martes, 30 de junio de 2009

El presidente de la SCJ, Advierte sobre los problemas de una Sala Constitucional

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Subero Isa advierte sobre peligro en RD

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió que se debe ser cauteloso en la aplicación de las normativas constitucionales y llamó la atención de que el país se vea en el espejo de Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue sacado del poder por un golpe de Estado. "Ese espejo tenemos que verlos aquí y yo llamo la atención sobre el peligro que se cierne sobre la República Dominicana, en manipular los asuntos constitucionales y tratar de poner en mano de pocas personas asuntos tan delicados, como lo es el de la Constitución". Advirtió que el país sufriría un descalabro, si se crea una Sala Constitucional como la contemplada en el proyecto del Ejecutivo.
De Federico Méndez Redactor Senior

Juristas apoyan creación de un Tribunal Constitucional en RD.

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Juristas apoyan creación de un Tribunal Constitucional en RD.

Consideran que se trata de una demanda histórica

La Asamblea Nacional está apoderada de la propuesta. Luis Gómez

SANTO DOMINGO. Un grupo de juristas calificó como prioritaria la creación de una Sala Constitucional, como está contemplada en el proyecto de reforma constitucional sometido por el presidente Leonel Fernández, con miras a la consolidación del sistema constitucional, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas. Los posición está contenida en una carta remitida a la Asamblea Nacional, firmada por los juristas Eduardo Jorge Prats, Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra, Franklyn García Fermín, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Cristóbal Rodríguez Gómez, Jottin Cury hijo, José Ricardo Taveras, Eric Raful Pérez, Carlos Salcedo, Lino Vázquez, Rosalía Sosa Pérez, Nassef Perdomo Cordero, Santiago Rodríguez Tejada, Félix Damián Olivares, Félix Tena, Alberto Fiallo, Miguel Valera, Rosina de Alvarado, Leila Mejía, Omar E. Victoria Contreras, José Luis Taveras, Justo Pedro Castellanos, José María Cabral Arzeno, Pedro Durán, Mariel León Lebrón y Agustín García Pérez.Consideran que la Sala Constitucional beneficia a los mejores intereses de la nación, ya que expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha. Una comisión de asambleístas tiene bajo estudio el capítulo del proyecto de reforma sobre el tribunal. Los juristas consideran que la instancia contribuye con el fortalecimiento del Poder Judicial. La cartaA continuación la carta pública de los juristas, titulada "Por una jurisdicción constitucional especializada":El carácter integral de la reforma constitucional que actualmente conoce la Asamblea Nacional, la considerable ampliación del catálogo de derechos fundamentales que la misma implica, el establecimiento de la cláusula del Estado Social, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la constitución y del Estado, el afianzamiento del principio de supremacía constitucional y la apertura del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos, convierten en una cuestión de primer orden la creación de instrumentos garantes del sistema de valores y principios constitucionales subyacentes a estas disposiciones supremas del ordenamiento. El estudio del Derecho comparado nos enseña que la experiencia generalizada de los países que han logrado consolidar sus sistemas constitucionales, profundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y afianzar el adecuado funcionamiento de sus instituciones públicas, cuentan con una jurisdicción constitucional especializada que ha desempeñado un rol de primer orden en la realización de estas elevadas metas. En nuestro país, las alternativas que se plantean para la especialización de la jurisdicción consisten en la creación de un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial o de una Sala Constitucional como parte de la Suprema Corte de Justicia. Más allá de las razones que puedan militar a favor de una u otra modalidad, los abajo firmantes coinciden plenamente en que la prioridad es la creación de un órgano especializado de justicia constitucional que dote de sentido pleno al ordenamiento en su conjunto. Existe, además, un argumento de consenso histórico a favor de una jurisdicción constitucional especializada. Cuando se revisan los anteproyectos y los proyectos de reforma constitucional que desde las academias, desde la sociedad civil, desde los partidos y desde algunas instancias gubernamentales se han elaborado en los últimos lustros en el país se puede constatar que, en absolutamente todos, se ha propuesto la creación de un Tribunal Constitucional como un órgano autónomo. Este es un aspecto que conviene considerar puesto que el mismo expresa una demanda concreta de sectores importantes de la sociedad dominicana que aspiran a que la misma sea debidamente satisfecha. Más aún, la opción por un Tribunal Constitucional configurado como un órgano extra poder fue la más valorada en la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo como paso previo a la reforma de la constitución. Conviene llamar la atención sobre algunas cuestiones particularmente relevantes del diseño de esta jurisdicción: a) La especialización de un órgano (Tribunal o Sala) debe hacerse manteniendo vigente el modelo difuso de control de constitucionalidad que convierte a todos los jueces en garantes de la constitución; b) en el caso de que la opción que se adopte sea la de la Sala Constitucional, al interior de la Corte Suprema, es de vital importancia que sus decisiones sean finales y definitivas, a fin de que ninguna otra instancia tenga competencia para conocer de las mismas, pues con ello se desnaturalizaría el sentido de esta jurisdicción; c) los integrantes de la jurisdicción constitucional deberán tener un alto nivel de especialización en materia constitucional, su designación debe ser por un período limitado de tiempo durante el cual gozarán de inamovilidad, y debe quedar expresamente prohibida su reelección, como una forma de desestimular la búsqueda del favor entre los integrantes de la instancia que los designa, pues esto condicionaría luego el criterio de quienes por esta vía resulten ratificados en sus puestos. El sentido primero de toda Constitución es establecer límites al ejercicio del poder. La efectividad de esos límites sólo será posible con la existencia de un guardián de la Constitución dotado de la fortaleza y la especialización necesarias para garantizar la sujeción de las actuaciones del poder a la Constitución. Los abajo firmantes, en nuestra condición de catedráticos universitarios y de propulsores de las reformas institucionales tendentes al fortalecimiento del Poder Judicial, hacemos un ferviente llamado a la Asamblea Nacional para que se tome en consideración estos puntos de vista, convencidos como estamos de que, con esta propuesta, se benefician los mejores intereses del país.
De Diario Libre

+ Cosas de Nuestro Pais (Los 48 mil kilómetros de extensión del país pasaron a 72 mil en títulos.)

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Publicado por DIARIO LIBRE

30 Junio 2009
Los 48 mil kilómetros de extensión del país pasaron a 72 mil en títulos.

El director de Catastro lo atribuye al caos en que opera esa institución

El archivo de la institución es un desorden de papeles.

SANTO DOMINGO. La extensión territorial del país, de 48 mil kilómetros cuadrados, desde que se produjo la división de la isla en 1777, al parecer se multiplicó, y a juzgar por la cantidad de tierra registrada en títulos de propiedad, ya va por los 72 mil kilómetros cuadrados.
Por lo menos en papeles, el territorio dominicano creció unos 24 mil kilómetros cuadrados más, gracias a la falta de deslinde, duplicidad de documentos y la poca colaboración entre las demás entidades estatales que intervienen en la planificación urbanística.
Así lo plantea el director Nacional de Catastro, Bolívar Marte, al tiempo que se queja de la duplicidad de funciones que hacen algunas instituciones estatales, en violación de la Ley que rige esa entidad.
"La República Dominicana tiene en títulos 72 mil kilómetros cuadrados, y eso es producto de que aquí, cuando se hace una urbanización, los ayuntamientos o cualquier empresa que realiza un proyecto, no deslindan los terrenos como tiene que hacerse", sustenta.
Explica que cuando se urbaniza una zona y se hacen calles, aceras y áreas verdes, estos espacios deben salir del título original del solar mediante un deslinde, pero que al no hacerse, el inmueble sigue contando en papel con más tierra de la que en verdad posee.
Marte responsabiliza por ello a algunas entidades del Gobierno de las que dijo mantienen una doble funcionalidad, porque "todas quieren hacer su catastro particular". Menciona, sobre todo, a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y la Dirección General de Impuestos Internos, entidades de las que dijo desperdician recursos y dinero, haciendo una función que por ley corresponde a la Dirección de Catastro.
La Ley 617, sobre Catastro Nacional, atribuye a esa dirección la facultad de inventariar, desde el ámbito físico, jurídico y económico todos los inmuebles del país, así como el realizar la tasación de los mismos.
"Si Obras Públicas va a construir una avenida, tiene que venir a buscar el soporte aquí, si se toma un terreno, nosotros somos los facultados para tasarlo. Pero esas instituciones nunca vienen aquí. Obras Públicas nunca viene", se queja Marte.
Dice también que las direcciones de Planeamiento Urbano de los distintos ayuntamientos están en el deber de enviar la cartografía de cada urbanización que se levante en los municipios, pero no lo hacen.
Indica que en los pocos casos en que se solicitan informaciones, la entidad solicitante está en el deber de devolver a Catastro el plano de los trabajos realizados para que se pueda mantener los archivos actualizados, pero que esto tampoco se hace.
"Por eso es el desorden que tenemos, porque si una finca que tiene 20 tareas y por el centro le hacen una avenida, esa propiedad se reduce a 15 ó 10 tareas, y el deber de la entidad que la construyó es devolvernos ese documento indicando la obra realizada con la cantidad de la expropiación".
Insiste en que "por eso es que hay gente con título de 20 tareas y sólo tienen 10 y por ello es que hay más tierra en títulos de la que tenemos nosotros como país".
Menciona también el caso de las altas edificaciones que se están levantando, y que debieran tener un título por piso, y sin embargo, sólo aparece registrado un solo inmueble, correspondiente al solar donde se levanta.
Otro aspecto por el que Marte entiende que se hace necesario transparentar el catastro es por la ventaja de tener la cantidad exacta de terreno que se pueden dedicar a la agropecuaria, a la minería, a turismo y a proyectos de viviendas.
"También se podría saber el área real que está protegida por Medio Ambiente, pero no, porque cada institución tiene sus tierras atrincheradas".
Más autonomía
Entre sus acciones por transparentar la situación, Marte trabaja en la revisión de la Ley 617 de Catastro y que data de 1968. "Estamos revisando la Ley porque choca con nuevas legislaciones inmobiliarias y con decretos, y dado que los únicos que estamos facultados para fijar precios en el país y hacer avalúos y tasaciones, tanto del Estado como del sector privado, somos nosotros, queremos transparentarla para que sea más digerible y le dé más fortaleza y autonomía a la Dirección de Catastro", dice el funcionario.
Los afanes por modernizar el Catastro
Entre sus afanes para tratar de resolver el caos que dice existe en la Dirección de Catastro, Bolívar Marte, aspira poder digitalizar los más de cinco millones de archivos que la entidad guarda engavetados, en unos dos años.
Sus planes incluyen además el levantamiento general de toda la cartografía nacional, así como la revisión de su Ley General para darle más autonomía a la entidad.
"Este archivo es obsoleto y por eso en los primeros 100 días de gestión (desde agosto pasado cuando llegó al cargo) hicimos un concurso para buscar una compañía que se encargue de digitalizarlo", explicó.
En principio, Catastro tiene como meta la digitalización de un millón de expedientes en unos ocho meses, y en la medida que su limitada economía se lo permita, en otros dos años tener en red todos los documentos.
En tres meses que lleva el proceso, que incluye escanear y depurar cada expediente para colocarlo en red, se han logrado actualizar 50 mil documentos, pero Marte advierte que el proceso tomará tiempo debido a que hay papeles de más de 40 años deteriorados y otros que se han perdido debido al mal cuidado.
Catastro también está inmerso en la preparación de un proyecto para hacer el levantamiento general de todo el catastro nacional, a fin de determinar de forma clara y precisa las diferentes zonas turísticas, urbanas, agrícolas y mineras.
La idea, según explica Marte, es tener control de cuantos inmuebles existen en el país, la ubicación exacta y las condiciones de éstos. Hasta ahora empresas de Israel, Brasil, España y de Corea han mostrado interés en hacer el levantamiento cartográfico, el cual podría realizarse entre 18 a 24 meses, según las estimaciones.
El proyecto ya elaborado por Catastro está en manos de la Dirección de Planificación para de ahí pasar por los canales correspondientes del Poder Ejecutivo, para su posterior sometimiento al Congreso Nacional.
De Tania Molina

lunes, 29 de junio de 2009

EL CONGRESO NACIONAL DECIDIÓ CONSAGRAR EN LA CONSTITUCIÓN QUE LA UNIÓN LIBRE TENGA LOS MISMOS DERECHOS QUE LAS PAREJAS CASADAS

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Publicado por LISTIN DIARIO

VIOLENCIA DE GÉNERO
Un alto al abuso patrimonial
Deyanira Polanco - 6/29/2009

EL CONGRESO NACIONAL DECIDIÓ CONSAGRAR EN LA CONSTITUCIÓN QUE LA UNIÓN LIBRE TENGA LOS MISMOS DERECHOS QUE LAS PAREJAS CASADAS

Valor. Las mujeres que realizan las tareas de la casa hacen importantes aportes a la economía y a la protección de la familia.


Santo Domingo.- Esa es la mejor noticia que he recibido en muchos años, dijo Yocasta, a quien, después de casi 20 años de convivir en unión libre, su pareja la sacó de la casa con apenas sus ropas, bajo el alegato de que a ella no le correspondía parte de sus bienes porque no estaban casados.
Lo que alegra a Yocasta es la decisión del Congreso Nacional de consagrar en la nueva Constitución que las parejas que viven en unión libre tienen los mismos derechos que las casadas.
Además de que en la nueva Carta Magna el Estado reconoce el trabajo en el hogar como una actividad económica que genera riqueza y bienestar social.
Esta decisión ha levantado un muro frente a la violencia patrimonial o económica que con frecuencia ejerce el hombre contra la mujer, cuando dispone de los bienes comunes, los vende, destruye, traspasa o regala, y que se agudiza cuando argumenta que la mujer no realiza trabajo remunerado por solo dedicarse a las tareas de la casa.
Este tipo de violencia intrafamiliar también se ejerce cuando se niega la manutención a los hijos.
Derechos La abogada María Elena Rodríguez, de la Secretaría de Estado de la Mujer, asegura que Yocasta tiene derecho a exigir el 50 por ciento de los bienes de su ex pareja.
“Las mujeres que tengan una unión establecida y que se pueda demostrar, pueden reclamar el 50 por ciento de los bienes que han adquirido en el tiempo que han vivido juntos”, destaca.
No obstante, aclara que sólo podrán reclamar la división de los bienes las parejas en unión libre cuando uno de los dos no esté casado con otra persona, y que no se consideran comunes aquellos muebles o inmuebles adquiridos antes de iniciar la relación o heredados.
(+)UN PRECEDENTE: RESOLUCIÓN DE LA SCJDesde el 2001 existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que reconoce los derechos de las parejas en unión libre, pero que ahora cobra mayor fuerza jurídica con la consagración en la Carta Magna.
Esto está establecido en el artículo 44 sobre la familia en sus ordinales cuatro y diez, del proyecto de reforma constitucional aprobado en primera lectura.
Las estadísticas de la Fiscalía del Distrito Nacional destacan que en el semestre agosto 2008-enero 2009 se recibieron 4,141 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales 37% correspondió a violencia psicológica, 33% a violencia física, 21% a amenazas, el 8% a violencia patrimonial y 1% a acoso.
Cómo evitar la violencia económicaLa abogada María Elena Rodríguez, de la Secretaría de Estado de la Mujer, dijo que para evitar la violencia patrimonial lo primero es saber que cuando el hombre ejerce control, se apropia de los bienes del hogar y no cumple con la manutención está ejerciendo violencia económica. Recomienda, antes de enfrentar a esa persona, buscar ayuda y asesoría de un abogado conocedor de la materia.
“No actuar sin herramientas porque nadie va a la guerra con las manos vacías, usted no puede ir a la guerra a pararse con las manos vacías frente a otro que tiene un tanque de guerra. Eso es imposible”, destacó, al señalar que parte de esas herramientas las tiene la ley 24-97 Sobre Violencia Intrafamiliar en su artículo 339-06, donde plasma medidas preventivas o conservatorias.
Cita entre esas medidas previas a iniciar el proceso de reclamación de bienes, la orden para que el agresor se abstenga de molestar, intimidar a amenazar a la pareja consensual; desalojar la residencia e impedimento de traspasar vehículos de motor y realizar transacciones bancarias.
Destaca que la violencia patrimonial está vinculada a la verbal y sicológica, y en algunos casos a las agresiones físicas, por lo que en caso de que el agresor amenace a su víctima, ésta puede buscar protección en la fiscalía más cercana.
También puede acudir a una de las 52 oficinas que tiene la Secretaría de la Mujer en las provincias y municipios donde le ofrecen asistencia legal gratuita y acompañamiento en los procesos judiciales.
La especialista enfatizó que todos los casos en materia legal son distintos, por lo que las personas no deben llevarse de lo que diga la gente común, sino los conocedores de las leyes.
Conducta de los que ejercen esta violencia Bajan la autoestima de su pareja, le repiten con frecuencia que ellas están locas, que nunca poseerán sus propiedades, que no han aportado nada porque no realizan trabajos remunerados, al extremo de hacerles creer que no tienen derechos sobre los bienes adquiridos.
En la nueva Constitución El artículo 44 establece que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El numeral 4 de dicho artículo dice que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley.
En el numeral 10, el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica, que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución en las políticas públicas y sociales.
(+)LAS MUJERES Y LAS TAREAS DOMÉSTICASLas mujeres que realizan las tareas de la casa hacen importantes aportes a la economía y la protección de la familia, que se traduce en ahorro en gastos de salud, así como al cuidado de niños y envejecientes.
En el 2007, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió que se reconociera el trabajo de las amas de casa, petición refrendada por los gobiernos de los países que participaron en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, cuando firmaron la declaración de Quito.
El compromiso fue el de diseñar en sus países medidas y legislaciones para potenciar a la mujer en la sociedad y reconocer el trabajo doméstico en las cuentas nacionales.

martes, 23 de junio de 2009

+ Consultas en Materia Laboral (Enfermedad o Discriminación)

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Publicado por el PERIODICO HOY

En fecha 22 Junio 2009, 11:13 PM

CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Fui notificada de mi desahucio en la empresa que laboraba desde hace 14 meses. La Gerencia alega que a causa de mi enfermedad, que es diabetes tipo 1, y también alegan que soy madre de un bebe menor de 1 año, y que por mis problemas renales a causa de mi diabetes, ya que mi medico sugirió que cuando tuviera que viajar al interior lo hiciera en metro o en compañía de alguien que me guiara en la carretera.
Sin embargo, realizaba los viajes al interior tal como indicaba mi contrato. Durante el tiempo laborado en dicha empresa, logre mes tras mes los objetivos; la cuota mensual de la marca que manejaba, con una ejecución promedio de un 100%.
Al momento de ser contratada se me realizaron pruebas medicas que validaban mi enfermedad, y la empresa sabia que tenía un bebe de 2 meses.
Es legal este desahucio, sabiendo la empresa de todos estos problemas de salud, y haber ejecutado los objetivos en venta para la marca en la cual trabajaba. Gracias por su información,
Si la empresa ejerció un desahucio, pura y simplemente, entonces no hay nada que hacer, sino simplemente recibir las prestaciones laborales de establece la ley. En cambio, si al entregarle la carta de desahucio la empresa cometió el error de plasmar las razones o motivos que usted explica, entonces existe la posibilidad de tener un caso por discriminación que podría dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios.
En nuestro país no abundan los casos o demandas por discriminación. Eso quiere decir que una demanda de ese tipo sería atípica y extraña para un juez.
En mi opinión, sin la evidencia de que esas fueron las razones de su cancelación la litis no le conviene. Sería mejor aceptar el desahucio y recibir pasivamente las prestaciones laborales, y buscarse otro empleo.
2. Me gustaría saber si puedo comprar un libro de artículos laboral y donde. Gracias
Gratuitamente usted puede bajar desde Internet todas leyes laborales vigentes del país desde www.institutoestudiosdeltrabajo.org.do. Ahí usted puede encontrar también todas las respuestas al Consultorio Laboral del periódico Hoy. En el website de la Secretaria de Trabajo, www.set.gov.do se encuentra también bastante información sobre leyes laborales. En cuanto a la librerías, le recomiendo las siguientes: Librería Jurídica Virtual, Av. Máximo Gómez (frente Utesa); La Filantrópica, c/Las Mercedes 151; y Librería Jurídica Internacional.

Jorge Prats entiende que se debe acortar poderes de la SCJ

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Toga
23/6/2009

Jorge Prats entiende que se debe acortar poderes de la SCJ


El abogado experto en asuntos constitucionales, Eduardo Jorge Prats acusó hoy a la Suprema Corte de Justicia de ser intolerante ante cualquier decisión que entienda le modificará el control absoluto de todos los mecanismos judiciales del país. Dijo que el principal estamento del Poder Judicial dominicano es el que designa y cancela los jueces, administra el presupuesto, decide sobre los asuntos constitucionales y administrativos. Argumentó que mientras la Suprema Corte tiene la facultad de declarar inconstitucional una legislación, sin que los congresistas asuman una actitud crítica, “si alguien objeta algunas de sus atribuciones, que son muchas, de inmediato el presidente de esa entidad, reacciona de manera airada”.
Expresó que si los expertos constitucionalistas sugirieron la creación de una sala constitucional independiente de la Suprema, es porque ésta tiene un cúmulo de decisiones pendientes, sin que se decida a conocerlo como es su deber. Indicó que si en el país no existen mayores conflictos judiciales es porque la Suprema prefiere acumular los casos que les son sometidos, o dejando que el tiempo se encargue de restar interés en la decisión que pueda tomar.
Entrevistado por el periodista José Monegro en el programa Diario de la Mañana, Jorge Prats puso como ejemplo el caso de Sum Land, el que dijo fue conocido cuando la población prácticamente había perdido interés en saber su decisión.
“En la República Dominicana, la justicia ni es pronta ni oportuna como en otras naciones, como Costa Rica o Colombia, donde sus supremas cortes conocen miles de expedientes de manera fluida”, dijo. Sin embargo, entiende que el problema no son los miembros de la Suprema, sino el sistema judicial en sí el que se encuentra dañado, ya que si los actuales magistrados son sustituidos, sus relevos harán lo mismo.
De otro lado, Jorge Prats dijo que hasta ahora la Asamblea Nacional ha laborado de manera atinada y que en sentido general los artículos que han aprobado indican que el país tendrá una Constitución mucho más positiva que la actual.
“Una vez más se comprueba que seis ojos ven más que dos, porque la reestructuración que se ha sugerido hacer a la Constitución permitirá expresar que el esfuerzo valió la pena, ya que el resultado es de alta calidad”, expresó. Reconoció que el pacto firmado por el Presidente Leonel Fernández y el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, han facilitado un mayor entendimiento entre los representantes de los dos principales partidos del sistema.
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lunes, 22 de junio de 2009

Servicios que Ofrece la Procuraduría General de la Republica Dominicana

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Servicios que Ofrece la Procuraduría General de la Republica Dominicana:

  • Autorización de Aumento de Alquiler.
  • Autorización de Solicitud de Desalojo para Ocupar la Casa su Propietario o sus Parientes.
  • Autorización de Desalojo para Reconstrucción.
  • Autorización Reducción del Precio del Alquiler.
  • Levantamiento de Impedimentos de Salida.
  • Solicitud de Revisión de Sentencias Emanadas de los Juzgados de Instrucción.
  • Tramitación de Notificaciones en el Extranjero.
  • Expedición de Certificaciones relativas a Antecedentes penales, Buena conducta que expiden los Alcaldes, Trabajo interno o externo, Abogado, Incorporación de Institución, Impedimento de Salida, Levantamiento de Impedimento, Traslado de Reclusos de un Penal a otro, Exequatur, Notario, Antecedentes para fines de Notaria, Estado de un Expediente, Documentos que reposan en un Expediente, Citación de Militares, Notificación, Situación Carcelaria del Recluso (muerte, excarcelación, etc.) y otras Certificaciones.
  • Trámites para obtener Incorporación de Asociaciones sin Fines de Lucro.
  • Trámites para obtener Exequatur de Abogado.
  • Trámites para obtener Exequatur de Notario.
  • Informaciones a las Partes Interesadas sobre Expedientes en Curso, Apoderados por la Corte de Apelación de Santo Domingo.
  • Recepción de Diferentes Tipos de Notificaciones: Citaciones ante la Corte, Área Civil, laboral o Penal, por domicilio desconocido; Notificación laboral par alguacil o mediante instancia con denuncia o querella, contra personas cuyo privilegio de jurisdicción radica en esta Procuraduría General.
  • Solicitudes y tratamiento a los levantamientos provisionales de impedimentos de salidas del país.
  • Certificados de Buena Conducta para solicitar Notaria.
  • Permiso Especial para visitar las cárceles.
  • Tramitación de Indultos.
  • Certificado de No Delincuencia.
  • Poderes a Abogados para Representar Jurídicamente Instituciones del Estado.
  • Atención a Denuncias y/o Querellas sobre Corrupción.
  • Apelación de Sentencias de los Tribunales en Materia Criminal y/o Correccional.
  • Apelación de las Decisiones Emanadas de los Juzgados de Instrucción.
  • Conocimientos de Apelaciones de Resoluciones que Autorizan Desalojo, Aumento o Disminución del Precio de Alquiler.

Colegio de Abogados felicita paralización construcción cementara en los Haitises

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Colegio de Abogados felicita paralización construcción cementara en los Haitises
lun, 22-jun-09 01:00

Por Panorama Diario

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, expresó hoy aquí sus felicitaciones a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo por la sentencia que ordena la paralización de la construcción de la sementera en esta localidad.

Gonzalo, Monte Plata-. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, expresó hoy aquí sus felicitaciones a los jueces del Tribunal Contencioso y Administrativo por la sentencia que ordena la paralización de la construcción de la sementera en esta localidad.
“Esa fue una decisión muy atinada y esperamos que también la Suprema Corte de Justicia pondere muy bien la situación que se está dando con el medio ambiente en Monte Plata y confirme esa sentencia”, sostuvo Pérez Vólquez.
Dijo que la única riqueza que tiene la provincia de Monte Plata es el Parque de los Haitises y que si las autoridades permiten su destrucción, entonces sus habitantes se quedarán sin nada.
El presidente del Colegio de Abogados, acudió al Parque de los Haitises con una comisión de abogados para darles todo el apoyo necesario a los habitantes de Monte Plata, específicamente a los del Distrito Municipal de Gonzalo a quienes les expresó su solidaridad.
“No se puede permitir que se destruya éste pulmón, no se puede permitir que se destruya el medio ambiente en el país solo para complacer a particulares que no le interesa el bienestar de la nación dominicanaza”, reiteró el presidente de los abogados.
El aspirante a retener el Colegio de Abogados dijo que el gremio que dirige permanecerá vigilante no solo en la destrucción de ese Parque de los Haitises, sino en todos los actos que vayan en perjuicio de los dominicanos.

jueves, 18 de junio de 2009

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY
15 Junio 2009, 11:46 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

En la empresa donde trabajo hay un empleado extranjero, solo tiene visa y hay que entrarlo a la nómina. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para asuntos de TSS, ARS Y AFP? El no tiene cédula y dice que no sabe si esto le afectaría a su esposa, ya que está en trámites para adquirir la residencia americana. Según tengo entendido sí tiene que tenerla.


Necesariamente, para poder inscribirlo en el sistema de la Seguridad Social dicho extranjero debe proveerse de un número de residencia o cédula de residente.
De todos modos, la carencia de ese documento no impide que ese extranjero pueda emplearse y que tenga un contrato de trabajo. Esto es así sobre todo a partir de una importante jurisprudencia del 17 de septiembre de 1997, de la Suprema Corte de Justicia, relativa a la contratación de empleados extranjeros transeúntes, o sea carentes de cédula de identidad.
2. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene, por ejemplo, una persona de 20 años de trabajo a la hora de su pensión. El dinero ahorrado ¿gana algún interés? ¿Se reconoce ese beneficio como propio o al contrario he escuchado que es menos de lo ahorrado?, o sea que se le hace descuentos y no el total. Si me aclara las dudas gracias
El beneficio final cotizando en una AFP del sistema de Seguridad Social es el derecho a recibir una pensión de vejez, bajo la modalidad de “retiro programado” o bajo la modalidad de “renta vitalicia” (ver Art. 54, Ley 87-01).
Esa pensión es fruto un ahorro obligatorio cuya tasa de interés es muy superior a la tasa pasiva que podría producir una cuenta de ahorros o cualquier certificado financiero. Para que usted tenga una idea, la tasa promedio de las AFP dentro del sistema en el mes de abril 2009 fue de 15.36%, muy superior al que podría producir los ahorros privados de cualquier persona.
Ese dinero no está disponible. Es decir, el empleado no puede disponer de él, sino que está legalmente destinado a sustentar una pensión.
Si usted elige una pensión de “retiro programado” conservará la propiedad de los fondos. Sucede lo contrario si elige una pensión de “renta vitalicia”, en cuyo caso los fondos se traspasan a una compañía de seguros.
En cuanto a los descuentos, sobre su pensión se deducirá la cotización para el Seguro Familiar de Salud (Párr. II de Art. 54, Ley 87-01).

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Mejoramiento de las cárceles)

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Publicado por DIARIO LIBRE

17 Junio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Mejoramiento de las cárceles
En el caso ocurrido recientemente, en la cárcel de Najayo, en que un custodio dio muerte a un condenado, se pusieron en evidencia las serias irregularidades presentes en el sistema carcelario. Hasta ahora todos se han referido al Director de Prisiones y nadie responsabiliza al Juez de la Ejecución Penal. ¿Es que este último no tiene ninguna responsabilidad que asumir en el mejoramiento de las cárceles? Dionisio Díaz.
La dirección General de Prisiones y su Director General son los responsables y competentes en todo lo que concierne a la administración de las cárceles dominicanas. Esta Dirección General es una dependencia de la Procuraduría General De la República. Lo administrativo comprende, entre otros aspectos: el registro y ubicación de los personas privadas de su libertad; su clasificación; la alimentación; la provisión de los servicios de agua, luz; la vigilancia y administración del recinto; las visitas.
En cuanto al Juez de la Ejecución Penal, éste, en primer lugar es un "juez" y como tal tiene una función jurisdiccional y no administrativa.
Su competencia, en principio se contrae al 'control de la ejecución de la sentencia' luego que esta se hace irrevocable.
Ahora bien, relacionado con su pregunta el CPP establece algunas competencias y facultades muy concretas al Juez de Ejecución:
1) controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resolver todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución;
2) disponer de las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias;
3) hacer comparecer ante si a los condenados y a los encargados de los establecimientos, con fines de vigilancia y control;
4) dictar las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema;
5) ordenar a la autoridad competente para que expida las resoluciones necesarias a fines de corregir las faltas en el funcionamiento del sistema.
En virtud de las facultades enumeradas, el Juez de la Ejecución ciertamente esta facultado para hacer inspecciones y visitas a los recintos carcelarios y tomar conocimiento de su desenvolvimiento.
Si observare en un recinto carcelario irregularidades, como por ejemplo, la existencia de privilegios a favor de unos presos puede este juez, llamar a los encargados y fundamentándose en el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, dictar por si mismo las medidas que considere convenientes para corregir la irregularidad, o mas aún, puede ordenarle a las autoridades competentes expedir las resoluciones que fueren necesarias a esos fines.
Esperemos que algún Juez de la Ejecución se crea las facultades que le otorga la ley y actúe, pues a pesar de lo sucedido, el sistema carcelario sigue plagado de irregularidades.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

viernes, 12 de junio de 2009

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Apelaciones)

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Publicado por DIARIO LIBRE

10 Junio 2009
CPP. - Código Procesal Penal


Apelaciones¿Qué puede justificar que en unos casos las decisiones del Juez de la Instrucción sean apelables y en otros no? ¿No constituyen estos últimos casos una violación del derecho de apelación consagrado como regla general en la Constitución de la República? Diómedes Polanco.

Lo primero es precisar que no comparto su planteamiento de que la Constitución vigente consagre el recurso de apelación como una regla general para todos los asuntos litigiosos. Si se aprecia bien, el artículo 71 de la Constitución lo que hace es determinar la competencia de las Cortes de Apelación como lo hace con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Tierras, los Juzgados de primera Instancia y de Paz. La situación fuera distinta si el texto constitucional estableciera expresamente que todo asunto litigioso se debe conocer en doble grado de jurisdicción. La ausencia de una disposición como la anterior permite deducir que la regla que rige en esta materia es que los asuntos se conocen en principio con cargo a apelación, a menos que la ley de modo expreso disponga lo contrario. Ello supone reconocer al legislador la facultad de poder excluir de apelación determinados asuntos y disponer que se conozcan en única y ultima instancia.El Código Procesal Penal, en el contexto expuesto, consagra que sólo son recurribles ante la Corte de Apelación las decisiones del Juez de la Instrucción que de modo expreso así se prescriban. ¿Qué criterios sigue el CPP para en unos casos admitir el recurso y en otros no?Puede decirse que en el CPP se le otorga el beneficio de la apelación a todas aquellas decisiones que de conocerse en única y última instancia se podría crear en contra de la parte perjudicada una situación de indefensión y de negación de la administración de una sana justicia. El caso tipo de admisión de la apelación, respecto de la decisión del juez de instrucción, es el auto de no ha lugar. Negarle el recurso de apelación supondría la posibilidad de que la acusación del Ministerio Publico y del querellante se conozca en una única y última instancia, lo que seria de mucho riesgo para la sociedad. Asimismo, el legislador priva de la apelación a todas aquellas decisiones en que exista una instancia o jurisdicción competente para conocer contradictoriamente del asunto. En este caso, ha primado en el legislador un criterio de economía del proceso, pues admitir el recurso en estos casos podría retardar la administración de justicia. El caso tipo de negativa de la apelación de la decisión del juez de instrucción es el auto de apertura de juicio. Todo cuanto se pudiera invocar en el recurso de apelación, si se hubiera autorizado, puede igualmente plantearse en la audiencia de preparación del debate o en el juicio. Otros casos de admisión de la apelación son las decisiones judiciales relativas a las medidas de coerción, la resolución del juez sobre la admisibilidad o no de la querella y la intervención del querellante, el desistimiento de la querella declarado por el juez, la revocación o confirmación del archivo hecha por el juez la decisión del juez sobre el procedimiento para asuntos complejos.Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo

AM. - El "Hackeo"

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Publicado por DIIO LIBRE

12 Junio 2009, 12:01 AM
AM. - El "Hackeo"

En nuestro país, medios digitales están publicando fotografías y documentos "hackeados" de teléfonos y ordenadores.Las fotos, enviadas a un familiar y sin propósito de publicidad alguna, han sido publicadas ante la mirada de las autoridades, que no necesitan de una denuncia para perseguir los crímenes y los delitos.Existe abundante jurisprudencia en el exterior sobre el carácter sagrado de la correspondencia privada, que en nuestro país tiene sanción constitucional y legal.Cuando la correspondencia se hace por medios electrónicos, se necesita el permiso de un juez para poder intervenir un teléfono o una cuenta de computador y este permiso sólo se otorga por motivos muy plausibles.Si el medio publica la fotografía o el documento ,a sabiendas de que ha sido obtenido de manera ilícita, por medio de una violación del secreto de la correspondencia, está también cometiendo un delito.Con el aumento del número de teléfonos alámbricos e inalámbricos en el país, ha florecido el negocio de las intervenciones telefónicas. Muchos medios dominicanos se han quejado de esta práctica delictual, pero las autoridades esperan una denuncia para actuar.Este comentario vale de denuncia contra esas prácticas que afectan el buen nombre y el secreto en que deben desenvolverse las conversaciones y correspondencias, en forma de e-mail u otros métodos, para que terminen de una vez por todas, los atentados contra la privacidad de las personas.atejada@diariolibre.com
De Diario Libre

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

9 Junio 2009, 12:13 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

Luego de leer su columna en el periódico HOY, me animé a escribirle este correo. Actualmente tengo trabajando 15 años para la empresa donde laboro, bueno si eso es laborar, porque le explico mi situación: De un tiempo para acá ocurrieron muchos cambios entre ellos, cambio de programas en la empresa, incluyendo mi departamento, y actualmente me encuentro leyendo periódico en mi puesto, pues tienen otra persona sin consultarme ni decirme nada. Ahora bien, sé que es posible que quieran que yo me desespere por todo esto. Pero dígame ¿qué puedo hacer ante esta situación? Yo no puedo dejar mis años de trabajo, mi juventud, mi salud y mi tranquilidad para hoy no merecer ni una explicación. Por favor dígame qué hago, cómo procedo, porque no quiero abrir un pleito, quiero algo con solución pacifica.
Le voy a ofrecer soluciones pacíficas, pero también no pacíficas.


1. La solución más pacífica es dirigir una carta a sus superiores en donde describa la situación tal y como está sucediendo, y aguardar una respuesta, con la esperanza de que se negocie una salida de la empresa, recibiendo sus prestaciones laborales completas, o al menos parte de sus prestaciones laborales.


2. Si la situación continúa igual, denunciar la situación a la SET y solicitar un inspector a fin de que haga una visita y levante un acta registrando todo lo que sucede y lo que ellos respondan.


3. Si esto último tampoco hace cambiar las cosas, entonces prepárese para ejercer una dimisión e ir a los tribunales.


4. Al dimitir le sugiero hacerlo invocando las siguientes faltas: a) Violación al derecho al trabajo (Principio Fundamental II del CT); b) ejercicio abusivo de los derechos y reglas de la buena fe (Principio Fundamental VI, Art. 36 y Ord. 10 del Art. 47 y Ord. 13 del Art. 97, todos del CT); c) suspensión ilegal del trabajo y negativa a reanudarlo (Ord. 3 de Art. 97 del CT); y d) no guardar la debida consideración referida en el Art. 46, Ord. 8. De relleno, previendo que se haga difícil la prueba de todo lo anterior, conviene añadir: a) impago y/o pago incompleto de salario, vacaciones, regalía pascual, participación en utilidades de empresa, horas extras y días feriados; y b) falta en la afiliación y pago incompleto de cotizaciones de la Seguridad Social (Ords. 2, 4 y 14 del Art. 97 del CT).

martes, 9 de junio de 2009

El amparo y la SCJ

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Publicado por DIARIO LIBRE

09 Junio 2009
Ed. - El amparo y la SCJ

Ha hecho muy bien la Suprema Corte de Justicia en autorizar los recursos de apelación y casación contra las decisiones que en materia de amparo dicten los tribunales de la República.El ejercicio de los recursos contra las decisiones de amparo habían sido pedidas reiteradamente por la comunidad jurídica que consideraba violatorio a la Constitución, como lo ha reconocido nuestro más alto tribunal, la disposición legal que lo impedía.Igual destino debe recibir la disposición que prohíbe el amparo contra las decisiones judiciales, pues un hecho judicial puede provocar peligros mayores e inminentes que el hecho de un individuo o un funcionario.Si bien es cierto que las vías de recurso están abiertas contra las decisiones judiciales, también es cierto que estos procesos son lentos y en el ínterin se pueden producir hechos que sean irreversibles y que una apelación no pueda impedir.Aplaudimos a la Suprema y esperamos que la decisión se extienda a todas las decisiones judiciales.
De Diario Libre

Novedades Legislativas

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Novedades

Resolución No. 3-09 del 18 de febrero de 2009, que aprueba Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo


SCJ destituye juez de La Vega y tres notarios del Distrito Nacional

El Consejo Nacional de Competitividad entrada en vigor Ley de Sociedades

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El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) recordó que la Ley de Sociedades Comerciales entrará en vigor el 19 de junio y exhortó a los empresarios a hacer acopio de las facilidades que brinda la nueva ley para mejorar su gestión comercial.

Esta ley fue promulgada en diciembre del 2008 y disponía un plazo previo para las sociedades anónimas que por su naturaleza o estructura fueran a permanecer como tales a la entrada en vigor de la ley de Sociedades el próximo 19 de junio.

El CONEP planteó públicamente la necesidad de que el plazo de adecuación societaria, contable y operativa que establece dicha Ley sea extendida mediante una modificación legislativa que permita un período adicional de por lo menos 18 meses en procura de que las sociedades existentes puedan adecuarse a la misma.

Al referirse a ese planteamiento, el director del CNC, Andrés Van Der Horst Álvarez, precisó que la mayoría de las empresas existentes aunque constituidas legalmente como Sociedades Anónimas o Compañías por Acciones, no operan como tales y son en realidad empresas de único dueño o familiares de gestión cerrada. El plazo de adecuación afecta únicamente a las grandes empresas capitalistas que permanecerán como Sociedades Anónimas y será a partir del 19 de junio, no antes, que la gran mayoría de las empresas podrán transformarse.

Reiteró que esa solicitud en nada incide sobre la fecha de entrada en vigor de la ley y que se trata de un petición distinta por lo que los empresarios medianos y pequeños, las unidades productivas familiares o de único dueño no deben dejar pasar las facilidades y gracias fiscales que hasta octubre estarán otorgando las instituciones vinculadas a la implementación de la ley.

Detalló que los registros mercantiles de las Cámaras de Comercio han emitido un instructivo y generado modelos de documentos y unificado la tasa de registro mercantil a mil pesos para este proceso, Onapi ha tomado medidas de carácter administrativo para facilitar los cambios de nombres comerciales y la DGII emitió la norma 05-09 que otorga una gracia de 4 meses para que los procedimientos de adecuación a la ley no tengan impacto tributario, “ya que la Ley en sí misma no tiene por objeto introducir, modificar o eliminar ningún impuesto”.

lunes, 8 de junio de 2009

La SCJ anula prohibición de apelar sentencias amparo.

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Publicado por DIARIO LIBRE
08 Junio 2009
La SCJ anula prohibición de apelar sentencias amparo.

Considera que los recursos de apelación y de casación tienen categoría sustantiva

SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (JCE) anuló la prohibición de que las sentencias de amparo fueran impugnadas mediante los recursos de apelación, por considerar esa decisión contraria a la Constitución de la República. La Cámara Civil y Comercial del máximo tribunal anuló el artículo 29 de la Ley 437-06 que crea el recurso de amparo, que dispone que la sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación. La SCJ establece que esa disposición ha suprimido el recurso de apelación en esa excepcional materia al quedar abrogado, por efecto de la ley, la disposición que por vía jurisprudencial hizo realmente efectivo el recurso de amparo contemplado en la Convención Americana de los Derechos Humanos.El tribunal dice que esa supresión por vía adjetiva se produce no obstante la preindicada normativa internacional consagrar en su artículo 8.2 el derecho del imputado a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, o a requerir del Estado un nuevo examen del caso.
De Federico Méndez / Redactor Senior

jueves, 4 de junio de 2009

Poder Judicial dominicano se destaca en América LatinaLa justicia dominicana mejoró su posicionamiento en el ranking de poderes judiciales.

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Publicado por DIARIO LIBRE

04 Junio 2009, 03:47 PM
Poder Judicial dominicano se destaca en América LatinaLa justicia dominicana mejoró su posicionamiento en el ranking de poderes judiciales

SANTO DOMINGO.-El Poder Judicial dominicano continúa posicionándose entre los mejores de América Latina por su transparencia y progreso, desempeño y eficiencia, confianza en la justicia y consolidación de la seguridad jurídica, según revelan estudios internacionales sobre el comportamiento de la justicia en diversas naciones.El informe Indice de Accesibilidad a la Información Judicial por Internet, publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), sitúa a la República Dominicana en primer lugar entre los 35 países miembros, durante el año 2008.La justicia dominicana mejoró su posicionamiento en el ranking de poderes judiciales, al pasar de la posición número 13 en el año 2007, con un 43.3%, a la número 1 durante el 2008, con 79.6%.República Dominicana figura por encima de Costa Rica, Brasil, Chile, Canadá, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Perú y otros. Esta versión de accesibilidad a la información judicial muestra los progresos, retrocesos y actuales desafíos de los sistemas de justicia de los países americanos por brindar información transparente a los ciudadanos vía electrónica. El Poder Judicial dominicano alcanzó en el 2006 el segundo lugar entre los países de las Américas con mejor evaluación del desempeño, según la Corporación Latinobarómetro, prestigiosa institución con sede en Chile. El estudio de opinión pública aplica anualmente alrededor de 19,000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 400 millones de habitantes. A través del mismo, un 58% de los dominicanos considera como bueno o muy bueno el desempeño de ese poder del Estado. También, en otro aspecto más reciente, el Barómetro de las Américas 2008 revela que el Poder Judicial dominicano alcanzó el tercer lugar entre los poderes judiciales, cuya población considera que la justicia castiga a los culpables.En este aspecto, la República Dominicana se sitúa por encima de México, Ecuador Brasil, Venezuela, Costa Rica, Chile y Argentina, entre otros países.En otro aspecto, el Banco Mundial destaca en su informe anual "Doing Business 2009" los grandes avances del Registro Inmobiliario de la República Dominicana, situando al país entre los diez principales reformadores entre el 2007 y 2008. Este estudio del Banco Mundial destaca que República Dominicana ha realizado importantes reformas y regulaciones que contribuyen a descentralizar y dinamizar los procesos de transparencia y adquisición de propiedades inmobiliarias.El informe viene a consolidar la confianza en la seguridad jurídica del país, al asignarle el puesto número 97, de 178, dentro del indicador "Hacer Negocios".
De Diario Libre

miércoles, 3 de junio de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

Cámara Civil SCJ declara contrario a la constitución el artículo 29 de la Ley 437-06 que instituye la acción o recurso de amparo

+ Consultas en Materia Laboral (Discriminación y Enfermedad)

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Publicado por EL PERIODICO HOY

1 Junio 2009, 11:30 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


Me gustaría saber por qué la discriminación con personas de 35 años en adelante. ¿Qué hago me suicido? ¿Es que ya no sirve una persona de esas edades para el país? Por favor quiero respuestas.
Nuestro país no tiene una ley contra discriminación de edad en el empleo. El Principio Fundamental VII del Código de Trabajo establece una prohibición general a todo tipo de discriminación en el trabajo, pero no más. Tampoco es abundante la jurisprudencia.
En Estados Unidos fue aprobada la “Age Discrimination in Employment Act” (ADEA), en 1967, que traducida al español significa Ley sobre la Discriminación en el Trabajo.
Esa ley prohíbe que un empleador despida a una persona de 40 o más años de edad y la sustituya por otra más joven. Esa ley protege también contra la discriminación en la oferta de trabajo.
La jurisprudencia (o sea, las decisiones de los tribunales) de Estados Unidos ha establecido que el empleado afectado por este tipo de discriminación podrá ser reintegrado a su trabajo, además de recibir una indemnización significativa durante el resto de su vida laboral, si logra probar en un tribunal lo siguiente:
1) Que pertenece al grupo protegido por la ley, o sea que tiene más de 40 años de edad;
2) Que estaba cualificado para el trabajo y “satisfacía las exigencias normales de ese trabajo”
3) Que fue despedido
4) Que tras su despido, el empleador contrató otra persona menor de la edad protegida, o, si no hubo contratación ulterior que “una persona menor de la edad protegida fue retenida para el empleo”.
Una vez probado todo eso, “la carga que soporta el empleador es […] la de probar que basó su decisión […] en una razón legítima”, y no en una discriminación o exclusión por la edad. (Cita tomada de Jesús MARTÍNEZ GIRÓN, “El Despido en el Derecho de los Estados Unidos”, Pág. 163, Editorial Civitas, S. A., Madrid (España), 1° Edición 1988.
Esa es la respuesta que le ofrezco ante su desesperante situación.

Me gustaría que me comentara sobre las enfermedades comunes y las profesionales, ¿Cuales son y los artículos donde se refiere a ellas?
Las profesionales son las que indica el Art. 190 de la Ley 87-01 que crea el sistema dominicano de Seguridad Social, y las comunes todas las restantes, o como dice el Art. 46 de la misma ley, las otras “cualquiera que sea su origen.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado por DIARIO LIBRE

03 Junio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Recurso de revisión
Por el uso que algunos abogados le están dando al recurso de revisión parecería que se trata de otro grado de jurisdicción. Incluso en muchos casos que ya se ha conocido en casación, los abogados interponen este recurso. ¿Es esto correcto? ¿Cómo delimitar este nuevo recurso del de casación? Luz María Díaz.
El recurso de casación tiene por objeto velar por la correcta aplicación de la norma jurídica en el territorio nacional.
El recurso de casación es un recurso extraordinario y no un tercer grado de jurisdicción. No se ocupa de los hechos envueltos en el caso, sino en la interpretación del derecho hecha por el tribunal en sus decisiones. Por esa razón unifica la jurisprudencia.
El recurso de revisión en materia penal tiene por objeto poner un remedio a una decisión que formalmente está concluida y que, sin embargo, de mantenerse, constituiría un motivo de injusticia respecto de la persona condenada.
El recurso de revisión, distinto al de casación, sólo puede interponerse respecto de sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El recurso de revisión se interpone exclusivamente por uno de los motivos enumerados expresamente en el CPP.
Como veremos, los motivos del recurso de revisión se contraen en todos los casos a circunstancias o informaciones que de haberla conocido el juez al momento de fallar, hubiera decidido de forma diferente a como lo hizo. Es decir, que el recurso de revisión busca subsanar un error grave contenido en una decisión irrevocable debido a falta de información por parte del juzgador al momento de fallar o por que las circunstancias cambiaron luego de producirse el fallo.
Situaciones que dan lugar al recurso de revisión son: que una persona cumpla condena por el homicidio de una persona que se demuestre se encontraba con vida con posterioridad al momento en que se produce el hecho que da lugar a la condena; cuando dos o más personas sufren condenas por un crimen que no pudo ser cometido más que por una sola persona; cuando con posterioridad a la condena se revela la inexistencia de un hecho o un documento determinante y que se dio como cierto en la sentencia; cuando la sentencia condenatoria se obtuvo por prevaricación o corrupción; cuando se promulga una ley posterior a la condena que le quita al hecho el carácter punible; cuando se produce un cambio jurisprudencial favorable al condenado.
La Cámara Penal del la Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción nacional para conocer del recurso de revisión.
Si el recurso se acoge, la Suprema Corte anula la sentencia y puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente.
El recurso de revisión puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los presentados la vez anterior.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Departamento de Trabajo de EEUU reconoce derechos a Empacadores y Empleados de Supermercados.

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Publicado por DIARIO LIBRE

03 Junio 2009, 08:36 AM
Multan supermercados dominicanos en NY Deben pagar más de US $700 mil a empacadores y empleados

NUEVA YORK.-Varios supermercados de Nueva York propiedad de empresarios dominicanos fueron obligados por el Departamento de Trabajo a pagarles US $700, 17 dólares a docenas de empacadores y empleados que eran víctimas de violaciones a las leyes del salario mínimo del estado.El pago fue presionado por organizaciones sindicales y comunitarias y trabajadores independientes de los establecimientos que desde hace tiempo entablaron la lucha y demandaron ante el Departamento de Trabajo a los dueños.Uno de los principales negocios de la cadena Keyfood situado en Brooklyn tendrá que desembolsar $317 mil, mientras otros dos pagarán más de $400 mil dólares adeudados a sus empleados. El primero, también fue obligado a pagar otros $45 mil en multas por la contratación de un menor de edad.Esos negocios permiten que muchas personas laboren como empacadores para que cobren sólo las propinas que les dan los clientes que hacen sus compras. Algunos de ellos tienen que trabajar los 7 días de la semana y hasta 12 horas al día para poder reunir quizás unos $300 dólares a la semana.No es usual, que en barrios hispanos de Nueva York las propinas exceden el dólar como retribución por ese servicio con muy escasas excepciones. El dueño del Keyfood que rehusó identificarse dijo que él no contrata empacadores y que hacía un favor a personas que le pidieron dejarlos trabajar en eso sólo por las propinas, pero la ley estatal de trabajo prohíbe el que nadie, sea empleado sin una paga fija acorde con las horas que labora o por un sueldo acordado con los patronos.En ese trabajo laboran hasta ancianos y menores de edad. Rashid Allen, investigador del Departamento de Labores dijo que usualmente cuando se ve el frasquito donde los clientes echan las monedas para las propinas, es lo que están ganando los empacadores, incluyendo niños.Las autoridades pidieron a quienes estén siendo víctimas de los mismos abusos denunciarlos confidencialmente al número (1888) 52-LABOR.
De Miguel CruzTejada