miércoles, 29 de abril de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades


Vicepresidente de la República destaca la protección del Trabajador por la Corte de Casación

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SCJ decide, mediante Resolución núm. 748-09, lo relativo a la suspensión de la ejecución de las sentencias según la Ley No. 491-08 que modifica la Ley de Casación

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SCJ declara culpable al Magistrado José Ramón Pérez Bonilla, Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.

+ Consultas en Materia Laboral (reducción de sueldo)

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Publicado por el PERIODICO HOY
27 Abril 2009, 11:34 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


1. La empresa para la cual laboro desahució recientemente a un número considerable de trabajadores. Al personal mensual que quedó se le está planteando la reducción de un 20% de su sueldo, ya que la empresa sólo laborará 4 días a la semana. En ese sentido, se nos ha propuesto continuar laborando sin liquidarnos. ¿Qué base legal ampara a la empresa para tomar esta decisión? ¿Debe la empresa liquidar a sus empleados y recontratar a los que desee mantener? ¿En caso de que sea legal este procedimiento, se debe firmar algún documento donde se especifiquen las nuevas condiciones de trabajo? ¿Cuál sería el sueldo base que se utilizaría para el cálculo de las prestaciones si alguien es desahuciado en el futuro?

Esto que les ha propuesto su empleador es algo que se está dando mucho desde el año pasado, a partir de la crisis económica que está afectando a muchas empresas, y pienso que es factible y legal, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1) Que cada empleado individualmente esté de acuerdo, y firme un documento o un nuevo contrato en señal de aceptación;

2) Que la reducción salarial acordada sea proporcional a la reducción del trabajo. Es decir, que la proporcionalidad entre reducción de tiempo de trabajo y reducción de beneficios debe ser auténtica. Por ejemplo, no se concibe que el acuerdo sea válido si al empleado le disminuyen solo 3 horas de trabajo (en una jornada de 8 horas) y se le reduce la mitad del sueldo.

3) Habría que establecer (por escrito) que el empleado tuvo una opción y eligió entre recibir las prestaciones laborales o seguir trabajando a un tiempo reducido. Esa parte tiene mucho valor a la hora de interpretar este documento si acaso surge un conflicto.

4) Y por último, siempre y cuando no se reduzcan derechos mínimos legalmente establecidos.

En cuanto al salario que servirá de base para el cálculo de las prestaciones laborales a futuro, será siempre el salario promedio de los últimos 12 meses laborados.

2. Cuando se paga el doble sueldo, ¿puedo usar la hoja de cálculo que obtengo por el SET para ponerlo a firmar y eso me sirva de prueba que le pague el doble sueldo?

Yo diría que sí, que puede servirle; pero le sugeriría que junto a la firma, le pida que ponga, de puño y letra:“recibido conforme mi pago de la regalía pascual”

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Instancia privada)

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Publicado por DIARIO LIBRE
en fecha 29 Abril 2009
CPP. - Código Procesal Penal
Instancia privada

Fui víctima de una infracción en la que hubo varios testigos y luego resultó que el MP no inició ninguna investigación, porque supuestamente era a instancia privada y yo no lo había autorizado y procedió a poner en libertad a uno de los acusados. Luego que fue apresado, se fijó una audiencia y el fiscal no asistió para solicitar la medida de coerción, porque él no estaba de acuerdo. No entiendo como en un momento necesitaba de mi autorización y luego en contra de mi voluntad dejó caer el expediente. Diógenes Gálvez.

La acción pública a instancia privada es un tipo de acción pública en la cual el Ministerio Público no puede poner en movimiento la acción penal, sin que previamente la víctima o su representante, mediante una instancia privada, le autorice a hacerlo.

El CPP enumera, de manera taxativa en el artículo 31, las infracciones que dependen de instancia privada. Entre ellas están las vías de hecho, los golpes y heridas que no causen lesión permanente, amenazas, robo sin violencia y sin arma, estafa y abuso de confianza.

Se trata en estos casos de infracciones en que el bien jurídico afectado o es poco relevante y/o entra en un ámbito muy privado de la víctima. En estos casos, el legislador, por economía procesal, ha preferido que sólo se inicie la persecución con el consentimiento de la víctima toda vez que ésta pudiera no tener interés en ello o sentir que la investigación y persecución le causa mas perjuicio que beneficio.

Ahora bien, en el caso de su pregunta, hay varias situaciones que es necesario ponderar:

1.- Ciertamente, si se trataba de un caso de acción pública a instancia privada, el Ministerio Público no podía iniciar propiamente la persecución, sin la autorización de usted como víctima. Por lo que usted relata, el Ministerio Público o la policía detuvo al infractor, pero al cabo de 48 horas, sin su instancia privada, el no tenía otra alternativa que la puesta en libertad.

2.- Ahora bien, inmediatamente producida la instancia privada, que puede ser por un escrito de la víctima o su representante, o simplemente declarando su intención en el despacho del Ministerio Público, corresponde al MP ejercerla como en toda acción pública.

3.- Es importante precisar que la víctima puede en cualquier momento retirar su instancia, lo que obligaría al MP a cesar la persecución.

4.- Si bien en este tipo de acción, el MP no puede ejercer la acción pública sin la instancia previa de la víctima, luego de recibida ésta, el MP recobra toda sus competencias, pudiendo en ese sentido aplicar una medida alternativa o disponer su archivo o desestimarla. Es decir, la instancia de la víctima no liga al MP con el curso específico que debe darle al caso.

5.- Debo interpretar que si el Ministerio Público no asistió a la audiencia donde se conocería sobre la adopción de una medida de coerción equivale a que estaba desistiendo de la persecución penal, lo cual entra dentro de sus facultades.

6.- La víctima tiene la facultad de apelar toda decisión que le ponga fin al procedimiento. Asimismo, en los casos en que la víctima presenta una querella que el MP declara inadmisible, el querellante puede acudir ante el juez de la instrucción para que decida al respecto.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com



De Guillermo Moreno

miércoles, 22 de abril de 2009

+ Sobre el Codigo Procesal Penal

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Publicado por DIARIO LIBRE

22 Abril 2009
CPP. - Código Procesal Penal

He sostenido que constituye una inmunidad procesal, la disposición del CPP que obliga a determinados profesionales abstenerse de declarar respecto de informaciones que conocen de sus clientes provenientes de su ejercicio profesional. ¿Cuál es su diferencia técnica con el privilegio de jurisdicción? Bethania Zayas.
Empecemos por aclarar ambos conceptos.
La inmunidad hay que verla como un privilegio que ha creado la ley a favor de determinadas personas, ya por la función que desempeñan, ya por una determinada circunstancia, en virtud de las cual quedan exoneradas de cumplir con determinadas obligaciones que sí deben observar los demás personas.
En el Código Procesal Penal hay varias formas de inmunidad procesal.
Está por ejemplo la contenida en el artículo 195 que permite a determinados funcionarios, en atención a su jerarquía y función en el Estado, a solicitar, en caso de ser llamados a declarar como testigos ante la jurisdicción penal, que la misma se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio.
Los funcionarios a que se refiere el CPP en el citado articulo son: El Presidente y Vicepresidente de la República, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el Presidente de la Junta Central Electoral, los embajadores y cónsules extranjeros.
En estos casos el tribunal se traslada al lugar establecido, debiendo el mismo llevarse a cabo en las condiciones de contradictoriedad, publicidad, entre otras, establecidas de forma ordinaria para las prestación del testimonio.
Esa inmunidad procesal que le exonera de la obligación de comparecer, es un reconocimiento a sus funciones y un privilegio, en cuanto, toda persona tiene la obligación de presentarse ante la citación que le haga un juez o tribunal, y de negarse, puede ser declarado testigo reticente y eventualmente sancionado.
El artículo 196 por su parte consagra la facultad del conjugue o conviviente del imputado y los parientes hasta el tercer grado de consaguinidad o segundo de afinidad, de abstenerse de prestar declaración en un juicio penal.
El CPP en el artículo 197 se refiere a las personas que tienen una obligación de abstenerse de declarar respecto de informaciones obtenidas de sus clientes a propósito del desempeño de sus funciones.
Estas personas, tienen obligación de comparecer y exponerle al juez el por qué de su abstención. Es necesario resaltar que ellos tienen la obligación de declarar respecto de todo lo que sepan del caso que no estuviere protegido por el secreto profesional.
En lo que se refiere al privilegio de jurisdicción, consagrado en los artículos 377 y siguientes, es una institución procesal de naturaleza distinta.
Se trata del otorgamiento de competencia, a una jurisdicción de mayor rango, para conocer de los hechos punibles cometidos por una persona en razón de su jerarquía o función en el Estado. Conforme a ello, la Corte de Apelación, que ordinariamente conoce los casos en segundo grado, pasa a conocerlo en primera instancia cuando el imputado/a es un juez de primera instancia, de la Instrucción, es un procurador fiscal, o un gobernador provincial. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, conoce en primera instancia de las infracciones cometidas, entre otros, por el Presidente y vicepresidente de la República; de los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces de las cortes de apelación; de los senadores y diputados; de los Secretarios de Estado.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

miércoles, 15 de abril de 2009

+ Consultas en Materia Laboral (Trabajadores de la Construccion)

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Publicado por el PERIODICO HOY
13 Abril 2009, 11:59 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

1. En una construcción tengo trabajadores que en cualquier momento abandonan el trabajo; yo lo notifico a la SET, pero no solicito ningún inspector para que levante un acta. A los 5 o 6 meses después ¿pueden aparecer con una dimisión? Y en caso de ser justificada la dimisión ¿qué prestaciones debo pagar? Otra situación: En caso de que el trabajador abandone y yo notifico a la SET el abandono y decido despedirlo, ¿a quién le voy a pagar lo que corresponde de derechos adquiridos? si no vuelvo a ver al trabajador.

Si se produce un abandono, el empleador debe ejercer un despido en base a esa falta en que incurrió el trabajador. No basta comunicar a la SET que se ha producido un abandono. Así lo ha juzgado la Suprema Corte en su jurisprudencia: 3° Cám. SCJ 21 Jun. 2000, B. J. 1075 y 3° Cám. SCJ 18 Ene. 2006, B. J. Vol. II, Pág. 952.

Ese despido debe comunicarse a la SET y también al último domicilio conocido del trabajador, y a veces es prudente y conveniente utilizar un acto de alguacil para comunicar ese despido.

Hay una práctica, cada vez más extendida, (obviamente auspiciada por abogados) que consiste en “dimitir”, meses y hasta años después que el trabajador abandonó su trabajo, basándose en aquella jurisprudencia, según la cual el abandono no pone término al contrato. Se crea así una dimisión ficticia, es decir una terminación irreal del contrato, que realidad había terminado con el abandono del trabajador.

Esa situación ya se dio en Francia (en donde el “abandono” no existe en la ley, pero con frecuencia ocurre en la práctica) y la Corte de Casación de ese país determinó que cada caso debe ser examinado particularmente, y si de los hechos resulta que el contrato nunca tuvo ejecución luego del abandono, entonces el contrato habrá terminado con ese abandono, sin responsabilidad para el empleador.

En conclusión: Si el trabajador abandona, comunique un despido por abandono a la SET, y además al último domicilio conocido del trabajador.

Si ya usted comunicó el abandono (sin ejercer el despido), no todo está perdido: Ocúpese de demostrar que el contrato terminó real y efectivamente con el abandono, pues en materia laboral debe siempre prevalecer “la realidad sobre lo escrito”, siempre que lo escrito se trate de una simulación como sería una “dimisión” 6 meses o un año después que no se ejecuta el contrato.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Embarazadas)

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Publicado por DIARIO LIBRE
en fecha 18 de abril 2009

CPP. - Código Procesal Penal
Embarazadas

¿Contiene el CPP disposiciones relativas a una mujer embarazada que cometa una infracción y si está embarazada o le nace un hijo durante la privación de la libertad?

En los casos de una mujer embarazada imputada o condenada que sea privada de su libertad, el CPP contiene disposiciones concretas. El artículo 234, prohíbe al juez disponer la prisión preventiva en perjuicio, tanto de "mujeres embarazadas" como de "madres durante la lactancia". El Juez podrá, respecto de una y otra, disponer otras medidas de coerción personal, incluyendo la prisión domiciliaria, además de las medidas de coerción reales. El CPP también incluye dentro de las condiciones especiales de cumplimiento de la pena, el que la imputada se encuentre "en estado de embarazo o lactancia". El art. 342 dispone que en estos casos el tribunal puede decidir que el cumplimiento de la pena se verifique parcial o totalmente en el domicilio de la persona imputada o en un centro clínico. El Código en ningún caso establece plazos específicos, sino que lo deja a la apreciación del juez o del tribunal, para lo cual deben tomarse en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 8-95 que usted, acertadamente cita. Otra cuestión que se plantea, relacionada a su pregunta, son los casos en que el embarazo o la lactancia se produce cuando la mujer ya está en prisión, sea preventiva o cumpliendo condena. En el primer caso es oportuno referir que el CPP dispone (art. 238) que el juez en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte o de oficio en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hacer cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento la justificaron. En el caso específico de la prisión preventiva, el juez o tribunal competente examina de forma obligatoria los presupuestos bajo los cuales se adoptó, cada tres meses (art. 239 y 240). En la segunda hipótesis, es decir que el embarazo o estado de lactancia se produzca durante el cumplimiento de la condena, hay que reseñar que en la prensa se ha documentado la existencia de niños y niñas que nacen durante el cumplimiento de la condena de su madre y ellos conviven dentro del recinto carcelario hasta el cumplimiento de la pena. En este caso, la competencia corresponde al juez de la ejecución penal, quien debe resolver todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena (arts. 74 y 437). La madre que quede embarazada durante el cumplimiento de la condena, debe reclamar al juez de la ejecución el beneficio de condiciones especiales de cumplimiento de la pena del art. 342. Igual si el menor de edad nace en el recinto carcelario. En este caso, el juez de la ejecución, no solo debe resolver la situación de la madre, sino disponer lo que resulte adecuado para la protección de los derechos de la persona menor de edad, conforme las disposiciones del Código de Niño, niña y adolescente, contenido en la ley 136.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com



De Guillermo Moreno

Articulo de Adrino Miguel Tejada (El Aborto)

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Publicado por DIARIO LIBRE

AM. - El aborto

El tema del aborto, o de protección de la vida humana, que son dos cosas diferentes, es controversial y se presta a dogmatismos, pero cualquier persona medianamente racional, estará de acuerdo con que debe ser reglamentado.

El aborto, como se sabe, es la interrupción del embarazo, pero la iglesia católica lo ha llevado hasta la concepción, no dejando ni siquiera un resquicio para aquellos casos que, para una persona razonable, parezcan necesarios.

La posición irracional debe ser rechazada.

La ley es, en realidad, un balance entre valores. Se castiga el valor considerado malo (el homicidio), pero aún estos valores negativos pueden ser positivos, cuando se trate de legítima defensa, en cuyo caso, la ley sopesa el valor del agredido frente al del agresor y otorga el veredicto en favor del agredido.

Existen casos en materia de aborto en que se enfrentan disyuntivas similares: ¿A quién salvar, a la madre o a la hija? Cuando este conflicto se presenta, una persona facultada, el médico, toma la determinación, siempre a favor de la madre, que es el valor vivo frente al "por nacer".

Son cuestiones de orden ético, pero también práctico, que tienen que ser tomadas en cuenta por el legislador.

Y así ha sido, al punto que Italia, país donde tiene su sede el Vaticano, o España, nación de donde nos llega el cristianismo, no tienen en sus constituciones una fórmula como la propuesta en nuestro país, que tendría implicaciones sobre el uso de anticonceptivos y la investigación científica, que nadie, por más católico que sea, puede aceptar.

Ese artículo debe ser modificado.

atejada@diariolibre.com

jueves, 2 de abril de 2009

Legisladores se oponen a que se modifique Código Trabajo de la Rep. Dom.

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Publicado por LISTIN DIARIO
Jueves 2 de Abril del 2009, actualizado 2:55 AM

PROPUESTA
Legisladores se oponen a que se modifique Código Trabajo
Deyanira Polanco - 4/2/2009



Santo Domingo.- La propuesta del sector empresarial de modificar el Código de Trabajo fue rechazada ayer por senadores y diputados que la califican de inoportuna, porque la actual crisis global afecta más a los que menos tienen.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Radhamés Castro, y el senador Adriano Sánchez Roa, autor de un proyecto de aumento salarial que cursa en el Congreso, expresaron su oposición a la iniciativa de los empresarios.

Sánchez Roa dijo que en el conocimiento de la Reforma Constitucional propondrá mayor protección salarial para los trabajadores y aseguró que el Congreso no modificará ninguna ley para perjudicar a más de cuatro millones de personas.

“No es posible que en estos momentos hayan personas ganando tres mil 500 pesos mensuales, siendo las zonas francas favorecidas con un aval del Estado de mil 200 millones de pesos para preservar empleos. Ellos no deben estar apretando la tuerca, nosotros nos oponemos”, enfatizó Sánchez Roa.

Sostuvo que los empresarios y las zonas francas no se conforman con haber mantenido congelado los sueldos durante dos años, y dijo que el proyecto que sometió al Congreso busca que el aumento salarial se realice por ley y no que se discuta por el Comité de salarios, ya que ese organismo sólo tiene capacidad para aumentar el sueldo mínimo. De su lado, el diputado Radhamés Castro dijo que es inoportuno el planteamiento de los empresarios, porque sería echarle pólvora y fósforo al ambiente nacional en momentos en que amplios sectores están protestando por diferentes demandas.

Recordó que en los momentos de crisis los más afectados son los trabajadores, porque pierden calidad de vida y sus empleos, en cambio los empresarios lo que ven es reducir sus ganancias.

Dijo que respetan el derecho que tiene el sector empleador, pero su propuesta es inaceptable, y que éste lo que debe hacer es buscar fórmulas efectivas para enfrentar la crisis.

Mientras, el diputado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró que, además de la protección de los trabajdores dominicanos, se debe abogar por la nacionalización del trabajo.

RESOLUCION No. 002-09 “NORMA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA FINES DE COBRO DE DEUDAS”.

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INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
(INDOTEL)
RESOLUCION No. 002-09
QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 104-02 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL Y APRUEBA LA NUEVA “NORMA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA FINES DE COBRO DE DEUDAS”.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por órgano de su Consejo
Directivo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley General de
Telecomunicaciones, No. 153-98, de fecha 27 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial
No. 9983, reunido válidamente, previa convocatoria, dicta la presente RESOLUCIÓN:
Con motivo del proceso de consulta pública dispuesto por la Resolución No.114-08 del
Consejo Directivo, para modificar la Resolución No. 104-02, y establecer nuevos controles en
torno al uso de las telecomunicaciones para fines de cobro de deudas.
Antecedentes.-
1. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley General de Telecomunicaciones,
No. 153-98, el día diez (10) del mes de junio del año dos mil ocho (2008), el Consejo Directivo
del INDOTEL dictó la Resolución No. 114-08, que ordenó el inicio del proceso de Consulta
Pública para modificar la Resolución No. 104-02 y establecer nuevos controles en torno al uso
de las telecomunicaciones para fines de cobro de deuda”, cuyo dispositivo reza, textualmente,
de la siguiente manera:
“PRIMERO: ORDENAR el inicio del proceso de consulta pública para modificar la
Resolución No. 104-02, dictada por el Consejo Directivo del INDOTEL en fecha 12 de
diciembre de 2002, y dictar una nueva normativa que reglamente el uso de los servicios de
telecomunicaciones para fines de cobro de deudas en la República Dominicana, de
manera que la misma se lea de la siguiente manera:
“NORMA SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA
FINES DE COBRO DE DEUDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
ARTICULO 1.- DEL HORARIO DE REALIZACIÓN Y CANTIDAD DE
TELECOMUNICACIONES PERMITIDAS CON FINES DE COBROS DE DEUDAS.
1.1 Se considerará como uso inadecuado de un servicio de telecomunicaciones, conforme
a las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153- 98, la realización
y/o programación de telecomunicaciones para fines de cobro de deudas en intérvalos de
tiempo entre una y otra telecomunicación menor a los treinta (30) minutos; así como la
realización y/o programación de más de cinco (5) telecomunicaciones por día, que
perturben la paz de los receptores; en particular aquellas telecomunicaciones que se
realicen, en el periodo de tiempo comprendido de las seis de la tarde (6:00 p. m.) a las seis
horas de la mañana (6:00 a. m.) del día siguiente.
1.2 La cantidad de telecomunicaciones permitidas por día, se calculará por deudor o
destinatario, no así por medio utilizado, de forma que, sin importar el servicio de
telecomunicación por el cual se haya realizado el contacto para el cobro de deuda, el
destinatario no podrá recibir más de cinco (5) telecomunicaciones o mensajes por día.
2
ARTICULO 2.- DE LOS DÍAS PERMITIDOS PARA REALIZAR TELECOMUNICACIONES
CON FINES DE COBROS DE DEUDAS.
Sólo podrán realizarse telecomunicaciones para fines de cobro de deuda, durante los días
de lunes a viernes, exceptuando los días festivos o no laborables.
ARTICULO 3.- LINEAS TELEFONICAS A LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR
TELECOMUNICACIONES CON FINES DE COBROS DE DEUDAS.
3.1 Las telecomunicaciones para fines de cobro, sólo podrán ser efectuadas a líneas
telefónicas residenciales o personales, más no así a líneas comerciales o
correspondientes a los lugares laborales del deudor.
3.2 Sólo podrán realizarse telecomunicaciones con fines de cobro de deudas a líneas
comerciales, cuando el deudor sea específicamente el titular de la línea telefónica.
ARTICULO 4.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.
La entidad que utilice los servicios de telecomunicaciones como instrumento para
perseguir el pago de deudas, deberá, en todos los casos, informar al destinatario del
mensaje, el nombre completo del deudor, la finalidad de la telecomunicación, el
concepto de la deuda, así como el nombre de la entidad acreedora. Igualmente, deberá
suministrarse en el mensaje, el nombre de la persona que maneja el cobro en cuestión,
así como los números telefónicos para contacto en caso de necesidad.
Párrafo: Cuando el proceso de recuperación de los valores adeudados sea manejado
por una entidad externa a la acreedora, en el mensaje de cobro deberá especificarse, en
adición a lo expuesto en el párrafo anterior, tanto el nombre de la oficina o empresa que
realiza el mismo, así como el nombre comercial de la empresa en representación de la
cual actúa.
ARTICULO 5.- OBLIGACION DE VERIFICACIÓN
La empresa o entidad que efectúe cobro a través de llamadas vía el servicio
automatizado identificado como “turbo cobro”, antes de programar las
telecomunicaciones, deberá realizar las verificaciones necesarias para confirmar que la
línea telefónica en la cual se programarán las telecomunicaciones vía el “turbo cobro”,
realmente se encuentra habilitada en la residencia del deudor o destinatario. En el caso
de líneas móviles, se deberá confirmar que las mismas son utilizadas por el deudor o
destinatario.
ARTICULO 6.- SANCIONES
El uso inadecuado de los servicios de telecomunicaciones al que se refiere la presente
Norma, lo que incluye la obligación establecida en el Artículo 5 que precede, tipificará
una falta leve, de acuerdo a las disposiciones del artículo 107, literal b), de la Ley
General de Telecomunicaciones, No. 153-98, sancionable por el INDOTEL de acuerdo a
lo dispuesto en la citada Ley para este tipo de faltas.
ARTICULO 7.-DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente Resolución modifica la Resolución No. 104-02, aprobada por el Consejo
Directivo del INDOTEL en fecha doce (12) de mes de diciembre del año dos mil dos
(2002), y deja sin efecto cualquier aspecto de la misma que sea contrario a las
disposiciones establecidas en ella.
ARTICULO 8.- ENTRADA EN VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en un
periódico de circulación nacional.
3
SEGUNDO: DISPONER un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la
fecha de la publicación de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación
nacional, para que los interesados presenten las observaciones y comentarios que
estimen convenientes a la propuesta de reglamentación que conforma el anexo de esta
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General de
Telecomunicaciones No. 153- 98.
PARRAFO I: Los comentarios y las observaciones a los que hace referencia el presente
artículo deberán ser depositados en formato papel y en formato electrónico, redactados
en idioma español, dentro del plazo anteriormente establecido, en las oficinas deI
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), ubicadas en el Edificio
Osiris, marcado con el número 962 de la Avenida Abraham Lincoln, de esta ciudad de
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en días y horas laborables.
PARRAFO II: Vencido el plazo de treinta (30) días establecido en este ordinal
“Segundo”, no se recibirán más observaciones y no se concederán prórrogas.
TERCERO: DISPONER que la convocatoria para la celebración de la audiencia publica
con el fin de escuchar a los interesados que presenten comentarios y observaciones a la
presente resolución, se realice de acuerdo con los lineamientos y parámetros
establecidos por este órgano regulador, debiendo publicarse su convocatoria en un
periódico de amplia circulación nacional y en la pagina de Internet del INDOTEL,
indicando en la misma el tema que se tratara, fecha, hora y lugar y la forma en que se
efectuaran las exposiciones de los interesados.
CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente resolución en un periódico de amplia
circulación nacional, en el Boletín Oficial del INDOTEL.”
2. La referida Resolución No. 114-08 fue publicada el día diecisiete (17) de julio del año dos mil
ocho (2008), en el periódico “El Caribe”, disponiendo la misma un plazo de treinta (30) días
calendario, contados a partir de su publicación, para que los interesados presentasen las
observaciones, comentarios o sugerencias que estimaran pertinentes en relación con el
proyecto de norma de que se trata;
3. Con fecha cinco (5) de agosto del año dos mil ocho (2008), la oficina COLECTORES
LEGALES, por medio de su Gerente General, Licenciada Elizabeth Peña, presentó
formalmente sus comentarios y observaciones sobre a la Resolución No. 114-08;
4. El día catorce (14) de agosto del año dos mil ocho (2008), la ASOCIACIÓN DE BANCOS
DE AHORRO Y CRÉDITO Y CORPORACIONES DE CRÉDITO, INC., (ABANCOR), por
intermedio de su Vicepresidente y su Director Ejecutivo, señores Nicolás Benito y Cándito I.
Gómez, respectivamente, presentaron formalmente sus comentarios y observaciones a la
referida Resolución No. 114-08;
5. Con fecha quince (15) de agosto del año dos mil ocho (2008), la concesionaria COMPAÑÍA
DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A., presentó formalmente sus comentarios y
observaciones a la Resolución No. 114-08;
6. El día quince (15) de agosto del año dos mil ocho (2008), la ASOCIACIÓN DE BANCOS
COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ABA), por intermedio de su Presidente
Ejecutivo, señor José Manuel López Valdés, presentó formalmente sus comentarios y
observaciones a la referida Resolución No. 114-08;
4
7. Con fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil ocho (2008), la oficina SERVICOBROS,
por medio de su Director Legal, señor Edgar Tiburcio, presentó formalmente sus comentarios y
observaciones a la indicada Resolución No. 114-08;
8. De igual modo, el día dieciocho (18) de agosto del año dos mil ocho (2008), la concesionaria
ORANGE DOMINICANA, S.A., por medio de su Directora Legal y Regulatorio, Doctora Rosa
María Cabreja Velazquez, presentó formalmente sus comentarios y observaciones a la
Resolución No. 114-08;
9. Con fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil ocho (2008), el AYUNTAMIENTO DEL
DISTRITO NACIONAL, por medio de su Consultor Jurídico, Doctor Joaquín López Santos,
presentó formalmente sus comentarios y observaciones a la Resolución No. 114-08;
10. Posteriormente, el día veinticinco (25) de agosto del año dos mil ocho (2008), la
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD),
por intermedio de su Asesora Legal, Dra. Ana Julia Castillo Grullón, presentó formalmente sus
comentarios y observaciones a la Resolución No. 114-08;
11. Con fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil ocho (2008), la oficina GM
CONSULTORES LEGALES, por medio de los Licenciados Giovanna Melo González y Néstor
A. Contín Steinemann, presentaron formalmente sus comentarios y observaciones sobre el
contenido de la Resolución No. 114-08;
12. El día veintisiete (27) de noviembre del año dos mil ocho (2008), mediante publicación
realizada en el periódico “Hoy”, el Consejo Directivo del INDOTEL convocó a todos los
interesados a participar en una audiencia pública, con el fin de que los mismos tuvieran la
oportunidad de exponer ante dicho Consejo sus comentarios a la Resolución No.114-08, que
dispuso el inicio del proceso de Consulta Pública para modificar la Resolución 104-02 y
establecer nuevos controles en torno al uso de las telecomunicaciones para fines de cobro de
deudas, conforme los lineamientos y parámetros establecidos en la Ley General de
Telecomunicaciones, No. 153-98, para los casos en que los posibles interesados sean de
carácter indeterminado;
13. Con fecha tres (3) de diciembre del año dos mil ocho (2008), fue celebrada en la sede del
INDOTEL la audiencia pública previamente indicada, en la que ejercieron su derecho de
participación representantes de SERVICOBROS, ORANGE DOMINICANA y CODETEL,
quienes presentaron verbalmente sus comentarios sobre el documento puesto en consulta por
el INDOTEL; circunscribiéndose los mismos, esencialmente, a las observaciones presentadas
de manera escrita por la mayoría de ellas ante el ente regulador de las telecomunicaciones,
todo lo cual consta en los soportes audiovisuales levantados con ocasión de dicha audiencia.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (INDOTEL), DESPUÉS DE HABER ESTUDIADO
Y DELIBERADO SOBRE EL CASO:
CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo del INDOTEL tiene la obligación de ponderar los
diversos comentarios que ha recibido con ocasión de la puesta en consulta pública de la
“Norma sobre el uso de los Servicios de Telecomunicaciones para fines de cobro de deudas en
la Republica Dominicana”, contenida en la Resolución No.114-08 de este organismo colegiado,
dictada con fecha diez (10) de junio de dos mil ocho (2008);
5
CONSIDERANDO: Que de conformidad con la letra “i” del artículo 78 de la Ley General de
Telecomunicaciones, el INDOTEL tiene la potestad de dictar reglamentos y normas de alcance
general y particular, dentro del marco de su competencia;
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal “b” del artículo 84 de la Ley No.
153-98, corresponde a este Consejo Directivo la facultad de tomar cuantas decisiones sean
necesarias para regular el sector de las telecomunicaciones, teniendo entre sus atribuciones la
de dictar reglamentos de alcance general y normas de alcance particular, siempre dentro de las
atribuciones y competencias fijadas por la presente Ley y respetando el criterio consultivo de
las empresas prestadoras de los diversos servicios públicos regulados y de sus usuarios;
CONSIDERANDO: Que durante el período de consulta pública habilitado por este Consejo
Directivo, a los fines de recibir los comentarios de los posibles interesados en las disposiciones
de la indicada norma regulatoria de alcance general, según lo dispuesto por el artículo 93 de la
Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, fueron recibidos los comentarios que serán
analizados en el cuerpo de la presente resolución;
CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, el Consejo Directivo del INDOTEL, en cumplimiento del
mandato expreso del artículo 93.1 antes indicado, se abocará al análisis de los comentarios y
observaciones formulados por las entidades COLECTORES LEGALES, ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE AHORRO Y CRÉDITO Y CORPORACIONES DE CRÉDITO, INC., (ABANCOR),
CODETEL, ASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(ABA), SERVICOBROS, ORANGE DOMINICANA, AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO
NACIONAL, CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD) y G M CONSULTORES LEGALES, sobre la norma puesta en consulta
pública por Resolución No. 114-08, cuyas opiniones no son vinculantes para este órgano
regulador, conforme lo dispone el artículo 93.2 de la Ley No.153-98;
CONSIDERANDO: Que, en atención a este criterio, el Consejo Directivo procedió a evaluar los
comentarios, observaciones y posiciones propuestas por las distintas instituciones que
ejercieron el derecho a opinar sobre la norma puesta en consulta pública, y ponderó la
pertinencia de acoger en el texto de la norma a ser dictada por esta resolución, algunas de las
recomendaciones efectuadas durante el referido proceso, conforme lo que se indicará más
adelante en la presente resolución;
CONSIDERANDO: Que, en cuanto el artículo 1.1., se presentaron los siguientes comentarios,
en lo que respecta a la cantidad de telecomunicaciones a ser permitidas:
o Servicobros: “Que debe realizarse la diferencia entre llamadas automatizadas y las
personalizadas”;
o G M Consultores Legales: “Que la cantidad de telecomunicaciones permitidas por día
debe ser calculada por la cantidad de productos que el deudor o destinatario posea en
cada institución de crédito, ya que los servicios ofrecidos por estas entidades se
encuentran manejados y monitoreados por diferentes áreas, haciendo casi imposible
que un sólo departamento conozca sobre todas las deudas que posee una persona”;
o Ayuntamiento del Distrito Nacional: “Recomiendan un máximo de siete llamadas,
conservándose el intervalo menor en el que no pueden ser realizadas, propuesto en la
resolución”;
6
o Orange Dominicana: “Considera prudente que se establezca como límite la realización
de máximo cinco (5) telecomunicaciones por día, a los fines de hacer un uso adecuado
de las telecomunicaciones y preservar la tranquilidad de los receptores, por lo que de
ser aprobada definitivamente esta norma, procederíamos a revisar nuestras
programaciones para asegurar el cumplimiento a la misma”;
CONSIDERANDO: Que, sobre el mismo articulo 1.1, respecto al horario de realización de las
telecomunicaciones permitidas con fines de cobro de deudas, las entidades SERVICOBROS,
ASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ABA),
COLECTORES LEGALES, ASOCIACIÓN DE BANCOS DE AHORROS Y CRÉDITOS Y
CORPORACIONES DE CRÉDITOS (ABACORD) y las prestadoras de servicios de
telecomunicaciones CODETEL y ORANGE, realizaron comentarios en el siguiente sentido:
Proponen no reducir el horario establecido en la resolución vigente para la
realización o programación de telecomunicaciones automatizadas para fines de
cobro de deudas, ya que de cambiarse como plantea la propuesta actual,
resultaría para las empresas en un aumento de sus cuentas incobrables y de
pérdida de clientes por la poca oportunidad de localizarlos como llamada
recordatoria para el pago de su deuda, por lo que sugieren que se mantenga el
horario que se encuentra vigente, o sea que la realización de dichas llamadas
puedan ser efectuadas desde las seis de la mañana (6:00 a. m.) a las nueve de la
noche (9:00 p. m.);
CONSIDERANDO: Que en relación con el artículo 1, respecto al horario establecido, para la
realización y/o programación de telecomunicaciones para fines de cobro de deudas, este
Consejo Directivo ha ponderado que, con la finalidad de no obstaculizar el procedimiento o
gestión de cobros realizada por las instituciones destinadas a tales fines, pero sin descuidar la
protección de los derechos de los usuarios que la ley le asigna, acogerá, parcialmente, lo
planteado por las entidades que se pronunciaron a favor de un horario más extenso al puesto
en consulta pública en el proyecto de norma, por lo que en el dispositivo de la presente
resolución se efectuarán modificaciones al respecto; .
CONSIDERANDO: Que sobre el artículo 2, acerca de los días permitidos para realizar
telecomunicaciones con fines de cobro de deudas, las entidades SERVICOBROS,
ASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ABA),
COLECTORES LEGALES, ASOCIACIÓN DE BANCOS DE AHORROS Y CRÉDITOS Y
CORPORACIONES DE CRÉDITOS (ABACORD), G M CONSULTORES LEGALES,
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD),
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL y las empresas de telecomunicaciones
CODETEL y ORANGE, realizaron comentarios en el siguiente tenor:
Que sobre los días permitidos para realizar telecomunicaciones automatizadas
con fines de cobro de deudas, sea incluido el día sábado, en virtud de que el
mismo es considerado como día laborable según lo establece nuestro Código de
Trabajo, en su artículo 147.
CONSIDERANDO: Que sobre la inclusión del día sábado dentro del horario permitido para
realizar telecomunicaciones automatizadas con fines de cobro de deudas, el Consejo Directivo
ha decidido acoger los comentarios realizados, en virtud de que el artículo 147 del Código de
Trabajo de la República Dominicana establece que la jornada semanal de trabajo terminará a
7
las doce horas meridiano del día sábado, procediéndose a efectuar las modificaciones en este
sentido en la norma a dictarse, en el dispositivo de la presente resolución;
CONSIDERANDO: Que en relación con el artículo 3, sobre las líneas telefónicas a las cuales
se pueden realizar telecomunicaciones automatizadas con fines de cobro de deudas, las
entidades SERVICOBROS, ASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (ABA), COLECTORES LEGALES, ASOCIACIÓN DE BANCOS DE AHORROS
Y CRÉDITOS Y CORPORACIONES DE CRÉDITOS (ABACORD), CORPORACIÓN DEL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD), GM CONSULTORES
LEGALES, AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL y las empresas de
telecomunicaciones CODETEL y ORANGE, realizaron observaciones en el siguiente orden:
Que se permita realizar llamadas con fines de cobro al deudor en su lugar de
trabajo. Primero por entender que es una información que al momento del usuario
contratar su servicio suministra de forma voluntaria y segundo porque
normalmente el usuario se encuentra en su lugar de trabajo durante el horario
permitido para realizar este tipo de llamadas. Sugieren la modificación en el
sentido de que sean permitidas las llamadas personalizadas en el lugar de trabajo
del deudor.
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a las líneas telefónicas a las cuales se pueden realizar
telecomunicaciones automatizadas con fines de cobro de deudas, el Consejo Directivo ha
decidido acoger con modificaciones las sugerencias planteadas, en virtud de las múltiples
denuncias realizadas por usuarios propietarios de negocios, basadas en la recepción de
llamadas automatizadas para cobro a empleados o en ocasiones a ex empleados, indicando la
congestión de sus centrales telefónicas y a su vez, la perturbación del desempeño laboral de
sus establecimientos, por lo que en la parte dispositiva de la presente resolución se realizarán
las modificaciones correspondientes, para permitir la realización de llamadas personalizadas
para fines de cobro, en líneas comerciales o correspondientes a los lugares laborales del
deudor, siempre que sean realizadas de manera directa por un recurso humano, es decir
llamada de persona a persona;
CONSIDERANDO: Que en relación con lo propuesto por la oficina G M CONSULTORES
LEGALES en cuanto a que los deudores puedan ser localizados en las líneas telefónicas
informadas por los mismos a la hora de solicitar productos y servicios a las instituciones, así
como también que puedan ser utilizadas las líneas telefónicas que se encuentren asociadas
con el deudor en los centros de información crediticia, el Consejo Directivo del INDOTEL no
acogerá dicha propuesta, en virtud de que, a juicio de este, resultaría violatoria al derecho a la
privacidad y contribuiría a entorpecer la tranquilidad de personas ajenas a la deuda que se
trate;
CONSIDERANDO: Que en relación con el artículo 4 sobre el suministro de información, la
prestadora de servicio de telecomunicaciones ORANGE, expresó lo siguiente:
“Respecto a la obligación contenida en este artículo, Orange Dominicana no
presenta ningún inconveniente para dar cumplimiento al suministro de toda la
información, en el caso de contacto directo del oficial de cobros con el cliente, la
cual siempre se hace acompañada de SMS, y de mensajes automatizados
programados.
8
Sin embargo, en cuanto al mensaje automatizado VRS Call, tendríamos que
modificarlo para agregar los datos que actualmente no contiene: nombre del cliente
y nombre de la persona que maneja el cobro en cuestión. La aplicación debería
tener la capacidad de leer la información y transformarla en voz. Actualmente
sólo se reproduce un mensaje fijo estándar sin la personalización requerida en la
presente norma.
Los técnicos han hecho un análisis y lograr lo anterior conllevaría una inversión en
dinero para el reemplazo total de la plataforma, la contratación del suplidor que
haría dicho trabajo, tiempo y entrenamiento del personal”.
CONSIDERANDO: Que sobre el ismo artículo 4, la CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD), expuso el siguiente comentario:
“Para el caso de la telefonía fija o celular es mucho más fácil tener el nombre del
titular del servicio, pero en el caso del servicio de agua, el cliente no apertura un
nuevo contrato al momento de habitar una vivienda, ya que se encuentra con el
servicio en ella, por lo tanto el nombre de la persona que es responsable de pagar
el servicio, puede no coincidir con el nombre de la persona que identifica el
contrato que está en la institución, sobre todo en este tipo de servicio, la deuda
queda en el inmueble y no a cargo de la persona a quien se le emite la factura de
cobro.”
CONSIDERANDO: Que este Consejo Directivo, luego de ponderar los comentarios que
venimos de citar, entiende que no procede acoger los mismos, en virtud de que lo contemplado
en la versión de la norma sometida al proceso de consulta pública favorece al procedimiento de
cobro, ya que al suministrar tales informaciones, el contacto entre el usuario y la entidad
encargada de gestionar el cobro se tornaría más eficaz, claro y rápido, al tiempo que ante
cualquier inconveniente, el usuario dispondrá de información suficiente y oportuna para iniciar
la investigación que se entienda de lugar;
CONSIDERANDO: Que finalmente, con respecto al artículo 5 sobre la obligación de
verificación, las entidades Servicobros, Asociación de Bancos Comerciales de la
República Dominicana (ABA), Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y
Corporaciones de Créditos (ABACORD), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (CAASD), G M Consultores Legales y ORANGE, realizaron los siguientes
comentarios:
o Servicobros: “En principio, se debe confiar en los teléfonos suministrados por los
propios deudores o clientes, pues en caso de algún cambio, estos están en la
obligación de notificar dicha información.
Es importante señalar que los créditos otorgados por las instituciones financieras
se manejan de forma masiva, y el uso de la tecnología ha permitido que las
personas puedan acceder a un crédito rápido y fácil, por lo que no puede ser visto
como algo negativo el uso de esa misma tecnología para las llamadas
automáticas”.
o Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y
Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Créditos
(ABACORD): “sobre este artículo, es importante señalar que al momento de la
9
programación de llamadas automatizadas para el cobro de deudas, los datos
utilizados son precisamente los provistos por el mismo deudor al momento de
contratar el producto en cuestión, quien además tiene la obligación contractual de
mantener informada a la entidad acreedora de cualquier cambio en dicha
información.
Aunque las entidades de intermediación financiera regularmente realizan
operativos para la actualización de los datos de sus clientes, resulta irrazonable
establecer por cuenta de estas la obligación de verificar previamente al inicio del
proceso de cobro los datos provistos por el cliente, ya que reiteramos que es éste
último quien tiene la obligación contractual de actualizar sus datos cuando ocurra
algún cambio. Más aun, sería injusto atribuirle una falta a un acreedor que
programe llamadas a un número de teléfono que fue dado por el deudor bajo fe de
juramento como su número de contacto.
En cuanto a la falta leve el INDOTEL debe establecer un procedimiento sobre las
mismas, ya que la Resolución debe especificar cuando aplica una falta leve.
Entendemos que este punto no debe quedar suelto y se debe establecer un
procedimiento y plazos de corrección, y a falta de cumplimiento de estos plazos se
aplique dicha sanción.
La empresa o entidad que efectúe cobro a través de llamadas vía el servicio
automatizado identificado como "turbo cobro", antes de programar las
telecomunicaciones, deberá realizar las verificaciones necesarias para confirmar
que la línea telefónica en la cual se programaran las telecomunicaciones vía el
"turbo cobro", se corresponde a la declarada por el deudor como la que se
encuentra habilitada en su residencia. En el caso de líneas móviles, se deberá
confirmar que las mismas son las que el deudor ha declarado que utiliza.
PARRAFO: Las empresas o entidades que efectúen el cobro deberán habilitar los
mecanismos necesarios para que los deudores puedan actualizar los datos sobre
sus números telefónicos de contacto, así como para tramitar las solicitudes de
desprogramación de llamadas cuando se constate que estas se están realizando
a líneas telefónicas que no corresponden al deudor o destinatario.”
o Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD): “Es
importante mencionar que los números telefónicos que son utilizados para las
llamadas referidas como “TURBO COBRO”, son los números entregados por los
usuarios del servicio. Bajo este esquema, AAA Dominicana, se asegura que el
teléfono incluido dentro de las llamadas automáticas, son claramente del usuario
al cual se le está realizando la gestión”.
o G M Consultores Legales: “es importante señalar en este punto, que la empresa
o entidad ha utilizado para estos fines los datos que han sido suministrados por
los mismos clientes, por lo que en caso de que se realice alguna modificación,
éstos deben notificarlo a la entidad acreedora; igualmente dicha entidad deberá
crear instrumentos o vías mediante las cuales los clientes pueden actualizar sus
datos periódicamente.
o Orange Dominicana: “Con relación a este tema proponemos que el último
párrafo sea eliminado, en razón de que el deudor frente a una prestadora de
10
servicios de telecomunicaciones móviles, por concepto de un servicio brindado y
no pagado, debe presumirse siempre que es aquella persona quien ha firmado el
contrato de servicios, y en consecuencia ha quedado obligada al pago del mismo,
ya que para la cesión de derechos a un tercero, debe existir una aprobación
previa por parte de la prestadora para dicho cambio de titular.
Los mensajes VRS Call y los turbo cobros, sólo se programan a los números de
líneas móviles que se encuentran a nombre del deudor, lo cual no implica
necesariamente que sea él mismo quien las utilice, sin embargo es la persona
legalmente responsable frente a la prestadora.”
CONSIDERANDO: Que de colocarse el denominado “turbo cobro” sin previa verificación y de
haberse efectuado un cambio de usuario de la línea que se trate, se estaría afectando a
terceros respecto a la deuda, en vista de que números de teléfonos declarados por usuarios al
momento de presentar una solicitud de crédito, al cabo del tiempo pudiesen pertenecer a otros,
como resultado de diversas razones tales como cambio de domicilio, pérdida de la línea por
falta de pago o cualquier otra causa, cancelación voluntaria del servicio, traspaso de línea,
entre otras; que, en tal virtud, este Consejo Directivo ha ponderado la pertinencia de que se
mantenga en la versión final de la norma, lo establecido al respecto en el proceso de consulta
pública de que se trata;
CONSIDERANDO: Que, visto todo lo anterior, la presente resolución se adopta luego de agotar
los procedimientos establecidos en los artículos 92 y 93 de la Ley No. 153-98, que garantizan a
los posibles interesados el derecho al debido proceso previo a la aprobación definitiva de los
reglamentos de alcance general, esto es, formar parte activa en el proceso preparatorio de los
reglamentos mediante el conocimiento público y transparente de la propuesta elaborada por el
órgano regulador, el depósito de comentarios, observaciones y sugerencias;
CONSIDERANDO: Que concluido el proceso de consulta pública de la presente norma de
alcance general y ponderados los comentarios recibidos de las partes mencionadas en esta
resolución, procede que este Consejo Directivo dicte su versión definitiva, dejando constancia,
como se verifica en el cuerpo de esta decisión, de los comentarios recibidos y sus respuestas;
VISTA: La Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, promulgada el 27 de mayo de
1998, Gaceta Oficial No. 9983;
VISTA: La Resolución No. 114-08, del diez (10) de junio del año dos mil ocho (2008), que
dispone el inicio del proceso de consulta pública para modificar la Resolución No. 104-02 y
establecer nuevos controles en torno al uso de las telecomunicaciones para fines de cobro de
deudas;
VISTA: La publicación de la Resolución No. 114-08, realizada en el periódico “El Caribe”, en su
edición de fecha 17 de julio de 2008;
VISTOS: Los escritos presentados por las entidades COLECTORES LEGALES,
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE AHORRO Y CRÉDITO Y CORPORACIONES DE CRÉDITO,
INC., (ABANCOR), COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A., ASOCIACIÓN
DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ABA), SERVICOBROS,
ORANGE DOMINICANA, S.A., AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL,
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)
11
y G M CONSULTORES LEGALES, con ocasión del proceso de consulta pública dispuesto por
la Resolución No. 114-08;
VISTA: La publicación realizada en el periódico “Hoy” en su edición del veintisiete (27) de
noviembre del 2008, sobre la convocatoria a asistir a la audiencia pública;
OIDAS: Las exposiciones realizadas por los representantes de SERVICOBROS, ORANGE
DOMINICANA, S.A. y COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A., durante la
audiencia pública celebrada por el Consejo Directivo del INDOTEL, el día tres (3) de diciembre
del año dos mil ocho (2008), como mecanismo de consulta alternativo para permitir a los
interesados exponer ante el indicado Consejo Directivo sus comentarios relacionados con la
propuesta de la “NORMA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES PARA FINES DE COBRO DE DEUDAS”;
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (INDOTEL), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:
PRIMERO: ACOGER, parcialmente, los comentarios presentados por las
entidades y empresas concesionarias de servicios públicos de
telecomunicaciones COLECTORES LEGALES, ASOCIACIÓN DE BANCOS
DE AHORRO Y CRÉDITO Y CORPORACIONES DE CRÉDITO, INC.,
(ABANCOR), COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A.,
ASOCIACIÓN DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (ABA), SERVICOBROS, ORANGE DOMINICANA, S.A.,
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, CORPORACIÓN DEL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) y G M
CONSULTORES LEGALES, conforme a lo que ha sido indicado en el texto de
esta resolución, con ocasión del proceso de consulta pública iniciado por la
Resolución No. 114-08 de este Consejo Directivo, para modificar la Resolución
No. 104-02; DISPONIENDO la integración de todos los cambios señalados en el
cuerpo de la presente resolución en la versión definitiva de la nueva “NORMA
PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA
FINES DE COBRO DE DEUDAS”, que se aprueba mediante este documento.
SEGUNDO: MODIFICAR la Resolución No. 104-02 del Consejo Directivo del
INDOTEL, y, en consecuencia, DICTAR la “NORMA PARA EL USO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA FINES DE COBRO DE
DEUDAS”, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
“NORMA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA FINES
DE COBRO DE DEUDAS.
PRIMERO: DEL HORARIO DE REALIZACIÓN Y CANTIDAD DE TELECOMUNICACIONES
PERMITIDAS CON FINES DE COBRO DE DEUDA.
Se considerará como uso inadecuado de un servicio de telecomunicaciones, conforme a las
disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, la realización y/o programación de
telecomunicaciones para fines de cobro de deudas en intervalos de tiempo entre una y otra
telecomunicación menor a los treinta (30) minutos; así como la realización y/o programación de más de
cinco (5) telecomunicaciones por día, que perturben la paz de los receptores; en particular aquellas
12
telecomunicaciones que se realicen, en el periodo de tiempo comprendido entre las ocho de la noche
(8:00 p. m.) y las siete horas de la mañana (7:00 a. m.) del día siguiente.
Párrafo: La cantidad de telecomunicaciones automatizadas permitidas por día, se calculará por deudor
o destinatario, y por tipo de deuda que este mantenga con la entidad determinada, no así por medio
utilizado, de forma que, sin importar el servicio de telecomunicación por el cual se haya realizado el
contacto para el cobro de deuda, el destinatario no podrá recibir más de cinco (5) telecomunicaciones o
mensajes por día por tipo de deuda, con la finalidad de hacer un uso adecuado de las
telecomunicaciones y preservar la tranquilidad de los receptores.
SEGUNDO: DE LOS DIAS PERMITIDOS PARA REALIZAR TELECOMUNICACIONES CON FINES DE
COBRO DE DEUDA.
Sólo puedan realizarse telecomunicaciones automatizadas para fines de cobro de deuda, durante los
días de lunes a sábados, exceptuando los días festivos o no laborables.
Párrafo: Los sábados las llamadas automatizadas sólo podrán realizarse durante el horario comprendido
entre las nueve de la mañana (9:00 a.m.) y la una de la tarde (1:00 p. m.).
TERCERO: LÍNEAS TELEFÓNICAS A LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR
TELECOMUNICACIONES CON FINES DE COBROS DE DEUDAS.
La programación de telecomunicaciones a través del sistema automático identificado como turbo cobro o
llamadas automatizadas, sólo podrán ser efectuadas a líneas telefónicas residenciales o personales, más
no así a líneas comerciales o correspondientes a los lugares laborales del deudor. Sin embargo se
permitirá la realización de llamadas personalizadas, para fines de cobro en líneas comerciales o
correspondientes a los lugares laborales del deudor, siempre que sean realizadas de manera directa por
un recurso humano, es decir llamada de persona a persona.
Párrafo: Sólo podrá realizarse la programación de telecomunicaciones a través del sistema
automatizado como turbo cobro a líneas comerciales, cuando el deudor sea específicamente el titular de
la línea telefónica.
CUARTO: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.
La entidad que utilice los servicios de telecomunicaciones como instrumento para perseguir el pago de
deuda, deberá en todos los casos, informar al destinatario del mensaje, el nombre completo del deudor,
la finalidad de la telecomunicación, el concepto de la deuda, así como el nombre comercial y los
números telefónicos de la entidad acreedora.
Párrafo: En caso de que el proceso de recuperación de los valores adeudados sea manejado por una
entidad externa a la acreedora, el mensaje de cobro deberá especificar, en adición a lo expuesto en el
párrafo anterior, tanto el nombre de la oficina o empresa que realiza el mismo y sus números telefónicos
de contactos, como el nombre comercial y los números telefónicos de la empresa en representación de
la cual actúa.
QUINTO: OBLIGACION DE VERIFICACIÓN.
Antes de programar el servicio de cobro automatizado identificado como “turbo cobro”, se deberán
realizar las verificaciones necesarias para confirmar que la línea telefónica hacia la cual se programarán
las telecomunicaciones, se encuentra habilitada en el domicilio del deudor o destinatario. En el caso de
líneas telefónicas móviles, se deberá confirmar que las mismas son utilizadas por el deudor o
destinatario.
PARRAFO. Para tales fines se deberá producir una telecomunicación persona-persona en la línea
telefónica que se trate, con la finalidad de confirmar que efectivamente la misma continúa siendo un
13
medio de contacto con el deudor. De dicha gestión deberá quedar constancia, como mínimo, de los
siguientes datos: nombre y apellido de la persona con quien se efectuara la verificación ordenada en el
presente mandato, fecha y hora de la verificación, número de teléfono contactado y número de teléfono
desde la cual se originó la telecomunicación. Sólo después de constatar que un número telefónico
corresponde al domicilio o es de uso del deudor, se podrá dar curso a la programación de cobro
mediante el sistema Turbo Cobro o telecomunicaciones automatizadas.
SEXTO. SANCIONES:
El uso inadecuado de los servicios de telecomunicaciones al que se refiere la presente norma, se
reputará una falta leve, de acuerdo a las disposiciones del artículo 107, literal b), de la Ley General de
Telecomunicaciones, No. 153-98, sancionable por el INDOTEL de acuerdo a lo dispuesto en la citada
Ley para este tipo de faltas.
SEPTIMO: DEROGACIONES.
La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No. 104-02, aprobada por el Consejo Directivo del
INDOTEL, CON fecha doce (12) de mes de diciembre del año dos mil dos (2002), y deja sin efecto
cualquier otra disposición o medida que le sea contraria.
OCTAVO: ENTRADA EN VIGENCIA.
La presente norma entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de su
publicación en un periódico de circulación nacional.
TERCERO: ORDENAR la publicación de esta resolución, contentiva de la
“NORMA PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES PARA FINES DE COBRO DE DEUDAS”, en un
periódico de amplia circulación nacional y en la página informativa que mantiene
esta institución en la Internet.
Así ha sido aprobada, adoptada y firmada la presente resolución a unanimidad de votos por el
Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
hoy día cinco (5) del mes de febrero del año dos mil nueve (2009).
Firmados:
Dr. José Rafael Vargas
Secretario de Estado
Presidente del Consejo Directivo
José Alfredo Rizek V.
En representación del Secretario de Estado
de Economía, Planificación y Desarrollo,
Miembro ex oficio del Consejo Directivo
Leonel Melo Guerrero
Miembro del Consejo Directivo
…/Continuación de Firmas al Dorso/…
14
David A. Pérez Taveras
Miembro del Consejo Directivo
Juan Antonio Delgado
Miembro del Consejo Directivo
Joelle Exarhakos Casasnovas
Directora Ejecutiva
Secretaria del Consejo Directivo

Impugnan Ley Sociedades ComercialesLos accionantes afirman la ley viola la libertad de empresa, formando oligopolios

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Publicado por Diario Libre
02 Abril 2009

Impugnan Ley Sociedades ComercialesLos accionantes afirman la ley viola la libertad de empresa, formando oligopolios

SD. La Suprema Corte de Justicia fue apoderada de una solicitud de nulidad de cinco artículos de la Ley 479-08 de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Los abogados Manuel Antonio Nolasco Benzo, Jottin Cury hijo, Ramón Hernández, Julio Ulises De Beras De la Cruz, y Manuel A. Nolasco G. incoaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de los artículos 160, 515, 521, 523 y su párrafo I.

Entre los elementos objetados figuran lo concerniente a la libertad de empresa, toda vez que obliga a las compañías existentes a tener que aumentar su capital autorizado a la suma RD$30 millones, exigencia que haría desaparecer sociedades que se crearon hace más de 50 años.

Advierten que la imposición de la ley a las sociedades legalmente constituidas antes de su entrada en vigencia va a producir un caos económico, y una anarquía perturbadora al pequeño, mediano y el gran comercio, "toda vez que cambiaría la ley vigente con la que se conformaron, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos".

De Federico Méndez / Redactor Senior

miércoles, 1 de abril de 2009

Norma General No. 05-2009

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República Dominicana
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch”
Norma General No. 05-2009

CONSIDERANDO: Que la reciente promulgación de la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada hace necesaria la adaptación del Registro Nacional de Contribuyentes a sus disposiciones, a los fines de regular, desde el punto de vista fiscal, el proceso de adecuación y transformación de las sociedades comerciales existentes.
CONSIDERANDO: Que, para mayor claridad en la interpretación del impacto fiscal que generen las disposiciones societarias de la nueva ley es útil explicitar en una norma, aquellos principios que la Administración Tributaria estaría aplicando a las mismas.
CONSIDERANDO: Que, asimismo, es preciso definir la situación legal de aquellas sociedades constituidas, que luego de registradas por esta Dirección General de Impuestos Internos (en lo adelante “DGII”) y de habérseles otorgado un número de Registro Nacional de Contribuyentes, no cumplan con los deberes formales establecidos por el Código Tributario.
CONSIDERANDO: Que, de la misma manera, es necesario definir el tratamiento fiscal que en lo adelante se otorgará a los Negocios de Unico Dueño reconocidos por el Código Tributario, de manera que pueda darse cumplimiento a las disposiciones del Código Tributario, en estricto respeto al principio constitucional de la No Discriminación o, lo que es lo mismo, a fin de evitar un tratamiento desigual a situaciones equivalentes.
CONSIDERANDO: Que en aplicación del Principio de Equidad Tributaria, todos los sujetos de impuestos que se encuentren en condiciones iguales o parecidas a efectos tributarios, deben recibir el mismo trato impositivo en lo que se refiere al pago de impuestos.
CONSIDERANDO: Que la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada reconoce las Sociedades de Responsabilidad Limitada como entidades comerciales y no establece distinción con las demás entidades consideradas comerciales en cuanto a los derechos y obligaciones a que están sujetas.
CONSIDERANDO: Que las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada son reconocidas por la Ley 479-08 como entes comerciales con personalidad jurídica y características propias, por lo que el tratamiento tributario a ser otorgado debe responder a las particularidades de una persona moral.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 35 del Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a dictar las Normas que considere necesarias para cumplir con su función recaudadora y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
CONSIDERANDO: Que el literal i) del Artículo 44 del Código Tributario, otorga a la Administración Tributaria la facultad de requerir informaciones a los contribuyentes.
CONSIDERANDO: Que es necesario crear medidas que promuevan en el contribuyente el cumplimiento íntegro y transparente de sus obligaciones tributarias.
CONSIDERANDO: Que el Código Tributario dispone en el Artículo 50, los deberes formarles que deben ser cumplidos por los contribuyentes, lo cual garantiza el cumplimiento de sus obligaciones.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 50 del Código Tributario en sus literales “c” y “f”, se establece la obligación de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, así como la presentación periódica de las declaraciones correspondientes para la determinación de los tributos.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 11 del Código Tributario enumera las personas físicas y morales que son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes.
VISTA: La Ley 1041, del 21 de noviembre de 1935, de reformas al Código de Comercio, y disposiciones relativas a la formación de compañías por acciones y sus modificaciones.
VISTA: La Ley 11-92 del 16 de mayo del 1992 y sus modificaciones sobre el Código Tributario Dominicano.
VISTA: La Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil, de fecha 18 de enero del 2002.
VISTA: La Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 de diciembre del 2008.
VISTO: El Reglamento No. 139-98 de aplicación del Impuesto Sobre la Renta.
VISTO: El Reglamento No. 758-08 sobre procedimientos simplificados de tributación para la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
VISTA: La Norma General 1-99 sobre sociedades Constituidas e Inactivas, de fecha 8 de marzo de 1999.
VISTA: La Norma General No. 03-02 sobre Registro de Sociedades y otros Deberes Formales, de fecha 27 de agosto del 2002.
VISTA: La Norma General sobre Registro Nacional de Contribuyentes No. 01-05, de fecha 17 de enero del 2005.
VISTA: La Norma General 04-06 sobre Activos, de fecha 4 de julio del 2006.
VISTO: El Instructivo del Proceso de Adecuación y Transformación de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 emitido por la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción , INC (FEDOCAMARAS).
LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 32, 34 y 35 del Código Tributario de la República Dominicana, dicta la siguiente:
NORMA GENERAL SOBRE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES E IMPLEMENTACION DE LA LEY DE SOCIEDADES
SECCION I
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la presente Norma General, los términos que a continuación se indican tienen el siguiente significado:
a)
Adecuación: Es el proceso mediante el cual las sociedades anónimas actualmente constituidas se ajustan a las disposiciones de la Ley No. 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (en lo adelante “Ley de Sociedades”).
b)
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL): Es la entidad comercial que pertenece a una persona física, dotada de personalidad jurídica propia, con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones.
c)
Fecha de Inicio de Operaciones: Es la fecha a partir de la cual el contribuyente declara a la DGII que comenzará sus operaciones generadoras de obligaciones o responsabilidades fiscales y en consecuencia, a partir de la cual deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Código Tributario. Dicha fecha nunca podrá exceder de 60 días contados desde la fecha de solicitud del mismo.
d)
Operaciones Generadoras de Obligaciones o Responsabilidades Fiscales: Son las actividades u operaciones, ya sean de naturaleza civil o comercial, realizadas por los contribuyentes, que tienen un impacto fiscal. A título de ejemplo se enuncian:
i.
Compra y venta de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles;
ii.
Importación o exportación de bienes, directamente o a través de terceros;
iii.
Transacciones en entidades bancarias o financieras, del país o del exterior;
iv.
Prestación o adquisición de servicios, alquileres o arrendamientos, sujetos o no al pago del ITBIS;
v.
Contratación de personal para el desempeño de cualquier actividad de la sociedad o entidad;
vi.
Realización de contratos de los cuales deriven derechos u obligaciones;
vii.
Obtención de rentas de cualquier naturaleza u origen;
viii.
Representación de terceros nacionales o extranjeros, que realicen cualquiera de las actividades descritas;
ix.
Inversiones en otras empresas generadoras de renta de fuente dominicana;
x.
Cualquier otra actividad de lícito comercio o servicio.
e)
Registro Nacional de Contribuyentes: Es el número otorgado por la DGII, que sirve como código de identificación de los contribuyentes en sus actividades fiscales y como control de la Administración para dar seguimiento al cumplimiento de los deberes y derechos de éstos.
f)
Sociedades Extranjeras: Son las sociedades incorporadas de acuerdo a las leyes de una jurisdicción distinta a la República Dominicana.
g)
Sociedades Accidentales o en Participación: Es el contrato convenido de manera verbal o escrita entre dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes, quienes toman el interés en una o más operaciones comerciales determinadas y transitorias, sin estar las mismas sujetas a requisitos de forma ni matriculación de conformidad a la Ley de Sociedades. Para todos los efectos de esta norma se entenderán Sociedades Accidentales o en Participación las Sociedades de Hecho y Participación reconocidas por el Código Tributario, sus Reglamentos y Normas Generales.
h)
Personas Físicas: Son las personas naturales nacionales o extranjeras que realizan actividades comerciales de manera personal como negocios de único dueño.
i)
Personas Jurídicas: Son las sociedades y las entidades que se constituyan, se adecuen o se transformen de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Sociedades. Las sociedades pueden ser: (i) Sociedades Anónimas de Suscripción Privada o Pública (S.A.); (ii) Sociedades en Nombre Colectivo (S. en C); (iii) Sociedades en Comandita Simple; (iv) Sociedades en Comandita por Acciones; (v) Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y (vi) Entidades Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). Asimismo, las asociaciones sin fines de lucro reguladas de acuerdo a la Ley No. 122-05 sobre la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en República Dominicana, así como las enunciadas por el Código Tributario para el tratamiento de personas jurídicas.
j)
Tarjeta de Identificación Tributaria: Es el documento de identificación de la sociedad que contiene los datos relativos a la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes y, mediante la cual, se asigna el número de RNC al contribuyente.
k)
Transformación: Es el procedimiento mediante el cual una sociedad comercial regularmente constituida decide adoptar otro tipo social en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Sociedades.
Artículo 2. Principios Generales aplicables:
a)
Todas las sociedades y entidades comerciales reconocidas en el Artículo 3 de la Ley de Sociedades se reputan personas morales y, por tanto, sujetas a las disposiciones que para ellas establece el Código Tributario, leyes especiales, reglamentos y normas generales.
b)
Las partes sociales de las sociedades reconocidas por la Ley de Sociedades, como son: los intereses en las Sociedades en Nombre Colectivo y las Sociedades en Comandita Simple y las cuotas sociales en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como las obligaciones representadas por títulos en las Sociedades Anónimas de suscripción pública, tienen el mismo tratamiento fiscal que las acciones definidas por la misma Ley para las Sociedades Anónimas y las Sociedades en Comanditas por Acciones.
c)
Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada no son sociedades comerciales. El patrimonio individualizado en ellas tendrá su propio tratamiento fiscal, distinto de la persona física que la integra. La EIRL no estará sujeta, en su constitución, al pago del impuesto al capital que prevé la Ley No.1041, del 21 de noviembre de 1935 y recibe el tratamiento de una persona moral comercial en todo lo relativo a la aplicación y pago de las disposiciones del Código Tributario, sus reglamentos y normas.
d)
Los procesos de Adecuación y Transformación no crean una nueva persona jurídica. Tampoco se reputan estos procesos como una reorganización de sociedades a la luz de lo dispuesto en el Artículo 323 del Código Tributario, toda vez que dichos procesos sólo son reputables a título individual a la persona moral involucrada en el mismo.
e)
Los hechos generadores de los impuestos vigentes continúan siendo los mismos.
f)
Las exenciones relacionadas con la emisión y registro de documentos por parte de Notarios, en los casos en que ellas procedan, de conformidad con lo expuesto en la Ley de Sociedades, no alcanzan en caso alguno los impuestos aplicables como resultado de la transacción contenida en el documento.
SECCION II
REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES
Artículo 3. Obligación de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). Las Personas Físicas y Jurídicas, Sociedades Extranjeras, Empresas Individuales, Sociedades Accidentales o en Participación y las sucesiones indivisas que realicen operaciones generadoras de obligaciones o responsabilidades fiscales en el territorio dominicano, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes (en lo adelante “RNC”) para poder dar inicio a sus operaciones comerciales.
Párrafo I. El número de RNC deberá hacerse constar de manera visible y claramente identificable, en todos los documentos con membrete expedidos por los contribuyentes, comprobantes fiscales, órdenes de compra, pedidos o facturas que emitan los obligados a obtener el RNC.
Párrafo II. La DGII podrá inscribir de oficio en el RNC a todas aquellas sociedades extranjeras que su única operación generadora de obligaciones o responsabilidades tributarias en territorio dominicano sea la inversión en otras empresas generadoras de renta de fuente dominicana.
Artículo 4. Información requerida para el Registro Nacional de Contribuyentes. Las Personas Físicas y Jurídicas, Sociedades Extranjeras, Empresas Individuales, Sociedades Accidentales o en Participación y las sucesiones indivisas contribuyentes, al momento de solicitar la inscripción en el RNC, deberán completar en la DGII, los formularios que a título de declaración jurada se establezcan para estos fines.
Párrafo I: La DGII podrá, cuando lo considere pertinente, solicitar documentación fehaciente que permita comprobar que se han cumplido las formalidades de la Ley 479-08.
Párrafo II. Al momento de solicitar la inscripción en el RNC, el contribuyente deberá declarar de manera expresa la Fecha de Inicio de Operaciones. En caso de que en la solicitud no se especifique dicha fecha, la DGII asumirá como Fecha de Inicio de Operaciones el día de la solicitud de inscripción al RNC.
Artículo 5. Actualizaciones y Modificaciones al Registro Nacional de Contribuyentes. Toda actualización o modificación que se verificare, relacionada con las informaciones aportadas en el registro del RNC, deberá ser notificado a la DGII por medio de la declaración jurada habilitada para las actualizaciones o modificaciones del RNC, en los plazos consignados para el cumplimiento de los deberes formales en el Artículo 50 del Código Tributario.
Párrafo I. La DGII podrá requerir, por la vía y a través de los formularios habilitados para ello, cualquier otra información que considere pertinente.
Párrafo II. Cuando se solicite el cambio en la fecha correspondiente al cierre del ejercicio fiscal y sea debidamente autorizada, la DGII podrá requerir al contribuyente que continúe realizando los pagos de los anticipos del Impuesto Sobre la Renta del próximo ejercicio fiscal conforme lo establece el artículo 314 del Código Tributario, a los fines de regularizar la declaración del Impuesto Sobre la Renta con la nueva fecha de cierre del ejercicio fiscal.
Artículo 6. Inicio de Actividades. Se considerará que una Persona Física o Jurídica, Sociedad Extranjera, Sociedades Accidentales o en Participación o Empresa Individual ha iniciado sus Operaciones Generadoras de obligaciones o Responsabilidades Fiscales y en consecuencia, está obligada al cumplimiento de sus obligaciones y deberes fiscales, en la Fecha de Inicio de Operaciones, tal y como la misma es definida por la presente Norma.
Artículo 7. Inactivación del RNC. Las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras, Sociedades Accidentales o Empresas Individuales no declarantes de ningún impuesto durante tres (3) ejercicios fiscales consecutivos, se considerarán sin operaciones, procediendo esta Dirección General a inactivar de oficio su RNC, y por lo tanto quedará inhabilitado su uso para cualquier fin. Estas entidades jurídicas podrán evitar la inactivación de su RNC si previamente han
cumplido con las formalidades de cesación o con la realización de una operación registrada en la DGII con su RNC.
Párrafo I: Para habilitar el RNC inactivado, el contribuyente deberá pagar las sanciones o multas que se apliquen al efecto de conformidad a las disposiciones del Artículo 257 del Código Tributario.
Párrafo II. En el caso de aquellos contribuyentes autorizados a cesar temporalmente, si transcurriese el término tres (3) años contados a partir de la autorización de la cesación se procederá de igual forma a inhabilitar el uso de su RNC para cualquier fin.
Párrafo III. A partir de la fecha de publicación de la presente Norma General, las sociedades autorizadas por la DGII a cesar temporalmente en sus operaciones y que tengan más de tres (3) años en este estado, tendrán un plazo de noventa (90) días para regularizar su estatus, reiniciando sus operaciones o bien formalizando su cesación definitiva, sin penalidad alguna. En caso de que dichas entidades jurídicas no regularicen su situación en el plazo anteriormente señalado, se procederá a la inhabilitación de su RNC.
Artículo 8. Obligaciones de los Registrados. Todos los contribuyentes inscritos en el RNC están obligados a declarar todas sus actividades generadoras de renta de fuente dominicana, así como las provenientes de inversiones y ganancias de fuente extranjera a partir de la Fecha de Inicio de Operaciones, en los términos establecidos por el Código Tributario, los reglamentos y las normas aplicables a cada caso.
SECCION III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY DE SOCIEDADES
Adecuación a la Ley de Sociedades
Artículo 9. Procedimiento de Adecuación. Las Personas Jurídicas que requieran adecuarse a las disposiciones de la Ley de Sociedades, deberán completar en la DGII el formulario habilitado para los fines de Registro y Actualización de Datos Sociedades.
Párrafo I. La DGII podrá requerir, por la vía y a través de los formularios habilitados para ello, cualquier otra información que considere pertinente.
Párrafo II. La DGII no cambiará el número de RNC por la adecuación de una Persona Jurídica.
Artículo 10. Del Aumento de Capital. Las Personas Jurídicas que procedan a adecuarse y requieran aumentar su capital social autorizado única y exclusivamente al establecido en la Ley de Sociedades, gozarán de un plazo de cuatro (4) meses contados a partir del 1 de abril del presente año 2009, para efectuar dicho aumento sin necesidad de pagar impuesto por aumento de capital social autorizado.
Párrafo. El beneficio antes mencionado será de aplicación exclusiva a las Personas Jurídicas, cuyo aumento de capital resulte necesario en razón del procedimiento de adecuación. Las sociedades comerciales, cuya Adecuación se verifique luego de vencido el plazo señalado, o las que aumenten su capital social por motivos distintos al proceso de Adecuación, deberán cumplir
con sus obligaciones de pago de los impuestos correspondientes por concepto de aumento de capital social autorizado.
Del Procedimiento de Transformación
Artículo 11. Procedimiento de Transformación. La DGII reconocerá, a los fines fiscales, toda transformación que haga una Persona Jurídica regularmente constituida, cuyo RNC se encuentre vigente, siempre que se trate de uno de los tipos sociales establecidos en la Ley de Sociedades. Con ese objetivo, las Personas Jurídicas deberán completar el Formulario de Declaración Jurada para el Registro y Actualización de Datos de Sociedades, anexando los documentos societarios que sustentan la transformación al otro tipo de sociedad.
Párrafo I. La DGII no cambiará el número de RNC por la transformación de una sociedad a otra de las figuras establecidas en la Ley de Sociedades.
Párrafo II. Las Personas Físicas registradas en el RNC como negocios de único dueño podrán incorporarse como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En este caso, la DGII asignará un RNC como Persona Moral susceptible de derechos y obligaciones.
Artículo 12. Del Aumento de Capital. Las Personas Jurídicas o Físicas que procedan a transformarse a otro tipo societario y requieran necesariamente realizar un aumento de capital para transformarse, gozarán de un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades para realizar la transformación sin necesidad de pagar impuesto por aumento de capital social autorizado.
Artículo 13. Tratamiento Fiscal. Los resultados o efectos fiscales que pudieran derivarse de la transferencia de acciones en el proceso de transformación de una Sociedad Anónima, existente previo a la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades, a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada no estará alcanzada por el concepto de ganancia de capital ni le será aplicable la retención del 10% sobre transferencia de bienes muebles sujetos a registro consignado en el Decreto 139-98 sobre el Reglamento para la Aplicación del Título II del Código Tributario. Esta disposición estará vigente en el plazo establecido en el artículo precedente.
Disposiciones Relativas a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Artículo 14. Del Patrimonio de las Empresas Individuales. El patrimonio de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada es independiente y separado de la Persona Física titular de dicha empresa. En ese sentido, la Empresa Individual tendrá la obligación de cumplir de manera separada con todas las obligaciones fiscales atinentes a una persona jurídica, incluyendo el pago del impuesto sobre los activos. Este tipo de empresas deberá tener un RNC independiente al de su titular.
Párrafo I: Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, al momento de matricularse deberán indicar los bienes sujetos a registro (inmuebles, vehículos e inversión en otras empresas) que corresponden al patrimonio de la entidad.
Párrafo II: Para obtener el Registro Nacional de Contribuyentes las EIRL deberán completar el formulario correspondiente y anexar los documentos de matriculación en la Cámara de Comercio. Se entenderá, para fines fiscales, que el patrimonio individualizado de la EIRL sólo comprende aquellos bienes registrados como aportes para el establecimiento de la empresa en el acto constitutivo de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 452 de la Ley de Sociedades. Toda modificación a ese patrimonio deberá ser incorporada y registrada en la misma forma que los aportes originales. Una vez registrado el nuevo aporte y expedido el Registro Mercantil que lo acredite, la EIRL introducirá estos cambios en su Formulario de Declaración Jurada para el Registro y Actualización de Datos Sociedades.
Párrafo III: Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada no estarán alcanzadas por el Impuesto de Constitución de Compañías previsto en la Ley 1041 y sus modificaciones.
Párrafo IV: Los aportes en naturaleza a las EIRL tendrán el mismo tratamiento fiscal que aquéllos hechos a las sociedades comerciales.
Párrafo V: Los gastos y/o costos relacionados con bienes muebles o inmuebles que no estén incluidos en los documentos de matriculación de la EIRL, no podrán ser utilizados como deducciones para fines del Impuesto Sobre la renta de dicha Empresa.
Párrafo VI: Los datos de cualquier bien obtenido posteriormente por la EIRL deben ser actualizados en la DGII.
Párrafo VII: Las disposiciones del Reglamento sobre procedimientos simplificados de tributación para la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicarán para las EIRL siempre que cumplan con los requisitos establecidos en dicho Reglamento.
Negocios de Único Dueño
Artículo 15.- Tratamiento Fiscal de Los Negocios de Único Dueño. Los Negocios de Único Dueño que a la fecha de la publicación de la presente Norma General estén registrados en la DGII como tales, podrán realizar los procedimientos correspondientes para acogerse a lo establecido por la Ley de Sociedades, matriculándose como Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada o cualquier otro tipo societario que decidan escoger, sin que ese proceso tenga efecto fiscal alguno.
Párrafo: A partir del año fiscal 2009, a los negocios de único dueño que a la fecha de la publicación de la presente Norma General estén registrados en la DGII como tales, les será otorgado un RNC distinto del que posee como persona natural su propietario, a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias de forma separada.
Sociedades Accidentales o en Participación
Artículo 16.- Obligatoriedad de un RNC. Las Sociedades Accidentales o en Participación tendrán un RNC independiente del de cada una de las Personas Jurídicas o Naturales que la integran. Deberán cumplir de manera separada con todas las obligaciones fiscales establecidas en
el Código Tributario, Reglamentos y Normas Generales atinentes a una persona jurídica, incluyendo el pago del impuesto sobre los activos.
Párrafo: Cuando la relación que da origen a la Sociedades Accidentales o en Participación concluya deberán cumplir con el procedimiento de cesación temporal establecido en la presente Norma General.
De la Cesación de Negocios
Artículo 17. Cesación de Negocios. Se entiende que un contribuyente cesa en sus operaciones de manera temporal, para fines fiscales, cuando decide suspender toda y cada una de sus actividades u operaciones, por un tiempo determinado que nunca podrá ser menor de un (1) año ni mayor a tres (3), considerando actividades u operaciones las indicadas en el literal d) del Artículo 1 de la presente Norma General. El contribuyente deberá comunicar por escrito a la DGII el cese en los plazos indicados en el Artículo 325 del Código Tributario. Para fines fiscales, la DGII entenderá que un contribuyente ha reiniciado sus operaciones y podrá levantar el cese oficiosamente, tan pronto se realice un pago, declaración o se detecten actividades u operaciones comerciales o económicas.
Párrafo I. En el caso de cese temporal de operaciones, deberá presentarse una declaración jurada del Impuesto sobre la Renta, marcada como “Cese”, que abarque el período desde el día posterior a su último ejercicio fiscal declarado hasta la fecha efectiva del cese. El cese temporal de operaciones no suspende la obligación de presentar la declaración jurada de activos, en virtud de las disposiciones del Título V del Código Tributario, modificado por la ley 557-05 y la Norma 4-06 sobre Activos.
Párrafo II. En el caso de cese definitivo de operaciones, deberá presentarse una declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, marcada como “Final”, que abarque el período desde el día posterior a su último ejercicio fiscal declarado hasta la fecha efectiva del cese.
Párrafo III. En el caso de cese definitivo, se requerirá la liquidación de todos los activos que forman parte del patrimonio de la persona jurídica de conformidad con el Artículo 326 del Código Tributario.
Párrafo IV. Para fines de la presentación de la declaración jurada de cese temporal o definitivo el Impuesto Sobre los Activos generado, en virtud de dicha declaración se deberá pagar en una cuota única al momento de la presentación.
Párrafo V. En caso de cesación producto de reorganización de compañías a la luz de las disposiciones del Código Tributario, los valores pagados por concepto de Impuesto Sobre Activos, en la declaración jurada final de una empresa absorbida en un proceso de fusión, podrán ser traspasados como crédito a la empresa absorbente en la declaración jurada del ejercicio fiscal en que tuvo lugar la fusión.
Párrafo VI. En los casos de cesación (temporal o definitivo) de actividades, deberán informar a la DGII los números de comprobantes fiscales (en lo adelante “NFC”) que quedarán sin uso, que comprendan desde el último reporte remitido hasta los NCF utilizados a la fecha de la modificación declarada. Los referidos NCF tendrán el mismo status del RNC, lo que implicará
que los mismos no podrán ser utilizados hasta tanto sea levantado el cese de actividades del contribuyente involucrado.
SECCION V
DISPOSICIONES FINALES Y PENALIDADES
Artículo 18. Deber de Información y Colaboración con la Administración Tributaria. Las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras, Sociedades Accidentales o en Participación y Empresas Individuales a través de sus administradores, directores o gerentes, deberán facilitar el trabajo de la DGII, en la verificación del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades tributarias, por lo que los documentos contables y financieros que sustenten las informaciones provistas en las declaraciones fiscales correspondientes, deberán ser presentados en idioma español de manera oportuna cuando la Administración Tributaria, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 44 del Código Tributario, así lo requiera.
Artículo 19. Responsabilidad Solidaria. Los agentes, accionistas, directores, gerentes o representantes de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y Empresas Individuales deberán presentar todas las informaciones y datos a que se refiere la presente Norma y serán solidariamente responsables del pago de los impuestos que resulten de sus actividades, tal y como dispone el Código Tributario.
Párrafo I. Es deber de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y Empresas Individuales, así como de sus directores, gerentes o administradores, atención a lo previsto en el Párrafo I del Artículo 3 de la presente norma, notificar a la DGII el momento en el cual estos asumen, renuncian o sean destituidos de sus cargos gerenciales, a falta de lo cual se harán solidariamente responsables por los tributos que con anterioridad o posterioridad a ese momento se dejaren de pagar al fisco. Todo lo anterior se verificará sin desmedro de las sanciones correspondientes por incumplimiento a sus deberes formales.
Párrafo II. Resultarán responsables solidariamente los accionistas, directores, gerentes o representantes de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y Empresas Individuales que resulten de una fusión, reorganización o transformación, según aplique, por los tributos debidos por ésta hasta la fecha del acto de reorganización empresarial.
Artículo 20. Incumplimiento y Penalidad. Las obligaciones que la presente Norma General impone a las Sociedades, accionistas, agentes, directores y responsables, constituyen deberes formales que deben ser cumplidos por éstos. Por lo que, al incumplimiento de esas obligaciones se le aplicará la sanción establecida en el Artículo 257 del Código Tributario de la República Dominicana; sin perjuicio de que, cuando el incumplimiento configure cualquier otra infracción tipificada y sancionada por el Código Tributario de la República Dominicana, por leyes tributarias especiales, o por otros reglamentos, se le aplique, además, la sanción consignada en la respectiva disposición legal que resulte aplicable.
Artículo 21. Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de la presente Norma General quedan sin efecto las siguientes Normas: a) Norma General 1-99 sobre sociedades Constituidas e Inactivas, de fecha 8 de marzo de 1999, b) Norma General No. 03-02 sobre Registro de Sociedades y otros Deberes Formales, de fecha 27 de agosto del 2002 y c) Norma General sobre
Registro Nacional de Contribuyentes No. 01-05, de fecha 17 de enero del 2005, así como cualquier disposición contenida en otra Norma General que le sea contraria.
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los Treinta (31) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009).
Juan Hernández Batista
Director General