PROYECTO
Sectores proponen hacer 48 reformas al Código Procesal
Belkis Féliz - 2/18/2008 Listin Diario
LOS CAMBIOS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL CURSAN EN EL CONGRESO NACIONAL
El consultor jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio, responde preguntas. A su lado, el director ejecutivo de LISTÍN DIARIO, Antonio Gil, y el coordinador del Desayuno, Fernando Quiroz.El comisionado de apoyo a la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, muestra al jefe de la Policía aspectos del nuevo Código Procesal Penal.SANTO DOMINGO.- La propuesta de reformar el nuevo Código Procesal Penal en 48 puntos, la cual cursa en el Congreso Nacional, fue el consenso entre jueces, fiscales, defensores públicos, policías, abogados, profesores universitarios y representantes de otros sectores, resaltó el consultor jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio.
La propuesta fue enviada desde el Poder Ejecutivo luego de recibirla de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.
Las posiciones fueron expuestas en el desayuno de LISTÍN DIARIO que contó con la participación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el comisionado de apoyo a la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.
Pina Toribio estima que las reformas pendientes son pocas pero que no hay marcha atrás en la aplicación de la ley.
Para Moscoso Segarra, la ampliación de la sanción o su drasticidad no es sinónimo de erradicación de la criminalidad o la delincuencia. Afirmó que la Policía debe pasar a ser preventiva, pues la pena de muerte o el cúmulo de las penas no resuelven nada.
Entiende que en el proceso de reformas del Código Procesal hay dos momentos importantes que son la reincidencia y las sanciones (aplicación de las penas).
Y aunque muchos entienden que a mayor drasticidad hay una reducción de la criminalidad y la violencia, consideró que las consultas nacionales hechas no arrojan esos resultados.
ComisionadoAclaró que el Código Procesal Penal lo que hace es establecer el proceso para la aplicación de la pena.
Entiende que este proceso de reformas en el sistema hacia administración penal, trae consigo resistencia por parte de la sociedad.
Sobre la reincidencia, dijo que hay una discusión importante respecto a si el juez debe valorar al momento de emitir un juicio si el individuo tenia vínculos con otros hechos.
Sin embargo, precisa que una buena política criminal se basa en la prevención en los campos sociales y psicológicos, y desde ese ángulo entiende que el Código Penal es una medida extrema dentro de la política criminal que entra cuando ha fracasado la política preventiva.
Relata que durante estos tres años y medio de vigencia de la Ley 76-02 su implementación fue evaluada por actores de todo el sistema y expertos nacionales y extranjeros.
Este monitoreo de la legislación penal fue ampliamente discutida y analizada tras lo cual una comisión interinstitucional reunió las principales modificaciones que amerita la ley que fue sometida al Poder Ejecutivo y que en estos momentos es objeto de estudio por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, adonde fue enviada por el Gobierno.
Llamó a todos los interesados en expresar sus puntos de vista y hacer precisiones sobre los cambios que amerita el Código, hacerlo a través del Congreso Nacional o de la dependencia que dirige.
Citó el plazo de las 48 horas entre los principales hallazgos que los actores y los sujetos del proceso identificaron como debilidades.
CONSULTORPina Toribio cree que las reformas al Código Procesal Penal pueden ser resumidas en ampliar algunos plazos de flagrancia y la aplicación de algunas de las previsiones teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción que se cometa.
Dijo que debe quedar claro que las propuestas de modificación de la Ley 76-02 son el resultado de una amplia consulta, análisis y ponderación de todos los interesados, que puede ser enriquecida todavía.
Sostiene que muchas personas se hicieron una idea equivocada de la legislación referida porque en el momento que entró en vigor se notó un incremento de la criminalidad.
Sin embargo, estima que esos fenómenos se dieron por la tendencia a crecer que tenía en ese momento la criminalidad, hechos que de ninguna manera se pueden asociar a la aplicación del Código Procesal.
Categóricamente rechazó que el Código Procesal Penal sea una de las causas del incremento de la delincuencia en el país.
Recalcó que “por eso decimos que no podemos actuar sobre la base de esa percepción de inseguridad que no es nuestra, por eso es la insistencia en no vincular, no dar al Código como la causa de este crecimiento de la delincuencia y que se examinara entonces donde habían estado las fallas”.
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