viernes, 27 de marzo de 2009

Corte Interamericana Derechos Humanos celebrará audiencias en la SCJ

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Corte Interamericana Derechos Humanos celebrará audiencias en la SCJ

La Suprema Corte de Justicia dominicana fue escogida como sede por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la celebración del XXXVIII Período Extraordinario de Sesiones Santo Domingo-República Dominicana, en fecha 30 de marzo al 3 de abril del año en curso. En el marco de éste período extraordinario, se conocerán dos audiencias públicas sobre casos que se encuentran actualmente en la jurisdicción del tribunal interamericano.

En las audiencias, a ventilarse en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia los días 1 y 2 de abril, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, se tratarán los casos Usón Ramírez vs. Venezuela y Anzualdo Castro vs. Perú, el primero se refiere a una demanda por presuntas violaciones a las garantías fundamentales en las que habría incurrido el Estado venezolano contra el general retirado Francisco Usón Ramírez, y el segundo, es otra demanda contra el Estado de Perú por la desaparición forzada el 16 de diciembre de 1993 del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, de 25 años.

Para el martes 31 de marzo, previo al conocimiento de esos dos expedientes, dentro de sus actividades académicas, la CIDH impartirá el seminario “Recepción Nacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Desafíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.

En esta jornada académica intervendrán la magistrada Cecilia Medina Quiroga y el magistrado Diego García-Sayán, presidenta y vicepresidente de la CIDH, respectivamente.

Además, los magistrados Sergio García Ramírez, Manuel E. Ventura Robles, Leonardo A. Franco, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet, también de la Corte Interamericana.

El programa se desarrollará con la cooperación de la Suprema Corte de Justicia dominicana, la Organización de Estados Americanos, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. En esta última tendrá lugar el acto inaugural el lunes 30 marzo con la asistencia del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y en donde el magistrado Jorge A. Subero Isa, presidente del alto tribunal judicial dominicano, pronunciará un discurso y firmará un importante convenio con la CIDH en la sede de la Cancillería.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 25 de Marzo 2009

CPP. - Código Procesal PenalAsesinato Policial

Un hermano nuestro fue muerto a manos de un policía que lo había amenazado en varias oportunidades. En mi familia queremos justicia, pero carecemos de los medios para pagar un abogado, y queremos saber si tenemos el derecho de acompañar y hacer acto de presencia ante los fiscales y jueces que conocen del expediente. Lucas Dionisio Reyes.

Voy a suponer que ustedes como víctima no van a constituirse como querellantes o en actor civil, para lo cual necesariamente necesitan la asistencia de un abogado.

Los deudos más inmediatos de su hermano muerto, como víctima de esta infracción, son considerados por el CPP un sujeto procesal, y por tanto, una parte integrante del proceso penal con derechos propios reconocidos por el Código Procesal Penal.

Como víctima tienen el derecho de reclamar al Ministerio Público que les informe de los resultados del procedimiento en las distintas etapas y medidas que se adopten. El artículo 296 especifica que el Ministerio Público tiene la obligación de notificar "la acusación a la (…) víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del procedimiento".

También la víctima de una infracción que así lo haga saber al Ministerio Público tiene derecho a ser escuchada en las distintas jurisdicciones y momentos del proceso, antes de cada decisión que pudiera implicar la extinción o suspensión de la acción penal.

Esto lo que significa es que la víctima puede comparecer personalmente y hacer constar su parecer sobre lo que puede resultar de una decisión que extinga o suspenda la acción penal.

Uno de los derechos más trascendente reconocidos a la víctima, actuando como tal, es el derecho de poder recurrir todos actos que den por terminado el proceso. Un ejemplo muy frecuente es el auto de no ha lugar. El derecho de apelar esa decisión permite que se pueda conocer en segundo grado bajo qué presupuesto el juez decidió no enviar el caso a la jurisdicción de juicio. El artículo 396 del CPP dispone de modo expreso que "la víctima aunque no se haya constituido en parte puede recurrir las decisiones que pongan fin al proceso". Estos actos y decisiones son los que le ponen fin a la acción penal en una jurisdicción, solo pudiendo continuarse por vía del ejercicio de los recursos.

De todo lo expuesto resulta que conforme las disposiciones del CPP toda víctima puede no sólo acompañar de modo pasivo el curso del proceso penal derivado de la infracción cometida en su contra, sino que tiene derechos específicos que le dan cierto nivel de participación activa. El aseguramiento del cumplimiento de estos derechos corresponde al Ministerio Público en la forma dispuesta por CPP.

De todos modos lo más conveniente es que las víctimas presenten su querella, y en tal virtud, promueva por sí mismo la acción penal y que se constituya en actor civil a fin de demandar reparación por el daño sufrido.

La Procuraduría General de la República tiene una oficina de asistencia a las víctimas de escasos recursos que no pueden sufragar la representación de un abogado.

Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

martes, 24 de marzo de 2009

Principios generales para la adecuación de las sociedades comerciales al nuevo régimen o estructuras corporativas consagradas en la Ley 479-08.

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Principios generales para la adecuación de las sociedades comerciales al nuevo régimen o estructuras corporativas consagradas en la Ley 479-08.

Sociedades de Responsabilidad Limitada

• Podrá contener el nombre de uno o varios socios y deberá ser precedida por las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o las siglas "S.R.L."
• De 2 a 50 socios.
• Mínimo de RD$100,000.00


Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada


• No podrá incluir el nombre, apellido o apodo del propietario y deberá contener las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada" o las siglas EIRL.
• Un Único dueño.
• Limite no fijado por la Ley.


Sociedades anónimas.


• Podrá contar con cualquier apelativo de fantasía, seguido de las palabras "Sociedad anónimas S.A.
• 2 0 más accionistas.
• Mínima de RD$30,000,000.00

Las sociedades anónimas actuales (C. par A.) cuyo capital social sea inferior a 30 millones de pesos y deseen continuar operando bajo este tipo, deberán aumentarlo, de lo contrario, tendrán que optar por la transformación a uno de los tipos societarios contemplados en la Ley.


Las sociedades anónimas podrán ser de suscripción privada (Registro Mercantil) o de suscripción pública (Superintendencia de Valores).

+ preguntas sobre migración

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 24 Marzo 2009

USA. - La columna de migración

Cita de visa sin paquete de cita

Tengo una cita de visa de residencia la semana próxima, pero tengo una duda: No he recibido mi paquete de cita. Mi madre la recibió apenas hace unos días, y la cita es para el primero de abril. ¿Usted cree que puedo ir a la cita solamente con la copia enviada por fax del paquete de cita? ¿Cómo me hago mi examen médico?

Puede asistir a la cita con la copia del paquete de cita, el cual puede ser enviado por fax aquí. Con ese paquete, podrá asistir a la entrevista del Consulado, y también podrá ir a hacerse el examen médico. ¡Suerte!

Visa para visitar madre enferma

Mi hermano y yo estamos pedidos en residencia hace más de 7 años, pero mi madre está muy enferma. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo pedir una visa de paseo de forma normal? No me quiero quedar a vivir allá, sólo quiero verla ya que su enfermedad no le permitirá durar mucho tiempo. ¿Qué me recomienda? ¿Puedo ir al Consulado a pedir visa y decir que es para ver a mi madre enferma? Lisa G.

Claro que puede pedir la visa, pero su éxito va a depender de la capacidad que tenga de probarle al Cónsul su deseo de regresar. Esto es más difícil en su caso por el hecho de estar pedida en residencia, pero soy de opinión que si tiene un trabajo bien estable y bien remunerado, puede intentarlo. Por otro lado, suponiendo que usted es y permanecerá soltera, su prioridad llegará en un total aproximado de 9 años y lleva ya 7. Cuando esa prioridad esté vigente, se puede hacer un proceso especial para que la cita le llegue más rápidamente. ¡Mucha suerte!

Documentos faltantes

Mi hermano me está pidiendo en residencia. El caso está en el Centro Nacional de Visa, y nosotros pensamos que el caso estaba completo. Me sorprendió mucho que a último minuto nos pidieron el original del acta de matrimonio de mi hermano, y también el certificado de matrimonio así como todos los divorcios. Esto nos está tomando mucho tiempo, pues mi hermano se ha casado y divorciado varias veces. ¿Porqué nos están pidiendo esto ahora?


El Centro Nacional de Visa debe requerir el acta de matrimonio, de nacimiento y todos los divorcios junto con los pronunciamientos de divorcios de los peticionarios que sean o hermanos de ciudadanos americanos o padres de ciudadanos americanos. Ese es un requisito relativamente nuevo, pero debe ser cumplido para usted obtener la residencia.

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615



De Karina Pérez Rojas

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el Periodico HOY
23 Marzo 2009, 11:49 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral


1. Tengo un trabajador agrícola. El me solicita su bonificación. Su forma de trabajo es la siguiente: El gana por salario fijo de 30,000 al año. Lo demás es por contrata de trabajo. Lo que deseo saber es si su liquidación depende de su salario anual o también interviene la contrata de trabajo. Además, el quiere su liquidación y seguir trabajando conmigo. Le pido que valla a la SET y él no quiere, ¿qué me recomienda?

Si los señalados 30,000 pesos se pagan anualmente, es decir una sola vez en el año, entonces no entran en la base de cálculo de la liquidación. Hay jurisprudencia constante de la Suprema Corte en ese sentido: SCJ 3 Dic. 1976; SCJ 3 Dic. 1978, B. J. 793, Pág. 2053; SCJ 28 Ene. 1981, B. J. 842, Pág. 85.

En el caso que usted plantea la liquidación debería hacerse en base a lo que él percibe por “contrata de trabajo”; y lo otro podría incluirse, si los 30,000 al año que usted menciona, se distribuyen y pagan mensualmente.

Por otro lado, en cuanto a la propuesta que él le hace de recibir “su liquidación y seguir trabajando”, eso no es legal. Así lo ha juzgado la jurisprudencia en par de ocasiones: SCJ 10 Nov. 1976, B. J. 792, Pág. 1878 y 3° Cám. SCJ 7 Mar. 2001, B. J. 1084, Pág. 638.

Hay una nueva ley (No. 187-07) llamada “de pasivo laboral”, que declaró válidas las liquidaciones seguidas de una continuidad en el trabajo. Sin embargo, una jurisprudencia de la Suprema Corte confirmó que dicha ley se limita a los casos anteriores al 1° de enero del 2005, diciendo que “descarta la posibilidad de que después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese cómputo, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo” (Pleno SCJ, 13 Ago. 2008).

Mi recomendación es que converse con su empleado, para ver de qué modo podría él continuar laborando con usted; y en caso de que eso no sea posible, tratar de llegar a una terminación de mutuo acuerdo.

2. Considera nuestra legislación laboral prestaciones laborales para la trabajadora doméstica e inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social.

No le tocan prestaciones laborales.

En cuanto a la inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), todavía no están siendo inscritas, pero según la implementación gradual de la ley prontamente lo estarán (información dada el 8 de julio 2008, por la DIDA).

miércoles, 18 de marzo de 2009

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (extradición)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 18/ MArzo /2009

CPP. - Código Procesal Penal
Con cierta frecuencia leo en la prensa que dominicanos o extranjeros son enviados específicamente a EE. UU. para ser juzgados en ese país. En esta misma semana, una persona que fue juzgada en ese país fue enviada aquí, y sin embargo no va a ser juzgada en el país. En realidad estoy confundido sobre la competencia de los tribunales penales dominicanos en estos casos. Ismael Aybar.

El principio que rige en materia penal es que los tribunales penales tienen competencia para juzgar a toda persona que cometa un hecho que conforme la ley dominicana constituya una infracción, sin importar si es nacional o extranjero, o de qué persona se trate, es decir, si es funcionario o militar o policía o civil o religioso.Son excepciones de este principio el caso de los extranjeros, que conforme a convenciones diplomáticas ratificadas por el país, gozan de inmunidad diplomática. También los menores de edad, que de entrar en conflicto con la ley penal, son juzgados por un tribunal especial, el de Niños, Niñas y Adolescentes. Es distinto en los casos en que un extranjero o dominicano comete una infracción en el territorio de un Estado extranjero. Cuando estas personas se ocultan en nuestro país y son localizados, el país extranjero normalmente solicita su extradición. Esta materia se rige en el país por la Ley 489 del 1969 y sus modificaciones, que determina las causas que permiten y que prohiben la extradición, y por el CPP que establece el procedimiento judicial que ha de seguirse para otorgar la extradición, siendo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia.Cuando una persona es solicitada en extradición por la comisión de una infracción en el país solicitante, para otorgarse tiene que tratarse de una de las infracciones contempladas en la ley 489, debiéndose aportar los elementos de prueba suficientes que lo vinculen al hecho punible. Si la persona solicitada en extradición es un nacional dominicano, en principio, conforme la ley dominicana no puede ser extraditado. Constituye una excepción a esta ultima regla la existencia de un tratado internacional que expresamente permita la extradición de los nacionales, como sucede en el caso de la República Dominicana y los Estados Unidos, por haberse firmado un tratado en el 1910 que así lo consiente. Bajo su amparo es que la Suprema Corte de Justicia ha extraditado a los dominicanos acusados de la comisión de delitos en ese país.El asunto se hace complejo cuando la misma persona ha violado la ley dominicana y la ley extranjera.En esos casos lo natural fuera que el órgano judicial, por respeto a la soberanía del Estado Dominicano juzgara al nacional o extranjero que ha violado la ley dominicana, máxime si ha sido apresado en territorio dominicano.En parte por las debilidades de nuestras instituciones y por sometimiento, la Suprema Corte ha admitido renunciar a la soberanía del órgano judicial y declinado a favor de una jurisdicción extranjera.Es necesario precisar que luego de juzgado en el país extranjero, independientemente de si es condenado o descargado, esa persona no podrá ser juzgado en el país por esos mismos hechos pues constituiría una violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, principio mejor conocido como non bis in idem.Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

martes, 17 de marzo de 2009

Garrafal Error por Adriano Miguel Tejada

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Publicado por DIARIO LIBRE

13 Marzo 2009 - 10:04 am

AM. - Garrafal Error

El magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una entrevista en el semanario Clave, afirmó algo que quiero creer fue un error del periodista, porque si la expresión es cierta, denota una total ignorancia de lo que representa un tribunal constitucional para la vida democrática de un país.
El magistrado Subero Isa, según el semanario, dijo: “Conozco todos los tribunales constitucionales donde existen, y todos están en línea con el Gobierno, con el Presidente de la República. Todos.”
Una afirmación de ese tipo denota una ignorancia que no es propia de un presidente de Suprema Corte y no se justifica ni siquiera como argumento de estrado, donde todo está permitido, para denostar al oponente.
Por el contrario, los tribunales constitucionales, en la gran mayoría de los países, son los órganos más populares por su defensa de los derechos de los individuos frente al Estado y, particularmente, contra el Poder Ejecutivo.
Es peregrino y raya en la mala fe, afirmar que del Tribunal Constitucional alemán al de Sudáfrica; que del de España al de Colombia, y del de Estados Unidos a los de los países recién salidos de la órbita soviética, para sólo citar casos conocidos, “están en línea con el Gobierno”.
Es más, si algún presidente de estos tribunales se entera de la generalización absurda del presidente de nuestro más alto tribunal, se va a morir de la risa, aceptando el disparate como otro ejemplo más del subdesarrollo.
Los tribunales constitucionales representan el tránsito a una democracia constitucional.

+ preguntas sobre migración (Enfermedad de alto riesgo)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17 MArzo del 2009

USA. - La columna de migración

Enfermedad de alto riesgo

Estoy pedida en residencia por mi madre, quien es ciudadana americana. En la actualidad, tengo una enfermedad de alto riesgo, una enfermedad transmisible - HIV. Aún no he desarrollado ningún síntoma significativo. No sé si debo seguir con esta petición, pues sé que lo primero que tengo que hacer cuando llegue la cita es hacerme un examen médico, y va a salir a relucir la enfermedad. ¿Cuáles son las opciones que tengo para seguir con este caso, si es que las hay? Anónimo.

Existe un memorando de fecha Octubre del 2002 donde USCIS estableció una serie de normas para proceder en los casos como el suyo. La enfermedad que usted tiene es denominada, en términos de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, una enfermedad de transmisión de importancia significativa en cuanto a la salud pública. Como tal, existen waivers o excepciones legales que le permitirían a usted ingresar a territorio americano. Siendo usted hija de una ciudadana americana, usted es elegible para empezar. En primer lugar está el asunto de carga pública. Para hacer esa determinación, es decir, para saber si una persona puede convertirse en carga pública para el Estado Norteamericano, se toman en consideración algunos factores, entre los cuales están: Edad, salud, status familiar, activos, recursos, status financiero, y la educación y/o habilidades que la persona tenga.Citando las políticas establecidas, se consideran los siguientes factores: 1. El peligro para la salud pública de los Estados Unidos que puedan ser creados por la admisión de este individuo a territorio americano, 2. La posibilidad de que se extienda la infección por causa de su ingreso a territorio americano, 3. Que no exista costo alguno de parte de una agencia norteamericana sin el consentimiento previo de una agencia gubernamental norteamericana. Para cumplir con esos requisitos, es recomendable buscar evidencia de los arreglos efectuados para seguir el tratamiento necesario en los Estados Unidos así como pruebas de la voluntad de la persona infectada de asistir a seminarios o conferencias o de búsqueda de consejos educativos relacionados a la enfermedad de la persona que aplica, e incluso, el conocimiento que éste tenga de las formas de transmisión de esa enfermedad.Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615
De Karina Pérez Rojas

lunes, 16 de marzo de 2009

SCJ APRUEBA REGLAMENTACION PARA FACILITAR EL DESLINDE DE CONSTANCIAS ANOTADAS

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SCJ APRUEBA REGLAMENTACION PARA FACILITAR EL DESLINDE DE CONSTANCIAS ANOTADAS

3/9/2009

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó en fecha 5 de marzo de 2009 el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde.El nuevo Reglamento se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial, a través del Programa para la Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, a los fines de eficientizar y asegurar los procedimientos tendentes al registro propicio de los derechos sobre bienes inmuebles.Procura que los tenedores de Constancias Anotadas puedan, a través de un procedimiento administrativo, sustituirlas por Certificados de Títulos, cuando exista acuerdo de voluntades respecto a la ubicación de los derechos de propiedad. El control y reducción de las constancias anotadas, ha sido uno de los esfuerzos llevados a cabo en el proceso de reforma y modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, garantizando con ello la seguridad jurídica y la inversión sobre bienes inmuebles en el país. Mediante la determinación de los derechos registrados se cumplen estos propósitos. La disposición coadyuvará significativamente a la celeridad de la conversión de Constancias Anotadas a Certificados de Títulos, evitando que sea resuelta mediante el procedimiento judicial contradictorio.A través del acto de Regularización Parcelaria, se efectúa el levantamiento parcelario por medio del cual, la totalidad de los titulares de Constancias Anotadas, de común acuerdo, determinan sus porciones de parcelas por la vía administrativa. El trabajo técnico debe ser aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, para luego ser remitido al Registro de Títulos competente.Otro aspecto de la medida, radica en el procedimiento de deslinde, en el que se optimiza el régimen de publicidad del proceso, permitiendo el conocimiento por parte de terceros sobre la existencia del mismo, facilitando el acceso a la justicia y acortando la duración de éste. Ver Resolución Núm 355-2009

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ACLARA SOBRE LA LEY DE CASACION

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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ACLARA SOBRE LA LEY DE CASACION

3/10/2009

En razón de que la Ley núm. 491-08, que modificó la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, no establece el procedimiento que debe seguirse para solicitar la suspensión de la ejecución de una sentencia recurrida en casación en materia laboral y de amparo, la Suprema Corte de Justicia, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 28, inciso 2, de la Ley núm. 821 de Organización Judicial y 14 de la Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, estableció mediante resolución el procedimiento que debe seguirse a tales fines. En tal sentido y en base a la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2009, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; así como del artículo 639 del Código de Trabajo, el artículo 29 de la Ley núm. 437-06, que establece el Recurso de Amparo y la Ley núm. 834 de 1978, del 15 de julio de 1978, que modificó varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil, el máximo tribunal judicial de la República dispuso que para obtener la suspensión de la ejecución de una sentencia en materia laboral o de amparo, recurrida en casación, el recurrente deberá elevar una solicitud a la Suprema Corte de Justicia la que puede ordenarla, siempre que se le demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios a dicho recurrente; que así mismo la demanda en suspensión será interpuesta por instancia firmada por abogado, que el recurrente hará notificar a la parte recurrida. La notificación de la instancia suspenderá provisionalmente la ejecución de la sentencia impugnada, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva acerca del pedimento. La parte demandada puede impugnar la demanda en suspensión por escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia dentro de los cinco días de la notificación de la instancia. Transcurrido este plazo, la Suprema Corte de Justicia decidirá en Cámara de Consejo, sin asistencia de abogados, si concede o no la suspensión. Cuando la demanda en suspensión fuere desestimada, la parte recurrida podrá ejecutar la sentencia impugnada después de obtener previamente del secretario, un certificado en que conste que la suspensión fue denegada. Cuando la demanda fuere acogida, la Suprema Corte de Justicia deberá fijar, por la misma resolución, la fianza en efectivo o en garantía, real o personal, que prestará el recurrente para garantía del recurrido, la cual será regida en todos los casos, en cuanto a su constitución y modalidades, por los artículos 131 al 133 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978. Esta fianza constituirá un privilegio especial a favor exclusivamente del recurrido, hasta la concurrencia de su crédito. El Secretario de la Corte no expedirá la copia certificada de la resolución de suspensión si no se le entrega la correspondiente constancia de la garantía. A falta de esta entrega dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha de la notificación de la resolución, el recurrido podrá solicitar la perención de la misma. Sin embargo el recurrente podrá presentar la garantía después del vencimiento de dicho plazo, mientras no se haya pronunciado la perención de la resolución. Declarada la perención, la sentencia podrá ser ejecutada por el recurrido.De esta manera, de conformidad con la citada resolución, la suspensión del recurso de casación en materia laboral está sometida a las mismas condiciones existentes con anterioridad a la publicación de la Ley núm. 491-08, descartándose que sea ejecutoria de pleno derecho la sentencia impugnada en casación. Ver resolución

En el país hay 35,920 abogados registrados.

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Publicado por LISTIN DIARIO

Lunes 16 de Marzo del 2009, actualizado 1:05 AM


RETO DE LAS UNVIERSIDADES
En el país hay 35,920 abogados registrados
Ramón Cruz Benzán - 3/16/2009
MÁS DE 20 MIL ESTUDIANTES DE DERECHO ESTÁN MATRICULADOS EN LAS UNIVERSIDADES

Estudios. Entre las propuestas actuales figura que los programas de estudios de las escuelas de derecho deben revisarse y actualizarse a los nuevos tiempos.


SANTO DOMINGO.- En los primeros dos meses de este año la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha tomado juramento a 350 nuevos abogados, cifra que sumada a los egresados de las diferentes universidades desde el año 1997, arroja un total de 22,033 profesionales del derecho hábiles para el ejercicio.
En las universidades del país hay más de 20,000 estudiantes de derecho y 35,920 abogados en ejercicio, de acuerdo a la matriculación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sin agregar el último reporte que corresponde a los nuevos inscritos.
En relación a la gran cantidad de abogados que se juramentan mensualmente, el magistrado Jorge Subero Isa, presidente del más alto tribunal de justicia, sostiene que desde los inicios de su gestión ha sido coherente en el sentido de abogar por una mejor formación de estos profesionales, “a fin de que tengamos mejores jueces”.
Consideró que los programas de estudios de las escuelas de derecho “deben revisarse y actualizarse a los nuevos tiempos, porque la Escuela Nacional de la Judicatura no puede suplir las deficiencias académicas de nuestros abogados”.
Solo de enero a noviembre del pasado año fueron juramentados 2,404 abogados.
La juramentación, que se realiza en la Sala Augusta de la Suprema, responde al siguiente orden estadístico: enero, 111, febrero 260, marzo 127, abril 190, mayo 90, junio 166, julio 279, agosto 120, septiembre 114, octubre 521 y noviembre 325. En enero de este año fueron juramentados 200 abogados y en febrero unos 194 profesionales del derecho. Tras hacer el juramento, los jueces de la Suprema exhortan a los abogados a actuar con probidad, honestidad, decoro y lealtad y, sobre todo, apegados al más estricto cumplimiento de la ley.
Fuentes de trabajoGran parte de esos abogados ingresan a instituciones del Estado, principalmente en las consultorías jurídicas. Asimismo, hay un gran porcentaje que ingresa a la Escuela Nacional de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia o la Escuela Nacional del Ministerio Público, para formarse como jueces de paz y fiscales adjuntos.
En las universidadesDe unas 42 universidades que existen en el país, 22 imparten la carrera de derecho, entre las que se encuentran la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad del Caribe (Unicaribe), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Dominicana Organización y Método (O&M), Universidad Iberoamericana (Unibe), Universidad de la Tercera Edad (UTE), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Acción Proeducación y Cultura (APEC), Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), entre otras.
Decano de derechoPreocupados por elevar la calidad de la formación de los estudiantes de derecho y de proponer reformas para regular el ejercicio de la carrera, fue creada la Mesa de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho de la República Dominicana, cuyo objetivo es trabajar para el establecimiento de una oferta curricular unificada que, respetando la filosofía particular de cada universidad, contribuya a crear unos estándares de exigencia, rigor, coherencia y sistematicidad mínimos en los estudios de la carrera de Derecho.
El campo de acción de la Mesa de Decanos está básicamente dirigido al fortalecimiento del cuerpo docente, unificación de plan de estudios y de involucrar al profesional del derecho en el proceso de reformas judiciales.
El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, quien además es director Ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC, entiende que la masificación progresiva de la carrera de Derecho se ha convertido en una de las razones centrales de la disminución de la calidad de la enseñanza de esta disciplina, por lo que se requiere de un nuevo modelo educativo que permita modificar el perfil curricular, ajustándolo a las exigencias actuales.
El gran retoPrecisa que el desafío en la formación de abogados exige, como paso indispensable, superar las deficiencias que la enseñanza del Derecho viene arrastrando sin solución desde hace décadas y que con la masificación de la educación se ha hecho crítica. Moscoso explicó que en el proyecto de ley sometido a la Cámara de Diputados se contempla que los estudiantes de derecho hagan pasantía de ocho meses en una institución ligada al sector justicia.
“Creo oportuno que los profesionales del derecho que salen de las facultades de derecho debieran pasar por un proceso de pasantía de por los menos seis o un año, en una institución ligada al sector justicia u oficinas de abogados reconocidas y luego de pasar el proceso someterse en el Colegio de Abogados para poder adquirir el exequátur”, enfatizó Moscoso Segarra.
ABOGADOS REQUIEREN MEJOR PREPARACIÓNEl presidente del Colegio de Abogados, doctor José Fernando Pérez Vólquez, ve que urge una mejor preparación de abogados para ejercer en un mercado altamente competitivo, tras advertir que cuando el ejercicio de la profesión jurídica entra en crisis por causa de abogados mal preparados, uno de los pilares del Estado Constitucional del Derecho se resquebraja.
Abogó por más investigación y mejores perfiles de los estudiantes que ingresen a la carrera.
A su juicio ningún sistema de justicia puede ser eficaz, eficiente o efectivo si no cuenta con un cuerpo de abogados lo suficientemente preparado como para ofrecer servicios jurídicos adecuados a los ciudadanos.
“Si los ciudadanos sienten que no pueden confiar en los abogados, entonces, el sistema pierde legitimidad”, expresó el presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho.
Ve poca preparación en los bachilleres.
De su lado, el doctor Pedro Duarte Canaán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad del Caribe, considera oportuno que se revalide el título de bachiller, ya que a su entender, el 95% de los bachilleres son analfabetos. Propone que todas las universidades logren un consenso con la Secretaria de Educación, para revalidar el titulo de bachiller, para que no todos los bachilleres puedan ingresar a una escuela de derecho, porque un porcentaje muy elevado no califica.
“Son muchachos y muchachas que vienen con una especie de laguna, desde la educación inicial, primaria y secundaria, muchos logran obtener un título de licenciado en derecho, pero real y efectivamente no están en condiciones de hacerlo”, argumetó Canaán.
El catedrático, quien ejerció las funciones de fiscal adjunto ve que hay un crecimiento desmesurado y que año tras año las universidades privadas están graduando una cantidad exorbitante de abogados.
LA MATRICULACIÓN CADA DÍA CRECE MÁSUtesa cuenta con unos 2,346 estudiantes de derecho, la Universidad del Caribe con 5,400, la UASD con cerca de 11,320, la O&M 4,000, la UTE tiene 700; Unibe, 400; UNPHU, 300, y APEC, 260.
ABOGADOS INVESTIGADOS POR SUPREMA CORTEUnos 22 abogados de oficio y 12 defensores públicos han sido investigados por la Oficina de Control de Servicio Judicial, para un total de 34 casos, según informó Subero Isa.
De los procesos, 13 han llegado a juicio y en 11 se han presentado desistimiento; nueve corresponden a abogados de oficio y cuatro a defensores públicos, mientras el resto se encuentra en proceso de investigación.
De esos, tres abogados de oficio y dos defensores públicos han sido condenados y dos abogados de oficio han sido cancelados por faltas.

miércoles, 11 de marzo de 2009

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (agencias ejecutivas en la investigación)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 11 marzo del 2009

CPP. - Código Procesal Penal
¿A qué se refiere el CPP al hablar de agencias ejecutivas en la investigación? ¿Incluye esto al DNI? ¿Qué derecho le corresponde a una persona investigada por el DNI? Johnny Vásquez.


Con los términos "agencias ejecutivas", el CPP se está refiriendo a funcionarios u organismos a los que normalmente leyes especiales les asignan competencia para comprobar determinados hechos punibles, tratándose regularmente de materias particulares. Puede citarse como ejemplo de estas agencias la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), los inspectores de salud pública, los de aduana o los policías de la Amet.
Este no es el caso del impropiamente llamado "Departamento Nacional de Investigación" (DNI). Este órgano es responsable de la seguridad del Estado, pero nada tiene que ver con la investigación judicial. Su labor es más bien de "inteligencia", respecto de toda actividad que pudiera resultar atentatoria a la seguridad del Estado a las autoridades o a sus instituciones. Su labor, que debe realizarla en el marco que establece la ley, se limita a la vigilancia, seguimiento y acumulación de información. Como he afirmado en otras oportunidades, por si mismo, el DNI no es un órgano de investigación o persecución para fines judiciales, sino de actuación preventiva en materia de seguridad del Estado. El DNI, puede, a partir de la llamada labor de inteligencia en su área, si descubre elementos reveladores de la comisión de un delito, o que está en vía de ser cometido, apoderar a los órganos facultados para hacer la investigación y persecución, para que sean éstos quienes realicen una y otra, conforme las normas procesales. Es una vieja práctica que el DNI haga interrogatorios, detenga personas, reúna pruebas y forme un expediente que luego remite o pretende "legalizar" con la rúbrica de un Fiscal adjunto.
Pero esta práctica no es sólo del DNI. Igual es frecuente que ante un suceso criminal de relevancia o que involucra miembros u oficiales de la Policía Nacional, los titulares de esta institución nombren una comisión ad- hoc para que haga la investigación. Todas estas "investigaciones" son nulas y las pruebas reunidas en estas condiciones son ilegales y no pueden servir de fundamento, ni a la acusación, y mucho menos a una sentencia condenatoria.
Cualquier ciudadano que esté siendo "investigado" de una infracción por el DNI, o que fuere arrestado o conducido en calidad de detenido, debe invocar la ilegalidad y la falta de competencia de este órgano para ello y exigir su inmediata puesta en libertad, y de no hacerse, recurrir al Ministerio Publico o al juez del habeas corpus o al juez de amparo para recobrar su libertad y sus derechos violados.
El Código Procesal Penal consagra que el Ministerio Público es el órgano con el monopolio de la investigación de las infracciones. Entre otras cuestiones, eso significa que la participación de la Policía Nacional en la investigación o de cualquier "agencia ejecutiva" es a título de órgano auxiliar y sometido a la dirección del Ministerio Público.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

martes, 10 de marzo de 2009

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por DIARIO LIBRE

9 Marzo 2009, 10:48 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

El caso para el que necesito orientación es el siguiente: La empresa donde laboro ha implementado a partir de enero de este año un sistema de incentivos por desempeño en el cual parte del salario mensual depende de una serie de indicadores que se calculan según el desempeño. Esta porción del salario se calcula mensualmente pero es entregada cada dos meses. Mi pregunta es: ¿entra esto dentro de la definición de salario ordinario? y, por ende, ¿debe ser incluida en el cálculo del salario de navidad?


Tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que únicamente entran dentro del salario ordinario (entiéndase salario computable a los fines de pago de prestaciones laborales) las sumas pagadas “en períodos no mayores de un mes”.
La doctrina son los autores más reputados que se especializan en una materia. En este caso, véase: Lupo Hernández Rueda, “Manual de Derecho del Trabajo”, Tomo I, Pág. 618, Editora Dalis, Moca, 1999; y Rafael F. Alburquerque, “Derecho del Trabajo”, Tomo II, Pág. 204, Ediciones Trajano Potentini, Santo Domingo, 2006.
La jurisprudencia son las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, interpretando y aplicando la ley. En este caso, véase: 3° Cám. SCJ 24 Nov. 1999, B. J. 1068, Pág. 658; y 3° Cám. SCJ 15 Nov. 2000, B. J. 1080, Pág. 732.
2. Una persona empleada privada, con 21 años de trabajo, si se enferma, ¿deben darle sus prestaciones laborales o se considera que renunció? ¿Cuáles documentos debe presentar esa persona para que se le liquide con todos sus derechos? ¿O no tiene derechos?
Las prestaciones laborales sólo corresponden si el contrato de trabajo termina por decisión (un desahucio o un despido injustificado) o por culpa (una dimisión justificada) del empleador.
Si el contrato termina por enfermedad permanente que le imposibilite continuar trabajando, entonces lo que corresponde pagarle es una asistencia económica señalada en el Art. 82 del Código de Trabajo.
3. Si yo decido renunciar a la empresa y trabajo el preaviso ¿qué me toca? ¿Es verdad que lo único que se pierde es la cesantía?
Si usted es el que se va de la empresa, aunque trabaje el preaviso, no le toca auxilio de cesantía. La cesantía sólo corresponde si el contrato termina por culpa o decisión del empleador.

NOTA:1. Aclaración y aporte de un lector: En la columna anterior informamos que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia de la Suprema Corte, sólo se computan para el pago de prestaciones laborales las sumas pagadas “en períodos no mayores de un mes”. Sin embargo, un lector de la columna nos aclara que la Suprema Corte emitió recientemente una jurisprudencia admitiendo comisiones generadas en períodos mayores de un mes, la que me permito transcribir:
“Considerando, que […] para la determinación del monto del salario ordinario […] y el cálculo de las indemnizaciones laborales, se debe agregar al salario fijo la cantidad de dinero recibida por concepto de las comisiones generadas por el resultado de sus actividades normales, siempre que se produzcan dentro de la ejecución de la jornada ordinaria de trabajo, sin importar que entre una operación y otra transcurra un período mayor de un mes” (3° Cám. SCJ, 2 Ago. 2006, No. 7)
2. Mi consulta va dirigida a los fines de saber el tratamiento que se le debe dar la asignación para combustible que le les hace a los funcionarios y empleados. Me gustaría saber si se le debe tomar en consideración como parte del salario, para determinar el monto de la regalía y de la bonificación correspondiente. Gracias por su ayuda.
La asignación de combustible es parte del salario ordinario si se paga de manera fija y sin evidencias de que se trata auténticamente de un gasto en la ejecución del contrato. De ese modo lo juzgó la Suprema Corte de Justica en una jurisprudencia que es ya constante, diciendo:
“Considerando, que […] el representante de la empresa demandada reconoció que el trabajador demandante recibía de manera fija y permanente la suma de RD$3,000.00 que él llamaba de ‘iguala del vehículo’, lo que por su naturaleza permanente e invariable y por ser recibida como consecuencia de la prestación del servicio del reclamante es considerada como parte del salario ordinario” (3° Cám. SCJ 12 May. 1999, B. J. 1062, Pág. 681)
3. Los incentivos como horas extras, con un valor fijo quincenalmente se consideran computable para regalía pascual y prestaciones laborales
Ningún pago por concepto de horas extras es computable. Esto se deriva de lo dispuesto en el Art. 85 del CT y Art. 32, in fine, del Reglamento 258-93 para aplicación del CT.

lunes, 9 de marzo de 2009

jueves, 5 de marzo de 2009

+ Sobre el Codigo Procesal Penal

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 04/Marzo/2009

CPP. - Código Procesal Penal

No soy abogada y puedo estar diciendo algo sin mucho sentido. Lo que me preocupa es que los defensores del nuevo Código insisten mucho en el cumplimiento de las cuestiones de forma y pienso que el énfasis debe estar puesto en la justicia, en que las personas reciban la sanción que le corresponde al daño causado. Gladys Vargas.

Señora Vargas, usted está planteando uno de los asuntos de mayor trascendencia. Debo señalarle que no se trata sólo de los defensores del nuevo código sino que es propio de la función de abogado y una de las condiciones en que se administra la justicia en la sociedad contemporánea. Igual énfasis se hacía cuando estaba vigente el derogado Código de Procedimiento Criminal y también en materia civil. La dicotomía entre legalidad y justicia se presenta con una frecuencia mayor de lo que usted imagina. Más allá de lo justo o lo injusto, la culpabilidad o no, es determinante que se observe la legalidad que rige el proceso y los medios de prueba en general. Una situación típica es el caso de la persona acusada, por ejemplo, de un homicidio en base a su propia confesión obtenida bajo tortura de la autoridad. ¿Puede un juez condenar en base a esa prueba obtenida en violación de derechos fundamentales que consagran el respeto de la integridad física de la persona? ¿Debe predominar en este caso lo que se considera "justo" por encima de lo legal? ¿Cómo saber cuándo en una confesión en base a tortura se dice la verdad o el torturado lo que busca es evadir la aplicación de las mismas? Como usted puede ver, es todo esto lo que ha dado pie a la instauración de procedimientos y formas de obtención de las pruebas muchas veces rígidos. En esas garantías se juega la libertad y el respeto de los derechos no solo del acusado sino de toda la sociedad.En las sociedades primitivas la justicia era directamente ejercida por alguien de la tribu que se le reconocía esa autoridad. Las partes se presentaban, cada uno decía lo que correspondía o mostraba las pruebas que pudiera presentar y ahí mismo se decidía el asunto y se ejecutaba la sanción. Como usted entenderá, en la sociedad actual, con el reconocimiento de un conjunto de derechos y libertades como intrínseco al ser humano, aquel sistema no podía sostenerse. La justicia se convierte así en una esfera especializada en el Estado, desempeñada por órganos con competencia precisa y por jueces y un ministerio público de carrera y todo ello conforme a leyes que rigen la materia. Otras sociedades han avanzado en la solución de esta dicotomía, desarrollando al Ministerio Público como un órgano de alta capacidad para la investigación de las infracciones, de tal suerte que pueda aportar al juez pruebas suficientes y legalmente obtenidas para sostener su acusación y obtener la condena. La dicotomía que se plantea puede resolverse permitiendo que las autoridades para garantizar la "seguridad pública" se coloquen por encima de la legalidad (con lo cual nos someten a la inseguridad que de ello se deriva) o por el contrario sometemos a las autoridades, en la investigación y persecución de las infracciones, al respeto de los derechos y garantías consagrados a favor de todo justiciable. En el fondo se trata de una cuestión de civilización o barbarie.Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

Nuevas Regulaciones de Indotel para el uso de Turbo Cobro

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http://www.diariodigital.com.do/?module=displaystory&story_id=38590&format=html

Indotel prohíbe el Turbo Cobro en días no laborables
La nueva norma prohíbe llamadas para cobrar deudas los domingos y días feriados
Por Servicios de Noticias DiarioDigitalrd.com

La doctora Joelle Exarhakos como su nueva directora ejecutiva de Indotel.


La medida fue adoptada mediante la resolución número 002-09, firmada por el secretario de Estado y presidente del Consejo Directivo del Indotel, doctor José Rafael Vargas, y los demás miembros del organismo, doctores Juan Antonio Delgado, Leonel Melo Guerrero y David Pérez Taveras; licenciado José Alfredo Rizek, y la directora ejecutiva, doctora Joelle Exarhakos Casasnovas.
La medida modifica la resolución número 104-02 que emitiera el ente regulador en el año 2002.
El órgano regulador de las telecomunicaciones de la República Dominicana señala que dictó la nueva resolución “preocupado por las diversas quejas recibidas en su Centro de Asistencia al Usuario respecto a la modalidad de uso de los servicios de telecomunicaciones para fines de cobro de deudas a través de sistemas automatizados, popularmente conocido como Turbo cobro”.
Con la puesta en vigencia de esta norma, el Indotel impone diversos controles a quienes practiquen el cobro de deudas a través de sistemas de telecomunicaciones automatizadas, señala un comunicado de prensa del ente regulador.
Entre estos controles se destacan:
a) Disponibilidad de realización de un máximo de cinco (5) telecomunicaciones por día.
b) Limitación del horario para la realización de las mismas, disponiéndose que éstas deberán ser efectuadas dentro del tiempo comprendido entre las siete horas de la mañana (7:00 a. m.) y las ocho horas de la noche (8:00 p. m.).
c) Respetar un intervalo de tiempo mínimo de treinta (30) minutos entre una telecomunicación y la siguiente.
d) Prohibición de efectuar telecomunicaciones de esta índole durante los domingos y días feriados, y los sábados sólo podrán realizarse desde las nueve (9) horas de la mañana hasta la una (1) pasado meridiano.
e) Impedimento de realización de llamadas de esta naturaleza en las líneas telefónicas de contacto laboral del deudor, salvo que el deudor sea la persona física (empresa) usuaria del servicio telefónico a afectarse.
f) Obligación de verificación previa de antes de procederse a la programación de telecomunicaciones automatizadas, verificar que la línea telefónica a afectarse esté habilitada en el domicilio del deudor. En el caso de líneas telefónicas móviles, se deberá confirmar que las mismas son utilizadas por la persona objeto de cobro.
La nueva norma entrará en vigencia treinta (30) días después de su publicación en un diario de circulación nacional, indicó la nota de la Coordinación de Prensa del Indotel.
Destacó el Indotel que con la aprobación de la nueva Resolución No. 002-09 reitera su firme compromiso de velar por el salvaguardo de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el país.
Significó, asimismo, que con esta medida garantiza “la privacidad y el respeto a la paz de los hogares dominicanos que erradamente estuvieran siendo afectados con la programación de llamadas automatizadas dirigidas a terceros y que hasta la emisión de esta norma no contaban con el marco legal adecuado que protegiera su derecho”.
El Indotel invitó a toda la ciudadanía a conocer esta nueva pieza reglamentaria, ingresando a nuestra página WEB www.indotel.gob.do y a satisfacer cualquier inquietud en torno a la misma a través de nuestro Centro de Asistencia al Usuario, disponible en la línea telefónica No. 829-547-1000 y desde el interior sin cargo 1-829-200-5353.
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