martes, 23 de diciembre de 2008

Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

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Poper Ejecutivo promulga Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

lunes, 22 de diciembre de 2008

Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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Publicado por DIARIO LIBRE
22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. - Para ser juez...

"Para ser juez, hay que aprender a fallar", decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos "fallar", para no "fallar" el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. - Para ser juez...

"Para ser juez, hay que aprender a fallar", decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos "fallar", para no "fallar" el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

15 Diciembre 2008, 11:21 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral1.En su columna del 30 de septiembre, usted afirmó que el tribunal competente para conocer las demandas contra instituciones del Estado, aún con autonomía propia, es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Nuestra Pregunta es la siguiente: ¿Y cuál es el tribunal competente para conocer de las demandas en daños y perjuicios contra los funcionarios y directores de esas instituciones? No la demanda contra la institución en si, sino contra los funcionarios y directores por sus acciones personales. Si les es posible agregar fuentes bibliográficas y jurisprudencias.
En principio, toda acción en responsabilidad civil es de la competencia del Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, al tenor de lo establecido en el Art. 45 de la Ley 821 de 1927 sobre Organización Judicial, salvo atribuciones expresamente conferidas a otras jurisdicciones por otras disposiciones legales. Así por ejemplo, los juzgados de paz y los juzgados de trabajo, entre otras jurisdicciones, están facultados para conocer acciones en responsabilidad civil ligadas a casos, situaciones o convenciones particulares.
Si la responsabilidad civil del funcionario está relacionada a un hecho punible, la acción podrá ejercerse por ante las jurisdicciones penales al tenor de lo establecido en el Art. 50 del Código Procesal Penal.
Entre las fuentes bibliográficas le recomiendo a la clásica obra “Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano”, volumen 1, edición 1995, de Florian Tavares hijo, y al “Código Procesal Penal. Por un Juez en ejercicio” edición 2006, de Francisco Ortega Polanco.
2.Somos un grupo de trabajadores que laboramos en el Ingenio Porvenir de enero 2000 a octubre del 2003; no fuimos ni suspendidos ni oficialmente cesanteados. Hasta la fecha de hoy no hemos recibido ni sueldos atrasados, ni prestaciones laborales. Esta empresa interpuso un recurso de suspensión de todos sus trabajadores, que fue rechazado por el Departamento de trabajo. Este ingenio fue privatizado al Consorcio Pringamosa. Ahora el Gobierno lo va a pasar el Grupo Vicini y Central Romana. Mi pregunta, ¿tenemos derecho todavía a que se nos paguen las prestaciones laborales y los salarios atrasados? y ¿a quien le corresponde pagar?

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic / 2008

CPP. - Código Procesal Penal
Recursos de revisión
¿No constituye un contrasentido que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conozca los recursos de revisión de sus propias decisiones, cuando es conocida la tendencia a excusar los errores propios? ¿No sería más útil a la justicia que las revisiones las conozcan otros jueces? Juan M. Pérez
En principio, podría aceptarse como conveniente que sean jueces distintos a los de las Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia los que conozcan del recurso de revisión, si éstos ya han conocido del caso.
Ahora bien, es necesario profundizar en la lógica del recurso de revisión para entender en qué contexto es que la ley permite que puedan conocer del mismo jueces que ya conocen del caso.
La revisión no es una nueva instancia. Es más, en sentido estricto, no es propiamente un recurso de impugnación que examina los hechos (apelación) o la aplicación del derecho (casación). La revisión resulta más bien un tipo de recurso de reconsideración (ver el recurso de oposición en el CPP en el cual una parte le puede plantear al Juez que reconsidere su propio fallo).
El legislador se ha empeñado en otorgarle un carácter objetivo a la revisión, obligando a la parte que lo invoca a un medio de prueba respecto del cual los jueces no pueden deliberar o valorar si lo acogen o no.
Conforme las distintas hipótesis del CPP, el recurso se fundamentara en: 1) la presentación de la persona viva o de las pruebas de que lo estaba en el momento de la condena en los que pretenda que una persona sufre condena por un falso homicidio; 2) la presentación de las sentencias contradictorias que condenan a dos o más personas por el mismo delito; 3) la sentencia firme contentiva del fallo declarando falsa la prueba documental o testimonial que sirvió de base a la sentencia cuya revisión se requiere; 4) la presentación de nuevos documentos o pruebas que demuestren la inexistencia del hecho punible; 5) la presentación de la sentencia firme en la que se declara que fue mediante corrupción que se produjo la sentencia condenatoria cuya revisión se solicita; 6) la presentación de la nueva ley que le haya quitado el carácter de punible o dispuesto la aplicación de una pena más leve al hecho punible que dio lugar a la sentencia cuya revisión se solicita; 7) la presentación de la nueva decisión jurisprudencial que representa un cambio jurisprudencial en la SCJ en la interpretación de la norma aplicada.
La parte más delicada en las hipótesis citadas se refiere a los casos en los cuales hay que hacer valoración de las pruebas indicadas. A este respecto el CPP prevé la celebración de un nuevo juicio que se debe limitar a la valoración objetiva de las pruebas conforme el motivo invocado para la revisión y en ningún caso pueden hacer los jueces una nueva valoración de los hechos del proceso que dio lugar a la sentencia cuya revisión se conoce.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Reforma judicial

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic/ 2008

AM. - Reforma judicial
La reforma de la justicia dominicana es un imperativo que no puede ser negociado.En el estado actual de su desarrollo, al sistema judicial dominicano hay que dotarlo de mayor participación interna en el proceso de toma de decisiones administrativas; hay que ampliar y diversificar su organismo de origen, y hay que crear y fortalecer la jurisdicción constitucional, dotándola de jueces comprometidos con el desarrollo de la justicia constitucional y de la democracia dominicana.El primer objetivo se logra en parte con la creación del Consejo del Poder judicial, que permitirá que el insumo de los jueces a todos los niveles, llegue a altas instancias de dirección.El segundo, con la democratización y profesionalización del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora con su capacidad de juzgar la conducta de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahora estaban por encima del bien y del mal, sometiendo a los justiciables a la tortura de sus caprichos y prejuicios.Y la tercera se logra a través de la Sala Constitucional, dotada de atributos propios que permitan garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y del estado de derecho en el país.Esas modificaciones, junto a la rotación de la presidencia de la Suprema Corte y de las salas, impedirá que se entronen nuevos faraones en la justicia dominicana.Estos y otros cambios devolverán sin duda, la credibilidad perdida al Poder Judicial dominicano.
atejada@diariolibre.com

martes, 16 de diciembre de 2008

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira responde
Yadira Morel - 12/16/2008

Distinguida señora Morel: Mi esposo, hija y yo contamos con visado múltiple de 10 años, que vencen en febrero. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable solicitar la renovación? ¿Influye que contamos con visado múltiple de dos años de la Comunidad Europea?
RESPUESTA: La renovación de visas de paseo de 10 años puede presentarse antes de su expiración o en el año siguiente de su expiración. Si usted solicita la renovación después del año de expirada ya deja de ser renovación y usted será considerado como una persona que busca visa por primera vez. El hecho de que su familia tenga visa de la Comunidad Europea no influye en el otorgamiento de una visa americana.


Hola Dra. Morel:Me casé con un ciudadano americano en septiembre del 2003; mi hija y yo somos residentes desde el 2005, ¿Debido a que ya tengo más de tres años casada puedo solicitar la ciudadanía? ¿Cuando envíe el formulario debo también mandar el de mi hija? ¿Obtendrá ella la ciudadanía también? (la niña 13 años y vive con nosotros)
RESPUESTA: La esposa de un ciudadano americano puede presentar su aplicación de ciudadanía americana a los 3 años de ser residente permanente de EEUU, siempre y cuando siga casada con el ciudadano. Después de que tú seas ciudadana, solicita la de tu hija, a la cual le corresponde de manera automática, gracias al Children Citizenship Act.


Hola doctora:Mi hermano, que es ciudadano americano, hizo la petición para llevar a mi sobrino a EEUU, pero en la petición puso como nombre de su hijo Geuri y en el acta de nacimiento está como Jeuri. Él no es hijo de matrimonio pero sí está reconocido por mi hermano. Ya le empezaron a llegar papeles y llegaron con el nombre de Geuri.
RESPUESTA: No se preocupe, si el caso esta en el Centro Nacional de Visa, dígale a su hermano que envíe una carta explicándole el error y que le adjunte a la misma una copia del acta de nacimiento para confirmar el nombre correcto.

Renovación judicial

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Publicado en DIARIO LIBRE

Publicado en fecha 15/Dic./2008

Por: Adriano Miguel Tejada

AM. - Renovación judicial
La justicia dominicana tiene problemas. Podrá tener muchas computadoras, mejoradas sedes y mayor entrenamiento, pero falta el elemento más precioso para un juez: la integridad.
Existe una falla garrafal en el material humano, y aparentemente, se “bajan líneas” a todos los niveles.
La justicia no actúa libre de interferencias, ni internas ni externas, y lo peor de todo, no ofrece garantías de seguridad jurídica porque el dinero corre en la justicia.
Basta con escuchar los murmullos que llegan del Este, un mercado persa judicial; las quejas que se oyen desde el Sur, asilo de jueces probos; los lamentos desde el Cibao, que antes era un modelo, y desde la propia capital, donde ni la Suprema Corte de Justicia escapa a los rumores y los cuestionamientos.
El país ha puesto muchas esperanzas e invertido cuantiosos recursos para aceptar el lamentable estado de la justicia, porque también en el aparato judicial se esconde la impunidad y el prejuicio contra ciertos acusados.
Contrasta la facilidad con que salen libres los acusados de narcotráfico, aunque hayan sido atrapados en flagrante delito, con la severidad que son tratados otros imputables sin acusadores ni pruebas legales.
En el estado actual de nuestro sistema judicial, no parece posible que el proceso de regeneración moral de esa importante función del Estado pueda llevarse a cabo con esta estructura y con este liderazgo.
Y lo puedo decir yo, porque no soy abogado en ejercicio. Si lo fuera, tuviera que callarme.

viernes, 12 de diciembre de 2008

¿Qué dice la Constitución sobre la economía?

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Publicado por DIARIO LIBRE

12 Diciembre 2008
De. - Derecho económico

¿Qué dice la Constitución sobre la economía? La Constitución de un Estado, permea todas las actividades que se desarrollan en su territorio. Desde la organización misma del Estado, pasando por las relaciones entre el Estado y las personas y de las personas entre sí, hasta los principios y reglas que rigen esas relaciones. Partiendo de esta premisa, esta "sombrilla" constitucional arropa por supuesto toda actividad económica desarrollada por el Estado y las personas.Para saber cómo influye la Constitución en la economía podemos ver la Constitución Dominicana desde dos ángulos distintos. Por un lado, los derechos de las personas que bien tienen contenido económico o inciden en la economía y por otro lado aquellas normas que organizan la economía dominicana. En esta entrega veremos los derechos de contenido e incidencia económicos.En primer lugar, los derechos que engendran una naturaleza asociada a la actividad económica son el derecho de propiedad y la libertad de empresa. El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 8.13 de la Constitución como uno de los pilares de nuestro Sistema Jurídico-Político. La misma Constitución establece dos excepciones a esta condición de absoluto: por un lado, la facultad de expropiación por causa de utilidad pública y la expropiación expresa de toda riqueza artística o histórica de la nación. El segundo derecho de contenido económico es la libertad de empresa. Prevista en el artículo 8.12 de nuestro texto constitucional, la libertad de empresa, comercio e industria fundamenta el derecho de realizar cualquier actividad económica al amparo del Estado. Finalmente, otros derechos acompañan a las prerrogativas de carácter económico y que influyen directamente en la actividad económica del Estado.Estos son citados a continuación: 1.1. Libertad de asociación: previsto en el artículo 8.7 del Texto Constitucional, este derecho sienta las bases para la asociación de individuos con fines económicos, lo que presupone la prerrogativa de constituir sociedades con fines lícitos y de producción económica.1.2. Libertad de trabajo: normada a favor de los trabajadores manuales o intelectuales, en el artículo 8.11, envuelve la regulación por vía legislativa adjetiva, de las condiciones y forma de ejecución de los contratos de trabajo en la República Dominicana. Esta prerrogativa prevista por el artículo 8.11 de nuestra Carta Magna, incluye a su vez:1.2.1. Derecho a la organización sindical.1.2.2. Derecho a recibir del Estado, los útiles e instrumentos indispensables para que los trabajadores ejecuten su labor.1.2.3. Derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.1.2.4. Derecho a la huelga.1.2.5. Derecho a la seguridad social.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

Diciembre 2008, 12:36 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral¿Cuál es el alcance del Art. 424 del Código de Trabajo? ¿Cuáles irregularidades puede investigar la secretaría de Trabajo?
El texto del señalado Art. 424 es bastante general, y si se interpreta conjuntamente con los Arts. 418 y 420 del mismo Código –como en efecto debe ser– hay que llegar a la conclusión de que la secretaría de Estado de Trabajo está facultada para investigar cualquier denuncia o irregularidad que se relacione a la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo.
Siendo más específico la Secretaría de Trabajo puede:
Penetrar en las empresas, a través de sus inspectores, e interrogar al personal, examinar libros y documentos sobre cumplimiento de las leyes laborales (Art. 434 del CT);
Comprobar infracciones y levantar las actas correspondientes (Arts. 439 al 442 del CT);
Comprobar que los despidos de empleadas embarazadas obedezcan realmente a faltas cometidas por éstas y no a su estado de embarazo (Art. 233 del CT);
Hacer verificaciones en casos de solicitud de suspensión de contratos de trabajo (Art. 55 del CT) y en casos de cierre de empresas (Art. 82.5 del CT)
Quisiera saber ¿cuánto sería mis vacaciones en dinero y en días laborables, teniendo 3 años con sueldo de 20 mil mensual; y cuánto me toca de doble sueldo en diciembre? No estoy muy claro en eso.
Por vacaciones a usted le corresponde 14 días laborables, más los domingos y días no laborables próximos a esos 14 días. En cuanto al dinero, le corresponden 11,749.78 pesos, que es un monto ligeramente mayor que su quincena habitual dado que conforme al reglamento 258-93 ese derecho debe calcularse utilizando el factor 23.83.
En cuanto al “doble sueldo”, a usted le toca 20,000 pesos. En su caso, el salario de Navidad asciende al “doble sueldo”, pero no en todos los casos es así.
Tengo laborando 2 años y 4 meses, quiero renunciar presentando mi preaviso y trabajando los días. ¿Tiene la empresa que darme lo que por ley me corresponde, o más bien los cálculos que me da la página de la SET?
Seguramente el cálculo de la página de SET incluye preaviso como indemnización por terminación del contrato. Sin embargo, como usted está renunciando presentando el plazo del preaviso, no se debe calcular la indemnización del preaviso.

lunes, 8 de diciembre de 2008

AM. - Mejor justicia

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Publicado por ADRIANO MIGUEL TEJADA

Para DIARIO LIBRE

5 Diciembre 2008 - 3:13 pm

AM. - Mejor justicia
Como está propuesto en el proyecto de Constitución presentado por el presidente Fernández, la función judicial estaría mejor servida y mejor manejada que con el esquema actual.
El enojo del magistrado Jorge Subero Isa es comprensible: Aunque se aumenta la capacidad de gobierno del sistema judicial y se amplía las posibilidades para los justiciables de tener una decisión garantista de sus derechos, sus poderes omnímodos de la actualidad serían reducidos.
Obsérvese que no son los poderes de la función judicial, sino los poderes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es lo mismo, ni es igual.
El Poder Judicial estará mejor gobernado, porque en el Consejo del Poder Judicial estarán representados todos los estamentos que intervienen en el mismo: los jueces a todos los niveles, los abogados, ex jueces de experiencia y los decanos de las facultades de derecho.
La garantía de una mejor justicia está asegurada por la creación de la Sala Constitucional que preservaría el respeto a la Constitución y a los derechos que ella contiene, y la misma serviría para que los jueces se cuiden bien de no fallar por presiones, por complacencias o por cualquier otro motivo, que afecte la verdadera impartición de justicia.
Con la reforma, el Poder Judicial gana en numerosos aspectos, incluyendo una mejor selección y promoción de los jueces. No se disminuye, por el contrario, salvo el parecer interesado de algunos, es lo mejor que le puede pasar a la función judicial.

Las 15 leyes más parecidas a “pedazos de papeles” casi hecho trizas

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DESARROLLO INSTITUCIONAL?
Las 15 leyes más parecidas a “pedazos de papeles” casi hecho trizas
Kaelis Bautista/Clave Digital
domingo, 07 de diciembre de 2008


SANTO DOMINGO/República Dominicana.- Un paquete de leyes llamadas a regular la vida nacional en diferentes órdenes se quedan sólo en papel y tinta y sin que exista ningún tipo de consecuencias para los violadores.
Otras tantas son acatadas de manera parcial por las diferentes instancias y poderes del Estado encargados de su ejecución.

El Informe sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detalla unas 15 leyes que se incumplen, entres ellas algunas muy reclamadas en los últimos meses, como la 166-03 que establece un 10% de los ingresos del Gobierno central para los cabildos, los cuales hasta ahora sólo reciben 6%.
Además, con más de una década, la Ley General de Educación 66-97, que ningún gobierno ha cumplido su mandato de destinar por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto. La inversión para el sector educativo apenas ronda el 2% del PIB.
“El país ha sido reconocido por organismos internacionales en términos de formulación de leyes, pero cuando buscamos los indicadores que dan esas evaluaciones (de su aplicación) quedamos en último lugar”, expresó el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Francisco Checo.
Como un caso reciente, Checo se refirió a la Ley 423-06 de Presupuesto para el sector Público.
su artículo 34 la legislación indica que “el anteproyecto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos será elevado por el director general de Presupuesto al Secretario de Finanzas (ahora de Hacienda) y este último lo presentará al Consejo Nacional de Desarrollo para su aprobación definitiva, a más tardar el primero de octubre de cada año”.
El párrafo dos del mismo artículo señala que “en el año de inicio del período de gobierno el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo a más tardar el 10 de noviembre”.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Desarrollo aprobó el presupuesto el 20 de noviembre, 10 días después de lo establecido, y lo envió al Congreso el viernes.
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, en el país “hay una hiperinflación legislativa” y desde el Congreso Nacional se ha producido “un populismo legislativo”.
Castaños Guzmán entiende que ya es hora de que el Congreso comience a evaluar la implementación de algunas normas que se están violando desde el Estado y la sociedad.
Advierte que el incumplimiento de las leyes debilita al Estado.
De su lado, Checo considera que cada violación a una norma es una violación a la Constitución, que consagra que se deben respetar las leyes. Según el senador por la provincia Santiago, Francisco Domínguez Brito, en el país hay un serio problema de irrespeto a las normas en todos los niveles. “La palabra irrespeto es muy profunda, es simplemente que relativizamos las normas, que no las aceptamos como regla general en el juego de la democracia”, dijo el legislador.
El senador recordó como un puro ejemplo de violación a las normas lo sucedido en el país con la quiebra bancaria. Sostiene que hay que cambiar “la estructura de pensar y de nuestra conciencia ciudadana”
Al opinar del tema, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Estado (CONARE), Marcos Villamán, afirmó que en los últimos cuatro años el país realizó un cambio “dramático en su normativa”, pero el problema radica en la aplicación. “Si no se cumple la ley no existe estado de derecho”, sostuvo Villamán, al referir que una parte del problema está que en el trajinar cotidiano la gente “sobrevive en la ilegalidad y por consiguiente no le ve ninguna ventaja a la ley”.
El funcionario agregó que el CONARE es consciente de ese gran problema y en estos cuatro años de gestión dedicará esfuerzos a promover la aplicación de leyes relacionadas con sanción a la corrupción, como la de Declaración Jurada de Bienes, de Acceso a la Información Pública y la de Compras y Contrataciones Públicas. También mencionó las leyes de Función Pública y la del Distrito Nacional y los Municipios. Además, se plantea un esfuerzo con el cabildo de la capital para la aplicación de la Ley 241 de Tránsito de Vehículos.
“El desorden del tránsito es quizás la expresión mayor del caos social en el país”, manifestó el funcionario.
Más violaciones
La Constitución. Violada cada vez que el Ejecutivo envía al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto y Gastos Públicos fuera de la segunda legislatura ordinaria, así como cuando dispone la reasignación de fondos del presupuesto de una dependencia estatal a otra, según el informe de Desarrollo Humano de RD del PNUD.
Ley 176-07. La Ley del Distrito Nacional y los Municipios les da la oportunidad a los ciudadanos de incidir en la gestión municipal con el presupuesto participativo. De acuerdo con Participación Ciudadana, se aplica de manera tímida en pocos ayuntamientos.
Ley 241. La Ley de Tránsito también es otra de las legislaciones irrespetada.
Ley 385-05. La Ley de Protección al Consumidor o Usuario que tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios. Sin embargo, esto no se cumple.
Ley 6232. La ley de Planeamiento Urbano que establece el proceso de planificación urbana en ciudades con más de 50 mil habitantes es otra que según el informe del PNUD se cumple parcialmente, también la de Capitalización de las empresas estatales y la de electricidad.
Grandes debilidades
“En República Dominicana se puede afirmar que la elaboración de leyes es un paso necesario, pero no suficiente para asegurar que los derechos y deberes ciudadanos sean iguales para la población”, sostiene el Informe de Desarrollo Humano 2008.
El documento agrega que una de las características del sistema político dominicano es que se rige por la “ley del tigueraje”. Indica que los partidos políticos justifican las ilegalidades sobre la base de que “los otros hicieron lo mismo” y no repetir el acto ilegal es “estar en desventaja”.
“Esto ha generado una cultura de ilegalidades, impunidades y complicidades que va minando el estado de derecho y las posibilidades de desarrollo humano de la ciudadanía y donde lo mal hecho no tiene consecuencias legales”, especifica. En general, sostiene que la vida diaria de los dominicanos está llena de violaciones de los espacios públicos y del irrespeto a las normas de tránsito y no sucede nada.

miércoles, 3 de diciembre de 2008

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Sobre la Practica de Estudiante de Derecho)

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Publicado DIARIO LIBRE

03 Diciembre 2008
CPP. - Código Procesal Penal


Soy estudiante de derecho, y me atrae mucho el derecho penal, y quisiera saber por qué razón es que ahora no se permite a los estudiantes llevar casos ante los tribunales penales. Yo pienso que eso puede contribuir a disminuir el número de presos preventivos. Luis Mota Ruiz.


No es que los estudiantes de derecho no puedan participar en casos penales, sino que ahora esta práctica está sometida a una nueva reglamentación, acorde con los principios que rigen el proceso penal.
Conforme dispone el CPP, todo imputado tiene el derecho irrenunciable de defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección.
Se trata de uno de los principios fundamentales que rige el proceso penal. Tanto es así que si el imputado carece de los medios económicos para pagarse un defensor, el Estado le designa uno.
La ley ha creado un sistema nacional de defensa pública, y se ha constituido un cuerpo de defensores muy bien formados y entrenados en su mayoría, que operan a nivel nacional, aún insuficientes en número, que garantizan a los imputados que asisten una muy adecuada protección de sus derechos.
La garantía del derecho de defensa del imputado es una cuestión esencial del proceso penal acusatorio. Sin la asistencia del defensor el imputado estaría a merced de sus acusadores, es decir del Ministerio Público y del querellante, si este último participara como parte en el proceso.
Precisamente la presencia del defensor es lo que le da el equilibrio al proceso y lo hace contradictorio. El proceso penal ha de ser contradictorio en todo momento: en la fase inicial, preparatoria y de juicio. De modo particular y especialmente en todo lo relativo a las pruebas.
Teniendo tal importancia el derecho de defensa, no es posible que en la práctica pueda ser reducido a una mera formalidad como ocurría en muchos casos, cuando regía el sistema del abogado de oficio.
Por múltiples razones, que ahora no es el lugar para detallar, la defensa era mediocre, lo que en los hechos se traducía en un estado de indefensión del imputado y por tanto una violación del derecho de defensa.
En este contexto es que deben verse las disposiciones del CPP respecto de la participación de estudiantes de derecho en la defensa de imputados.
Lo que se ha querido evitar es que los imputados que carezcan de medios económicos sean utilizados como "conejillo de indias" para que estudiantes sin la experiencia y formación suficientes experimenten poniendo en riesgo la libertad y bienes de aquellos.
El CPP permite que con la debida autorización del juez los estudiantes de derecho participen en los procesos penales en calidad de asistente del defensor, es decir que en todo caso se asegura que sea un defensor técnico o el abogado o el profesor tengan la titularidad de la defensa con lo que se garantiza de forma más adecuada sus derechos en el proceso.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Cosas que pasan en nuestro Derecho

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Publicado por DIARIO LIBRE

en fecha 3/ Dic. /2008

Jueza denuncia presión para condenar imputado

La jueza Quevedo dijo que Ramírez le habló de que su cargo corría el riesgo por el caso

Edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría.


SD. La ex presidenta del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, degradada y trasladada recientemente a un juzgado de la Instrucción de Las Matas de Farfán, cuestionó la independencia judicial, denunciando presiones e interferencias de su superior inmediato en la toma de decisiones.
María Elena Quevedo Rosario comentó que cuando estuvo en el tribunal nunca actuó por capricho, sino de acuerdo con el mandato del Código Procesal Penal.
La magistrada acusó al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese Departamento Judicial, Manuel Antonio Ramírez Susaña, de haberla presionado para que pronuncie una condena en contra del ex banquero Leonel Almonte.
"En realidad me siento muy mal, porque yo pensaba que la justicia era independiente, que un juez no debe interferir en las decisiones de otro juez, entonces todas esas cosas me tienen hasta un poco desencantada, porque cada uno debe ser independiente, libre", afirmó.
Además, señala que el Código Procesal Penal lo primero que plantea es que el juez sea garantista. "Hay compañeros jueces que son testigos de la presión que he denunciado, porque él siempre iba allá a cuestionarme que por este caso específico un juez puede ser cancelado, y me decía que 'tú María Elena, sobre todo ten cuidado, porque todos los ojos están puestos en ti, porque tú eres la presidenta y eres responsable", dijo.
A seguidas, la hoy jueza de la Instrucción manifestó: "Yo le decía que no, que las decisiones no las tomaba yo sola, porque cuando hay suspensiones somos tres, y los tres nos ponemos de acuerdo para buscar la fecha". Quevedo Rosario afirmó que el secretario del Tribunal Colegiado es testigo "de toda la persecución que parecía una cacería".
Precisa que en San Juan de la Maguana es vox populi que Ramírez Susaña anda detrás de un juicio disciplinario en su contra, pues, según ella, tiene un delirio en su contra. "No sé porqué el doctor Ramírez Susaña ha demostrado tanto interés en este caso (Leonel Almonte) como nunca lo ha demostrado en otros casos", manifestó.
Petición a La Suprema Corte
La jueza María Elena Quevedo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, que explique porqué fue desmantelado el Tribunal Colegiado, porque los jueces del mismo legalmente han sido degradados, figura que no está contemplada en la Ley de Carrera Judicial.
Los demás jueces fueron trasladados a otras jurisdicciones.
De Federico Méndez Redactor Senior

martes, 2 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

1 Diciembre 2008, 11:26 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


Cuando se dan las vacaciones colectivas en diciembre, ¿se le debe de pagar la quincena por adelantado, al igual si se diera por persona o individual?, y si ¿es verdad que se completa con la Semana Santa?


El salario correspondiente a las vacaciones debe pagarse por adelantado, según lo dispone el Art. 181 del Código de Trabajo. El período de vacaciones sí puede ser fraccionado, a condición de que cada fracción sea por lo menos de una semana de duración (Art. 177 del CT). En ese sentido, las vacaciones podrían ser una mitad en diciembre y otra mitad coincidiendo con la Semana Santa.
A los trabajadores por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado ¿les corresponde recibir la proporción de vacaciones prevista en el CT cuando su labor termine luego de haber trabajado más de 5 meses?
La Suprema Corte de Justicia estableció como criterio un precedente todavía vigente (SCJ 14 Jun. 1974. B. J. 763, Pág. 1573) según el cual no importa el tipo de contrato de trabajo, habrá que otorgar vacaciones siempre que ese contrato se prolongue por un año o más. Sin embargo, esa jurisprudencia se refiere al caso en que se ha adquirido el derecho a vacaciones anuales, o sea, al caso en que el trabajador por cierto tiempo o para obra determinada ha pasado un año o más prestando servicios. Por tanto, la proporción de vacaciones que indica la escala del Art. 180 del CT no se aplica.
Deseo consultar con usted sobre las liquidaciones. Si una persona que tiene más de 5 años laborando en una empresa desea renunciar ¿le pagarían su liquidación?... Explíqueme cómo funciona, ya que no deseo dejar todos mis años.
El pago de la liquidación o prestaciones laborales depende de cómo termine el contrato. Si es por una falta grave cometida por usted (despido justificado) entonces no hay que pagarle liquidación. En cambio, si a usted lo cancelan sin haber hecho nada (desahucio) entonces hay que pagarle la liquidación completa. Si usted renuncia, es decir que decide irse de la empresa sin que le hayan hecho nada ni lo hayan sacado, entonces no hay que pagarle prestaciones. Por último, si usted dimite (por faltas cometidas por la empresa) el contrato termina por decisión suya, pero hay que pagarle sus prestaciones.

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Publicado en DIARIO LIBRE

En Fecha 2/ Dic. /2008

USA. - La columna de migración


Fui pedido por mi esposa ciudadana americana.

Tuve residencial condicional y hace poco pude conseguir la residencia definitiva. Recientemente, me divorcié. Quiero pedir a una novia dominicana que tengo, pero no la quiero pedir como novia, sino como esposa. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir?

La verdad es que puede casarse de nuevo sin ningún impedimento (en relación a la Ley de Inmigración de los Estados Unidos). Lo único es que va a tener que esperar cinco años a partir del momento que haya obtenido su residencia para poder hacer la petición para su actual novia, que sería entonces su esposa.

Recientemente me aprobaron una visa de inmigrante. Pero mi esposo y yo ya no queremos estar juntos. No sé si devolver mi visa, que no está usada, o usarla comoquiera y entrar a los Estados Unidos. De todos modos, vamos a comenzar los papeleos del divorcio en cualquier momento. ¿Qué usted me recomienda?

Lo que debe hacer es entrar a los Estados Unidos antes de divorciarse. Esto es, suponiendo que su visa de inmigrante la haya obtenido por medio de su esposo (residente o ciudadano Americano). De lo contrario, no será válida su visa, y eso puede salir a relucir en cualquier momento en el futuro. Si obtuvo su visa por otro familiar, entonces puede entrar a Estados Unidos como soltera o como casada. Recuerde también que el divorcio es un proceso. En nuestra legislación, hasta que se obtenga la sentencia y el pronunciamiento del divorcio, no hay divorcio, pero eso no es así para lo que tiene que ver con su visa, así que le sugiero que si obtuvo su visa por su esposo, que se marche mañana mismo antes de que se empiecen los trámites. ¡Suerte!

Me han pedido que le sirva de garante al esposo de mi hermana que está en la actualidad, pidiendo visa de residencia. Nunca he hecho esto antes, pero tengo ciertas reservas, aunque sí deseo ayudar a mi hermana. ¿Por cuánto tiempo existiría la obligación que tendría que firmar en el affidavit?

Esa obligación termina cuando el inmigrante se naturalice ciudadano americano o cuando ese inmigrante haya trabajado o pueda ser acreditado con 40 trimestres de trabajo. Después de 1996, no se acreditan trimestres de trabajo si la persona ha recibido fondos federales dentro de ese trimestre. También dicha obligación termina si el inmigrante fallece o si deja de ser residente legal permanente. Fíjese que el affidavit que se le otorga a una persona en una visa de novios es diferente al affidavit que se le otorga en una visa de residencia, por ejemplo, para un esposo. Una nota interesante: El divorcio no elimina esta obligación. ¡Suerte!

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615