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Publicado por DIARIO LIBRE
En fecha 04/Marzo/2009
CPP. - Código Procesal Penal
No soy abogada y puedo estar diciendo algo sin mucho sentido. Lo que me preocupa es que los defensores del nuevo Código insisten mucho en el cumplimiento de las cuestiones de forma y pienso que el énfasis debe estar puesto en la justicia, en que las personas reciban la sanción que le corresponde al daño causado. Gladys Vargas.
Señora Vargas, usted está planteando uno de los asuntos de mayor trascendencia. Debo señalarle que no se trata sólo de los defensores del nuevo código sino que es propio de la función de abogado y una de las condiciones en que se administra la justicia en la sociedad contemporánea. Igual énfasis se hacía cuando estaba vigente el derogado Código de Procedimiento Criminal y también en materia civil. La dicotomía entre legalidad y justicia se presenta con una frecuencia mayor de lo que usted imagina. Más allá de lo justo o lo injusto, la culpabilidad o no, es determinante que se observe la legalidad que rige el proceso y los medios de prueba en general. Una situación típica es el caso de la persona acusada, por ejemplo, de un homicidio en base a su propia confesión obtenida bajo tortura de la autoridad. ¿Puede un juez condenar en base a esa prueba obtenida en violación de derechos fundamentales que consagran el respeto de la integridad física de la persona? ¿Debe predominar en este caso lo que se considera "justo" por encima de lo legal? ¿Cómo saber cuándo en una confesión en base a tortura se dice la verdad o el torturado lo que busca es evadir la aplicación de las mismas? Como usted puede ver, es todo esto lo que ha dado pie a la instauración de procedimientos y formas de obtención de las pruebas muchas veces rígidos. En esas garantías se juega la libertad y el respeto de los derechos no solo del acusado sino de toda la sociedad.En las sociedades primitivas la justicia era directamente ejercida por alguien de la tribu que se le reconocía esa autoridad. Las partes se presentaban, cada uno decía lo que correspondía o mostraba las pruebas que pudiera presentar y ahí mismo se decidía el asunto y se ejecutaba la sanción. Como usted entenderá, en la sociedad actual, con el reconocimiento de un conjunto de derechos y libertades como intrínseco al ser humano, aquel sistema no podía sostenerse. La justicia se convierte así en una esfera especializada en el Estado, desempeñada por órganos con competencia precisa y por jueces y un ministerio público de carrera y todo ello conforme a leyes que rigen la materia. Otras sociedades han avanzado en la solución de esta dicotomía, desarrollando al Ministerio Público como un órgano de alta capacidad para la investigación de las infracciones, de tal suerte que pueda aportar al juez pruebas suficientes y legalmente obtenidas para sostener su acusación y obtener la condena. La dicotomía que se plantea puede resolverse permitiendo que las autoridades para garantizar la "seguridad pública" se coloquen por encima de la legalidad (con lo cual nos someten a la inseguridad que de ello se deriva) o por el contrario sometemos a las autoridades, en la investigación y persecución de las infracciones, al respeto de los derechos y garantías consagrados a favor de todo justiciable. En el fondo se trata de una cuestión de civilización o barbarie.Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
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