martes, 23 de diciembre de 2008

Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

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Poper Ejecutivo promulga Ley General de Sociedades Comerciales No: 479-08

lunes, 22 de diciembre de 2008

Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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Publicado por DIARIO LIBRE
22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. - Para ser juez...

"Para ser juez, hay que aprender a fallar", decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos "fallar", para no "fallar" el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

Muy buen articulo de Adriano Miguel Tejada

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22 Diciembre 2008, 12:01 AM
AM. - Para ser juez...

"Para ser juez, hay que aprender a fallar", decía un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, que un querido amigo tuvo la gentileza de enviarme. Pues sí, para ser juez hay que distinguir la diferencia entre los verbos "fallar", para no "fallar" el fallo.El problema no es que un juez se equivoque, pues todos somos humanos, aun el más encumbrado de los mortales. El problema está cuando sabe que se equivocó y no enmienda el error, o se impide que se enmiende a través de los mecanismos de la administración de justicia.Tomemos dos casos claros que devendrán en clásicos: el caso Sun Land y el caso Pellerano Mendoza.En el caso Sun Land, la Corte Suprema se tomó más de un año para fallarlo. Se podría alegar que había desunión entre sus jueces, como se pudo comprobar en el fallo, pero esta razón debió bastar para que una comisión de jueces redactara un proyecto de sentencia de consenso. Ahí faltó el liderazgo de que habló el Presidente de la Suprema Corte.Más aún: Si no fue posible el consenso, la sentencia definitiva debió tener mayor sustento jurídico. Por eso nadie la pasa, aunque hubiese sido la solución final del caso de todas maneras. Sobre el caso Pellerano y Mendoza, es evidente la intromisión de intereses ajenos a la justicia.El sistema falló en este caso, porque los mecanismos de control fueron cooptados por agentes externos y también faltó el liderazgo ético que impusiera el valor supremo de la justicia sobre los prejuicios internos y las presiones externas.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

15 Diciembre 2008, 11:21 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral1.En su columna del 30 de septiembre, usted afirmó que el tribunal competente para conocer las demandas contra instituciones del Estado, aún con autonomía propia, es el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Nuestra Pregunta es la siguiente: ¿Y cuál es el tribunal competente para conocer de las demandas en daños y perjuicios contra los funcionarios y directores de esas instituciones? No la demanda contra la institución en si, sino contra los funcionarios y directores por sus acciones personales. Si les es posible agregar fuentes bibliográficas y jurisprudencias.
En principio, toda acción en responsabilidad civil es de la competencia del Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, al tenor de lo establecido en el Art. 45 de la Ley 821 de 1927 sobre Organización Judicial, salvo atribuciones expresamente conferidas a otras jurisdicciones por otras disposiciones legales. Así por ejemplo, los juzgados de paz y los juzgados de trabajo, entre otras jurisdicciones, están facultados para conocer acciones en responsabilidad civil ligadas a casos, situaciones o convenciones particulares.
Si la responsabilidad civil del funcionario está relacionada a un hecho punible, la acción podrá ejercerse por ante las jurisdicciones penales al tenor de lo establecido en el Art. 50 del Código Procesal Penal.
Entre las fuentes bibliográficas le recomiendo a la clásica obra “Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano”, volumen 1, edición 1995, de Florian Tavares hijo, y al “Código Procesal Penal. Por un Juez en ejercicio” edición 2006, de Francisco Ortega Polanco.
2.Somos un grupo de trabajadores que laboramos en el Ingenio Porvenir de enero 2000 a octubre del 2003; no fuimos ni suspendidos ni oficialmente cesanteados. Hasta la fecha de hoy no hemos recibido ni sueldos atrasados, ni prestaciones laborales. Esta empresa interpuso un recurso de suspensión de todos sus trabajadores, que fue rechazado por el Departamento de trabajo. Este ingenio fue privatizado al Consorcio Pringamosa. Ahora el Gobierno lo va a pasar el Grupo Vicini y Central Romana. Mi pregunta, ¿tenemos derecho todavía a que se nos paguen las prestaciones laborales y los salarios atrasados? y ¿a quien le corresponde pagar?

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic / 2008

CPP. - Código Procesal Penal
Recursos de revisión
¿No constituye un contrasentido que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conozca los recursos de revisión de sus propias decisiones, cuando es conocida la tendencia a excusar los errores propios? ¿No sería más útil a la justicia que las revisiones las conozcan otros jueces? Juan M. Pérez
En principio, podría aceptarse como conveniente que sean jueces distintos a los de las Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia los que conozcan del recurso de revisión, si éstos ya han conocido del caso.
Ahora bien, es necesario profundizar en la lógica del recurso de revisión para entender en qué contexto es que la ley permite que puedan conocer del mismo jueces que ya conocen del caso.
La revisión no es una nueva instancia. Es más, en sentido estricto, no es propiamente un recurso de impugnación que examina los hechos (apelación) o la aplicación del derecho (casación). La revisión resulta más bien un tipo de recurso de reconsideración (ver el recurso de oposición en el CPP en el cual una parte le puede plantear al Juez que reconsidere su propio fallo).
El legislador se ha empeñado en otorgarle un carácter objetivo a la revisión, obligando a la parte que lo invoca a un medio de prueba respecto del cual los jueces no pueden deliberar o valorar si lo acogen o no.
Conforme las distintas hipótesis del CPP, el recurso se fundamentara en: 1) la presentación de la persona viva o de las pruebas de que lo estaba en el momento de la condena en los que pretenda que una persona sufre condena por un falso homicidio; 2) la presentación de las sentencias contradictorias que condenan a dos o más personas por el mismo delito; 3) la sentencia firme contentiva del fallo declarando falsa la prueba documental o testimonial que sirvió de base a la sentencia cuya revisión se requiere; 4) la presentación de nuevos documentos o pruebas que demuestren la inexistencia del hecho punible; 5) la presentación de la sentencia firme en la que se declara que fue mediante corrupción que se produjo la sentencia condenatoria cuya revisión se solicita; 6) la presentación de la nueva ley que le haya quitado el carácter de punible o dispuesto la aplicación de una pena más leve al hecho punible que dio lugar a la sentencia cuya revisión se solicita; 7) la presentación de la nueva decisión jurisprudencial que representa un cambio jurisprudencial en la SCJ en la interpretación de la norma aplicada.
La parte más delicada en las hipótesis citadas se refiere a los casos en los cuales hay que hacer valoración de las pruebas indicadas. A este respecto el CPP prevé la celebración de un nuevo juicio que se debe limitar a la valoración objetiva de las pruebas conforme el motivo invocado para la revisión y en ningún caso pueden hacer los jueces una nueva valoración de los hechos del proceso que dio lugar a la sentencia cuya revisión se conoce.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Reforma judicial

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 17/ Dic/ 2008

AM. - Reforma judicial
La reforma de la justicia dominicana es un imperativo que no puede ser negociado.En el estado actual de su desarrollo, al sistema judicial dominicano hay que dotarlo de mayor participación interna en el proceso de toma de decisiones administrativas; hay que ampliar y diversificar su organismo de origen, y hay que crear y fortalecer la jurisdicción constitucional, dotándola de jueces comprometidos con el desarrollo de la justicia constitucional y de la democracia dominicana.El primer objetivo se logra en parte con la creación del Consejo del Poder judicial, que permitirá que el insumo de los jueces a todos los niveles, llegue a altas instancias de dirección.El segundo, con la democratización y profesionalización del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora con su capacidad de juzgar la conducta de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hasta ahora estaban por encima del bien y del mal, sometiendo a los justiciables a la tortura de sus caprichos y prejuicios.Y la tercera se logra a través de la Sala Constitucional, dotada de atributos propios que permitan garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y del estado de derecho en el país.Esas modificaciones, junto a la rotación de la presidencia de la Suprema Corte y de las salas, impedirá que se entronen nuevos faraones en la justicia dominicana.Estos y otros cambios devolverán sin duda, la credibilidad perdida al Poder Judicial dominicano.
atejada@diariolibre.com

martes, 16 de diciembre de 2008

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira responde
Yadira Morel - 12/16/2008

Distinguida señora Morel: Mi esposo, hija y yo contamos con visado múltiple de 10 años, que vencen en febrero. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable solicitar la renovación? ¿Influye que contamos con visado múltiple de dos años de la Comunidad Europea?
RESPUESTA: La renovación de visas de paseo de 10 años puede presentarse antes de su expiración o en el año siguiente de su expiración. Si usted solicita la renovación después del año de expirada ya deja de ser renovación y usted será considerado como una persona que busca visa por primera vez. El hecho de que su familia tenga visa de la Comunidad Europea no influye en el otorgamiento de una visa americana.


Hola Dra. Morel:Me casé con un ciudadano americano en septiembre del 2003; mi hija y yo somos residentes desde el 2005, ¿Debido a que ya tengo más de tres años casada puedo solicitar la ciudadanía? ¿Cuando envíe el formulario debo también mandar el de mi hija? ¿Obtendrá ella la ciudadanía también? (la niña 13 años y vive con nosotros)
RESPUESTA: La esposa de un ciudadano americano puede presentar su aplicación de ciudadanía americana a los 3 años de ser residente permanente de EEUU, siempre y cuando siga casada con el ciudadano. Después de que tú seas ciudadana, solicita la de tu hija, a la cual le corresponde de manera automática, gracias al Children Citizenship Act.


Hola doctora:Mi hermano, que es ciudadano americano, hizo la petición para llevar a mi sobrino a EEUU, pero en la petición puso como nombre de su hijo Geuri y en el acta de nacimiento está como Jeuri. Él no es hijo de matrimonio pero sí está reconocido por mi hermano. Ya le empezaron a llegar papeles y llegaron con el nombre de Geuri.
RESPUESTA: No se preocupe, si el caso esta en el Centro Nacional de Visa, dígale a su hermano que envíe una carta explicándole el error y que le adjunte a la misma una copia del acta de nacimiento para confirmar el nombre correcto.

Renovación judicial

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Publicado en DIARIO LIBRE

Publicado en fecha 15/Dic./2008

Por: Adriano Miguel Tejada

AM. - Renovación judicial
La justicia dominicana tiene problemas. Podrá tener muchas computadoras, mejoradas sedes y mayor entrenamiento, pero falta el elemento más precioso para un juez: la integridad.
Existe una falla garrafal en el material humano, y aparentemente, se “bajan líneas” a todos los niveles.
La justicia no actúa libre de interferencias, ni internas ni externas, y lo peor de todo, no ofrece garantías de seguridad jurídica porque el dinero corre en la justicia.
Basta con escuchar los murmullos que llegan del Este, un mercado persa judicial; las quejas que se oyen desde el Sur, asilo de jueces probos; los lamentos desde el Cibao, que antes era un modelo, y desde la propia capital, donde ni la Suprema Corte de Justicia escapa a los rumores y los cuestionamientos.
El país ha puesto muchas esperanzas e invertido cuantiosos recursos para aceptar el lamentable estado de la justicia, porque también en el aparato judicial se esconde la impunidad y el prejuicio contra ciertos acusados.
Contrasta la facilidad con que salen libres los acusados de narcotráfico, aunque hayan sido atrapados en flagrante delito, con la severidad que son tratados otros imputables sin acusadores ni pruebas legales.
En el estado actual de nuestro sistema judicial, no parece posible que el proceso de regeneración moral de esa importante función del Estado pueda llevarse a cabo con esta estructura y con este liderazgo.
Y lo puedo decir yo, porque no soy abogado en ejercicio. Si lo fuera, tuviera que callarme.

viernes, 12 de diciembre de 2008

¿Qué dice la Constitución sobre la economía?

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Publicado por DIARIO LIBRE

12 Diciembre 2008
De. - Derecho económico

¿Qué dice la Constitución sobre la economía? La Constitución de un Estado, permea todas las actividades que se desarrollan en su territorio. Desde la organización misma del Estado, pasando por las relaciones entre el Estado y las personas y de las personas entre sí, hasta los principios y reglas que rigen esas relaciones. Partiendo de esta premisa, esta "sombrilla" constitucional arropa por supuesto toda actividad económica desarrollada por el Estado y las personas.Para saber cómo influye la Constitución en la economía podemos ver la Constitución Dominicana desde dos ángulos distintos. Por un lado, los derechos de las personas que bien tienen contenido económico o inciden en la economía y por otro lado aquellas normas que organizan la economía dominicana. En esta entrega veremos los derechos de contenido e incidencia económicos.En primer lugar, los derechos que engendran una naturaleza asociada a la actividad económica son el derecho de propiedad y la libertad de empresa. El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 8.13 de la Constitución como uno de los pilares de nuestro Sistema Jurídico-Político. La misma Constitución establece dos excepciones a esta condición de absoluto: por un lado, la facultad de expropiación por causa de utilidad pública y la expropiación expresa de toda riqueza artística o histórica de la nación. El segundo derecho de contenido económico es la libertad de empresa. Prevista en el artículo 8.12 de nuestro texto constitucional, la libertad de empresa, comercio e industria fundamenta el derecho de realizar cualquier actividad económica al amparo del Estado. Finalmente, otros derechos acompañan a las prerrogativas de carácter económico y que influyen directamente en la actividad económica del Estado.Estos son citados a continuación: 1.1. Libertad de asociación: previsto en el artículo 8.7 del Texto Constitucional, este derecho sienta las bases para la asociación de individuos con fines económicos, lo que presupone la prerrogativa de constituir sociedades con fines lícitos y de producción económica.1.2. Libertad de trabajo: normada a favor de los trabajadores manuales o intelectuales, en el artículo 8.11, envuelve la regulación por vía legislativa adjetiva, de las condiciones y forma de ejecución de los contratos de trabajo en la República Dominicana. Esta prerrogativa prevista por el artículo 8.11 de nuestra Carta Magna, incluye a su vez:1.2.1. Derecho a la organización sindical.1.2.2. Derecho a recibir del Estado, los útiles e instrumentos indispensables para que los trabajadores ejecuten su labor.1.2.3. Derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.1.2.4. Derecho a la huelga.1.2.5. Derecho a la seguridad social.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

Diciembre 2008, 12:36 AM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral¿Cuál es el alcance del Art. 424 del Código de Trabajo? ¿Cuáles irregularidades puede investigar la secretaría de Trabajo?
El texto del señalado Art. 424 es bastante general, y si se interpreta conjuntamente con los Arts. 418 y 420 del mismo Código –como en efecto debe ser– hay que llegar a la conclusión de que la secretaría de Estado de Trabajo está facultada para investigar cualquier denuncia o irregularidad que se relacione a la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo.
Siendo más específico la Secretaría de Trabajo puede:
Penetrar en las empresas, a través de sus inspectores, e interrogar al personal, examinar libros y documentos sobre cumplimiento de las leyes laborales (Art. 434 del CT);
Comprobar infracciones y levantar las actas correspondientes (Arts. 439 al 442 del CT);
Comprobar que los despidos de empleadas embarazadas obedezcan realmente a faltas cometidas por éstas y no a su estado de embarazo (Art. 233 del CT);
Hacer verificaciones en casos de solicitud de suspensión de contratos de trabajo (Art. 55 del CT) y en casos de cierre de empresas (Art. 82.5 del CT)
Quisiera saber ¿cuánto sería mis vacaciones en dinero y en días laborables, teniendo 3 años con sueldo de 20 mil mensual; y cuánto me toca de doble sueldo en diciembre? No estoy muy claro en eso.
Por vacaciones a usted le corresponde 14 días laborables, más los domingos y días no laborables próximos a esos 14 días. En cuanto al dinero, le corresponden 11,749.78 pesos, que es un monto ligeramente mayor que su quincena habitual dado que conforme al reglamento 258-93 ese derecho debe calcularse utilizando el factor 23.83.
En cuanto al “doble sueldo”, a usted le toca 20,000 pesos. En su caso, el salario de Navidad asciende al “doble sueldo”, pero no en todos los casos es así.
Tengo laborando 2 años y 4 meses, quiero renunciar presentando mi preaviso y trabajando los días. ¿Tiene la empresa que darme lo que por ley me corresponde, o más bien los cálculos que me da la página de la SET?
Seguramente el cálculo de la página de SET incluye preaviso como indemnización por terminación del contrato. Sin embargo, como usted está renunciando presentando el plazo del preaviso, no se debe calcular la indemnización del preaviso.

lunes, 8 de diciembre de 2008

AM. - Mejor justicia

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Publicado por ADRIANO MIGUEL TEJADA

Para DIARIO LIBRE

5 Diciembre 2008 - 3:13 pm

AM. - Mejor justicia
Como está propuesto en el proyecto de Constitución presentado por el presidente Fernández, la función judicial estaría mejor servida y mejor manejada que con el esquema actual.
El enojo del magistrado Jorge Subero Isa es comprensible: Aunque se aumenta la capacidad de gobierno del sistema judicial y se amplía las posibilidades para los justiciables de tener una decisión garantista de sus derechos, sus poderes omnímodos de la actualidad serían reducidos.
Obsérvese que no son los poderes de la función judicial, sino los poderes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es lo mismo, ni es igual.
El Poder Judicial estará mejor gobernado, porque en el Consejo del Poder Judicial estarán representados todos los estamentos que intervienen en el mismo: los jueces a todos los niveles, los abogados, ex jueces de experiencia y los decanos de las facultades de derecho.
La garantía de una mejor justicia está asegurada por la creación de la Sala Constitucional que preservaría el respeto a la Constitución y a los derechos que ella contiene, y la misma serviría para que los jueces se cuiden bien de no fallar por presiones, por complacencias o por cualquier otro motivo, que afecte la verdadera impartición de justicia.
Con la reforma, el Poder Judicial gana en numerosos aspectos, incluyendo una mejor selección y promoción de los jueces. No se disminuye, por el contrario, salvo el parecer interesado de algunos, es lo mejor que le puede pasar a la función judicial.

Las 15 leyes más parecidas a “pedazos de papeles” casi hecho trizas

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DESARROLLO INSTITUCIONAL?
Las 15 leyes más parecidas a “pedazos de papeles” casi hecho trizas
Kaelis Bautista/Clave Digital
domingo, 07 de diciembre de 2008


SANTO DOMINGO/República Dominicana.- Un paquete de leyes llamadas a regular la vida nacional en diferentes órdenes se quedan sólo en papel y tinta y sin que exista ningún tipo de consecuencias para los violadores.
Otras tantas son acatadas de manera parcial por las diferentes instancias y poderes del Estado encargados de su ejecución.

El Informe sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detalla unas 15 leyes que se incumplen, entres ellas algunas muy reclamadas en los últimos meses, como la 166-03 que establece un 10% de los ingresos del Gobierno central para los cabildos, los cuales hasta ahora sólo reciben 6%.
Además, con más de una década, la Ley General de Educación 66-97, que ningún gobierno ha cumplido su mandato de destinar por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto. La inversión para el sector educativo apenas ronda el 2% del PIB.
“El país ha sido reconocido por organismos internacionales en términos de formulación de leyes, pero cuando buscamos los indicadores que dan esas evaluaciones (de su aplicación) quedamos en último lugar”, expresó el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Francisco Checo.
Como un caso reciente, Checo se refirió a la Ley 423-06 de Presupuesto para el sector Público.
su artículo 34 la legislación indica que “el anteproyecto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos será elevado por el director general de Presupuesto al Secretario de Finanzas (ahora de Hacienda) y este último lo presentará al Consejo Nacional de Desarrollo para su aprobación definitiva, a más tardar el primero de octubre de cada año”.
El párrafo dos del mismo artículo señala que “en el año de inicio del período de gobierno el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo a más tardar el 10 de noviembre”.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Desarrollo aprobó el presupuesto el 20 de noviembre, 10 días después de lo establecido, y lo envió al Congreso el viernes.
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, en el país “hay una hiperinflación legislativa” y desde el Congreso Nacional se ha producido “un populismo legislativo”.
Castaños Guzmán entiende que ya es hora de que el Congreso comience a evaluar la implementación de algunas normas que se están violando desde el Estado y la sociedad.
Advierte que el incumplimiento de las leyes debilita al Estado.
De su lado, Checo considera que cada violación a una norma es una violación a la Constitución, que consagra que se deben respetar las leyes. Según el senador por la provincia Santiago, Francisco Domínguez Brito, en el país hay un serio problema de irrespeto a las normas en todos los niveles. “La palabra irrespeto es muy profunda, es simplemente que relativizamos las normas, que no las aceptamos como regla general en el juego de la democracia”, dijo el legislador.
El senador recordó como un puro ejemplo de violación a las normas lo sucedido en el país con la quiebra bancaria. Sostiene que hay que cambiar “la estructura de pensar y de nuestra conciencia ciudadana”
Al opinar del tema, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Estado (CONARE), Marcos Villamán, afirmó que en los últimos cuatro años el país realizó un cambio “dramático en su normativa”, pero el problema radica en la aplicación. “Si no se cumple la ley no existe estado de derecho”, sostuvo Villamán, al referir que una parte del problema está que en el trajinar cotidiano la gente “sobrevive en la ilegalidad y por consiguiente no le ve ninguna ventaja a la ley”.
El funcionario agregó que el CONARE es consciente de ese gran problema y en estos cuatro años de gestión dedicará esfuerzos a promover la aplicación de leyes relacionadas con sanción a la corrupción, como la de Declaración Jurada de Bienes, de Acceso a la Información Pública y la de Compras y Contrataciones Públicas. También mencionó las leyes de Función Pública y la del Distrito Nacional y los Municipios. Además, se plantea un esfuerzo con el cabildo de la capital para la aplicación de la Ley 241 de Tránsito de Vehículos.
“El desorden del tránsito es quizás la expresión mayor del caos social en el país”, manifestó el funcionario.
Más violaciones
La Constitución. Violada cada vez que el Ejecutivo envía al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto y Gastos Públicos fuera de la segunda legislatura ordinaria, así como cuando dispone la reasignación de fondos del presupuesto de una dependencia estatal a otra, según el informe de Desarrollo Humano de RD del PNUD.
Ley 176-07. La Ley del Distrito Nacional y los Municipios les da la oportunidad a los ciudadanos de incidir en la gestión municipal con el presupuesto participativo. De acuerdo con Participación Ciudadana, se aplica de manera tímida en pocos ayuntamientos.
Ley 241. La Ley de Tránsito también es otra de las legislaciones irrespetada.
Ley 385-05. La Ley de Protección al Consumidor o Usuario que tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios. Sin embargo, esto no se cumple.
Ley 6232. La ley de Planeamiento Urbano que establece el proceso de planificación urbana en ciudades con más de 50 mil habitantes es otra que según el informe del PNUD se cumple parcialmente, también la de Capitalización de las empresas estatales y la de electricidad.
Grandes debilidades
“En República Dominicana se puede afirmar que la elaboración de leyes es un paso necesario, pero no suficiente para asegurar que los derechos y deberes ciudadanos sean iguales para la población”, sostiene el Informe de Desarrollo Humano 2008.
El documento agrega que una de las características del sistema político dominicano es que se rige por la “ley del tigueraje”. Indica que los partidos políticos justifican las ilegalidades sobre la base de que “los otros hicieron lo mismo” y no repetir el acto ilegal es “estar en desventaja”.
“Esto ha generado una cultura de ilegalidades, impunidades y complicidades que va minando el estado de derecho y las posibilidades de desarrollo humano de la ciudadanía y donde lo mal hecho no tiene consecuencias legales”, especifica. En general, sostiene que la vida diaria de los dominicanos está llena de violaciones de los espacios públicos y del irrespeto a las normas de tránsito y no sucede nada.

miércoles, 3 de diciembre de 2008

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Sobre la Practica de Estudiante de Derecho)

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Publicado DIARIO LIBRE

03 Diciembre 2008
CPP. - Código Procesal Penal


Soy estudiante de derecho, y me atrae mucho el derecho penal, y quisiera saber por qué razón es que ahora no se permite a los estudiantes llevar casos ante los tribunales penales. Yo pienso que eso puede contribuir a disminuir el número de presos preventivos. Luis Mota Ruiz.


No es que los estudiantes de derecho no puedan participar en casos penales, sino que ahora esta práctica está sometida a una nueva reglamentación, acorde con los principios que rigen el proceso penal.
Conforme dispone el CPP, todo imputado tiene el derecho irrenunciable de defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección.
Se trata de uno de los principios fundamentales que rige el proceso penal. Tanto es así que si el imputado carece de los medios económicos para pagarse un defensor, el Estado le designa uno.
La ley ha creado un sistema nacional de defensa pública, y se ha constituido un cuerpo de defensores muy bien formados y entrenados en su mayoría, que operan a nivel nacional, aún insuficientes en número, que garantizan a los imputados que asisten una muy adecuada protección de sus derechos.
La garantía del derecho de defensa del imputado es una cuestión esencial del proceso penal acusatorio. Sin la asistencia del defensor el imputado estaría a merced de sus acusadores, es decir del Ministerio Público y del querellante, si este último participara como parte en el proceso.
Precisamente la presencia del defensor es lo que le da el equilibrio al proceso y lo hace contradictorio. El proceso penal ha de ser contradictorio en todo momento: en la fase inicial, preparatoria y de juicio. De modo particular y especialmente en todo lo relativo a las pruebas.
Teniendo tal importancia el derecho de defensa, no es posible que en la práctica pueda ser reducido a una mera formalidad como ocurría en muchos casos, cuando regía el sistema del abogado de oficio.
Por múltiples razones, que ahora no es el lugar para detallar, la defensa era mediocre, lo que en los hechos se traducía en un estado de indefensión del imputado y por tanto una violación del derecho de defensa.
En este contexto es que deben verse las disposiciones del CPP respecto de la participación de estudiantes de derecho en la defensa de imputados.
Lo que se ha querido evitar es que los imputados que carezcan de medios económicos sean utilizados como "conejillo de indias" para que estudiantes sin la experiencia y formación suficientes experimenten poniendo en riesgo la libertad y bienes de aquellos.
El CPP permite que con la debida autorización del juez los estudiantes de derecho participen en los procesos penales en calidad de asistente del defensor, es decir que en todo caso se asegura que sea un defensor técnico o el abogado o el profesor tengan la titularidad de la defensa con lo que se garantiza de forma más adecuada sus derechos en el proceso.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com
De Guillermo Moreno

Cosas que pasan en nuestro Derecho

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Publicado por DIARIO LIBRE

en fecha 3/ Dic. /2008

Jueza denuncia presión para condenar imputado

La jueza Quevedo dijo que Ramírez le habló de que su cargo corría el riesgo por el caso

Edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría.


SD. La ex presidenta del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, degradada y trasladada recientemente a un juzgado de la Instrucción de Las Matas de Farfán, cuestionó la independencia judicial, denunciando presiones e interferencias de su superior inmediato en la toma de decisiones.
María Elena Quevedo Rosario comentó que cuando estuvo en el tribunal nunca actuó por capricho, sino de acuerdo con el mandato del Código Procesal Penal.
La magistrada acusó al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese Departamento Judicial, Manuel Antonio Ramírez Susaña, de haberla presionado para que pronuncie una condena en contra del ex banquero Leonel Almonte.
"En realidad me siento muy mal, porque yo pensaba que la justicia era independiente, que un juez no debe interferir en las decisiones de otro juez, entonces todas esas cosas me tienen hasta un poco desencantada, porque cada uno debe ser independiente, libre", afirmó.
Además, señala que el Código Procesal Penal lo primero que plantea es que el juez sea garantista. "Hay compañeros jueces que son testigos de la presión que he denunciado, porque él siempre iba allá a cuestionarme que por este caso específico un juez puede ser cancelado, y me decía que 'tú María Elena, sobre todo ten cuidado, porque todos los ojos están puestos en ti, porque tú eres la presidenta y eres responsable", dijo.
A seguidas, la hoy jueza de la Instrucción manifestó: "Yo le decía que no, que las decisiones no las tomaba yo sola, porque cuando hay suspensiones somos tres, y los tres nos ponemos de acuerdo para buscar la fecha". Quevedo Rosario afirmó que el secretario del Tribunal Colegiado es testigo "de toda la persecución que parecía una cacería".
Precisa que en San Juan de la Maguana es vox populi que Ramírez Susaña anda detrás de un juicio disciplinario en su contra, pues, según ella, tiene un delirio en su contra. "No sé porqué el doctor Ramírez Susaña ha demostrado tanto interés en este caso (Leonel Almonte) como nunca lo ha demostrado en otros casos", manifestó.
Petición a La Suprema Corte
La jueza María Elena Quevedo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, que explique porqué fue desmantelado el Tribunal Colegiado, porque los jueces del mismo legalmente han sido degradados, figura que no está contemplada en la Ley de Carrera Judicial.
Los demás jueces fueron trasladados a otras jurisdicciones.
De Federico Méndez Redactor Senior

martes, 2 de diciembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral

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Publicado por el PERIODICO HOY

1 Diciembre 2008, 11:26 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS


Cuando se dan las vacaciones colectivas en diciembre, ¿se le debe de pagar la quincena por adelantado, al igual si se diera por persona o individual?, y si ¿es verdad que se completa con la Semana Santa?


El salario correspondiente a las vacaciones debe pagarse por adelantado, según lo dispone el Art. 181 del Código de Trabajo. El período de vacaciones sí puede ser fraccionado, a condición de que cada fracción sea por lo menos de una semana de duración (Art. 177 del CT). En ese sentido, las vacaciones podrían ser una mitad en diciembre y otra mitad coincidiendo con la Semana Santa.
A los trabajadores por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado ¿les corresponde recibir la proporción de vacaciones prevista en el CT cuando su labor termine luego de haber trabajado más de 5 meses?
La Suprema Corte de Justicia estableció como criterio un precedente todavía vigente (SCJ 14 Jun. 1974. B. J. 763, Pág. 1573) según el cual no importa el tipo de contrato de trabajo, habrá que otorgar vacaciones siempre que ese contrato se prolongue por un año o más. Sin embargo, esa jurisprudencia se refiere al caso en que se ha adquirido el derecho a vacaciones anuales, o sea, al caso en que el trabajador por cierto tiempo o para obra determinada ha pasado un año o más prestando servicios. Por tanto, la proporción de vacaciones que indica la escala del Art. 180 del CT no se aplica.
Deseo consultar con usted sobre las liquidaciones. Si una persona que tiene más de 5 años laborando en una empresa desea renunciar ¿le pagarían su liquidación?... Explíqueme cómo funciona, ya que no deseo dejar todos mis años.
El pago de la liquidación o prestaciones laborales depende de cómo termine el contrato. Si es por una falta grave cometida por usted (despido justificado) entonces no hay que pagarle liquidación. En cambio, si a usted lo cancelan sin haber hecho nada (desahucio) entonces hay que pagarle la liquidación completa. Si usted renuncia, es decir que decide irse de la empresa sin que le hayan hecho nada ni lo hayan sacado, entonces no hay que pagarle prestaciones. Por último, si usted dimite (por faltas cometidas por la empresa) el contrato termina por decisión suya, pero hay que pagarle sus prestaciones.

+ preguntas sobre migración

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Publicado en DIARIO LIBRE

En Fecha 2/ Dic. /2008

USA. - La columna de migración


Fui pedido por mi esposa ciudadana americana.

Tuve residencial condicional y hace poco pude conseguir la residencia definitiva. Recientemente, me divorcié. Quiero pedir a una novia dominicana que tengo, pero no la quiero pedir como novia, sino como esposa. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir?

La verdad es que puede casarse de nuevo sin ningún impedimento (en relación a la Ley de Inmigración de los Estados Unidos). Lo único es que va a tener que esperar cinco años a partir del momento que haya obtenido su residencia para poder hacer la petición para su actual novia, que sería entonces su esposa.

Recientemente me aprobaron una visa de inmigrante. Pero mi esposo y yo ya no queremos estar juntos. No sé si devolver mi visa, que no está usada, o usarla comoquiera y entrar a los Estados Unidos. De todos modos, vamos a comenzar los papeleos del divorcio en cualquier momento. ¿Qué usted me recomienda?

Lo que debe hacer es entrar a los Estados Unidos antes de divorciarse. Esto es, suponiendo que su visa de inmigrante la haya obtenido por medio de su esposo (residente o ciudadano Americano). De lo contrario, no será válida su visa, y eso puede salir a relucir en cualquier momento en el futuro. Si obtuvo su visa por otro familiar, entonces puede entrar a Estados Unidos como soltera o como casada. Recuerde también que el divorcio es un proceso. En nuestra legislación, hasta que se obtenga la sentencia y el pronunciamiento del divorcio, no hay divorcio, pero eso no es así para lo que tiene que ver con su visa, así que le sugiero que si obtuvo su visa por su esposo, que se marche mañana mismo antes de que se empiecen los trámites. ¡Suerte!

Me han pedido que le sirva de garante al esposo de mi hermana que está en la actualidad, pidiendo visa de residencia. Nunca he hecho esto antes, pero tengo ciertas reservas, aunque sí deseo ayudar a mi hermana. ¿Por cuánto tiempo existiría la obligación que tendría que firmar en el affidavit?

Esa obligación termina cuando el inmigrante se naturalice ciudadano americano o cuando ese inmigrante haya trabajado o pueda ser acreditado con 40 trimestres de trabajo. Después de 1996, no se acreditan trimestres de trabajo si la persona ha recibido fondos federales dentro de ese trimestre. También dicha obligación termina si el inmigrante fallece o si deja de ser residente legal permanente. Fíjese que el affidavit que se le otorga a una persona en una visa de novios es diferente al affidavit que se le otorga en una visa de residencia, por ejemplo, para un esposo. Una nota interesante: El divorcio no elimina esta obligación. ¡Suerte!

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615

jueves, 27 de noviembre de 2008

+ Consultas en Materia Laboral (Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales)

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Publicado en el Periodico HOY

24 Noviembre 2008, 11:00 PM
CONSULTORIO LABORAL


Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS
Especialista en derecho laboral

¿Qué regulación laboral se aplica a un trabajador que inicie un contrato de trabajo en el extranjero y es enviado en misión a la República Dominicana, para luego ser transferido a otro país, o a un nacional que es contratado en el territorio nacional y luego es enviado a prestar su servicio en el extranjero?


La persona contratada en cualquiera de las dos situaciones señaladas en pregunta tendrá derecho a demandar ante la jurisdicción laboral de cualquiera de los países en los que haya prestado servicios, en virtud del Principio de la Territorialidad de las Leyes Laborales, que es reconocido y admitido por la gran mayoría de países del mundo.
No obstante, en la práctica, es decir en la realidad , lo más común es que se demanda en la jurisdicción laboral del país en donde se le puso término al contrato, o sea el último país en donde el empleado prestó sus servicios; pero nada impide que se haga en cualquiera de los otros países en donde también se ejecutó el contrato.
Hay dos aspectos en que la Doctrina (o sea los expertos en Derecho Laboral) está de acuerdo, y son los siguientes:
• Primero, que la jurisdicción (o tribunal) que esté apoderada del caso, necesariamente tendrá que aplicar y juzgar el caso conforme a las leyes de “policía del trabajo” y conforme a las normas de “orden público” vigentes en el país a que pertenezca la jurisdicción apoderada. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el caso es conocido aquí las normas procesales que se aplicarán serán la previstas en el Código de Trabajo de la República Dominicana, y no las leyes procesales de los demás países en que el trabajador prestó servicios;
• Segundo, la Doctrina concuerda en que las partes, al momento de la contratación, o incluso durante la ejecución del contrato, pueden elegir cualesquiera de los derechos extranjeros con los que el contrato tenga alguna relación razonable, sin que esto implique renuncia del trabajador a la protección más favorable que le otorguen las leyes laborales del país en donde interpuso su demanda y en donde se juzga su caso.
Si usted desea abundar más sobre el tema, le sugiero consultar las siguientes obras: “Manual de Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 126, de Lupo Hernández Rueda, 9° edición. Editora Dalis. Moca, 2004; y “Derecho del Trabajo”, Tomo 1, página 147, de Rafael Alburquerque, 2° edición. Ediciones Trajano Potentini. Santo Domingo, 2003.

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Prisión preventiva)

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 26/ Nov. /2008

CPP. - Código Procesal Penal


Prisión preventiva.

Con frecuencia en la prensa se informa de que un juez dispuso que un imputado debía durar en prisión preventiva 18 meses, es decir un año y medio, lo que encuentro excesivo sobre todo si uno de los argumentos que más se esgrime para justificar el nuevo código procesal penal es que nadie debe sufrir una pena anticipada y debe presumírsele inocente hasta no ser condenado. Lucas Ramírez.

Lo primero es que el CPP establece plazos de cumplimiento riguroso para que el MP y los jueces realicen la instrucción preparatoria, el juzgamiento y le pongan término al proceso penal, corriendo el riesgo, de no observarlos, de que el proceso sea anulado.El CPP establece plazos ordinarios para los asuntos penales ordinarios. Pero en algunos casos el asunto a ser investigado o juzgado es complejo, atendiendo a determinados factores especificados en la ley. Para esos casos el CPP crea un sistema de plazos extraordinarios, luego de que el Juez de la Instrucción admite declararlo como un asunto complejo. Es importante entender que el proceso penal no es mera formalidad, sino la organización de unos procedimientos conforme a unas reglas que tienen como finalidad arrojar unos resultados respecto del vínculo de una determinada persona y unos hechos punibles que se le imputan o de los que se les acusa su comisión. Por tanto el legislador no puede establecer plazos como para llenar una formalidad, sino que éstos deben ser los adecuados para que razonablemente se pueda hacer la investigación o llevar a cabo el proceso. Si el legislador estableciera plazos únicos estaría ignorando que los hechos punibles son de una variada complejidad y diversidad y que no todos pueden ser reducidos a un solo esquema de investigación o de procesamiento. El CPP, en su artículo 366 enumera varias hipótesis que pueden dar lugar a que un hecho punible pueda ser declarado complejo y por tanto beneficiarse de los plazos propios del mismo: 1) pluralidad de hechos, 2) elevado número de imputados, 3) elevado número de víctimas, 4) casos de delincuencia organizada. Corresponde al MP solicitar la aplicación de este procedimiento. Solo puede disponerse antes de cualquier requerimiento conclusivo. Si el juez lo acoge, debe emitir una resolución motivada.La consecuencias que conlleva autorizar el procedimiento complejo, transforman el procedimiento ordinario, en lo que se refiere a los plazos: El plazo máximo del proceso se aumenta de tres a cuatro años; el plazo ordinario de la prisión preventiva de 12 meses, se aumenta a 18 meses; el plazo del procedimiento preparatorio ordinario de 3 meses se aumenta a 8 meses; los plazos para la presentación de los recursos se duplican; se autoriza al MP a aplicar criterios de oportunidad, en los casos en que el imputado colabora eficazmente con la investigación, entre otras facultades.

De Guillermo Moreno

SCJ destituye dos jueces

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SCJ destituye dos jueces
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia destituyó por haber cometido faltas
graves en el ejercicio de sus funciones a los magistrados Anulfo Guerrero
Vásquez y Daniel Rafael Cauto Alberto, quienes se desempeñaban como
Juez de Paz del Municipio de Villa Isabela, Provincia de Puerto Plata y Juez
del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de
Macorís, respectivamente.
El juez Anulfo Guerrero Vásquez fue declarado culpable en virtud del
incumplimiento de sus deberes de conformidad con las disposiciones de los
artículos 60, 62 y 66 de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial; los
artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial y los artículos 73 y
siguientes del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Mientras Daniel Rafael Cauto Alberto violó los artículo 67 de la Constitución
de la República; los artículos 59, 60 ,62 y 66 de la Ley No. 327-98 sobre
Carrera Judicial; los artículos 147 y 149 del Reglamento de Carrera Judicial
y varios artículos del Código de Ética Iberoamericano.
El Pleno estableció que el objeto de la disciplina judicial es garantizar el
respeto a las leyes, la observancia de una buena conducta y el cumplimiento
de los deberes oficiales por parte de los magistrados del orden judicial.

+ preguntas sobre migración (Visa para presentaciones musicales).

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Publicado por DIARIO LIBRE

En fecha 25/ Nov. /2008

USA. - La columna de migración

Visa para presentaciones musicales. Tengo una visa B1B2 desde hace varios años. Siempre he estado en un grupo musical, pero es la primera vez que se nos presenta la oportunidad de hacer algunas presentaciones en Nueva York y New Jersey. ¿Usted cree que puedo viajar con esa visa que tengo o debo obtener otra visa? La mayoría de los muchachos y muchachas del grupo tienen visa, y estamos considerando la posibilidad de hacer el viaje prontamente.

Anónimo Es imprescindible que tanto usted como sus compañeros obtengan una visa P para poder hacer esas presentaciones en los Estados Unidos. De lo contrario, estarían todos violando las disposiciones sobre la Ley de Inmigración. Recuerden que para ese proceso se debe obtener la aprobación de USBCIS en los Estados Unidos, el cual enviará una aprobación que usted llevará al Consulado.

Por favor envíe sus preguntas a: karinaperezrojas@hotmail.com, para citas llame al 809-566-9615

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Sentencia de la SCJ sobre la Querella Contra el Senador Wilton Guerrero (Inadmisible

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REPUBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Rec. Hilario González González
Inadmisible
Audiencia pública del 19 de noviembre de 2008.
Preside: Jorge A. Subero Isa.
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, hoy 19 de noviembre de 2008, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Siendo las 9:00 horas de la mañana de la fecha precedentemente mencionada, el Magistrado Presidente declara abierta la audiencia pública para conocer sobre la querella directa con constitución en actor civil, interpuesta por el Hilario González González, contra Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
1
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al alguacil llamar al imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, quien se encuentra presente;
Oído al imputado en sus generales de ley;
Oído al alguacil llamar al querellante Hilario González González, quien está presente;
Oído al querellante en sus generales de ley;
Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes;
Oído a los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación de la parte querellante y actor civil, Hilario González González;
Oído a los Dres. Rafael Paz y Roger Vittini, y los Licdos. Juan Manuel Alcántara y Juan Antonio Delgado, en representación de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, imputado;
Visto el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República;
Visto la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997;
Considerando, que el 9 de septiembre de 2008, Hilario González González interpuso una querella directa con constitución en actor civil ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en contra de Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador del Congreso Nacional por la provincia Peravia, por alegada difamación e injuria, hechos previstos y sancionados por los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento;
Considerando, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el 6 de octubre de 2008 el Auto núm. 18-2008, apoderando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la referida querella de acción privada con constitución en actor civil y fijó la audiencia de conciliación para el 15 de octubre de 2008;
Considerando, que en la referida audiencia de conciliación los abogados del querellante y actor civil expresaron a esta Corte lo siguiente: ^"Que tengáis a bien levantar acta de no conciliación entre las partes, ordenando en consecuencia, la apertura a juicio, convocando a las partes...”; y los abogados del imputado concluyeron de la siguiente manera: ^"Que conforme a las disposiciones del artículo 361, parte in fine, la digna presidencia convoque a juicio siguiendo lo preceptuado por las disposiciones trazadas por el Código Procesal Penal...”;
Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, después de retirarse a deliberar, falló de la siguiente manera: ^"Primero: Levanta acta de no conciliación entre las partes y ordena la apertura a juicio fijándose el conocimiento del mismo para el miércoles 19 de noviembre del año 2008 a las 9:00 horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas; Segundo: Concede a las partes un plazo de cinco (5) días para depositar ante la secretaría de este tribunal las pruebas que van a hacer valer y el orden en que las mismas serán aportadas, así como los incidentes y recusaciones, en virtud de las disposiciones de los artículos 305 y 361 del Código Procesal Penal; Tercero: Reservan las costas”;
Considerando, que en atención a la anterior convocatoria los Dres. Cándido Simón Polanco y Freddy R. Mateo Calderón, en representación del querellante y actor civil, depositaron en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de octubre de 2008, los documentos que harían valer con relación a su acusación;
Considerando, que de igual modo y en ocasión de la convocatoria anterior, los Dres. Miguel Ángel Prestol y Norberto Rondón, así como los Licdos. Marino Feliz Rodríguez y Rafael Cordero, en representación del imputado, depositaron el 22 de octubre de 2008 en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, una instancia contentiva del escrito de incidentes, excepciones y presentación de pruebas y orden de la presentación de las mismas, por violación a derechos fundamentales contenidos en el escrito de querellamiento y actor civil;
Considerando, que el 7 de noviembre de 2008, Hilario González González, depositó en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, un escrito de contestación de incidentes y presentación de contrapruebas;
Considerando, que el inciso 1ro. del artículo 67 de la Constitución de la República le atribuye a la Suprema Corte de Justicia competencia para conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogados del Estado ante el Tribunal de Tierra, Jueces del Tribunal Superior de Tierra, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario;
Considerando, que la parte in fine del artículo 361 del Código Procesal Penal, establece que si no se alcanza la conciliación, el juez convoca a juicio conforme las reglas del procedimiento común; que de igual manera el artículo 305 del mismo cuerpo legal, dispone que las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio;
Considerando, que es de principio la facultad de los jueces de acumular o no el conocimiento de los incidentes que puedan presentarse en el proceso con el fondo de la contestación, puesto que dicha acumulación tiende a evitar tácticas dilatorias y aplazamientos innecesarios de los procesos, basados en aquellos que son inútiles; sin embargo, existen incidentes, que de ser acogidos, podrían determinar la solución del caso, lo cual haría innecesario continuar conociendo el fondo del proceso, evitándole así, a la parte que lo propone con éxito, el rigor de un juicio penal;
Considerando, que en ese orden de ideas, el imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por intermedio de sus abogados, propone los siguientes incidentes: “a) Excepción de falta de acción porque no fue legalmente promovida. 1. Errónea subsunción de los hechos a los tipos penales: La sedicente y presunta víctima General Hilario González invoca la violación de los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, alegando que elsenador Guerrero lo ha difamado e injuriado a través de diversos medios decomunicación, en efecto en su escrito acusatorio deposita ejemplares certificados delos periódicos.... además de copias de videos de declaraciones a través de los canalesde televisión 4 y 37, pero ignora que al hacerlo así y a la vez sustentar dichos textos,está orientando su imputación a los denominados delitos de prensa, entre los quefiguran la difamación y la injuria, sin embargo, pasa por alto el orden de lasresponsabilidades penales, imperado por los artículos 46 y 47 de la referida ley, queal referirse el acusador a publicaciones en particular aparecidas en medios de prensaescrita, estaba en la obligación de poner en causa a los directores de laspublicaciones, señalando en cada caso a cada uno de éstos como autor principal, esdecir, a redactores firmantes de las notas que recogían las declaraciones del senadorGuerrero, tenían que ser citados como cómplices, calidad que tambiéncorrespondería al senador en virtud del artículo 60 del Código Penal; b) Nulidad porimprecisión del hecho incriminado. El acusador y actor civil incurre en un discrimende porciones o trozos de textos recogidos mayormente de la prensa escrita, segúnexpone. No hay una clara especificación de los casos en que se halla configurado eldelito de difamación o el delito de injuria y en tales situaciones cuál ha sido el textode ley violado; la precisión y calificación del hecho incriminado es una de lasexigencias fundamentales en la persecución de los delitos de prensa, según el artículo54 de la Ley 6132...se halla prescrita a pena de nulidad de la persecución...; c)Inadmisibilidad por falta de formulación precisa de cargos, el mayor error de laacusación en el caso de la especie es, sin duda la imprecisión en la formulación de los cargos, pretendiendo despacharse con “una ligera cronología de las reseñasrecogidas por algunos de los medios de comunicación”, no aclara cuándo se está enpresencia de una difamación o de una injuria y porqué; lejos del desarrollo de unateoría del caso que apoyada en las debidas proposiciones fácticas condujera aelaborar una teoría jurídica sostenible, la acusación se explaya en vaguedades, elescrito acusatorio no discierne entre los tipos penales a que alude; la imprecisión enla formulación de cargos de que adolece la acción penal intentada por el Generalpolicial González y González deviene imperseguible por ser violatoria del artículo 8,inciso 2, literal j, de la Constitución de la República, y los artículos 19 y 294.2 delCódigo Procesal Penal, 14.3, letra a, del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, 8.2, letra d, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 54 de laLey No. 6132, de 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento ... que el acusadorprivado olvidó que las primeras declaraciones públicas emitidas por el senadorGuerrero, fueron en el seno del Congreso Nacional, donde todo lo que loslegisladores puedan expresar o decir, del tema que sea, está provisto de lainmunidad que otorga el fuero legislativo y que luego de ahí es que la prensa recogelas informaciones que publica y que alega son difamatorias e injuriosas el generalGonzález, amén de que también olvidan que a la prensa le asiste un deber deinformar y que, independientemente, de que el senador Guerrero no dieraposteriores declaraciones sobre su intervención por ante la Cámara del Senado, yaesas declaraciones tenían el carácter público y por ende tanto el senador comocualquier otra persona las podía difundir utilizando cualquier medio decomunicación...en tal sentido esta acusación carece objeto sustancial, como lo es, la indicación del lugar en donde, presuntamente, se produjeron las mencionadas informaciones difamatorias e injuriosas, ya que sin esta parte fáctica se estaría estableciendo una presunción de culpabilidad en contra del legislador Guerrero, en razón de que sólo el lugar de ocurrencia de un hecho puede establecer, fehacientemente, el conjunto de circunstancias y situaciones en la que el mismo ocurrió lo que hace posible la narración histórica por ante los juzgadores; esto también hace posible la producción y búsqueda de las pruebas, razones que lejos de producir un agravio al acusador Hilario González, le producen un agravio al encartado Guerrero, toda vez que le vulnera el derecho de defensa, en el sentido de la aportación de las pruebas de descargo; estas razones son más que suficientes para declarar nula y sin ningún efecto jurídico la acusación formulada en contra del senador de la provincia Peravia Wilton Guerrero Dumé, finalizando así, la persecución penal en su contra mediante la presente excepción...”;
Considerando, que entre los principios rectores o fundamentales del debido proceso penal, está la formulación precisa de cargos, garantía que establece que toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible;
Considerando, que por su lado, el artículo 54 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del 15 de diciembre de 1962, expresa: “La citación precisará y calificará el hecho incriminado e indicará el texto de ley aplicable a la persecución. Si la citación es a petición del querellante, contendrá elección de domicilio en la ciudad donde tenga su sede la jurisdicción apoderada y será notificada tanto al prevenido como al ministerio público. Todas estas formalidades serán observadas bajo pena de nulidad de la persecución”; previsión que ha sido concebida con el fin de garantizar a la persona citada para responder por violación a la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, estar enterada previamente de los hechos de la prevención puestos a su cargo, a fin de que pudiera preparar convenientemente sus medios de defensa;
Considerando, que nuestro actual sistema procesal, la acción penal privada, impulsada por la víctima constituida en actor civil, a la cual la ley le ha conferido la persecución, por esta vía, de hechos punibles que afectan intereses individuales de la misma, trazando para ello un procedimiento especial, donde se le autoriza a presentar acusación conforme lo establece la norma procesal penal, lo que significa que la víctima pasa a ocupar la función de acusador privado, y en tal virtud sus pretensiones, constituyen el marco del apoderamiento del tribunal;
Considerando, que el querellante le atribuye al querellado haber violado los artículos siguientes de la Ley núm. 6132, del 15 de diciembre del 1962, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, 29, el cual textualmente dispone lo siguiente: “Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho. La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción, de tal alegación o de tal imputación es castigable, aún cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos, carteles o edictos incriminados. Constituye injuria toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno”, 30, el cual expresa: »`La difamación cometida por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio de las Cortes y Tribunales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las Cámaras Legislativas, de los Ayuntamientos y otras instituciones del Estado, será castigada con pena de prisión de un mes a un año y con multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00, o con una sola de estas dos penas”, 31, el cual dice lo siguiente: “Se castiga con la misma pena establecida en el artículo 30 la difamación cometida por los medios anunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio: a) De uno o más miembros del Gabinete; b) De uno o más miembros de las Cámaras legislativas; c) De uno o más funcionarios públicos; d) De uno o más depositarios o agentes de la autoridad pública; e) De uno o más ciudadanos encargados de algún servicio o de un mandato oficial, temporero o permanente; f) De un testigo en razón de su deposición. Este artículo sólo se aplica a la difamación cometida en razón de las funciones o calidad de las personas a quienes se considere agraviadas”, 32, el cual expresa lo siguiente: »`La difamación contra las mismas personas, por los mismos medios señalados en el artículo 31, en relación con su vida privada, está regida por el artículo 33”, 33, el cual dispone lo transcrito a continuación: »`La difamación cometida en perjuicio de los particulares por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 se castigará con pena de quince días a seis meses de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, o con una de estas dos penas solamente. La difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas, no designadas por el artículo 31 de la presente ley, pero que, pertenecen por su origen a una raza o a una religión determinada, se castigará con pena de un mes a un año de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, cuando tuviere por objeto provocar sentimientos de odio en la población”, y 34, que establece lo siguiente: “La injuria cometida por los mismos medios en perjuicio de los organismos o personas designados por los artículos 30 y 31 de la presente ley se castigará con pena de seis días a tres meses de prisión y con multa de RD$ 6.00 a RD$ 60.00 o con una sola de estas dos penas”; que, como se advierte, el querellante le imputa a Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, una gama de violaciones penales sin precisar en cuál tipo se enmarca su comportamiento, lo que constituye una ambigüedad que invalida el querellamiento;
Considerando, que ciertamente tal y como plantea el imputado, la querella con constitución en actor civil elaborada por Hilario González González, acusador privado al amparo de las disposiciones del artículo 32 del Código Procesal Penal, le encarta una serie de infracciones cuyos tipos penales, además de disímiles, son excluyentes al concurrir el uno con el otro, lo que se traduce en una imprecisión y falta de sustanciación de su imputación, lo que hace el ejercicio eficaz de su derecho de defensa irrealizable; que procede, por consiguiente, declarar inadmisible la acusación de que se trata;
Por tales motivos,
F A L L A
PRIMERO: Acoge el incidente planteado por la defensa técnica del imputado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, Senador de la República, y en consecuencia, declara inadmisible la acusación interpuesta por Hilario González González, en contra del encartado Wilton Bienvenido Guerrero Dumé, por presunta violación a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, por imprecisión de la formulación de los cargos; Segundo: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes; Tercero: Compensa las costas.
Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del 19 de noviembre de 2008, años 165º de la Independencia y 146º de la Restauración.
Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo Eglys Margarita Esmurdoc
Hugo Álvarez Valencia Juan Luperón Vásquez
Margarita A. Tavares Julio Ibarra Ríos
Enilda Reyes Pérez Dulce Ma. Rodríguez de Goris
Víctor José Castellanos Estrella Ana Rosa Bergés Dreyfous
Edgar Hernández Mejía Darío O. Fernández Espinal
Pedro Romero Confesor José E. Hernández Machado
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
Grimilda Acosta

+ Sobre el Codigo Procesal Penal (Recurso de revisión)

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Publicado en DIARIO LIBRE

En fecha 19/11/2008

CPP. - Código Procesal Penal

Recurso de revisión
En la prensa se ha estado planteando que la Suprema Corte de Justicia conozca de un recurso de revisión respecto de un caso que tuvo mucha difusión ante la opinión pública y respecto del cual ya se interpuso y se decidió un recurso de casación que fue desfavorable a los acusados. Esta situación me ha planteado cierta confusión sobre la naturaleza de ambos recursos. ¿Es posible conocer de un recurso de revisión luego de haberse decidido sobre el mismo caso un recurso de casación? Dionisio Jiminián.
Sí es posible. Digamos primero que la Suprema Corte de Justicia, apoderada de un recurso de casación carece de competencia para conocer de nuevo los hechos relativos a la infracción, en el caso de la materia penal, lo que sería por ejemplo examinar si el acusado cometió o no los hechos y en esa virtud si es o no culpable. La SCJ ha de limitarse a examinar, si en el caso, el derecho tanto en su expresión formal (derecho procesal) o en su expresión sustantiva (derecho penal) ha sido correctamente aplicado. Si la SCJ confirma la sentencia objeto del recurso de casación ésta adquiere la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, y en principio no puede ser objeto de ningún recurso, salvo del recurso de revisión en las situaciones a que nos referiremos. Si la SCJ acoge el recurso puede por si misma anular la sentencia impugnada o enviar su conocimiento a un tribunal competente.
El recurso de revisión tiene un carácter excepcional, siendo la primera condición para su interposición que se trate de una sentencia irrevocable o lo que el CPP denomina "sentencia definitiva firme" y respecto de la cual ocurra una circunstancias que modifique las premisas sobre las que se dio el fallo, la que de haberse producido o conocido en el momento de la decisión hubiera provocado de seguro una sentencia diferente. El ejemplo clásico que siempre se cita es el caso de una persona condenada por el homicidio de una persona que luego se comprueba estaba con vida al momento de la condena.
El CPP en su artículo 428 incluyó las situaciones que pueden dar lugar al recurso de revisión, algunas muy novedosas como por ejemplo que se produzca un cambio jurisprudencial de la SCJ que favorezca al condenado, con lo que se otorgó al recurso una considerable amplitud.
El recurso de revisión es de la competencia de la Cámara Penal de la SCJ y de modo expreso el CPP autoriza el recurso contra las decisiones de cualquier jurisdicción. La SCJ, si rechaza el recurso, confirma la sentencia atacada. Si anula la sentencia, nuestro más alto tribunal puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente. Este recurso puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los planteados la vez anterior.
Cualquier pregunta o comentario, dirigirlo a: guillermomoreno157@hotmail.com

martes, 18 de noviembre de 2008

+ preguntas sobre migración

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Publicado por LISTIN DIARIO
Yadira Responde
Yadira Morel - 11/18/2008



Pregunta: Mi esposo, ciudadano americano, le gustaría que mi hija y yo viajemos con él. Qué debemos hacer? Cuál es la solicitud? Qué tiempo dura? O debemos solicitar una visa de paseo? Ayúdenos.
Respuesta: Si tu esposo reside con ustedes en el país, pueden solicitar una visa de paseo, para lo cual deben demostrar que tienen lazos económicos que los atan al país. Deben de estar seguros que la niña no es ciudadana americana, ya que en algunos casos los hijos de ciudadanos americanos derivan ciudadanía, si el padre cumple con los requisitos de presencia física. Si tu esposo quiere irse a vivir a Estados Unidos, tiene que hacer una petición de residencia, el formulario es el I-130.
Pregunta: El 31 de mayo del 2005 viajé a New Jersey y regresé a Santo Domingo el 20 de junio del mismo año, es decir mi estadía fue de 21 días como suelo hacer ya que solo viajo de vacaciones. En días pasados encontré el I-94 que se debe de entregar al salir de los Estados Unidos. Nunca me he quedado ni por un mes, prueba de que no me quedé, es que renové visa el 22 de agosto del mismo año, (la misma fue renovada nuevamente por 10 años), para la cual tuve entrevista con el cónsul. Mi pregunta es, que debo hacer?
Respuesta: El I-94 es un documento muy importante. Es donde el servicio de migración los admite legalmente y les indica el tiempo que se les autoriza a permanecer en territorio americano. Es muy importante entregarlo al salir de Estados Unidos, ya que registra su cumplimiento con la ley. Si no lo entregó puede enviarlo por correo con una serie de requisitos que indican que usted regresó a su país. Sin embargo, como su visa le fue renovada después de esto, no creo que deba preocuparse.
Pregunta: Estoy casada con un cubano que no tiene residencia dominicana. Nosotros queremos viajar a los Estados Unidos y nos gustaría saber cuales son los procedimientos para nuestro caso y bajo que concepto debemos solicitar la visa en caso de calificar para la misma.
Respuesta: Tu esposo cubano para poder solicitar visa en el consulado americano en la República Dominicana, necesita ser residente o ciudadano dominicano.

+ Consulta Laboral

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Tomado del PERIODICO HOY

17 Noviembre 2008, 11:39 PM
CONSULTORIO LABORAL
Escrito por: DR. CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS

1. A una Trabajadora que ha adoptado un niño recién nacido, ¿le corresponde licencia pre y post natal?
Estas licencias, por lo menos las seis semanas siguientes al parto, parece que son para atender a la criatura, pero no se aplica cuando el niño es adoptado, aunque se trate de una criatura recién nacida.
El Código de Trabajo dominicano no establece nada al respecto.
Sin embargo, en casos así el juez está obligado a dar solución al caso y no puede alegar “silencio, oscuridad o insuficiencia de ley” (Art. 4 del Código Civil).
A esto se añade que de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia “La jurisprudencia, aplicación de la ley, teniendo en cuenta su espíritu, y los principios que rigen la materia, puede y debe subsanar las deficiencias literales de que ella adolezca, porque de lo contrario quedaría desvirtuado su objeto, que es el social y contrariados del todo los fines de utilidad y equidad que tuvo en mira el legislador, por defectos puramente textuales” (Suprema Corte de Justicia, 10 de marzo de 1909, B. J. 1, páginas 11-12).
En ese sentido pienso que lo más apropiado sería acudir a lo que los abogados llamamos el Derecho Comparado.
En Francia, país de origen de nuestra legislación, el Código de Trabajo (Artículo L. 122-28-10) ofrece una solución similar a la que usted infiere en su consulta, y es la siguiente:
“Todo asalariado, a los fines de la adopción de un niño […tendrá] el derecho a un descanso remunerado por una duración máxima de seis semanas […]
El asalariado debe informar a su empleador […] al menos dos semanas antes de su salida”
Tal vez esta información puede serle útil para negociar con su empleador un posible descanso a causa de la adopción del niño.
2. Somos una junta de vecinos que está iniciando; queremos contratar un guardián y deseamos saber si debemos pagarle prestaciones, luego de los tres meses de servicio.
El Código de Trabajo no indica un régimen laboral especial para empleados de juntas de vecinos, pero sí un régimen para el servicio doméstico en casas de familia, sin pago de prestaciones laborales, y un régimen con pago de prestaciones para quienes prestan servicios a “consorcios de propietarios de un condominio” (Artículo 258 Código de Trabajo).
A nuestro juicio, por analogía (mutatis mutandi), a los empleados de juntas de vecinos debe dársele el mismo tratamiento que la ley le reconoce a los de condominio.

jueves, 13 de noviembre de 2008

Constitución y creatividad judicial

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Constitución y creatividad judicial

Felix Tena

Investigador Asociado de FINJUS

17 oct. 08
La justicia constitucional toca la epidermis de las sociedades democráticas. Que una corporación judicial, órgano no legitimado por el voto mayoritario, pueda controlar decisiones que tomen órganos electos en las urnas, encuentra un sólido valladar ante el concepto, tradicionalmente aceptado por la doctrina, que reduce la democracia a una forma de gobierno. Se trata de la objeción también llamada “contramayoritaria”, que fue la punta de lanza de la crítica de Schmitt contra la propuesta de Kelsen de un control judicial de la constitucionalidad, y es un tema recurrente en la doctrina norteamericana, que han dedicado arduos debates en torno al “activismo judicial”.
Las teorías elaboradas para solventar la “objeción democrática” al control constitucional son variopintas: desde la insuflación de contenido a la democracia a través del reconocimiento de una dimensión sustancial que corresponde a la garantía de los derechos fundamentales como límites infranqueables contra las mayorías (Dworkin, Ferrajoli); el cambio del horizonte de referencia de la legitimación, de democracia a republica (Zagrelbesky); hasta una postura procedimentalista que erige el control constitucional en una garantía de las condiciones de representación vía el respeto a las reglas del juego democrático y la protección de las minorías desempoderadas. (Ely).
Sea cual sea el fundamento teórico que sustente la labor de una jurisdicción constitucional, lo cierto es que ésta tiene ante sí el reto de mantener vivificado el espíritu de la constitución (en especial de los derechos fundamentales que ésta contiene) en la dinámica social. Es que los derechos no están fijados en un momento pretérito de la historia, sino que emergen de las injusticias y evolucionan en la medida que la dinámica social, ligada al progreso, genera nuevas necesidades o peligros para el ser humano (Bobbio). De ahí que la justicia constitucional no puede, aunque quiera, encapsular su actuación al texto de la constitución, está llamada a ser creativa en defensa de los derechos fundamentales, porque de lo contrario la constitución moriría ahogada en su propio originalismo.
Pero la creatividad pone en peligro la independencia judicial y constituye una causa para el torpedeo de la clase política. Es por ello que la jurisdicción constitucional tiene que desarrollar un liderazgo carismático capaz de servir de contrapeso al liderazgo de los actores políticos y, al mismo tiempo, una actitud de cautela que evite, en la medida de lo posible, los enfrentamientos directos con los poderes públicos (Miller). Aunque jamás debe abstenerse «en los asuntos políticos particularmente espinosos o candentes, así como en aquellos que afectan al hipersensitive nerve of public opinion» (Revenga Sánchez), porque normalmente los titulares de los derechos envueltos en aquellos son los individuos y grupos menos favorecidos (y más impopulares) socialmente, y, por tanto, negarse a fallar significa renunciar al rol de defensa de la libertad. Lo importante es toda decisión creativa o evolutiva esté sustentada en una interpretación y argumentación jurídica adecuada que le permita enmarcar sus fundamentos en razonamientos que sean admitidos como posibles por la comunidad de interpretes. Ello supone hacer acopio de la doctrina y la jurisprudencia comparada, para que sea la razón y no la autoridad lo que de fundamento a la decisión.

Tomado de finjus.org

Reforma y la sociedad civil

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Reforma y la sociedad civil

Por Carlos Villaverde Gómez

Director de Proyectos FINJUS

7 nov. 08

El actual debate sobre la reforma constitucional toca algunos nudos sensibles de la sociedad civil dominicana. Su vocación participativa ha sido puesta de manifiesto en las constantes luchas emprendidas en los últimos 25 años, a través de campañas por la ampliación de los derechos sociales, el apoyo a la organización popular y la articulación del tejido social imprescindible para soportar las tareas de la democracia.
Como la misma sociedad civil, la discusión constitucional actual apunta a la diversidad de posiciones, enfoques, matices y controversias. No podría ser de otra forma, dadas las distintas experiencias y antecedentes que arrastran las principales o más activas organizaciones sociales dominicanas.
Independientemente de si finalmente la reforma se realizará mediante el mecanismo de la Asamblea Revisora o la Constituyente, la sociedad civil debe procurar mantener una discusión activa y sistemática sobre los fundamentos de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Hemos expresado que la propuesta contiene elementos novedosos que mejoran áreas vitales de nuestra arquitectura constitucional, como las garantías y derechos fundamentales, el establecimiento de la función pública o la creación del Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, la ciudadanía aún no se ha involucrado en el conocimiento profundo de los temas más polémicos, como por ejemplo los relativos a la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa al margen del Poder Judicial, la disminución de las funciones de control por parte del Poder legislativo o la ampliación de las facultades del Presidente de la República, hasta el punto de ser convertido en el símbolo, garante y paradigma de la unidad nacional.
En coyunturas como la presente, la sociedad civil debe jugar un rol más activo y convertirse en una fuente alternativa las posiciones presentadas, insistiendo al Congreso que el estudio, ponderación y crítica de las diferentes propuestas de reforma constitucional deben incluir y tomar en consideración a todos los sectores nacionales, sin excepción, para hacer más legítima, profunda y completa la decisión que eventualmente tomarán los legisladores al aprobar o desestimar las el proyecto presentado.
La República Dominicana tiene que abocarse a dar pasos de madurez en su régimen político, lo que conlleva estimular y propiciar la participación activa y diversa de las ciudadanía, a través de sus organizaciones representativas, en la discusión de las políticas públicas, de los programas sectoriales o regionales y en fin, de todas las iniciativas que tengan relación directa con la calida de vida de los habitantes.
Hace 15 años, la sociedad civil insistió en cuatro ejes principales de cambios: la alta concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo; incrementar la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos; la subordinación del Poder Judicial a los intereses particulares (políticos o económicos) y modernizar la burocracia estatal.
Nadie duda que avanzamos desde entones en los dos últimos objetivos. ¿Por qué no podemos aprovechar esta nueva coyuntura para adelantar los cambios que aun están pendientes?. Esta es la urgencia de hoy.

DECRETO NUMERO 235-97 Que crea "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados"

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DECRETO NUMERO 235-97 Que crea "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados"


CONSIDERANDO: Que la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, modificada por la Ley No. 17-95 del 17 de diciembre de 1995, le confiere la custodia y cuidado de los bienes incautados o decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas al Consejo Nacional de Drogas.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario la creación de una Oficina que custodie y cuide los bienes que bajo inventario pasen al Consejo Nacional de Drogas;

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Drogas debe ser dotado, mediante el presente Decreto-Reglamento, de la facultad de designar, mediante decisión de su Junta Directiva, los funcionarios y el personal que han de servir en la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados, en ocasión de las persecuciones penales originadas en la Ley No. 50-88.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Drogas, en virtud del Artículo 20 de la Ley No. 50-88 tendrá derecho a requerir, para el cumplimiento de su misión, la cooperación de todas las dependencias gubernamentales, cuando se considere que tal cooperación es necesaria para la consecución de sus objetivos, solicitará, y así le será asignado, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Bienes Nacionales un representante, a fin de que estas distintas oficinas y dependencias del Estado mantengan un acceso continuo a todo el proceso relacionado con la custodia y cuidado de dichos bienes.

VISTOS los Artículos 33, 34, 35 y 105 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y sus modificaciones (Ley No. 17-95) y su Reglamento de Aplicación No. 288-96, del 3 de agosto de 1996;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto del siguiente

DECRETO:
Artículo 1. - Se crea bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas la "Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados", la cual deberá velar por el mantenimiento, protección y cuidado de los bienes incautados por violación a la Ley No. 50-88 y sus modificaciones.

Artículo 2. - Esta Oficina levantará un estricto inventario de los bienes bajo su custodia y cuidado, a los fines de establecer controles en relación a su preservación, hasta tanto intervengan decisiones judiciales ordenando el decomiso o devolución de los mismos.

Artículo 3. - La Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Administración General de Bienes Nacionales tendrán el acceso permanente que favorezca la vigilancia conjunta de todo el proceso de la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.

Artículo 4. - Las observaciones y recomendaciones que realicen las instituciones mencionadas en el Artículo 4, deberán ser remitidas a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas, quien las analizara y decidirá al respecto.

Artículo 5. - La Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas tendrá la facultad de designar, trasladar o sustituir a los miembros de la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.

Artículo 6. - Los bienes que por su naturaleza puedan depreciarse o queden sujetos a deterioro, podrían ser puestos en subasta o licitación pública, siempre que la persona que figura como titular de los mismos y que se encuentre bajo acusación así lo solicitare mediante comunicación dirigida al Consejo Nacional de Drogas con la firma legalizada notarialmente, procediendo a estimar un precio básico que, de ser aprobado por el Informe Pericial que ordenare la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas, sería el precio de primera puja en el proceso de venta en pública subasta.

Artículo 7. - La Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas dispondrá que las obras de arte incautadas sean custodiadas y cuidadas, previo inventario y valoración, por el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que determine su destino.

Artículo 8. - En los casos de piedras y metales preciosos incautados, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas dispondrá su custodia y cuidado por el Banco Central de la República Dominicana hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que determinare su destino.

Artículo 9. - Las sumas que se generaren de los procesos de subasta pública llevadas a cabo conforme el artículo precedente, se colocaran como Certificados de Depósitos en el Banco de Reservas de la República Dominicana, en cuenta debidamente especializada, hasta tanto intervenga sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que determinare su destinación.

Artículo 10. - En todo caso, el particular que figurare como titular del derecho de propiedad de los bienes de cualquier naturaleza bajo incautación, custodia y cuidado, podrá, mediante Poder Notarial, autorizar a una persona, familiar o tercero, para apersonarse por ante la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados y examinar, conjuntamente con el funcionario que esta encargare, el estado en que se encuentren los bienes bajo custodia y cuidado, para lo cual se llevara un formulario que, bien exprese su conformidad o sus observaciones, caso este para el cual serán remitidos al Consejo Nacional de Drogas quien decidiré al respecto.

Artículo 11. - Cuando la sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada ordenare la devolución de los bienes incautados al inculpado o procesado, el Consejo Nacional de Drogas, previo a la ejecución de la misma, podrá realizar las deducciones que por concepto de la custodia y cuidado de los bienes haya incurrido.

Artículo 12. - Los semovientes (reses, aves, etc.) incautados, podrán ser subastados, previa autorización mediante Poder Notarial del titular del derecho de propiedad dirigido al Consejo Nacional de Drogas, procediéndose a estimar un precio básico que, de ser aprobado por el Informe Pericial que rindiese a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas una Comisión integrada por un representante del Banco Agrícola, la Dirección de Ganadería y del Consejo Nacional de Producción Pecuaria, el cual, luego de su aprobación, serviría como precio de primera puja en el proceso de venta en pública subasta.

Artículo 13. - El Consejo Nacional de Drogas, conforme al Artículo 20 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, demandará la cooperación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la seguridad y vigilancia de los lugares que guarnecen los bienes incautados que se encuentran bajo la custodia y cuidado del organismo, quienes estarán obligadas a darle el auxilio que al respecto necesitare.

Artículo 14. - El presente Decreto establece los procedimientos que en relación a la materia deben ejecutarse, así como deroga cualquier disposición de igual género que le sea contradictorio.

Artículo 15. - Comuníquese al Consejo Nacional de Drogas, a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, a la Jefatura de la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Administración General de Bienes Nacionales, al Banco Central de la República Dominicana, al Banco de Reservas de la República Dominicana, al Museo de Arte Moderno, al Banco Agrícola de la República Dominicana, la Dirección de Ganadería y al Consejo Nacional de Producción Pecuaria, para su más estricto cumplimiento.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (19 días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y siete, año 154 de la Independencia y 134 de la Restauración.

Leonel Fernández
Presidente de La República Dominicana