Miriam Germán Brito, sobre el poder judicial y su independencia: «Pasé un tiempo sometida a un brutal acoso”

Servicios de Acento.com.do  26 de agosto de 2019 | 3:00 pm SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para la pensionada magistrada Miriam Germán Brito, ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la ausencia de independencia en el poder judicial “devasta el carácter social y democrático que se supone consustancial al Estado de Derecho”. Para la ex jueza la independencia es una herramienta imprescindible para la administración de justicia, en cuyas decisiones no deben estar ausentes el derecho a un trato igualitario. Dijo que El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político bajo la dirección del presidente de la República, y que los miembros que se suponen independientes le deben favores o le temen al jefe de Estado, por lo que no resulta confiable para garantizar la independencia del poder judicial. En un reconocimiento que le hizo la Comisión Dominicano de los Derechos Humanos, que dirige Manuel Mercedes, Miriam Germán declaró que en el Consejo de la M

Reforma y la sociedad civil

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Reforma y la sociedad civil

Por Carlos Villaverde Gómez

Director de Proyectos FINJUS

7 nov. 08

El actual debate sobre la reforma constitucional toca algunos nudos sensibles de la sociedad civil dominicana. Su vocación participativa ha sido puesta de manifiesto en las constantes luchas emprendidas en los últimos 25 años, a través de campañas por la ampliación de los derechos sociales, el apoyo a la organización popular y la articulación del tejido social imprescindible para soportar las tareas de la democracia.
Como la misma sociedad civil, la discusión constitucional actual apunta a la diversidad de posiciones, enfoques, matices y controversias. No podría ser de otra forma, dadas las distintas experiencias y antecedentes que arrastran las principales o más activas organizaciones sociales dominicanas.
Independientemente de si finalmente la reforma se realizará mediante el mecanismo de la Asamblea Revisora o la Constituyente, la sociedad civil debe procurar mantener una discusión activa y sistemática sobre los fundamentos de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Hemos expresado que la propuesta contiene elementos novedosos que mejoran áreas vitales de nuestra arquitectura constitucional, como las garantías y derechos fundamentales, el establecimiento de la función pública o la creación del Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, la ciudadanía aún no se ha involucrado en el conocimiento profundo de los temas más polémicos, como por ejemplo los relativos a la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa al margen del Poder Judicial, la disminución de las funciones de control por parte del Poder legislativo o la ampliación de las facultades del Presidente de la República, hasta el punto de ser convertido en el símbolo, garante y paradigma de la unidad nacional.
En coyunturas como la presente, la sociedad civil debe jugar un rol más activo y convertirse en una fuente alternativa las posiciones presentadas, insistiendo al Congreso que el estudio, ponderación y crítica de las diferentes propuestas de reforma constitucional deben incluir y tomar en consideración a todos los sectores nacionales, sin excepción, para hacer más legítima, profunda y completa la decisión que eventualmente tomarán los legisladores al aprobar o desestimar las el proyecto presentado.
La República Dominicana tiene que abocarse a dar pasos de madurez en su régimen político, lo que conlleva estimular y propiciar la participación activa y diversa de las ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas, en la discusión de las políticas públicas, de los programas sectoriales o regionales y en fin, de todas las iniciativas que tengan relación directa con la calida de vida de los habitantes.
Hace 15 años, la sociedad civil insistió en cuatro ejes principales de cambios: la alta concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo; incrementar la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos; la subordinación del Poder Judicial a los intereses particulares (políticos o económicos) y modernizar la burocracia estatal.
Nadie duda que avanzamos desde entones en los dos últimos objetivos. ¿Por qué no podemos aprovechar esta nueva coyuntura para adelantar los cambios que aun están pendientes?. Esta es la urgencia de hoy.

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