lunes, 23 de noviembre de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

1) Mag. Julio Aníbal Suárez pronuncia conferencia sobre el Derecho del Trabajo y la Democracia
2) Avances en el Acceso a la Justicia de las Mujeres a partir del año 2000
3) Pleno de SCJ aprueba el ante proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el año 2010 ,mediante Acta Núm. 41/09 del 29 de octubre de 2009.
4) Magistrado Rafael Luciano Pichardo expone en Guatemala sobre Tema Constitucional.
5) Ley No. 181-09 que introduce modificaciones a la Ley No. 50-87, de fecha 4 de junio de 1987, sobre Cámaras Oficiales de Comercio y Producción de la República.
6) Convenio de La Haya, del 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas de Protección de los Niños. G. O. No. 10534 del 31 de agosto de 2009.
7) Nueva resolución sobre el Reglamento General del Registro de Títulos Núm. 2669-2009
8) Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de agosto 2009.
9) Fijaciones correspondientes al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 2009
10) Fijaciones correspondientes a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
11) Fijaciones de Audiencia del mes. Cámaras de la Suprema Corte de Justicia
12) Fallos de la Suprema Corte de Justicia correspondientes al año 2009

+ Consultas en Materia Laboral (Despedido injustificado)

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Noviembre 2009, 11:21 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. Fui despedido injustificadamente por el artículo 88, ordinales 3 y 19 del CT. Dado que no cometí falta alguna demandé y fui favorecido tanto en la 6° Sala del Juzgado de Trabajo como en la Corte del Distrito Nacional. Ahora la empresa ha recurrido en casación en la Suprema Corte. Reconozco que la ley le permite a todo demandado recurrir a las instancias que prevé la ley, pero créame, necesito conocer una segunda opinión aparte de la de mi abogado que lleva el caso, para saber si lo que pretendo hacer en lo adelante pudiera afectar el caso. Preguntas y/o inquietudes: ¿Pudiera afectar a mi demanda si decidiera enviarle copia de ambas sentencias al consejo de directores de dicha empresa?, pues sospecho que el presidente de la compañía no sabe lo que está pasando. ¿Afectaría a mi demanda si llevara este caso a los medios de comunicación, es decir, hacerlo público? ¿Existe la posibilidad de que con dos sentencias a mi favor, la Suprema Corte les favorezca a ellos?
Desde que usted apodera a un abogado, todo contacto con su adversario debe hacerse de abogado-a-abogado. Esto se desprende de lo consagrado en el Art. 43 del Código de Ética del Profesional del Derecho. De modo que no es apropiado que se dirija al consejo de directores de la empresa demandada, sin informárselo a su abogado; y en cuanto a su abogado, tiene obligatoriamente que dirigirse al colega, y nunca al cliente contrario.
En cuanto a llevar un caso a la prensa – aunque usted ve que se hace mucho en nuestro país, debido sobre todo a la inseguridad jurídica que impera – tampoco es correcto. Los artículos 6 y 11 del mismo Código de Ética censuran y prohíben esa práctica. Por último, en cuanto a si es posible que la SCJ anule uno de los fallos que tiene usted a su favor; sí, eso es muy probable, y eso dependerá de los vicios que pueda tener sobre todo la sentencia de la Corte de Apelación.
Ocurre con bastante frecuencia que las sentencias de los juzgados y cortes son favorables en el fondo, pero adolecen de vicios sustanciales que las hacen anulables, y por eso la SCJ las casa.
2-¿Cuál es el salario mínimo de la empresa privada?
El principal salario mínimo es RD$8,464.00 mensual, pero hay otros. Consulte www.set.gov.do

+ Sobre el Código Procesal Penal (Cuestionamiento al Código Procesal Penal)

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PUBLICADO POR DIARIO LIBRE

11 Noviembre 2009
CPP.-Código Procesal Penal

A propósito de la escapada de la señora Sobeida Morel, se ha dicho que esto ha pasado por culpa del Código Procesal Penal. ¿No sería este uno de los aspectos a ser reformados? Agustín Bretón.

Ciertamente el CPP, por ser de naturaleza garantista, primero, limita a situaciones excepcionales la privación de los derechos y libertades de los ciudadanos, y segundo, respecto de los imputados, busca la protección de sus garantías judiciales. El derecho eje del imputado, durante todo el proceso penal es la presunción de inocencia. Sin la vigencia de este principio el proceso penal fuera una farsa. Qué sentido tendría el proceso penal si de antemano el imputado se le presume y trata como culpable y el juicio se celebrara para pronunciar una culpabilidad previamente asumida por la autoridad encargado de juzgarle. En virtud de esa presunción de inocencia, en el CPP se establece que la libertad es la condición natural para el juzgamiento de los imputados. A esos fines, el Juez dispone de una variedad de medidas de coerción personales y reales, que el juez aplica a discreción. El articulo 226 enumera la medidas de coerción personales: 1) La presentación de una garantía económica suficiente entre la que se incluye la Fianza; 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3). La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4). La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5). La colocación de localizadores electrónicos; 6). El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona con o sin vigilancia.La ley también faculta al Juez de la Instrucción a disponer como medida de coerción, la prisión preventiva. Varios son los aspectos a ser ponderados por el juez, entre ellos, la existencia de suficientes elementos de prueba que vincule al imputado al hecho punible, que la infracción se castigue con pena privativa de libertad y el peligro de fuga. En el contexto garantista del CPP, este último aspecto, el peligro de fuga, es la clave para la imposición de la prisión preventiva. El propio CPP pauta al juez a tomar en cuenta algunos criterios indicativos para determinar si existe o no peligro de fuga por parte del imputado: i) si la persona tiene arraigo en el país, lo cual se determina por que tenga, entre otros, domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo; ii) que tenga facilidades para abandonar el país o permanecer oculta; iii) la falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; iv) la gravedad de la pena imponible al imputado en caso de condena; v) La importancia del daño a ser resarcido. Como es de su conocimiento contra la imputada Sobeida Morel, se dispuso originalmente la prisión preventiva como medida de coerción. La ley faculta a todo imputado a pedir la revisión de la medida de coerción y a que se le sustituya por otra. En ejercicio de esta facultad ella hizo la solicitud y la juez dispuso su libertad bajo fianza con obligación de presentarse semanalmente ante la oficina del Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Es evidente que en la imputada Sobeida Morel concurrían muchos elementos que hacían presumir el peligro de fuga, los que no fueron valorados adecuadamente por la Juez al disponer su libertad. En otra oportunidad nos referimos a la conveniencia de reformar este régimen del CPP. Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a:

guillermomoreno157@hotmail.comGuillermo Moreno
De Diario Libre


18 Noviembre 2009
CPP. - Código Procesal Penal
En el anterior CPP usted admite que por las oportunidades que brinda el Código Procesal Penal, los jueces ponen en libertad personas que debieran estar guardando prisión preventiva como fue el caso de Sobeida Félix Morel. Estoy seguro que en otras circunstancias estuviera guardando prisión y no se hubiera escapado y burlado las autoridades. Esteban Díaz
Debo precisarle que en ninguna forma sostuve en el CPP anterior que fuera el Código Procesal Penal el responsable de la puesta en libertad de la imputada Sobeida Félix ni mucho menos de su escapatoria.
El Código es una norma objetiva que establece procedimientos que pautan las actuaciones de los administradores de la justicia penal, pero en todo caso son esas autoridades, en el marco de sus competencias respectivas, las que adoptan las decisiones. El Ministerio Público y los jueces pueden acertar o errar al tomar esas decisiones o pueden estar sometidos a diversos tipos de presiones o condicionamientos, pero en ningún caso la ley les obliga a adoptar una decisión u otra. El Código siíles obliga en muchos casos a justificar sus decisiones en pruebas lícitas, en la lógica, razón y la experiencia.
El CPP le indica al juez algunos criterios que debe tomar en cuenta, sea para disponer la prisión preventiva o no, cuando se le solicita la adopción de una medida de coerción personal, criterios que debe por igual tomar en cuenta para mantener la prisión preventiva o variarla por una más leve, como fue el caso de la imputada Sobeida Félix Morel.
Entre esos criterios el principal es si existe o no peligro de fuga por parte del imputado. Más aún, el CPP orienta al juez en los que pueden ser aspectos a tomar en cuenta al momento de evaluar la existencia o no del peligro de fuga: i) si la persona tiene arraigo en el país, lo cual se determina por que tenga, entre otros, domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo; ii) que tenga facilidades para abandonar el país o permanecer oculta; iii) la falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de fuga; iv) la gravedad de la pena imponible al imputado en caso de condena; v) La importancia del daño a ser resarcido.
En el caso de Sobeida Félix, el Ministerio Público tuvo un pobre desempeño en presentar los medios indiciarios y los argumentos que persuadieran al tribunal del peligro de fuga: Su falta de arraigo, sus vínculos con una estructura criminal con conexiones internacionales, el hecho de que el principal imputado, Figueroa Agosto, ya se había dado a la fuga, además, el peligro que representaba para la propia imputada su puesta en libertad pues podía ser asesinada por el conocimiento que tenía de las personas y las operaciones de esa banda criminal.
Pero hay más, luego de ser puesta en libertad, el Ministerio Público, y sus organismos auxiliares, Dirección Nacional de Drogas y la Policía Nacional, no tuvieron la capacidad de montar un sistema de vigilancia que evitara su fuga y si lo intentaba permitiera la captura del resto de la banda criminal. Lo cierto es que se les escapó de las mismas narices. ¿Cómo culpar el Código Procesal Penal de la aplicación errada de su norma, de tanta incapacidad y ineficiencia?
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (suspensión condicional del procedimiento)

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PUBLICADA POR DIARIO LIBRE
04 Noviembre 2009
CPP. - Código Procesal Penal

Fui víctima de una infracción y llegué a un acuerdo con el autor de la misma, y se hizo una suspensión condicional del procedimiento. Yo no le he dado mucho seguimiento, pero siento que en realidad lo que hicimos fue premiarle, pues no veo que él haya aprendido la lección. Me he encontrado con él y lo que hace es reírse. Deseo preguntarle ¿Qué sentido tiene esto de la suspensión en un país con instituciones tan débiles? Pienso que esto se puede convertir en una fuente más de impunidad, esta vez legalizada por el CPP. Junior García.
Es bueno precisarle a los lectores que la Suspensión Condicional del Procedimiento es una de las formas alternativas de darle solución al conflicto penal, en este caso, previo a la celebración del juicio.
La suspensión del procedimiento no se aplica en forma indiscriminada, sino en infracciones catalogadas como "leves" y concretamente en aquellas que conlleven una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años, y solo pueden beneficiarse de ella los imputados que no hayan sido condenados con anterioridad. Además, deben darse otras condiciones particulares: i) Que el imputado esté de acuerdo con la aplicación de este procedimiento; ii) que haya admitido los hechos puesto a su cargo; iii) que haya reparado los daños causados con el hecho punible y iv) d) la firma de un acuerdo con la víctima o prestado garantía suficiente. Es decir, en estos casos, el imputado no solo debe reparar el daño causado, sino que la víctima es libre o no de admitir el acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento.
La suspensión es además "condicional", es decir, el imputado se somete, en lo que el CPP denomina "plazo de prueba", a respetar determinadas reglas impuestas por el juez, y de no hacerlo entonces se podría revocar la suspensión y reanudarse el procedimiento y la persecución penal. El plazo de prueba lo debe fijar el juez entre uno y tres años.
Precisamente esas reglas lo que buscan es someter al imputado a la tutela judicial para comprobar que efectivamente el conflicto penal no produzca derivaciones entre las partes ni ponga en riesgo a la sociedad. Entre las reglas que puede fijar el juez, y que pudieran ser pertinentes respecto de la situación de la pregunta están: la de residir en un lugar determinado; la de abstenerse de visitar ciertos lugares o personas; la de someterse a la vigilancia que señale el juez.
Este tipo de medida cumple varias funciones en la administración de la justicia penal: i) Puede posibilitar una más adecuada solución al conflicto penal. En muchas de estas infracciones leves las víctimas lo que buscan es una reparación a las consecuencias del daño y no necesariamente que la persona vaya a una cárcel; ii) contribuye a la resocialización del imputado, a través de las medidas que debe cumplir durante el plazo de prueba. Piense en los casos en que la infracción se debió por ejemplo a conducir bajo los efectos del alcohol y el juez le impone durante el plazo de prueba someterse a un tratamiento contra el alcoholismo; iii) contribuye al descongestionamiento de la administración de la justicia penal y del sistema carcelario. En la medida que estos casos de infracciones leves encuentra solución por vía de la suspensión, los tribunales, jueces y fiscales pueden concentrar su tiempo en las infracciones de mayor envergadura.
Mi interés es transmitirle el contexto y condiciones en que debe aplicarse la suspensión y que usted pueda valorar su importancia. Si es fuente de impunidad, eso no es culpa de la ley procesal, sino que quienes la apliquen permitan su distorsión.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

+ Consultas en Materia Laboral (plan de retiro)

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PUBLICADO POR EL PERIODICO HOY

16 Noviembre 2009, 11:27 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


1. Trabajamos en una institución oficial, la cual tenía su propio plan de retiro, pero al entrar en vigencia la Ley 87-01, la administración no realizó los arreglos y tampoco nos afilió a ninguna AFP, ya que habían usado parte de los fondos del plan en actividades propias de la institución. Siempre el administrador nos informaba que los derechos adquiridos no se pierden. Ahora cambian el reglamento del personal y ponen un artículo que dice que tienen derecho a pensión solo los empleados que tenían 20 años al entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social, los demás quedan fuera. Somos más de 600 empleados afectados con 10 hasta 25 años laborando. Queremos saber si los derechos adquiridos en la empresa al entrar en vigencia la esa Ley, se pierden o no. ¿Qué Podemos Hacer?
La responsabilidad de los gestores del plan y de la institución dependerá de lo que digan los estatutos del plan, y en todo caso, esa responsabilidad queda atenuada si se trata de un plan no contributivo (es decir, que los afiliados nunca aportaron al plan, y sólo lo hizo la institución empleadora), y queda atenuada igualmente si se trata de un plan informal (es decir, que no tenía personalidad jurídica ni había sido creado ni registrado basado en la Ley 772 de 1978 o en la Ley 520 de 1920).
Suponiendo que el plan estaba formalmente constituido al amparo de una de las citadas leyes, y que además era un plan “contributivo”; en tal caso hay derechos adquiridos en juego y por ende la responsabilidad de los gestores del plan está comprometida dado que ellos debieron hacer las transformaciones que señala el Art. 41 de la Ley 87-01 así como el registro determinado por la resolución 14-02 de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), y no lo hicieron
Si eso se hubiese hecho, la SIPEN determinaría la suerte del plan y de sus fondos: Cierre por inviabilidad o su transformación y adaptación a la nueva ley.
Si por el contrario, se trataba de un plan informal y “no contributivo”, en teoría la institución está comprometida, pero en los hechos no es lo mismo. Esos planes informales que existían antes de la Ley 87-01 carecen casi siempre de todo: contabilidad, estudios actuariales, registros, etc. Ni siquiera aparece bien definido quienes lo administraban. Y en cuanto a los derechos adquiridos, eso será siempre algo discutible.

jueves, 1 de octubre de 2009

Abogados exigen pago a la Secretaría de Trabajo

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Publicado por el PERIODICO HOY
1 Octubre 2009, 2:21 PM
Abogados exigen pago a la Secretaría de Trabajo
Escrito por: Yamira Taveras (y.taveras@hoy.com.do)
Santiago.- Un grupo de profesionales del Derecho denunciaron que constituye una vergüenza la forma irresponsable como se ha manejado la Secretaría de Trabajo, ante la huelga que mantienen los vocales en los tribunales laborales, por falta de pago.
Explicaron que esta situación lleva cuatro semanas, haciendo difícil y crítica la vida de miles de trabajadores que acuden a los tribunales de trabajo en busca del reconocimiento de sus derechos que legítimamente les pertenece, porque los procesos se dilatan.
“Hace tiempo que hemos venido enfrentando inconvenientes perjudiciales para los trabajadores y para nosotros los abogados, por la tardanza de los reenvíos de audiencias, prorrogas innecesarias y tres y cuatro años para concluir una primera instancia.
Es así como los procesos se dilatan y ahora la agravante de la huelga que mantienen los vocales laborales porque no les pagan. Nosotros exigimos una respuesta contundente de la secretaría de Trabajo, porque el problema es grave y difícil”, señaló Artemio Álvarez, vocero del grupo de abogados laboralistas.
Reconocieron que los reclamos de los vocales son justas, pues tienen derecho a cobrar por su trabajo, máxime que actualmente le adeudan innumerables meses y quienes han agotado todos los métodos amigables a su alcance, sin que las autoridades hayan hecho caso alguno.
En la actividad realizada en área de las salas laborales del Palacio de Justicia Federico Carlos Álvarez, habló también el abogado Edwin Vásquez, quien se refirió a que circunstancias como la denunciada constituyen una vergüenza para el poder judicial.
“Estos actos y otras similares, constituyen una discriminación y una justicia denegada, consecuentemente una exclusión social, lo que provoca que cada día millones de ciudadanos dominicanos se sientan frustrados y rompan la tranquilidad social y la paz laboral , la cual la justicia esta llamada a garantizar, pues sin justicia no podrá jamás haber paz”, sostuvo Vásquez.
El grupo de profesionales, emplazó al Secretario de Estado de Trabajo, para que en las próximas horas proceda con sus obligaciones y pague todas las dietas atrasadas a los vocales del Departamento Judicial de Santiago.

+ Consultas en Materia Laboral (Varias)

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Pupblicado por el PERIODICO HOY
29 Septiembre 2009, 12:08 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
1. Distinguido consultor, le agradecería mucho responderme esta consulta: El empleado Juan Pérez, labora para una empresa X en la jornada de 8:00 AM hasta la 5:00 PM, y en otra empresa en la jornada de 8:00 PM hasta la 12:00PM. ¿Qué pasa? El empleado Juan Pérez sufre un accidente laborando para la empresa durante su jornada nocturna. El empleado en cuestión está inscrito en el sistema de seguridad social, y las respectivas empresas están cotizando oportunamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la Empresa X frente al trabajador luego de 1 año y 4 meses después de estar en licencia médica, y estar pagando el sueldo al obrero, por una cuestión de solidaridad.?
En lo que respecta al accidente de trabajo, la empresa X no tiene ningún tipo de responsabilidad pues lo tenía debidamente asegurado, pero además el accidente ocurrió en el trabajo nocturno, que no es el empleo con la empresa X.
Por otro lado, de acuerdo al Art. 82, ordinal 3° del CT, cuando una incapacidad se prolonga por espacio de un año, el contrato termina, con la única responsabilidad de pagar una llamada asistencia económica que establece el mismo Art. 82 del CT (cuyo monto es menor que el de las prestaciones laborales).
2. Soy Encargada del Personal de una empresa, y recientemente fuimos objeto de una querella por una trabajadora que entiende que las cotizaciones que hacemos a la Seguridad Social se hacen con un salario inferior al salario real percibido por ella y nos ha acusado de violar los artículos 113 y 181 de la Ley 87-01 sobre seguridad social. El caso es que en la querella me están citando a mí como la persona sobre la cual debe recaer la pena por los supuestos ilícitos penales. Los artículos 113 y 181 de la Ley 87-01 se refieren a los empleadores. No soy la empleadora, solo una simple encargada del personal, ¿Puedo ser condenada penalmente por éste caso?
A fin de que usted sea excluida como persona física responsable, le recomiendo presentar: 1) la planilla de personal, especialmente la carátula, en donde aparece siempre el nombre de la persona física que representa a la empresa, y en las páginas interiores debe aparecer usted como simple empleada, y 2) la certificación de registro de la compañía en la Cámara de Comercio.

Fiscal dice nuevo Código Procesal es más efectivo

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Publicado por LISTIN DIARIO
Jueves 1 de Octubre del 2009, actualizado 5:30 PM
CONFERENCIA
Fiscal dice nuevo Código Procesal es más efectivo
Adriana Peguero - 10/1/2009

ALEJANDRO MOSCOSO SEGARRA RESALTA LA CELERIDAD LOGRADA CON NUEVA NORMA

Ministerio Público. El fiscal indicó que antes los expedientes carecían de elementos probatorios.

Santo Domingo.- De los expedientes heredados del viejo Código Procesal Penal, el 90% obtuvo sentencias absolutas, debido a los retiros de acusación dispuestos por el ministerio público, dijo el procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.
Señaló que la situación fue debido a que los procesos fueron sometidos por el juez de la instrucción del viejo sistema inquisitorio, en los cuales no se realizó una investigación, sino que el juez decidía en base a su íntima convicción.
“Por este motivo los procesos carecían de elementos probatorios para sustentar una acusación como lo quiere el nuevo sistema procesal penal”, agregó.
El funcionario se prefirió al tema en una ponencia que tuvo anoche en la conmemoración del “5to aniversario de la Reforma Procesal Penal: Balances, retos y perspectivas”.
Dijo que el nuevo código trajo consigo el aumento exorbitante de los niveles de efectividad y la celeridad de los procesos en un tiempo record, debido a que el fiscal dejó de ser una figura decorativa, y ahora tiene un papel protagónico.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Verifica si tienes multas con AMET

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Invitamos a los ciudadanos que tienen actas comprobatorias de infracciones (contravenciones) pendientes en la AMET, a chequear con su número de cedula de identidad y electoral, su estatus, y así cumplir con el artículo 355 del código procesal penal., dichas actas están amparadas en virtud de los artículos 236 y 237 de la Ley 241-67 de tránsito de vehículo de motor.

Favor Ingresar el Numero de Cedula Para la Consulta

jueves, 17 de septiembre de 2009

+ Consultas en Materia Laboral (Hora Extras)

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Publicado por EL PERIODICO HOY
14 Septiembre 2009, 11:47
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. En caso de que un trabajador haga una demanda contra su empleador reclamando el pago de horas extras, ¿a quién le corresponde probar que dichas horas fueron trabajadas?
Tradicionalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha juzgado que “el trabajador que reclama el pago de horas que excedan de la jornada legal […] está obligado […] de acuerdo con las reglas de la prueba, a establecer con exactitud el número de horas trabajadas” (SCJ 5 Nov. 1957, B. J. 568, Pág. 2259), y que “para que el empleador se obligue a pagar horas extraordinarias reclamadas por un trabajador es menester que éste demuestre haber laborado en jornadas extraordinarias de trabajo(3° SCJ 10 Nov. 2004, B. J. 1128, Pág. 702).
La Suprema Corte estableció también mediante una jurisprudencia muy constante que “los jueces […] deben comprobar en forma precisa el número de horas que exceden de la jornada normal” (SCJ 3 Jun. 1954, B. J. 527, Pág. 1020; SCJ 23 May. 1983, B. J. 870, Pág. 1375; SCJ 10 Abr. 1985, B. J. 893, Pág. 853; 29 May. 1987, B. J. 918, Pág. 956; 3°SCJ 24 Jun. 1998, B. J. 1051, Pág. 555).
Sin embargo, recientemente la jurisprudencia estableció el siguiente criterio: “Por mandato del artículo 16 del Código de Trabajo […] el trabajador que reclame el pago de horas extraordinarias laboradas está eximido de demostrar las mismas, hasta tanto el empleador presente el cartel y el registro de horarios” (3°SCJ 19 Dic. 2007, B. J. 1165, Pág. 934)
No compartimos ese nuevo criterio de la jurisprudencia debido a que el mismo se sustenta en una obligación de registro de un cartel de horario que en la actualidad ninguna empresa mantiene pues ni siquiera lo está exigiendo la SET. Desde 1993 la SET descontinuó formalmente ese cartel de horario.
A esto se añade, que aún en el supuesto de que ese cartel de horario se estuviera llevando, el mismo sólo es necesario presentarlo en los meses en que se produzcan horas extras. Esto quiere decir que el trabajador tendría de primero que probar que él prestó servicios extraordinarios y luego entonces el empleador tendría que probar que registró las horas extras mediante el cartel de horario.
Ese cartel de horario cayó en desuso y dejó de exigirse formalmente a partir del 1993 debido a que en la realidad era un cartel inviable y desfasado para estos tiempos.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes meses sin luz y sin planta electrica

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Da pena que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, tenga meses pasando por las mismas quejas de la mayoría de los ciudadanos dominicanos; la falta de luz pero con el agravante de que no tienen una planta eléctrica, lo que no permite trabajar, ni adecuarse a la modernidad, que usted no pueda tener comunicación porque la central telefónica no funciona porque no hay luz, que tenga meses esperando por una sentencia y no salga porque no hay forma de prender una computadora. Este país cada día da más pena.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Modificarán 79 artículos al Código Procesal Penal

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10 Septiembre 2009
Modificarán 79 artículos al Código Procesal Penal

El presidente de la comisión de justicia, Víctor Suárez, depositó el proyecto

SANTO DOMINGO. El ante proyecto de ley que busca modificar 79 artículos del Código Procesal Penal (CPP), que ha sido discutido por mas de un año por diferentes actores del sistema y analizado y sancionado por el pleno de la Comisión Nacional de Ejecución del Código Procesal Penal (CONAEJ), será aprobado por la Cámara de Diputados.Así lo afirmó el presidente de la comisión de Justicia de ese organismo, Víctor Suárez, quien considera altamente necesaria e inminente su sanción en el Congreso, al ser apoderada la cámara baja de la iniciativa.El legislador explicó que la iniciativa no había sido depositada, para no distraer los trabajos de la Reforma Constitucional.Suárez explicó esta reforma al CPP busca fortalecer la eficacia de la persecución penal para contribuir a la erradicación de la cultura de la impunidad que prevalece en nuestra sociedad. También se busca modificar viejas prácticas de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal. "Este proyecto de reforma busca estimular contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio", agregó el presidente de la comisión.El diputado por Santiago se refirió a lo relativo a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal para el fortaleciendo el derecho de las víctimas y tomar en cuenta a la hora de fijar medidas de coerción el arraigo de las personas acusadas, las acusaciones por otros procesos que pesen en su contra u otras investigaciones en las cuales figure como posible autor o cómplices. Otro aspectoOtro aspecto que se toca en el proyecto de modificación del Código Procesal Penal es definir el ámbito de la funciones del juez de la ejecución de la pena y, definir una serie de medidas que permitan reducir los niveles de impunidad como consecuencia de los hechos ilícitos, garantizando el debido proceso y el régimen de libertades individuales. La iniciativa fue depositada por el presidente de la comisión de Justicia y será el pleno que decida si lo envía a una comisión especial.
De Socorro Arias / Redactora Senior

martes, 8 de septiembre de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

Prueba de ADN.- Filiación. Casos de no exclusión de paternindad.- Cuando la prueba de ADN expresa un grado de certeza racional mínima de 99.73%, este porcetanje corresponde a una paternidad prácticamente probada y le confiere a la prueba un carácter autonómo y absoluto.

Prescripción de la Acción Penal. Alegato de prescripción. La prescripción de la acción penal sólo tiene aplicación cuando el proceso ha discurrido sin incidentes por parte del imputado.

Fiscal pide prudencia en reforma del CPP

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Publicado por DIARIO LIBRE
04 Septiembre 2009
Fiscal pide prudencia en reforma del CPP

SANTO DOMINGO. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, advirtió tener mucho cuidado y prudencia a la hora de embarcarse en la reforma del Código Procesal Penal."Entiendo que debe tratarse la reforma, pero en aspecto que no varíe el espíritu del Código, porque desde nuestro punto de vista el Código ha dado respuesta a los problemas de la Justicia penal".Moscoso Segarra dijo que puede demostrar la efectividad del CPP en la prontitud de los procesos, solución en los casos que llevan a los tribunales en más de un 96%.Plantea que quizás debe ser tocado el tema de la flagrancia.Sin embargo, dice que deben obviarse algunos procesos, como la audiencia preliminar, ampliar algunos plazos para facilitar la investigación, tanto del Ministerio Público, la Policía como la Dirección Nacional de Control de Drogas.En cuanto al menor implicado en el asesinato de la ejecutiva bancaria Kaisha Patricia Requena Grullón, dijo que éste debe mantenerse en prisión. El crimen ocurrió cuando dos asaltantes intentaron atracar a la ejecutiva en el momento en que se desmontaba de su vehículo en su residencia del ensanche El Millón.
De Federico Méndez / Redactor Senior

viernes, 4 de septiembre de 2009

Respaldan posición de juez Rafael Ciprián

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03 Septiembre 2009
Respaldan posición de juez Rafael Ciprián

SANTO DOMINGO. El jurista Eduardo Jorge Prats coincide con a la posición del juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, Rafael Ciprián, quien afirmó que más del 90% de los jueces del país apoya la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales."Ello se debe fundamentalmente a que los jueces de paz, de primera instancia y de apelación no están satisfechos con la precaria jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia que apenas le sirve de guía para sus fallos".Jorge Prats sostiene que la SCJ ignora los avances jurisprudenciales de las cortes de Apelación, en materia constitucional, con erráticas sentencias que echan por el suelo el bloque de constitucionalidad y que desprecian las más elementales normas del debido proceso constitucional tal como el derecho a recurrir y a no ser juzgado dos veces por una misma causa. "En el fondo, hay una rebelión de las cortes ante este desprecio hacia la Constitución de la Suprema Corte que es una verdadera contrarreforma, peor que la que gestan los partidarios del populismo penal". Ayer, el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, ratificó ayer su respaldo a la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, independiente de la Suprema Corte de Justicia.Argumentó que en los países en que funciona la jurisdicción constitucional son órganos de control político del Estado. "Cuando tú le das facultad de tener potestades que involucra a lo político, lo está contaminando precisamente con la política, y al Poder Judicial hay que mantenerlo al margen de toda actividad o de todo tipo de contaminación". Entre los países donde funciona con éxito, citó a Colombia, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Perú, comparado como un ejemplo para América Latina, así como en Europa.
De Federico Méndez / Redactor Senior

Juez Ciprián: "El 90% jueces quiere Sala Constitucional"Califica de error la posición de Subero Isa en contra de la Sala

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02 Septiembre 2009, 12:05 AM
Juez Ciprián: "El 90% jueces quiere Sala Constitucional"Califica de error la posición de Subero Isa en contra de la Sala

El juez del Tribunal Superior de Tierras, Rafael Ciprián.
SANTO DOMINGO. En una carta donde formula serias críticas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, Rafael Ciprián, afirmó que más del 90% de los jueces del país apoya la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.Sin embargo, dijo que los magistrados no se pronuncian por miedo a las persecuciones, marginaciones y atropellos "que muchos hemos sufrido en la Judicatura, y por temor a la destitución del cargo de Juez"."Conforme a una encuesta informal que hicimos, más del 90% de los jueces apoya el Tribunal Constitucional", recalcó. En la carta, dirigida al presidente de SCJ, Jorge Subero Isa, y los demás magistrados del máximo tribunal, comenta que el Tribunal Constitucional salvará a la SCJ de los escándalos que le ocasionan los asuntos constitucionales, fallados y pendientes de solución. "El Tribunal Constitucional, como verdadero guardián de la Carta Magna y los derechos fundamentales, fortalecerá la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden", aseguró.El magistrado sostiene que comprende el sentir de Subero Isa y sus motivaciones al defender una posición que la comunidad jurídica consciente rechaza y que perjudica al pueblo. Se declaró como un ferviente defensor de la creación de la jurisdicción constitucional, con la condición de que ésta sea independiente y especializada.Planteó que para justificar la acérrima oposición al establecimiento de la jurisdicción constitucional, Subero Isa, como vocero del Pleno de la SCJ, en diversas ocasiones declaró "que los que apoyamos la creación del Tribunal Constitucional lo hacemos, en síntesis, para revisar y anular las sentencias de extradición y las que condenaron a los banqueros".También para desmembrar a la SCJ."Según esos criterios, somos defensores de la criminalidad y de la desinstitucionalidad. Nada más falso y peligroso. Lástima que el debate descienda a esos graves niveles", dice en su carta el juez Ciprián.Manifiesta que "si deseamos desmembrar a la SCJ, somos enemigos de la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden. Otra equivocación".Comenta que tal y como ha ocurrido en otros países, esa instancia judicial fortalecerá la institucionalidad, la seguridad jurídica y el orden. "Si pretendemos revocar sentencias de extradición, entonces apoyamos al narcotráfico y otros horrendos crímenes presuntamente cometidos en Estados Unidos de América (EUA)", acotó. Es la segunda crítica formal del magistrado del Tribunal Superior de Tierras. En diciembre del 2008 definió como un "golpe mortal" para las garantías constitucionales la sentencia de la SCJ que declaró inadmisibles las instancias de inconstitucionalidad sometidas por el PRD y el Foro Social Alternativo contra un contrato del Gobierno con la empresa Sun Land Dominicana.
De Federico Méndez / Redactor Senior

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Publicado por el PERIODICO HOY
1 Septiembre 2009, 12:18 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Al leer su opinión sobre la renuncia de derechos, me llamó la atención su parecer. Usted basa la razón del empleador en que se impone el principio de la buena fe sobre el de la irrenunciabilidad. Creo que aquí se presenta una duda, y si la hay debería aplicarse el principio que favorece al trabajador, el de irrenunciabilidad de derechos. Yo creía que cuando un contrato termina sin responsabilidad para las partes como es el caso del mutuo acuerdo, subsisten obligaciones como el pago de regalía pascual, vacaciones y bonificaciones. El hecho de firmar un documento renunciando a derechos que le corresponde al trabajador es nulo de pleno derecho pues se contradice con el principio de irrenunciabilidad de derechos. Es una opinión y consulta a la vez y me gustaría saber lo que usted piensa al respecto.
En ese tema de irrenunciabilidad de derechos versus el principio de buena fe, comparto plenamente el criterio de la jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha sabido fijar límites evitando abusos de parte y parte.
Por ejemplo, cuando un trabajador toma un préstamo poniendo en garantía las prestaciones, la jurisprudencia estableció que no era lícito escudarse en el principio de la irrenunciabilidad de derechos para negarse al descuento del préstamo, cuando antes lo había consentido, por ser contrario al principio de la buena fe (3° SCJ 21 Feb. 2001, B. J. 1083, Pág. 685).
En cuanto a los recibos de descargo, la jurisprudencia ha dicho reiteradamente que el recibo de descargo después de finalizado contrato sin formular reservas de reclamar derechos adicionales cierra paso al trabajador a formular otra reclamación (3°SCJ 13 Sep. 2006, B. J. 1150, Pág. 3744). Y esto otro: Si recibo de descargo es expedido por un concepto específico sin el trabajador expresar renuncia de los demás derechos, no le impide reclamar derechos no incluidos en el pago (3°SCJ 14 Feb. 2007, B. J. 1155, Pág. 1299).
Estas dos jurisprudencias parecen contradecirse pero no es así. La primera le dice al trabajador: “Lea bien antes de firmar, pues si firmó sin reservas ya no podrá reclamar”. La segunda le dice al empleador: “Redacte bien el descargo y abárquelo todo, para luego no lamentarse”.
Un principio legal no puede servir para firmar un descargo y luego objetar lo que usted mismo firmó. Ahí no hay duda; lo que hay es mala fe y abuso de derechos.

martes, 25 de agosto de 2009

presidente de la SCJ pide cuidado al modificar código Menor

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Publicado por Listin Diario
Martes 25 de Agosto del 2009, actualizado 10:49 AM


DEL MENOR
Subero pide cuidado al modificar código
Ramón Cruz Benzán - 8/25/2009

RECUERDA QUE HAY QUE TOMAR EN CUENTA LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que los tratados internacionales de protección establecen algunos límites a la legislación interna.


Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió ayer a los que abogan por la modificación del Código del Menor a que tomen en cuenta los límites que sobre ese caso establecen los tratados internacionales.
Subero Isa dijo que el problema de la delincuencia tiene su origen en la falta de oportunidades y educación.
“El problema en República Dominicana de la alta tasa de delincuencia no está en la mayor o menor pena. Absolutamente a nadie se le ocurre pedir una opinión previa o una consulta a un abogado antes de cometer un delito, el problema es de otra naturaleza”, subrayó Subero Isa, al participar en la apertura de un curso de formadores sobre tutoría virtual para jueces y fiscales iberoamericanos.
Dijo que respecto a ese caso, solo quiere advertir que se debe tomar en cuenta que República Dominicana es signataria de tratados internacionales y por tanto la legislación interna debe estar acorde con esos tratados.
“El problema es de otra naturaleza, ahora bien es una facultad que pertenece al Congreso Nacional. Solo quiero hacer una pequeña observación, es que tomen en cuenta que la República Dominicana es signataria de tratados internacionales y que la legislación interna debe estar en armonía con esos tratados”, enfatizó.
Manifestó que los tratados de protección establecen algunos límites que la legislación interna de cada país signatario de esos tratados debe tomar en cuenta.
Llamó a tener cuidado al modificar el Código del Menor, ya que a su juicio el problema de delincuencia en República Dominicana es por falta de educación y de oportunidades, principalmente para los jóvenes. Señaló que no es un problema de mayor o menor pena, ya que en ningún país del mundo donde se hayan incrementado se han resuelto los problemas de delincuencia.
LÁGRIMAS DE SANGRE SI APRUEBAN TRIBUNALSubero Isa reiteró su advertencia de que el país llorará lágrimas de sangre si se aprueba un tribunal de garantías constitucionales, como pretenden aprobar algunos legisladores en segunda lectura durante la modificación de la Constitución de la República.
Dijo que con la creación de esa instancia se crearía una inseguridad jurídica, en donde tribunales actuarían en igualdad de condiciones.
Manifestó que si se aprueba esa tribunal, en el país habría dos Suprema, en donde irían a parar al último tribunal todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo los casos de extradiciones.
“Confío en la sensatez de los asambleístas, pero tengo serios temores porque ha habido como un renacer por revivir lo que entendíamos todos que había muerto, y es el tribunal constitucional, acotó Subero Isa.
Por otro lado, Subero Isa descarta que haya jueces benévolos, porque de lo contrario no se habría condenado a nadie, principalmente por narcotráfico.
Sostuvo que nadie puede atribuirle falta de valor a los jueces, ya que cuando nadie pensó que iban a atribuir su responsabilidad histórica, ellos la asumieron.

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Publicado en el PERIODICO HOY

24 Agosto 2009, 11:39 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. ¿Qué hago si un trabajador, al darle sus prestaciones contacta a un abogado de la SET, quien nos da una intimación de pago incluyendo unos honorarios; en el cálculo del abogado con relación al nuestro radica una diferencia la cual se debe a que el empleado en el último año de labor tuvo cambio de sueldo y el abogado calculó en base al último sueldo, además incluyó la bonificación, la cual, como tenemos fecha de cierre 30/09/2009, correspondería darla en enero 2010? Si la empresa no ha incurrido en ninguna falta, el empleado no ha venido a recoger sus prestaciones, mi pregunta es ¿estamos en la obligación de pagarle honorarios al abogado de la SET?
En cuanto a las diferencias en los cálculos, pienso que eso se arregla conversando con el abogado de la SET, y si es necesario mostrándole las evidencias de la variación salarial durante el último año y fecha de cierre fiscal. En cuanto a los abogados de la SET, estos actúan dentro de un programa de asistencia judicial adscritos al Departamento de Trabajo (Art. 427 del CT), y mi experiencia con ellos es que actúan muy profesionalmente.
Legalmente hablando, no hay costas de procedimiento sino a partir de la demanda o apoderamiento del tribunal, y estas costas aumentan si hay por lo menos una audiencia. No obstante, en la práctica los abogados cobran desde que empiezan a actuar extrajudicialmente, es decir desde que gastaron en la intimación en pago. Es también una práctica generalizada e incluso aceptada, que en un caso como el que usted tiene el empleador termina pagándole al abogado contrario – sea o no sea de la SET – algún monto, no muy elevado, de costas u honorarios.
2. Trabajé por 6 meses en una empresa turística, y el Gerente General me informó que al igual que los demás el contrato de trabajo cesaría por 3 meses y que exactamente al vencer ese plazo, se reiniciaba automáticamente. Mi pregunta es: En caso de que yo decida no regresar a ese trabajo, ¿tengo mis derechos adquiridos asegurados? Nunca tomé vacaciones, ni bonificación, ni nada de eso.
Durante el período de suspensión sus derechos adquiridos siguen corriendo, es decir no se pierden. Además, cuando pasen los 3 meses de suspensión usted habrá acumulado 9 meses de contrato, y eventualmente podrían corresponderle prestaciones laborales, si su empleador decide desahuciarla luego que se venza la suspensión.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

Prescripción de la Acción Penal. Alegato de prescripción. La prescripción de la acción penal sólo tiene aplicación cuando el proceso ha discurrido sin incidentes por parte del imputado.

SCJ multa a la notario Mayra Alicia Mota por faltas en el ejercicio de sus funciones

SCJ destituye como notario público al licenciado Pedro José Capellán Hernández

Pleno SCJ rechaza recurso de inconstitucionalidad contra ley sobre exequatur de profesionales

SCJ aprueba Sistema de Integridad Institucional

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Publicado por el PERIODICO HOY

17 Agosto 2009, 11:38 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. Si un empleado no toma sus vacaciones correspondientes y transcurren 12 meses sin tomar la primeras, ¿puede este reclamar el pago de las dos vacaciones?
Ese empleado no puede reclamar las dos vacaciones. Sólo una.
Los derechos laborales prescriben al año, es decir, sólo se pueden reclamar asuntos surgidos dentro del último año. Si el empleado (o el empleador) deja pasar un año su reclamación estará prescrita (Art. 704 del CT y jurisprudencia 3° SCJ 25 ene. 2006, B. J. 1142, pág. 1060).

2. Tengo una trabajadora doméstica que labora en mi casa desde el 1° de septiembre de 2008, en diciembre le di su regalía, pienso despedirla por ineficiencia. ¿Cuánto tengo que darle de prestaciones laborales?
Si usted sale de ella ahora tendría que darle la proporción de vacaciones por 11 meses (y si prefiere, puede completar el año, pues sólo le faltan 12 días), más la proporción de regalía pascual por el tiempo que va de enero a agosto 2009.
No tiene que darle más nada, pues para el servicio doméstico no aplican las prestaciones laborales.


3. Donde trabajo dan bono escolar pero como yo no tengo hijos y no me dan ese bono, ¿deben darme el bono escolar aunque yo no tenga hijos y si no un por ciento?
En mi opinión eso bono no le corresponde pues se otorga en ocasión de los gastos escolares, y usted no tiene esos gastos.


4. Mi hermano trabaja desde los 13 años y ahora ha cumplido 30 años de edad y sigue en la misma farmacia con sueldo de 8,000 pesos mensual pero él desea irse pues tiene una esposa y dos hijos y 10 años estudiando en la universidad sin poder concluir su carrera. Mi pregunta es ¿le toca algún tipo de liquidación económica?, ¿qué debe hacer él?
Si su hermano renuncia entonces no le corresponderán prestaciones laborales (alrededor de 140,662.49 en su caso) pero le quedan los derechos adquiridos (bonificación, regalía pascual y puede ser que vacaciones).
Pienso que después de una relación de 17 años, su hermano debe tener ya un grado de confianza, e incluso afecto, con su empleador de modo que él debería conversar su salida amigablemente tratando de llegar a un acuerdo de que le pague por lo menos 100,000 pesos de prestaciones, y si la farmacia está en crisis, que llegue a un acuerdo de esa misma cantidad en 3 pagos mensuales.

miércoles, 12 de agosto de 2009

Subero rechaza Código Procesal Penal aliente criminalidad

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Publicado por LISTIN DIARIO
Miércoles 12 de Agosto del 2009, actualizado 1:25 AM

Subero rechaza Código Procesal Penal aliente criminalidad
Néstor Medrano y Jhonatan Liriano - 8/12/2009

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa dijo que ya está bueno de que en el país se responsabilice a la Justicia de todo lo que ocurre, en relación a los linchamientos y al mismo tiempo rechazó que el Código Procesal Penal sea culpable de la criminalidad.
“Yo quisiera que ya dejaran de atribuirle a la Justicia todos los males del país, yo no creo que haya una relación de causa y efecto entre linchamientos y Justicia”, dijo.
Enfatizó que no cree que el problema esté en la forma benigna que le atribuyen a los tribunales y que las causas de la delincuencia no hay que buscarlas en el Código o en los linchamientos sino en causas sociopolíticas, sociológicas, porque se trata simplemente de delincuencia común. Rechazó que exista una debilidad en el Código Procesal Penal, al tiempo de proclamar que en las naciones donde hay mayores condenas son los de mayor índice de la criminalidad.
Subero habló luego del acto de graduación del programa de aspirantes a jueces de paz. Manifestó que en el país “no hay una relación de causa y efecto entre las penas y el índice de los delitos”.
Defendió las acciones de la Justica a la cual desvinculó del incremento de la ola de violencia criminal que reportan los medios de comunicación.
Policía advierteNingún ciudadano puede tomar la justicia por sus manos, y mucho menos conformar grupos represivos para castigar a presuntos delincuentes.
Quien se sume a los linchamientos humanos se coloca inmediatamente en contra de la Ley, advirtió ayer la jefatura de la Policía, en respuesta a los recientes hechos de violencia colectiva registrados en diferentes puntos del país.
La uniformada ha aumentado de un 17 a 56% su capacidad de respuesta a la denuncia de hechos delictivos, por lo que está capacitada para prevenir los linchamientos y castigar a sus responsables, indicó el vocero policial, coronel Nelson Rosario.
Contrario a la opinión de los sociólogos que atribuyen las agresiones grupales a la falta de confianza de la población en las autoridades, Rosario consideró que estos hechos ocurren de manera aislada, y no son un generalidad en el país, donde la Policía mantiene altos niveles de aceptación según los resultados de la encuesta publicada por “Barómetro de Las Américas”.
“La jefatura hace un llamado a las comunidades para que se acojan al Estado de Derecho que reina en este país democrático. Si en algún caso sorprenden a alguien cometiendo un hecho delictivo recomendamos que lo apresen y lo presenten a las autoridades”, planteó el coronel Rosario.
Se recuerda que, apoyados en una grabación de video, agentes policiales apresaron a un dominicano que decapitó a un ciudadano haitiano en el sector de Buenos Aires de Herrera, a principio de mayo pasado.

martes, 11 de agosto de 2009

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Publicado por El PERIODICO HOY
11 Agosto 2009, 12:02 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

Laboré en una empresa por ocho años, y se hizo término del contrato por mutuo acuerdo entre las partes. El tema de la bonificación no se tocó. Hoy la empresa me niega el pago, alegando que le firmé la terminación del contrato y la renuncia a los derechos adquiridos. Ahora, mi pregunta es: ¿Cómo derecho adquirido e irrenunciable, tengo derecho a reclamar la bonificación?


En mi opinión, al haber firmado renunciando expresamente a toda reclamación, y no habiéndose especificado ninguna reserva o salvedad respecto a la bonificación, se impone el principio de la buena fe sobre el principio de la irrenunciabilidad de derechos laborales, y usted no podría reclamar válidamente esa bonificación. En ese sentido hay una abundante jurisprudencia que confirma ese criterio. No obstante, hay algunos jueces -y creo que una Corte de Apelación- que no comparten ese criterio, y a pesar de la jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, entienden que esa reclamación sería factible.
2. La empresa donde laboro decidió cambiar la forma de pago a sus vendedores a partir del 1 de enero del año en curso. Sueldo, gastos de combustible, etc., fueron eliminados a cambio de comisión por ventas, misma que se nos paga a medida que vamos cobrando dichas ventas a nuestros clientes. Seguimos cumpliendo un horario, tenemos reunión dos veces al mes, tenemos seguro médico, etc. Mi pregunta es: Si la empresa decide prescindir de nuestros servicios, los ingresos por comisión ¿serían tomados en cuenta para fines de liquidación?
De acuerdo a la jurisprudencia constante (3°SCJ 3 Ago. 2005, B. J. 1137, Pág. 1536; 3°SCJ 18 Oct. 2006, B. J. 1150, Pág. 1567) las comisiones pagadas regularmente constituyen salario ordinario, y por ende se computan para fines de liquidación.
3. Tengo un salón de belleza. Las peluqueras, manicuristas y lava-pelos, trabajan por comisión acorde con el trabajo que realizan. Quiero saber hasta dónde es mi responsabilidad laboral con ellas.
Todas ellas son empleadas suyas, y usted es responsable de: inscribirlas en la Seguridad Social, otorgarles vacaciones anuales, pagarles regalía pascual y bonificación, y además en caso de cancelarlas (sin hayan cometido una falta grave) debe pagarle prestaciones laborales como cualquier otra empresa.

Condenan al Estado por hombre preso inocente.

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Publicado por DIARIO LIBRE
11 Agosto 2009
Condenan al Estado por hombre preso inocente.

El tribunal dice que no se aportaron los elementos de pruebas que incriminaran a De los Santos

SD. El Estado dominicano fue condenado a 446 días de salario base de un juez de primera instancia, a favor de un hombre que tras durar 14 meses en prisión, fue absuelto, por no haber cometido los cargos de asesinatos, atracos y asociación de malhechores.La decisión a favor de Mauro de los Santos Tejeda (Abel) fue adoptada por los jueces del Primera Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Antonio Sánchez Mejía, presidente; Esmirna Gisselle Méndez y Felipe Molina Abreu.Un juez de primer grado devenga RD$77,000 al mes. El tribunal acogió la solicitud de la defensora pública Manuela Ramírez y, en consecuencia, impuso la sentencia a favor de De los Santos, "al quedar establecido que éste ha sufrido prisión preventiva en ocasión de este proceso sin que se haya comprobado su participación en el hecho, incurriendo el órgano acusador en una negligencia que compromete su responsabilidad". Según el expediente, el hombre era acusado porque otro que llevaba su apodo, hijo de un hombre identificado como "Juan el Carnicero". Agrega que el mismo había tratado de asaltar a Santo García Ciriaco, víctima de un asalto a mano armada. Estableció que el Ministerio Público, único acusador, ha solicitado la absolución de Santo Alejandro Moreno Burgos por no contar con suficientes elementos que le permitan probar su imputación. De ahí que la acusación sólo prevalece respecto a Santos Tejada, en contra de quien tampoco se aportaron pruebas.
De Federico Méndez / Redactor

viernes, 7 de agosto de 2009

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Publicado por el PERIODICO HOY

3 Agosto 2009, 11:35 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


1. Me gustaría saber si es legal hacer a un trabajador el doping (prueba de sustancias)…, y si sale positivo ¿es legal despedirlo?
La ley establece (Art. 44, Ord. 1°, CT) que un empleado debe someterse a examen médico si así se lo exige su empleador, siempre que esté relacionado con el trabajo, y siempre que el empleador cubra los costos.
Si fruto del examen médico el empleado sale positivo, considero que no hay derecho a despedirlo por esa razón. Lo que la ley laboral prohíbe (Art. 45, Ord. 1°, CT) es que el empleado acuda al trabajo en estado de embriaguez o “en cualquiera otra condición análoga” (es decir, drogado), pero no prohíbe que ese empleado estando en su vida privada, fuera del trabajo, incurra en tales hechos.
No obstante, hay oficios e instituciones que por su naturaleza comprometen al empleado a llevar cierta austeridad de su vida privada, ajena, en principio, a su trabajo. Por ejemplo, quien labora para una iglesia, un juez o un fiscal, un promotor de productos o servicios que representan determinada imagen en el público. En tales casos, el despido podría quedar justificado en caso de un doping positivo.


2. Una empleada que tenga un año y un mes laborando de manera ininterrumpida, pero llega un día con una licencia médica, la cual dice que le será practicada una operación. Como consecuencia estará fuera de su puesto de trabajo un promedio de 1 a 2 meses. Mi pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad con esa empleada, es decir, tengo que seguir pagándole su salario y si ese tiempo que dure fuera de la empresa es computable o no a la hora de establecer el tiempo laborando en la empresa para los fines de cálculo de prestaciones laborales, entiéndase: bonificación, vacaciones, etc.?
A esa persona usted no tiene que seguir pagándole mientras se prolongue su licencia médica. Eso se desprende de lo establecido en el Art. 50 del CT, en el que se califica esa situación como una “suspensión de los efectos del contrato”, dentro de la cual el trabajador no trabaja y el empleador no tiene que pagar.
Esto también ha sido confirmado por la jurisprudencia (SCJ 5 Mayo 1969, B. J. 702, Pág. 975; SCJ 16 Jun. 1978, B. J. 811, Pág. 1211; SCJ 19 Dic. 1984, B. J. 889, Pág. 3358; SCJ 17 Sep. 1993, B. J. 994, Pág. 886.)

Subero saluda rechazo a la creación de Sala Constitucional

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Publicado por LISTIN DIARIO
Viernes 7 de Agosto del 2009, actualizado 1:53 AM


PRESIDENTE SCJ
Subero saluda rechazo a la creación de Sala Constitucional
Ramón Cruz Benzán - 8/7/2009

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, saludó la decisión de la Asamblea Revisora al rechazar la creación de una Sala Constitucional.
Dijo que él había declarado que se sometía a lo que aprobara la Asamblea Revisora y que eso hará.
“Yo aplaudo la decisión tomada por la Asamblea Revisora, que decidió rechazar la creación de un Tribunal Constitucional tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo”, expresó Subero Isa tras ser consultado en torno a la decisión adoptada anoche por la Asamblea Revisora.
Subero Isa había externado en varias ocasiones su oposición a la creación de una Sala Constitucional paralela a la Suprema por entender que se desmembraría el Poder Judicial.
De su lado, el Comisionado de la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez dijo que apela a la buena conciencia de los asambleistas para que en la próxima lectura la decisión sea revocada y sea acogida tal y como fue enviada por el Poder Ejecutivo.
Aseguró que lo que más le conviene a la justicia es la creación de una Sala Constitucional, contrario a lo externado por juristas y expertos en la materia.

Novedades Legislativas

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Novedades

Discurso pronunciado por el Dr. Jorge A. Subero Isa en la II Reunión Preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana


SCJ ofrece concierto por XII aniversario


II Reunión Preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana aglutinará presidentes Supremas Cortes


Justicia dominicana y de Brasil firman acuerdo


Juez Presidente TSJ Brasil visita Presidente de la SCJ


SCJ celebra misa por XII aniversario


SCJ celebra actividades por XII aniversario


Pasantes visitan al Presidente de la SCJ


Subero Isa recibe visita jueces Panamá


Representantes del Sector Bancario visitan Jurisdicción Inmobiliaria


SCJ inaugura exposición de ebanistería

¿Qué incentivos especiales otorga la Ley 171-07 a los Rentistas y Pensionados de Fuente Extranjera?

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Publicado por DIARIO LIBRE

07 Agosto 2009
De. - Derecho económico

¿Qué incentivos especiales otorga la Ley 171-07 a los Rentistas y Pensionados de Fuente Extranjera?La ley 171-07 tiene como objeto principal otorgar a los pensionados y rentistas que cumplan con las condiciones y requisitos de esta ley acogerse a ciertos incentivos fiscales y aduanales. Los incentivos otorgados por esta ley corresponden a los siguientes aspectos: (i) exención de los impuestos de transferencias inmobiliarias para la primera adquisición inmobiliaria [las transferencias inmobiliarias están gravadas con un impuesto unificado de un 3% sobre el valor del inmueble transferido]; (ii) exención del 50% de los impuestos sobre hipotecas cuando las acreedoras sean instituciones financieras debidamente reguladas por la Ley Monetaria y Financiera [las hipotecas están gravadas con un impuesto unificado de un 2% ad-valorem sobre el valor de la hipoteca]; (iii) exención del 50% del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria, [el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria es de un 1% sobre el valor del inmueble cuando este valor supere los RD$5,000,000.00]; (iv) exención de los impuestos que gravan el pago de dividendos e intereses, generados en el país o en el extranjero; (v) exención del 50% del Impuesto sobre Ganancia de Capital, siempre y cuando el rentista sea el accionista mayoritario de la compañía que sea sujeto al pago de este impuesto y que dicha sociedad no se dedique a las actividades comerciales o industriales [la ganancia de capital sujeta a impuesto se determina deduciendo del precio o valor de enajenación de un respectivo bien, el costo de adquisición o producción ajustado por inflación de conformidad con el artículo 327 del Código Tributario y 41 del Reglamento de Aplicación].En adición a estos incentivos, los pensionados y rentistas que hayan cumplido con las disposiciones de esta ley, podrán beneficiarse de la exención del gravamen arancelario de las importaciones de efectos personales y del hogar, sus equipos de oficios y profesionales usados. Sin embargo, todos los bienes exonerados como ajuares del hogar no podrán ser enajenados sin previamente haber pagado los tributos correspondientes al Estado Dominicano. Por otro lado, los pensionados y los rentistas y sus respectivos cónyuges que hayan cumplido con las disposiciones de la ley, podrán beneficiarse del Régimen de Exoneración Parcial de Impuestos de Vehículos de Motor establecido por la Ley No. 168 del 24 de mayo del 1967, modificada por la Ley No. 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal. Los vehículos de motor beneficiados por esta ley no podrán ser vendidos ni traspasados a terceros dentro de un plazo de 5 años a partir de su entrada al país, al menos que sea pagada la diferencia del total de los derechos e impuestos correspondientes.

Envíe sus preguntas a: a.toca@phlaw.comWebsite: www.phlaw.com
De Pellerano & Herrera

viernes, 31 de julio de 2009

Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)

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Publicado por DIARIO LIBRE

31 Julio 2009


De. - Derecho económico
Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)
El Estado Dominicano, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los pequeños contribuyentes sin contabilidad organizada y residentes en el país, estableció el Reglamento sobre Procedimientos Simplificados de Tributación para la Declaración y Pago del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), basado en dos métodos de aplicación: a) por las compras, y b) por los ingresos.
Pueden acogerse al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST):
(a) Los contribuyentes personas físicas y jurídicas del sector comercial de Provisiones al por mayor y detalle y las Pequeñas Industrias, cuyas compras sean de hasta treinta millones de pesos (RD$30,000,000.00) anuales, tales como colmadones, almacén de provisiones, farmacias, panaderías, entre otros. Dicho monto está sujeto al ajuste por inflación anual.
(b) Los contribuyentes, personas físicas o negocios de único sin contabilidad organizada, cuyos ingresos no superen los seis millones quinientos treinta y dos mil ochocientos pesos (RD$6,532,800.00) anuales, tales como colmados, salones de belleza, profesionales liberales (abogados, médicos, odontólogos, contadores) y otros. Dicho monto está sujeto al ajuste por inflación anual.
(c) Los contribuyentes que actualmente están acogidos al Régimen de Estimación Simple (RES), quienes deberán acogerse a uno de los dos métodos del PST o pasar al régimen ordinario.
Las principales ventajas del Procedimiento Simplificado de Tributación son las siguientes: (i) No requieren contabilidad organizada; (ii) No pagan anticipos del Impuesto sobre la Renta (ISR); (iii) No pagan Impuesto sobre Activos; (d) Disponen de acuerdo de pago automático para el Impuesto sobre la Renta (3 cuotas para Compras y 2 cuotas para Ingresos); (e) Los primeros seis meses del año no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR); y (f) No tienen que remitir las informaciones de Comprobantes Fiscales en sus compras y ventas del año anterior (Compras).
Dirija sus preguntas a: m.rodriguez@phlaw.com y a.toca@phlaw.com

miércoles, 29 de julio de 2009

Novedades Legislativas

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Novedades

Ley No. 179-09 que permite a las personas físicas, excepto negocios de único dueño, declarantes del Impuesto Sobre la Renta

Ley No. 178-09 que modifica las partes capitales de los Artículos 515 y 521 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Ley No. 177-09 que otorga amnistía a todos los empleadores públicos y privados

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Publicado en el PERIODICO HOY

27 Julio 2009, 11:28 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. ¿Puede una empresa accionar en contra de ex empleados que hayan cometido errores por los que la empresa haya sido sancionada por el Fisco?
Si, es posible. De acuerdo al Art. 712 del CT un empleado es civilmente responsable por los daños y perjuicios que ocasione en el ejercicio de sus funciones, y los Arts. 713 y 480 del CT le dan competencia para conocer de tales casos a los tribunales laborales. El Art. 515 del CT permite incluso que un empleador demandado en cobro de prestaciones laborales, pueda a su vez demandar reconvencionalmente en daños y perjuicios contra el trabajador demandante.

2. Mi pregunta es que a una amiga le hicieron un descuento, por un error cometido en sus labores, porque ellos venden materiales eléctricos y ella mando a cortar el alambre que no era, mi pregunta es ¿cómo puede ella exigir que le reembolsen el descuento? que según el Art. 201 del CT no está permitido.
La realidad es que exigir el reembolso de ese descuento está difícil para su amiga, aunque no es imposible si está dispuesta a poner en riesgo su empleo. Su amiga debe sopesar si prefiere reclamar (con un abogado o a través de un servicio de inspección) el reembolso, arriesgándose a perder el empleo, o si prefiere conservar su trabajo, y acordar con su empleador el descuento en varias partidas, pues a fin de cuentas se trató de un error o negligencia de ella.

3. ¿Porque muchas empresas toman en cuenta el historial crediticio de las personas a la hora de emplearlo?
Este tema ya fue tratado en esta columna en fechas 17 y 24 de junio del 2008. Puede encontrar los textos completos en el portal de internet www.institutoestudiosdeltrabajo.org.do, en la sección Consultorio Laboral.

4. Quisiera saber si una persona que presta servicios a más de un empleador, debe ser inscripto en la Tesorería de la seguridad social
Si, debe ser inscrito, y esa inscripción es responsabilidad de cada empleador (Art. 36, Ley 87-01)

5. Mi pregunta es la siguiente: ¿Los trabajadores contratados para una obra o servicio determinado deben estar inscritos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social ley 87-01?
Si, deben estar inscritos, pues ya está en vigor el llamado régimen contributivo de la Seguridad Social, que comprende a todos los que prestan servicios por cuenta ajena (Art. 7, Ley 87-01)

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (corrupción administrativa)

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Publicado por DIARIO LIBRE
29 Julio 2009
CPP. - Código Procesal Penal

El debate que se desarrolla en el país sobre la corrupción administrativa se ha centrado en torno a si existen o no los instrumentos legales para prevenirla, perseguirla y sancionarla. Deseo conocer su apreciación sobre cuál es la situación legislativa del país en materia de corrupción. Olivero Deñó.
La respuesta a su inquietud va a requerir de varias entregas de esta columna. En una primera parte voy a enumerar los textos legales que caracterizan lo que vamos a considerar actos de corrupción. Una parte de ellos aparecen en la ley No. 41-08 de Función Pública, y las otras en el Código Penal y diversas leyes adjetivas. En la segunda parte nos referimos a las medidas de prevención de la corrupción previstas en diversas leyes. En la tercera parte abordaremos las competencias y los procedimientos que dispone la ley procesal, especialmente el CPP, a los encargados de investigar y perseguir la corrupción.
Como es de rigor, empecemos por el concepto de corrupción. Digamos que corrupción es toda acción (u omisión) violatoria de la ley, de carácter grave, realizada por un servidor público, en perjuicio del patrimonio público o en el ámbito público, que reporta beneficios económicos, sea en forma directa o indirecta a su autor y/o cómplices. Este concepto requiere de varias precisiones.
1) La corrupción, en sentido estricto es un acto violatorio de la ley. Es ésta última la que prohibe, caracteriza y sanciona el acto corrupto. En este sentido es distinto a los actos contrarios, por ejemplo, de las normas de la moral.
2) La corrupción supone actos cometidos (i) ya en perjuicio del patrimonio público o (ii) ya desde el desempeño de una función pública. En el primer caso (i), el funcionario o empleado o representante electo se apropia u obtiene beneficios en perjuicio directo del patrimonio del Estado. El caso típico es cuando toma para sí de forma fraudulenta bienes o dinero propiedad del Estado, afectando directamente el patrimonio público. En el segundo (ii) el acto de corrupción deviene del hecho de que el servidor público aprovecha la función pública para desde ella obtener beneficios o incrementar su patrimonio personal, aún éstos no provengan directamente del patrimonio del Estado. Son casos típicos de este tipo, por ejemplo, cuando el servidor público aprovecha su jerarquía para obtener contratas para empresas propias o de amigos, o de familiares; también si solicita al beneficiario de una contrata u obra el pago de comisiones para su otorgamiento.
3) Para hablar con propiedad de corrupción, es imprescindible que en el acto corrupto participe un servidor público. En la mayoría de los casos éste actúa coludido con una persona del sector privado que es el corruptor. No se debe confundir corrupción, en sentido estricto, con otras formas de enriquecimiento fraudulento cometidos por personas privadas. En esos casos propiamente no se trata de corrupción sino que conforme la naturaleza del asunto la ley tipifica estos actos como asociación de malhechores, robo, estafa, abuso de confianza, falsificación, contrabando, bancarrota fraudulenta, competencia desleal, agiotismo, lavado de activos, etc.
4) El carácter grave de la corrupción se debe a las negativas consecuencias que supone que quienes son electos o designados en una función pública, para servir al interés público, utilicen la misma para enriquecerse fraudulentamente. A esto se añaden las terribles consecuencias sociales que todo acto de corrupción produce al privar a millares de personas de oportunidades, así como también el envilecimiento que genera en las instituciones y funciones públicas.
(Continuará)
Las leyes contra la corrupción se pueden clasificar en preventivas y represivas, siendo estas últimas las que establecen sanciones. Puede establecerse una categoría relativa a algunas especificidades contempladas en las leyes procesales en materia de corrupción.En unos casos la prevención se produce estableciendo procedimientos que, en principio evitarían la comisión del acto corrupto. En estos casos se habla de leyes de transparencia de los actos del Estado. En otros casos las leyes de prevención establecen procedimientos de revisión de los actos públicos, como forma de presionar por adelantado al servidor público para que se abstenga de cometer el acto corrupto. Estas son leyes de rendición de cuentas. En el país varias son las leyes de prevención, por vía de asegurar la transparencia de los actos de naturaleza pública. Veamos las principales: 1) Ley No. 34006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el 18 de agosto de 2006. Esta ley asume entre sus motivaciones la necesidad de que el Estado logre la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando adicionalmente competitividad y transparencia, especificando que es "deber de los funcionarios del Estado, así como de los oferentes y contratistas, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas complementarias" La propia ley establece que su objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades dentro de cada especialidad (art.1). Los sujetos a los que se les aplica esta ley es muy amplio: Gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras; las instituciones públicas de la seguridad social, los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, las empresas públicas no financieras y financieras. Además, cualquier contratación de bienes, servicios, obras y concesiones que se haga con fondos públicos, al margen de la naturaleza de entidad ( art.2). La ley especifica algunos principios que deben regir la compra y contrataciones públicas: i) Principio de eficiencia, debiendo seleccionarse la "oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración". ii) Principio de igualdad y libre competencia, por lo que se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. iii) Principio de transparencia y publicidad y en tal virtud los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a los requerimientos de cada proceso, asegurándose que todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. iv) Principio de economía y flexibilidad, lo que significa el establecimiento de reglas claras para asegurar la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y económicamente. v) Principio de participación por lo que el estado estimulará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. A esto se añaden los principios de equidad, de responsabilidad y moralidad, de reciprocidad y de razonabilidad

En el CPP anterior iniciamos el examen de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18.08.09, como ejemplo de ley preventiva que busca hacer transparentes los actos de la administración pública. Como indica su denominación esta ley rige, por un lado, la contratación de las obras públicas y concesiones del Estado, y por otro, las compras y la contratación de bienes, servicios, consultoría y alquileres con opción de compra y arrendamiento, entre otros. Conforme la ley, las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, que deseen contratar con el Estado deben demostrar que, entre otros: a) Tienen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato b) Que sus fines sociales son compatibles con el objeto contractual; c) Tiene solvencia económica; d) que ha cumplido sus obligaciones fiscales y de seguridad social.La ley prohibe ser ofertante ni contratar con el Estado: a) Al presidente y vicepresidente de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, senadores y diputados, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; síndicos y regidores_ contralor general y el subcontralor de la República, el director y subdirectores de Presupuesto; director nacional y el subdirector de Planificación; procurador general de la República y los demás miembros del ministerio público; tesorero nacional y subtesorero y demás funcionarios del Gobierno Central e instituciones públicas, aun los que ejerzan estas funciones de forma honorífica. b) Los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones descentralizadas, así como los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa del ente en donde desempeñen sus funciones; c) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el jefe y subjefes de la Policía Nacional. La prohibición a estos funcionarios en la contratación de las entidades a las cuales pertenecen, incluye también valerse de terceros o testaferros o de empresas en las que sean socios o tengan intereses; también los parientes con consaguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado; a los cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, parejas consensuales o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas.De modo expreso la ley prohibe participar en la contratación a las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas por sentencia por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Pero lo más interesante es que la ley especifica que si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua.

Anteriormente, nos referimos a la Ley No. 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18.08.09, como ejemplo de las leyes que tienen por objeto la prevención de la corrupción. En esta oportunidad, continuamos con el estudio de una institución y la legislación que le sirve de fundamento, cuyo objeto es la preservación y correcto uso del patrimonio publico, y por tanto, de la prevención de la corrupción. Nos referimos a la Contraloría General de la República.La Contraloría General de la República está regida por la llamada Ley de contabilidad General del Estado No. 3894, que en su versión original fue promulgada el 18 de agosto de 1954. Esta ley ha sido modificada y complementada por varias leyes y reglamentos. Conforme lo que dispone la ley, la Contraloría General de la República tiene a su cargo llevar a) la contabilidad general del Estado; b) fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos de los diversos departamentos de la administración pública, autónomos o no, del Estado y de los municipios; c) verificar el examen de las cuentas que deban rendir las personas o entidades que reciban o manejen fondos o bienes de tales entidades u organismos.La ley de Contraloría General de la República ha sido complementada por la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y Externo de las instituciones del Estado y de la Contraloría General de la República. Fue promulgada 8 de enero de 2007.Este sistema de control interno y externo de los fondos y recursos del Estado abarca: al gobierno central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas con participación Estatal mayoritaria, los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional.Como complemento de esta ley se emitió el decreto No. 491-07 contentivo del reglamento de aplicación que es el que efectivamente instituye el sistema nacional de control interno y de la Contraloría General de la República. En la próxima entrega examinaremos las atribuciones que le otorga la ley a esos fines a esta importante institución del Estado.

La Contraloría General de la República, anotamos en el CPP anterior, tiene por función realizar el control interno en las entidades del Estado, a cuyos fines fiscaliza los ingresos y la inversión que de los mismos realizan las distintas dependencias de la administración pública. La Cámara de Cuentas, por su parte es el órgano superior de control externo de los recursos públicos, instituida por la Constitución de la República en sus artículos 78, 79, 80 y 81 y regulada por la Ley 10-04 del 20 de enero del 2004. La ley dispone que teniendo un carácter principalmente técnico, goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene "personalidad jurídica instrumental". A fines de ejercer el control externo, la citada ley 10-04 faculta a la Cámara de Cuentas a 1) Definir las políticas de auditorías externa que deberán servir de guía general; 2) Establecer las normas y guías técnicas de auditoría externa gubernamental; 3) emitir los reglamentos, manuales, instructivos que fueren necesarios, así como 4) las normativas para evaluar la calidad de los controles internos institucionales y su grado de aplicación en la administración publica. Están sometidas al control externo de la Cámara de Cuentas: 1. Los poderes públicos, órganos constitucionales y sus dependencias; 2. Los órganos que conforman la administración pública central; 3. Las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias; 4. Las entidades de derecho público creadas por ley o decreto; 5. Los ayuntamientos municipales, sus dependencias, y otras corporaciones edilicias, así como el organismo regulador de los mismos; 6. Las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado, aunque sea parcialmente, por aportes del Estado, los municipios o las instituciones autónomas; 7. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas.La Cámara de Cuentas tiene amplias facultades para cumplir con su objeto, entre las que están: a) Practicar auditoria externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos públicos o privados sujetos a la ley; b) Tener acceso irrestricto a las evidencias documentales, físicas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; c) Identificar y señalar en los informes los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal; d) Emitir resoluciones, con fuerza ejecutoria, en el ámbito de la responsabilidad administrativa y civil; e) Requerir a las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a los resultados de sus actividades de control externo, y de nos ser atendidos solicitar a las máximas autoridades nacionales, se apliquen las sanciones correspondientes; f) Requerir la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con el personal de la Cámara de Cuentas o que de alguna manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas; g) Investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia; h) Auditar o analizar con oportunidad la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que cada año aprueba el Congreso Nacional; i) Participar por iniciativa propia, o apoyando a otros organismos, en actividades que prevengan o combatan la corrupción.

La ley No. 82-79, promulgada el 16 de diciembre de 1979 obliga a los funcionarios públicos, dentro del mes de tomar posesión, a levantar un inventario, jurado y legalizado ante notario público, de los bienes que integran su patrimonio. Igual deben hacer dentro del mes de cesar en sus funciones.Los funcionarios obligados a cumplir con este requisito son: a) El Presidente y el Vicepresidente de la República; b) los senadores y los diputados; c) los secretarios y sub-secretarios de Estado; d) el gobernador y vicegobernador del Banco Central; e) los administradores y gerentes de bancos estatales; f) los síndicos, regidores y tesoreros municipales; g) todos los jueces, los miembros del ministerio público y los miembros de la Cámara de Cuentas; h) los administradores y sub-administradores generales, los directores y sub-directores generales; i) Los directores generales y sub-directores; presidentes y vice-presidentes y los administradores de empresas estatales; j) los gobernadores provinciales;k) los presidentes y vicepresidentes, administradores y sub-administradores generales delas empresas controladas por la Corporación de Empresas Estatales; l) el Contralor y Auditor General de la Nación; m) el Tesorero Nacional, los colectores de rentas internas y los colectores de aduanas.La ley especifica que el inventario a ser presentado por el funcionario público debe contener una relación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, indicando sus valores estimados, sus pasivos y activos.El funcionario debe depositar el inventario ante el Tesorero Nacional quien remitirá una copia del mismo al Procurador General de la República, donde los terceros pueden obtener copia sin costo alguno.La ley establece varias formas de sanción administrativas al incumplimiento de esta obligación: i) El Tesorero Nacional esta facultado para abstenerse de ordenar los pagos de sueldos, hasta tanto el funcionario no someta su inventario; ii) el funcionario será objeto de amonestación por el funcionario jerárquicamente superior al que estuviera en falta.La ley prevé que los bienes adquiridos durante el desempeño de la función pública, por un funcionario que no le dio cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, serán considerados adquisiciones con un origen ilícito, con todas sus consecuencias, hasta prueba en contrario.La ley, además de estos aspectos preventivos, contempla aspectos represivos al disponer que los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras ejerzan sus funciones, o con motivo u ocasión de las mismas, les serán aplicables las penas previstas en los artículos 174 a 183 del Código Penal, ambos inclusive, que sancionan entre otros la concusión de funcionarios públicos, el soborno, el cohecho, la prevaricación.La ley dispone que respecto de estas infracciones, el plazo de la prescripción empieza a correr a partir del día en que el funcionario cese en la función pública.

En el CPP anterior iniciamos la síntesis del contenido de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estado Americanos, la que entró en vigor para los Estados partes, el 6 de marzo de 1997, siendo ratificada por la República Dominicana el 6 de agosto de 1999. La Convención busca la promoción y el fortalecimiento de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción entre los Estados Partes. La Convención define y caracteriza varios actos de corrupción a los cuales es aplicable:i) El requerimiento o la aceptación, así como ii) el ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente, por un /o a un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; iii) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;iv) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; yv) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.Por efecto de la Convención, los Estados partes contraen diversas obligaciones internacionales:i) tipificar los delitos descritos en los párrafos anteriores, si no lo estuvieran en su derecho interno;ii) Cada Estado parte prohibirá y sancionará como acto de corrupción el soborno transnacional que se define como " el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial";iii) Cada Estado parte considerará como un acto de corrupción y tipificará en su legislación interna el delito de enriquecimiento ilícito que la convención define como "el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él".

De Guillermo Moreno

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De Guillermo Moreno