus actividades de control externo, y de nos ser atendidos solicitar a las máximas autoridades nacionales, se apliquen las sanciones correspondientes; f) Requerir la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con el personal de la Cámara de Cuentas o que de alguna manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas; g) Investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia; h) Auditar o analizar con oportunidad la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que cada año aprueba el Congreso Nacional; i) Participar por iniciativa propia, o apoyando a otros organismos, en actividades que prevengan o combatan la corrupción.

La ley No. 82-79, promulgada el 16 de diciembre de 1979 obliga a los funcionarios públicos, dentro del mes de tomar posesión, a levantar un inventario, jurado y legalizado ante notario público, de los bienes que integran su patrimonio. Igual deben hacer dentro del mes de cesar en sus funciones.Los funcionarios obligados a cumplir con este requisito son: a) El Presidente y el Vicepresidente de la República; b) los senadores y los diputados; c) los secretarios y sub-secretarios de Estado; d) el gobernador y vicegobernador del Banco Central; e) los administradores y gerentes de bancos estatales; f) los síndicos, regidores y tesoreros municipales; g) todos los jueces, los miembros del ministerio público y los miembros de la Cámara de Cuentas; h) los administradores y sub-administradores generales, los directores y sub-directores generales; i) Los directores generales y sub-directores; presidentes y vice-presidentes y los administradores de empresas estatales; j) los gobernadores provinciales;k) los presidentes y vicepresidentes, administradores y sub-administradores generales delas empresas controladas por la Corporación de Empresas Estatales; l) el Contralor y Auditor General de la Nación; m) el Tesorero Nacional, los colectores de rentas internas y los colectores de aduanas.La ley especifica que el inventario a ser presentado por el funcionario público debe contener una relación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, indicando sus valores estimados, sus pasivos y activos.El funcionario debe depositar el inventario ante el Tesorero Nacional quien remitirá una copia del mismo al Procurador General de la República, donde los terceros pueden obtener copia sin costo alguno.La ley establece varias formas de sanción administrativas al incumplimiento de esta obligación: i) El Tesorero Nacional esta facultado para abstenerse de ordenar los pagos de sueldos, hasta tanto el funcionario no someta su inventario; ii) el funcionario será objeto de amonestación por el funcionario jerárquicamente superior al que estuviera en falta.La ley prevé que los bienes adquiridos durante el desempeño de la función pública, por un funcionario que no le dio cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, serán considerados adquisiciones con un origen ilícito, con todas sus consecuencias, hasta prueba en contrario.La ley, además de estos aspectos preventivos, contempla aspectos represivos al disponer que los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras ejerzan sus funciones, o con motivo u ocasión de las mismas, les serán aplicables las penas previstas en los artículos 174 a 183 del Código Penal, ambos inclusive, que sancionan entre otros la concusión de funcionarios públicos, el soborno, el cohecho, la prevaricación.La ley dispone que respecto de estas infracciones, el plazo de la prescripción empieza a correr a partir del día en que el funcionario cese en la función pública.

En el CPP anterior iniciamos la síntesis del contenido de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estado Americanos, la que entró en vigor para los Estados partes, el 6 de marzo de 1997, siendo ratificada por la República Dominicana el 6 de agosto de 1999. La Convención busca la promoción y el fortalecimiento de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción entre los Estados Partes. La Convención define y caracteriza varios actos de corrupción a los cuales es aplicable:i) El requerimiento o la aceptación, así como ii) el ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente, por un /o a un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; iii) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;iv) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; yv) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.Por efecto de la Convención, los Estados partes contraen diversas obligaciones internacionales:i) tipificar los delitos descritos en los párrafos anteriores, si no lo estuvieran en su derecho interno;ii) Cada Estado parte prohibirá y sancionará como acto de corrupción el soborno transnacional que se define como " el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial";iii) Cada Estado parte considerará como un acto de corrupción y tipificará en su legislación interna el delito de enriquecimiento ilícito que la convención define como "el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él".

De Guillermo Moreno

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

miércoles, 22 de julio de 2009

Presidente SCJ pide a jueces hacer declaración jurada de bienes

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Presidente SCJ pide a jueces hacer declaración jurada de bienes

21/7/2009El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge A. Subero Isa, exhortó a todos los jueces del país para que actualicen su declaración jurada de bienes, que de conformidad con la Carrera Judicial deben hacerla cada tres años.El Magistrado advirtió que los jueces que no obtemperen al llamado se les retendrán los sueldos hasta que pongan al día su declaración jurada en aquellos casos en que el plazo de los tres años ha transcurrido. El doctor Subero Isa anunció en ese sentido que la Suprema Corte de Justicia, a través de su Dirección de Tecnología de la Información, desarrolla un programa que permitirá comparar las declaraciones juradas que hagan los jueces en la actualidad con las declaraciones juradas anteriores.“Automáticamente, ese programa va a reflejar si ha habido un incremento del patrimonio de los jueces y funcionarios a quienes la Ley obliga a hacer su declaración, o si por el contrario se mantiene ese patrimonio se mantiene igual o si ha habido una disminución”, declaró.“A partir del momento que el programa determine que ha habido un incremento en el patrimonio de un juez y que él no pueda justificarlo con el salario que percibe, entonces habría que proceder a una investigación”, agregó el Magistrado, quien dijo esperar que para enero del próximo año ese programa esté ya disponible. El doctor Subero Isa se refirió al tema en el marco de la juramentación de seis jueces que fueron trasladados y promovidos a nuevos cargos en el tren judicial, para lo cual se pusieron en funcionamiento cuatro nuevas salas Civil y Comercial en los distritos judiciales de Puerto Plata y Barahona. Además de poner en funcionamiento el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal.Para la puesta en funcionamiento de esas cuatro salas, fue necesario dividir las Cámara Civil y Comercial de los juzgados de Primera Instancia de los distritos judiciales de Puerto Plata y Barahona, respectivamente, a consecuencia de un gran cúmulo de trabajo en las mismas.El Presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo además un llamado para que el Congreso Nacional apruebe en lo inmediato las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, como forma de viabilizar la Jurisdicción Civil a fin de obtener una mayor rapidez en el conocimiento y fallo en los asuntos sobre la materia.Los ascensos y traslados se produjeron de la siguiente manera: la magistrada Yakayra Veras García, fue ascendida de juez de Paz Especial de Tránsito del Departamento Judicial de Puerto Plata a juez miembro del Tribunal Colegiado, Cámara Penal, de ese mismo distrito, en donde además los magistrados Nassim Eduardo Ovalle Estévez y Eunice Agustina Minaya Pérez fueron trasladados a la Primera y Segunda Cámara Civil.A la Primera y Segunda Sala Civil de Barahona fueron trasladados Ana Delis Pérez Urbáez y Alejandro Montilla Ramírez.Por último, el magistrado Nelson Cuevas Ruiz fue promovido a juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal.

Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial

Novedad Legislativa

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Novedades

Novedad Legislativa la ley No. Ley No. 174-09 del 3 de junio de 2009, que introduce modificaciones a la Ley de Tránsito de Vehículos, No. 241 del 1967, y sus modificaciones; No. 1474 del año 1938, sobre Vías de Comunicación y sus modificaciones, y a la Ley No. 202-04, Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Publicada en la G. O. No. 10523, del 9 de junio de 2009.

+ Consultas en Materia Laboral (Proteccion de la Maternidad en caso del Servicio domésticos)

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Publicado por el PERIODICO HOY
20 Julio 2009, 11:52 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. El Código Laboral establece la protección a la maternidad, sin embargo no hace ningún señalamiento respecto a los derechos de los empleados domésticos sobre este tema. Inclusive, el Art. 259, los excluye del resto de las disposiciones contenidas en el Código. ¿Qué derechos asisten a la empleada doméstica en cuanto a salario y licencia de maternidad tomando en cuenta que el empleador debe suplir su ausencia con otra trabajadora doméstica?
Tal y como usted ha afirmado, los servidores domésticos tienen un régimen laboral regido exclusivamente por los Arts. 258 al 265 del CT, modificado por la Ley 103-99 de 1999. De acuerdo a estas disposiciones los domésticos tienen derecho a vacaciones anuales y a regalía pascual. No les corresponde prestaciones laborales si son despedidos.
La protección de la maternidad de los Arts. 232 al 239 del CT tampoco se les aplica, pues son cargas y limitaciones previstas a cargo de las empresas y negocios. El Legislador no ha considerado oportuno – ni aquí, ni en la gran mayoría de los países de América y Europa Occidental – que los servidores de casas de familia estén sometidos al mismo régimen laboral de quienes prestan servicios en empresas.
En cuanto al salario y licencia de maternidad, el nuevo sistema de Seguridad Social prevé un subsidio de maternidad y lactancia (Res. 157-2008 de la Sisalril), pero las disposiciones de Seguridad Social relativas a los domésticos todavía no están en vigor, por tanto no se aplican tampoco a los domésticos.
2. He sido ejecutivo y socio con participación en un 30 % en las acciones de la empresa en que trabajo desde hace 10 años. A la fecha la empresa no ha generado beneficios, sin embargo, recibo como remuneración un porciento de las ventas que se realizan mensualmente. En caso de tomar la decisión de salir de la empresa: 1) ¿Cuáles beneficios me corresponderían (Cesantía, preaviso, etc.)? y 2) ¿Cuál es mi obligación con la empresa con respecto a: 1) Las pérdidas acumuladas y 2) deudas acumuladas de la empresa?
En su caso, coexiste un contrato de trabajo y un contrato de sociedad. De acuerdo a la jurisprudencia (3°SCJ 21 Jul. 1999, B. J. 1064, Pág. 777) eso es perfectamente válido.
En base a su remuneración por ventas usted tiene derecho a todos los beneficios laborales de un empleado; pero a la vez, la propiedad de las acciones le obliga a asumir las pérdidas.

Finjus aboga por reforma del MP

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21 Julio 2009
Finjus aboga por reforma del MP

SD. Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), asegura que la percepción cada vez más generalizada de la ciudadanía sobre la corrupción se debe a que la lucha contra este flagelo ha fracasado y que los órganos de control como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República o el Comité Nacional de Ética no cumplen con las funciones que la ley les asigna para contribuir a prevenirla o detectarla. Afirma que el Ministerio Público (MP) es el centro de la crítica dentro del sistema judicial, porque no ha sido lo suficientemente proactivo en la persecución de la corrupción. Por esa razón, el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, afirma que lo primero que se impone en la reforma constitucional es una reingeniería institucional del MP, porque tiene una "estructura refleja" a la del Poder Judicial que no le ayuda a cumplir sus funciones.
De Diario Libre

Jorge Subero Isa presidente de la Suprema Corte de Justicia pide aprobar reforma civil

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Publicado por DIARIO LIBRE
21 Julio 2009
Jorge Subero Isa pide aprobar reforma civil

Llamó a los jueces a que hagan su declaración jurada de bienes

Jorge Subero Isa
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SD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitó al Congreso aprobar las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, a fin de que los tribunales civiles tengan una mayor rapidez en el conocimiento y fallo de los asuntos de esa naturaleza. Jorge Subero Isa planteó que uno de los grandes inconvenientes que tiene la administración de justicia en la actualidad es en la jurisdicción civil y comercial. Comentó que dentro del mapa de la reforma judicial hay una tarea pendiente, que es la modificación del Código. Argumentó que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros se quejan constantemente de la tardanza de con que son conocidos y fallados los asuntos civiles, tanto en la Capital como en la provincia de Santo Domingo y en otras provincias de importancia para el país.En el caso de la Cámara Civil de la SCJ, Subero Isa calificó la situación como grave por la cantidad de expedientes que ingresan. Dijo que por más esfuerzos que se hagan, la capacidad para conocer y fallar tantos expedientes resulta sumamente difícil.
De Federico Méndez / Redactor Senior

Ray Guevara acusó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de satanizar la creación de una Sala Constitucional

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21 Julio 2009, 09:40 AM
Ray Guevara advierte que jueces son benignos con corrupción

Ray Guevara acusó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de satanizar la creación de una Sala Constitucional propuesta en la nueva reforma a la Constitución

Milton Ray Guevara
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SANTO DOMINGO.- El aspirante a senador en Samaná por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, Milton Ray Guevara advirtió que los jueces son los primeros benignos con los actos de corrupción que se llevan a cabo en las distintas instituciones públicas y privadas del país.Aseguró que eso se debe a las sentencias benignas que están dictando los jueces de los diferentes tribunales.Aseguró que existen personas que han sido puestas en libertad con documentos que demuestran la veracidad de actos de corrupción.Manifestó que las sentencias dadas a favor de narcotraficantes y de imputados que están en libertad con más de un expediente también es corrupción.Sin embargo, el alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano puntualizó que el tema de la corrupción no es un problema solo de un sector, sino de toda la sociedad."Es preocupante lo que están pasando en la República Dominicana con los actos de corrupción que se están llevando a cabo en las instituciones públicas, si no se le pone paro, no sabemos donde llegaremos", aseguró Rey Guevara.Explicó que desde las empresas privadas se incita para cometer actos indebidos en las instituciones públicas.Satanizar
Asimismo, Ray Guevara acusó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de satanizar la creación de una Sala Constitucional propuesta en la nueva reforma a la Constitución.Dijo que los jueces que conforman el alto tribunal de justicia creen que los cargos son para siempre y no es así.El experto en derecho constitucional hizo los pronunciamientos al ser entrevistado en el programa "El Tribunal de la Tarde" que conducen los periodistas Julio Martínez Pozo, Dionisio Santana, Mildred Charlot y Julio Ernesto Martínez Ruiz y que se transmite de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche por Coral 39 y 8 de Telecable.En otro orden, el dirigente perredeísta acusó al Gobierno de no enfrentar los problemas que aquejan a los dominicanos.Sostuvo que la salud, la educación y el sistema energético son peores ahora que el la Era de Trujillo y que las autoridades no están haciendo nada por mejorar esos sectores.
De Diario Libre

+ Codigo Procesal Penal (Ver, Sobre ordenamiento militar)

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Publicado por DIARIO LIBRE

22 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

A propósito del CPP de la semana pasada en el cual expresaba sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad del arresto dispuesto por el jefe de la PN contra el general Taveras Guzmán, un lector muy agudo me escribió y me observó que, de acuerdo al régimen legal de la PN, se puede disponer el arresto hasta por 30 días de un policía que comete una falta, transcribiéndome a continuación, entre otros el art. 65 que ciertamente dispone: "Los miembros de la PN estarán sujetos, según la gravedad de la falta incurrida, a las sanciones disciplinarias siguientes: a) amonestación verbal; b) amonestación escrita; c) arresto por un máximo de hasta treinta (30) días; d) suspensión de funciones sin pérdida de sueldo; e) degradación; f) separación definitiva". Al distinguido lector, que por demás, fue mi profesor, le respondí lo que a continuación comento con los lectores.La privación de la libertad en nuestro ordenamiento jurídico es, por un lado, una medida cautelar en la fase de persecución del delito y comprende el arresto, la prisión preventiva, el arresto domiciliario.La privación de la libertad también puede ser impuesta por un tribunal penal como sanción en cuanto declara culpable a un acusado de la violación de la ley penal.El arresto, distinto a las demás formas de privación de la libertad está estipulado en la Constitución vigente, de donde resulta que toda normativa adjetiva tiene que estar adecuada al contenido que le asigna la Constitución.De las disposiciones constitucionales se deduce que el arresto es: 1) una medida cautelar, privativa de la libertad, que se puede adoptar contra una persona en cuanto es sospecha de la comisión de un delito; 2) la Constitución de modo expreso restringe el arresto a una duración de 48 horas, plazo en el cual toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente; 3) la Constitución restringe el arresto a dos hipótesis: cuando proviene de orden motivada y escrita de funcionario judicial competente y cuando se produce en caso de flagrante delito.Como se puede deducir, el arresto de la ley de la PN es contrario en todo a la disposición constitucional y por tanto nulo: 1) lo estipula no como una medida cautelar sino directamente como una sanción privativa de la libertad; 2) en la ley de la PN lo que sirve de fundamento a la imposición de esta sanción es una falta disciplinaria y no la comisión de un delito; 3) su duración puede ser hasta por 30 días en la ley de la PN y 4) dicha sanción la puede aplicar, en la ley de la PN, directa y administrativamente, un oficial ejecutivo, en este caso, el jefe de la PN, es decir sin juicio previo y sin ser juez.El CPP estipula y desarrolla el arresto asumiendo el contenido constitucional. Por eso resulta a su vez imposible de congeniar esta facultad otorgada a los oficiales ejecutivos de la PN, con varias disposiciones del CPP. Dispone este que: "nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo". "Nadie puede ser juzgado, condenado ... Por comisiones o tribunales especiales, ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código..." "...las medidas de coerción tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento".Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

jueves, 16 de julio de 2009

Novedad Legislativa

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Novedades

Novedad Legislativa la ley No. Ley No. 174-09 del 3 de junio de 2009, que introduce modificaciones a la Ley de Tránsito de Vehículos, No. 241 del 1967, y sus modificaciones; No. 1474 del año 1938, sobre Vías de Comunicación y sus modificaciones, y a la Ley No. 202-04, Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Publicada en la G. O. No. 10523, del 9 de junio de 2009.

SCJ destituye juez de La Vega y tres notarios del Distrito Nacional

Cámara Civil SCJ declara contrario a la constitución el artículo 29 de la Ley 437-06 que instituye la acción o recurso de amparo

Estado de Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de marzo 2009

Fijaciones correspondientes al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 2009

Fijaciones correspondientes a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

Fijaciones de Audiencia del mes. Cámaras de la Suprema Corte de Justicia

Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2009


Acceso a la Información Pública del Poder Judicial






+ Codigo Procesal Penal (Habeas Corpus)

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Publicado por DIARIO LIBRE
15 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Como es de conocimiento público, el General Juan Tomás Taveras Rodríguez, de la PN, fue arrestado por 10 días por haber hecho críticas al rol de esa institución. Se ha escrito que el Jefe de la PN no puede disponer su arresto lo cual todos sabemos es una facultad jerárquica respecto de cualquier subalterno que quebrante la disciplina y el orden de la institución. Además se habla de que interpondrá un Habeas Corpus, lo que considero inapropiado, pues esto debe ventilarse en la justicia policial.
El arresto, entendido como una medida de coerción por la que se retiene a una persona privándosele de la libertad, es una facultad exclusiva del Juez de la Instrucción a solicitud del Ministerio Público, que de concederla emite una "orden de arresto". El MP puede solicitar el arresto de una persona, conforme la previsión del CPP, en dos situaciones: a) cuando es necesaria su presencia y existen elementos suficientes que hacen presumir que se pudiera escapar u ocultar; b) cuando luego de ser citada a comparecer no lo hace y se considera necesaria su presencia.
El CPP prevé varias situaciones excepcionales en la cuales la policía o el MP podrían disponer el arresto de una persona sin tener una orden judicial: a) infracciones flagrantes; b) cuando se ha escapado de una cárcel; c) tiene en su poder objetos que hacen presumir que es autor o cómplice de una infracción.
Si el MP es partidario de convertir el arresto de la persona en prisión preventiva, por ejemplo, debe solicitarlo al juez en el plazo de 24 horas o disponer su libertad. Eso significa que ni el jefe de la Policía Nacional, ni el Secretario de las Fuerzas Armadas, ni el Presidente de la República ni ninguna otra autoridad fuera de las mencionadas y en las circunstancias expresadas pueden disponer el arresto de ningún ciudadano/a. Eso es lo que significa que en una sociedad tiene vigencia un Estado de derechos y libertades ciudadanas. Eso es lo que significa que son las leyes las que determinan las competencias de las autoridades, y no importa su jerarquía, ninguna autoridad puede atribuirse facultades que la ley no le otorga y sin respetar los procedimientos legales.
El Jefe de la Policía puede, por ejemplo, disponer el "acuartelamiento" de los miembros, en determinadas situaciones. Puede por ejemplo, amonestar a un miembro de la institución, lo que entra dentro del régimen disciplinario de la administración pública.
Ahora bien, la privación de la libertad, primero como medida de coerción, y segundo, como sanción, es facultad exclusiva del juez, en la forma que se ha explicado. Pero además, fundamentar el arresto por haber emitido un pensamiento o idea a título personal, es además, violatorio de derechos y libertades fundamentales consagradas en la Constitución de la República y protegida por pactos internacionales de derechos humanos.
El arresto del general Juan Tómas Taveras Rodríguez es ilegal, inconstitucional, arbitrario y constituye un verdadero abuso de poder que puede ser perseguido penal y civilmente. Taveras Rodríguez, antes que policía es un ciudadano dominicano, en plenitud de sus facultades, derechos y libertades, y en tal virtud, puede apoderar al juez del Habeas Corpus ante la privación de la libertad ilegal de que está siendo objeto. El General Juan Tomas Taveras Rodríguez merece nuestro reconocimiento y el de toda la ciudadanía, no solo por ser un oficial joven con un pensamiento democrático, sino porque tiene la valentía de exponer sus ideas y el temple para defender sus derechos ante la pretendida omnipotencia del poder.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (Varias)

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Publicado por EL PERIODICO HOY
14 Julio 2009, 12:26 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. ¿Existe alguna ley donde el empleado se puede proteger de empresas que le hacen trabajar días feriados sin disfrute de horas extras? ¿Pueden las empresas arbitrariamente hacer trabajar días feriados?


En cuanto a trabajar los días feriados, se supone que tiene que ser acordado entre el empleador y trabajador, aunque en la práctica el empleador le comunica al empleado sobre la necesidad de trabajar tal o cual día feriado, y el empleado lo acepta; naturalmente, ese día hay que pagarlo doble, es decir el salario aumentado en 100%.
En cuanto a las horas extras – que es una cosa distinta a los días feriados – la doctrina predominante (los autores expertos en la materia) opinan que si se trata de trabajos urgentes, de una emergencia o de labores de funcionamiento continuo se impone al trabajador el deber de colaboración.
Por su parte, la jurisprudencia ha juzgado casos en que un trabajador puede negarse a laborar horas extras si la labor extraordinaria no es consecuencia de una situación de emergencia de la empresa (3° SCJ 22 Dic. 1999, B. J. 1069, Pág. 691; SCJ 19 Ago. 1981, B. J. 849, Pág. 2097; SCJ 4 Jul. 1975, B. J. 776, Pág. 1214)


2. Quisiera saber el dinero que me toca al renunciar de una compañía donde gano 105 pesos la hora, trabajo 8 horas diarias y tengo 1 año y 6 meses de labor. Agradeceré su más pronta respuesta, es de suma importancia la información.

Para saber lo que le toca, lo puede conseguir con bastante rapidez visitando el portal de Internet de la SET, www.set.gov.do, y cuando esté ahí dele clic donde dice “prestaciones” y aparecerá un instructivo bastante completo y fácil de usar que lo va guiando para usted mismo lo llene y se calculen sus prestaciones con detalle de montos y conceptos.


3. Tengo 4 años y 5 meses trabajando en una empresa y nunca han pagado bonificación desde sus inicios, justificando que no ha tenido ganancias. Me gustaría saber si esto es posible y qué derechos puedo exigir ante esta situación.


La respuesta a lo que usted puede hacer en esa situación la tiene en los Arts. 202 y 225 del Código de Trabajo.
Sin embargo, para que no ponga en riesgo su empleo, le sugiero mejor que denuncie la situación para que un inspector haga una visita y reclamación sin mencionarlo a usted. Conviene dar ese paso primero.

viernes, 10 de julio de 2009

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

7 Julio 2009, 12:09 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

¿Cómo es posible que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción cobre un dinero por el cual no se manda una nómina para saber quién y cuánto aporta? ¿Hasta cuándo será esto ya que está prohibida la doble cotización? Tenemos que aportar a la TSS y también a ellos bajo amenazas de embargo si no se les paga.
Lo que lo usted plantea y denuncia es verdaderamente inconcebible. La Ley 87-01, sobre Seguridad Social estableció todo un nuevo régimen de pensiones en el país, operando desde junio 2003, y aún así el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción se mantiene funcionando paralelamente muy a pesar de que la Ley 87-01 y sus normas complementarias le obliga a adaptarse a nuevos requerimientos, a realizar estudios actuariales específicos, y a operar bajo el registro y supervisión de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); y muy a pesar de que el nuevo sistema centraliza toda la recaudación, distribución y pago de cotizaciones a un sistema único de recaudación bajo la rectoría de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
El Art. 41 de Ley 87-01 establece siete condiciones específicas de adaptación que debió haber hecho ese Fondo de los Trabajadores de la Construcción, y ninguna han sido cumplidas.
De otra parte, la resolución 14-02 de la SIPEN, sobre registro de planes de pensiones existentes, (que cita textualmente a ese Fondo), establece la obligación de registrarse y someterse a la supervisión de ese organismo, y lo más trascendental, a presentar un estudio actuarial que establezca sus flujos de ingresos y egresos, afiliados y viabilidad del fondo.
Nada de eso se ha hecho ni se sabe, con lo cual pienso que se tipifica una flagrante violación a Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, a parte de que como usted refiere se está violando el Art. 141 de la Ley 87-01, que elimina expresamente la doble cotización en materia de Seguridad Social, y el Art. 30 de la misma ley, que establece un sistema único de recaudación.
No hay que olvidar que la ley que sustenta ese Fondo obliga a pagar el 1% del valor de ¡”todas las obras construidas en territorio nacional”!, y por si fuera poco, una deducción del 1% del sueldo de cada obrero de la construcción.
Eso es tanto dinero y tiene tanta repercusión en la economía, que no debería estar operando en las condiciones antes descritas.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Crimen accidental)

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Publicado por DIARIO LIBRE

08 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Crimen accidental

En el caso de una persona que de un modo accidental y sin proponérselo se vio involucrada en un hecho que le causó la muerte a un familiar, habiendo evidencias de que le profesaba afecto, no sé si por tener más de 70 años pudiera ser favorecida con un perdón judicial o minimizarle la pena. Yocasta Ventura.

En su inquietud se mezclan tres asuntos que pueden concurrir, pero que son diferentes: 1) El CPP ha establecido varios aspectos, algunos incluso risibles, a tomar en cuenta para lo que se denomina "criterios para la determinación de la pena". Se trata de circunstancias que deben ser valoradas por el juez al momento de determinar la pena. Entre ellas el grado de participación del imputado y sus móviles. También algunas características personales del imputado. El juez, al apreciar estos elementos podrá agravar o aliviar la sanción del imputado, siempre en el marco dispuesto por la ley. Le hago la observación tomando en cuenta que usted expresa que la participación de su familiar fue accidental. 2) La otra cuestión que usted plantea se refiere a la edad. Efectivamente, el CPP establece, que el tribunal podría decidir, en los casos en que el condenado sea mayor de los 70 años, que el cumplimiento de la pena se lleve a cabo total o parcialmente en su domicilio o en un centro geriátrico. Es decir, el tribunal no toma en cuenta la edad como factor que pudiera minimizar la pena, la que resulta del grado de responsabilidad del imputado en la comisión de la infracción. Lo que el tribunal puede hacer, conforme lo dispuesto por el CPP es tomar en cuenta la edad, luego de pronunciada la pena, para decidir que el cumplimiento de la misma se verifique total o parcialmente en su domicilio o en un centro geriátrico.3) Por último usted se refiere al perdón judicial. Ciertamente el CPP plantea varias circunstancias en que, el tribunal, luego de establecida la responsabilidad penal de los imputados, y siempre que la pena imponible no sea superior a los diez años de prisión, y tomando en cuenta circunstancias extraordinarias de atenuación, puede el tribunal disponer el perdón judicial del condenado. El CPP enumera varias circunstancias de atenuación que pudieran estar relacionadas con el caso que usted expone: que el imputado haya tenido "una participación mínima" en la comisión del hecho; que la víctima u otras personas sean las que "hayan provocado el incidente"; que la infracción haya ocurrido "en circunstancias poco usuales". El perdón judicial se traduce en que el tribunal podría eximir de pena al imputado o reducirla por debajo del mínimo legal. Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

La SCJ anula cobro de impuesto a telefónicas

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Publicado por DIARIO LIBRE

09 Julio 2009
La SCJ anula cobro de impuesto a telefónicas

El tribunal considera que la Ley 176-07 no es aplicable a las telecomunicaciones

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia.


Sd. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró nulo el cobro de un arbitrio de 3% por parte de los ayuntamientos a las empresas telefónicas, como importe de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en los municipios.El tribunal acogió un recurso de inconstitucionalidad elevado en contra del artículo 284 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, por la Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (Adomtel) en fecha 25 de septiembre de 2008.Considera que las telecomunicaciones han sido reservadas al dominio competencial tributario a la autoridad nacional, lo que evidentemente excluye a la autoridad municipal, como ente político menor, de la potestad de aplicar exacciones a título de arbitrios o tasas municipales.Asimismo, que aplicando estos límites constitucionales al caso específico de las telecomunicaciones, se puede establecer que las regulaciones tributarias de la autoridad local no pueden afectar este servicio, puesto que, de la ley especial que lo regula y de las disposiciones constitucionales, precedentemente examinadas, se desprende que esta materia ha sido reservada de forma exclusiva a la competencia tributaria de la autoridad nacional o estatal, como titular originario de este servicio.La SCJ advierte que resulta evidente que la actuación de los funcionarios de los ayuntamientos, de ejercer vías de hecho tendentes al cobro de facturas a las empresas de telecomunicaciones, pretendiendo fundarse en las disposiciones del artículo 284, resulta totalmente incompatible con el referido artículo 4, que es parte de una ley especial anterior, que no ha sido expresamente derogada por esta disposición general y posterior. Plantea que se debe establecer que el texto impugnado deviene en inconstitucional para el caso específico de las telecomunicaciones, porque su aplicación a este sector, como se ha evidenciado, es contraria a la Constitución, porque las autoridades municipales han dado una interpretación errónea.La fedomu hablaEl secretario general de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor D'Aza, informó que la directiva de la entidad se reunirá para analizar la decisión de la SCJ.Sin embargo, observó que las decisiones emanadas de los tribunales deben ser acatadas.D' Aza manifestó que desconocen el contenido de la sentencia, porque no han sido notificados. La Fedomu agrupa a los cabildos del país, los que intentaban cobrar el impuesto a las telefónicas.
De Federico Méndez / Redactor Senior

¿Que son las medidas cautelares en el derecho administrativo?

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Publicado por DIARIO LIBRE

10 Julio 2009
De. - Derecho económico
¿Que son las medidas cautelares en el derecho administrativo?

La Ley 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, consagra la posibilidad de solicitar al tribunal que ordene medidas cautelares antes o durante el curso de un proceso. Bajo el artículo 7 de la ley, "[e]l recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, por ante el Presidente del tribunal, la adopción de cuantas medidas cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario. Esta petición se someterá mediante instancia separada del recurso principal. Una vez recibida, el Presidente del Tribunal, o el de una de sus Salas que designe mediante auto, convocará a las partes a una audiencia pública que celebrará dentro de los 5 días siguientes, a los fines de escuchar sus argumentos y conclusiones, debiendo fallar el asunto en un plazo no mayor de 5 días"La procedencia de la solicitud de medidas cautelares está condicionada a que el solicitante demuestre ante el tribunal que: (a) la efectividad de la sentencia estaría comprometida por situaciones de hecho; (b) sin prejuzgar del fondo, el tribunal las estime procedentes; y (c) no se afecte el orden público o los derechos de terceros. Es importante destacar que si con la disposición de la medida se derivarían perjuicios, es facultativa la exigencia de una garantía.Las medidas ordenadas pueden dejarse sin efecto en los siguientes casos: (a) si se prueban circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al concederse, y que harían variar la decisión; (b) si cambian las circunstancias en virtud de las cuales se adoptaron; (c) si la entidad pública demandada acredita que la medida cautelar adoptada lesiona gravemente el interés público.En su sentencia 056-2007, el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo rechazó una solicitud sobre medidas cautelares. Los solicitantes pidieron al tribunal la suspensión de los efectos de un Decreto y una Resolución de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, hasta que se conociera un recurso contencioso administrativo interpuesto en contra de dichas normas. El tribunal, aplicando el principio de proporcionalidad, entendió que acoger la solicitud "perturbaría gravemente el interés público y derivaría en perjuicio a la sociedad dominicana", y que "se considera interés público la utilidad, conveniencia o bien de los más ante los menos, de la sociedad ante los particulares; y en la especie prima dicho interés frente al de los particulares".Dirija sus preguntas a j.rojas@phlaw.com y a.toca@phlaw.com Pellerano & Herrera
De Diario Libre

Novedades Legislativas

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Novedades

Novedades

Resolución No. 3-09 del 18 de febrero de 2009, que aprueba Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo.


SCJ destituye juez de La Vega y tres notarios del Distrito Nacional

jueves, 2 de julio de 2009

+ Consultas en Materia Laboral (varios)

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Publicado por el PERIODICO HOY

29 Junio 2009, 11:54 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
He recibido un reclamación de incluir en la Seguridad Social el pago de las horas extras. ¿Estoy obligado a hacerlo pues tengo entendido que lo único que cotiza son el salario, las comisiones y las vacaciones?
Los componentes del salario cotizable son los fijados en la Resolución No. 72-03 del 29 de abril del 2003, dictada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), y textualmente son los siguientes: “Salario ordinario, comisiones y pago por concepto de vacaciones”. Esa resolución aparece íntegramente en el website www.tss.gov.do de la TSS.


2. Quiero saber qué pasa cuando despiden un empleado que trabaje en el Seguro Social. ¿Esa institución no está obligada a darle prestaciones a sus empleados? Hace un tiempo cancelaron a una amiga mía y no le dieron ni las gracias. Soy estudiante de Derecho y me gustaría saber acerca de eso.
Conforme al Principio Fundamental III, in fine, del Código de Trabajo, a una institución como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales no se le aplica el régimen legal de dicho Código. No obstante, pienso que se le aplica el régimen legal de la Ley 41-08 del 2008, sobre la Función Pública, al tenor de lo establecido en los Arts. 1 y 2 de esa ley.


3. Tengo dos preguntas: Me interesa saber si en una empresa donde se trabaja permanentemente horas nocturnas, ¿es legal descontar el pago por este concepto, durante la licencia pre y post natal? La otra, ¿es legal devolver para su casa a un empleado cuando llega tarde a la empresa?
En cuanto a la primera pregunta, si la empleada está en su licencia pre y post natal, eso quiere decir que no está laborando, ni diurna ni nocturnamente. En ese sentido, es obvio que la empresa no tiene obligación de pagarle el por ciento legal de horas nocturnas.
En cuanto a la segunda pregunta, la empresa podría “devolver para su casa a un empleado”, pero tendría que pagarle el salario correspondiente al tiempo en que le está impidiendo desempeñar sus funciones. El trabajador no puede ser privado del salario que corresponde a un tiempo y a un servicio al que él estuvo en disposición de darlo y ejecutarlo.


4. Tengo 17 años trabajando en una farmacia; deseo irme, ¿me tocaría algún tipo de remuneración económica?
Si, le toca los llamados derechos adquiridos. Para los montos exactos le sugiero visitar el portal www.set.gov.do de la SET.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (nom bis in idem)

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Publicado por DIARIO LIBRE

01 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Un familiar muy cercano fue muerto hace cerca de dos años. La PN hizo su investigación, e incluso llevaron dos personas ante el Juez de la Instrucción y allí se dio un No ha lugar porque ciertamente no había pruebas en su contra. Ahora sin embargo, han aparecido otras pruebas contra uno de ellos y el Fiscal que llevó el caso se niega a someterlo, diciendo que él ya fue juzgado y descargado. ¿Es esto cierto? ¿No hay nada que hacer? Rolando De la Cruz.


Conforme lo que usted expone, y asumiendo que la decisión del Juez de la Instrucción se hizo irrevocable, el MP tiene razón. Se trata de la vigencia del principio constitucional que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Este principio es muy importante para la seguridad jurídica de las personas. Con ello se busca evitar que las personas se vean sometidas a juicio por un mismo hecho, una y otra vez, cada vez que alguien las acuse. Nos podríamos encontrar con acusadores que presentarían reiteradamente acusación hasta que aparezca un juez que condene a su acusado. El ciudadano/a se convertiría en un rehén del MP y de la justicia, lo que vulnera la seguridad jurídica, los derechos y libertades fundamentales.
Es oportuno señalar que en el CPP se profundiza el principio de nom bis in idem, consagrado en la Constitución, pues dispone que no sólo nadie puede ser juzgado, sino "ni perseguido" " ni condenado" dos veces por un mismo hecho.
Es importante preguntarse, ¿Cuándo un asunto puede considerarse perseguido o juzgado y por tanto no sujeto a nueva persecución o enjuiciamiento? Digamos que cuando respecto de un hecho punible, se produce una decisión de un tribunal que decide sobre la pertinencia de la acusación presentada por el MP (Juez de la Instrucción) o sobre el fondo de la acusación, (el tribunal que conoce del juicio), a partir del momento en que una u otra se hace irrevocable.
Debo apuntar que para los asuntos juzgados de forma irrevocable está abierto el recurso de revisión en determinadas y excepcionales circunstancias.
Es posible que en su caso, el MP haya apresurado la acusación sin tener los medios de prueba suficientes para sostenerla, con lo cual se expuso a que se emitiera, respecto de los imputados, un No ha lugar que al hacerse irrevocable le ha creado una protección procesal inatacable, en principio.
Precisamente para evitar situaciones de impunidad de este tipo, en el CPP se especifican varias hipótesis en las que el MP, en vez de presentar acusación, es aconsejable que disponga el archivo del caso.
Las circunstancias contempladas en el CPP son: 1) cuando no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; 2) cuando un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción penal; 3) cuando no se ha podido individualizar al imputado, y 4) cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos.
Lo interesante es que en todas las situaciones enumeradas, el archivo del caso no extingue la acción penal, dejando el proceso abierto hasta el término de la prescripción de la acción penal.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno